“El principal desafío que teníamos cuando asumimos y armamos el Plan Nacional era modificar el modo en que el Estado intervenía frente a situaciones de violencia por motivos de género. Por eso siempre dijimos que más que un plan era un cambio de paradigma. Ese objetivo está cumplido: corrimos el eje y logramos salir de la atención exclusiva de la emergencia”, así enmarcó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, los resultados de la implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.
Durante la presentación de este balance la acompañaron Lara González Carvajal, jefa de Gabinete del Ministerio; Josefina Kelly Neira, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género; Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género; y Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género.
Jerarquizada la institucionalidad de las temáticas de género y diversidad a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) en diciembre de 2019, el Plan Nacional se propuso como el salto hacia un abordaje de las violencias desde políticas públicas integrales e interseccionales. Entre las características se destacó la inclusión de las perspectivas de género y diversidad y el proceso consultivo en su diseño y elaboración.
“Antes, el objetivo central era la denuncia y la gran política estatal era la creación de más refugios. Nosotras partimos de querer cambiar esa mirada y entender que había que plantear un abordaje integral que nos permitiera brindar recursos materiales, pero también simbólicos y subjetivos, para que mujeres y LGBTI+ puedan empezar a construir un proyecto de vida independiente. Que hoy nos pregunten por la ampliación del Programa Acompañar o por políticas de vivienda es una demostración de que se logró la apropiación de este paradigma en la lucha contra las violencias por razones de género. Se entendió que es mucho más eficaz una política que acompañe psicosocial y económicamente que hacer una denuncia”, afirmó Gómez Alcorta.
Acompañar
Presentado como una política de asistencia sin precedentes, la creación del Programa Acompañar resultó el gran acierto del Plan: entre noviembre de 2020 y mayo de 2022, más de 165.000 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género, de todo el país, recibieron acompañamiento integral por parte de equipos interdisciplinarios y un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ─que a partir del 1° de junio llegó a $45.550 ─ durante seis meses consecutivos.
El Programa se puso en marcha a través de convenios con todas las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con más de 663 gobiernos locales y 690 municipios.
Para la ministra, los números dan cuenta de un impacto efectivo: “Nunca previmos el alcance de este programa. Para el primer año habíamos estimado tener 36 mil beneficiarias, pero lo terminamos con 100 mil. Eso habla de la enorme necesidad que había de una acción de ese estilo”.
En los datos públicos figura que el 82% de las personas destinatarias atravesó violencia física, 85% psicológica, 58% económica y patrimonial, 33% simbólica, 31% ambiental y 30% sexual. Asimismo, el 82% de las beneficiarias tiene al menos un hijo a cargo. El 33% tiene niños y niñas de entre 6 y 14 años, y el 30% hijos menores de 6 años. Y 3866 estaban embarazadas o eran recientes madres cuando se incorporaron al programa.
Haciendo hincapié en la incorporación de la perspectiva interseccional, se detalla también que al 30 de abril de 2022: 7375 altas corresponden a personas migrantes; 2132 son integrantes de pueblos y comunidades indígenas; 1764 atravesaron situaciones de trata; y 1260 ingresantes son personas en conflicto con la ley penal.
De los registros de la implementación surge, además, que un gran porcentaje del dinero del Acompañar se utilizó para emprendimientos productivos. Por ejemplo, poner un kiosco en la casa, comprar mercadería o una cocina para amasar y vender afuera.
En este marco, una de las demandas de las movilizaciones previstas para este viernes 3 de junio, en otra jornada de Ni Una Menos, es la extensión del Acompañar más allá de los seis meses.
Gómez Alcorta, sin embargo, dejó en claro que el apoyo seguirá siendo por única vez: “El Programa Acompañar representa el 91% del presupuesto del Ministerio. Es decir, deberíamos duplicar el presupuesto íntegro para poder extenderlo. Pero se pensaron otras estrategias de continuidad que dan respuesta. El Programa Producir, que crea y fortalece proyectos productivos de organizaciones sociales y comunitarias que incluyan a mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias por motivos de género. El Programa Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo. Cada vez que se pone en práctica un programa vinculado con capacitación o formación laboral en los distintos ministerios promovemos articulaciones para que se incluya a las compañeras del Acompañar. Lo que buscamos es la autonomía económica, necesitamos que consigan laburo”.
Presupuesto
Otro punto especialmente señalado por las funcionarias fue la conformación del presupuesto. Según el informe de resultados, el monto asignado al MMGyD se incrementó 33 veces en términos reales en el transcurso de dos años, ya que pasó de $272.742.641 ─presupuesto asignado al ex Instituto Nacional de las Mujeres en 2019─ a $17.582.800.000 para 2021, con una ejecución del 96,73%.
Actualmente, habiéndose prorrogado el presupuesto 2021 para el actual ejercicio, el Ministerio cuenta con $17.600.000.000, de los cuales ejecutó el 73,32%.
“No hay ninguna duda de que este año vamos a ampliar mucho el presupuesto. Habrá un decreto pronto”, adelantó la ministra.
Medir el impacto
La semana pasada la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que en 2021 hubo 231 femicidios directos, 20 menos que en 2020. La cantidad de víctimas se mantenía estable desde 2015.
Para Gómez Alcorta se trata de una baja sustancial que muestra que se logró un piso. La posibilidad de analizar lo hecho para avanzar en lo que falta: “El único dato duro que tenemos para medir el impacto de las políticas públicas son los femicidios. El Estado no puede seguir actuando en la neblina. Es fundamental la información pero es muy difícil de explicar el esfuerzo, el trabajo y el dinero que lleva generarla”.
Está previsto que la segunda etapa del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género se anuncie en julio.
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