Tras 52 años del secuestro y asesinato del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu el luctuoso hecho todavía presenta para algunos contemporáneos puntos oscuros o ignorados. Los planteó pocos años más tarde el capitán de navío ( R ) Aldo Luís Molinari, al dar nombres y sostener que Aramburu murió en el Hospital Militar Central y no en Timote. También se habló de “autosecuestro”. En otra versión, los mismos asesinos fueron los que dejaron entrever que durante su detención y muerte hubo un cuarto participante que actuó en terminar con su vida. Hay otras miradas, pero lo único que todavía sigue imperecedero es el relato dado por la investigación de la Policía Federal Argentina que veremos a continuación.
El viernes 29 de mayo de 1970 se celebró el Día del Ejército en el Colegio Militar de la Nación y, además, se cumplía un año del Cordobazo, hecho que había conmovido a la sociedad y herido políticamente al gobierno de la Revolución Argentina que comandaba el teniente general Juan Carlos Onganía. Como era habitual tras las palabras del comandante en Jefe, Alejandro Agustín Lanusse, se pasó a un salón para un brindis. El general Onganía, en presencia de los otros dos comandantes de la Junta Militar, preguntó a Lanusse qué repercusión habían tenido sus palabras ante el generalato, en la reunión realizada en Olivos dos días antes. La respuesta fue cauta pero sincera: “Las conclusiones que sacaron los generales fueron, por supuesto, variadas, pero puedo ubicar, dentro de la amplia gama de puntos de vista, a dos sectores: el sector de los generales que no entendieron lo que usted quiso decir y el sector de los generales que están en total desacuerdo con lo que usted dijo”.
En ese instante del diálogo, un oficial se apersonó e informó que había sido secuestrado el general Pedro Eugenio Aramburu. Hasta ese momento, escribió el coronel Francisco Cornicelli en su diario: “En varios coroneles (Riveros, Cáceres, Vaquero) cayó muy bien el discurso de Lanusse. La bomba la constituyó la noticia del secuestro de Aramburu”.
La investigación policial que se realizó a partir del secuestro dirá: “A la una y media de la tarde del día 29 de mayo de 1970, Héctor Rendo, el comisario jefe de la Seccional 17ª -ubicada sobre avenida Las Heras- informó que a las 12.45 horas escuchó, a través del comando radioeléctrico, el comunicado por el que se requería la interceptación de un automóvil Peugeot 504 color blanco en el que viajarían dos personas con uniforme militar y otras dos de civil, más un tercero, que sería una alta autoridad nacional (que) se trataría del ex presidente provisional de la Nación, teniente general (R) Pedro Eugenio Aramburu”.
Pocos minutos más tarde personal de la comisaría se presentó en el domicilio de la calle Montevideo 1053, piso 8º, Dto. A. Ya en la vivienda encontraron visiblemente nerviosa a la señora Sara Lucía Herrera de Aramburu, quien contó que después de las nueve de la mañana había sonado el timbre y que había atendido la puerta de entrada “comprobando la presencia de dos personas de uniforme militar, pero con la particularidad de ser muy jóvenes”. La señora de Aramburu informó que uno de los jóvenes tendría “unos 35 años” y se presentó con el grado de Mayor, mientras que el otro “más joven y más bajo” se presentó como “oficial”.
Lo primero que afirmaron los extraños a la dueña de casa es que venían a brindar custodia a su marido, algo que no le pareció fuera de lugar dado que unos días antes su esposo le había comentado que se vivía un “ambiente de barullo” y que “podía haber muerte de militares”. La señora los hizo acomodarse en el living y les ofreció un café, mientras le notificaba a su marido sobre la presencia de los supuestos “custodios”. A la par que Sara Herrera procedía a retirarse para hacer una compra en un mercadito cercano (donde iba a comprar carne), Aramburu se vistió rápidamente “con las ropas usadas la noche anterior, para atender a los visitantes”.
Aproximadamente a la media hora, Sara Herrera volvió al departamento y ya no encontró a su marido. Extrañamente, él se había retirado “sin dejarle, contra su costumbre, ninguna indicación de su destino y probable regreso”. Sí le llamó la atención que su esposo pudiera haber partido “sin bañarse ni afeitarse”, dada su conocida pulcritud. Inmediatamente bajó a la calle y pudo conocer “en el garage lindero” que Aramburu había ascendido a un auto ocupado por dos militares y dos civiles e inmediatamente imagino que “había ocurrido algo anormal, por lo que comenzó a comunicarse con amigos de la familia, alertándolos sobre lo sucedido.”
Interrogada Teresa Gregoria Lobo, la empleada doméstica, confirmó a los policías lo que decía la señora de Aramburu y agregó que el dueño de casa le indicó que también le sirviera un café y luego ella se retiró a realizar “sus obligaciones”. Más tarde la misma empleada contaría que una vez enterado Aramburu de la presencia de dos “militares” expresó “que vienen a molestar ahora, con todo lo que tengo que hacer”. Poco después comprobaría que ninguno había bebido café porque quedaron los pocillos llenos.
Un poco más tarde, el personal policial interrogó a varios vecinos. El empleado del garaje lindero dijo que alrededor de las 8.50 había entrado un Peugeot 504 blanco “con tapizado rojo vivo conducido por una persona de civil, con la que venía otra persona de civil y dos más vestidos de militar”. El que parecía de mayor graduación indicó al empleado del estacionamiento que debían detenerse “unos minutos” dado que se estaba realizando un trabajo de reparación de la calle. Mientras los militares y un civil “que vestía piloto” salieron del local, “el cuarto maniobraba el auto para ponerlo de trompa a la salida”. A los diez minutos volvieron con el teniente general Aramburu que tenía cara de “recién levantado y de pocos amigos”. Caminaba ladeado por los dos “militares”, atrás iba el civil.
Al empleado le llamó la atención que Aramburu no lo saludó y se sentó en la parte trasera del auto. Interrogado un mecánico en el mismo lugar dijo que no había notado nada irregular “salvo que los militares que lo acompañaban iban sonriendo”. Una empleada de la vecina boutique de la calle Montevideo, María Isabel Olmos, observó “solamente que el general Aramburu iba con la cabeza gacha y muy serio”, lo que contrastaba “con la cara sonriente de sus acompañantes”. Consultada Susana Olga Méndez, de profesión “comerciante”, dijo que los uniformados “llevaban al ex-magistrado del brazo, pasándole una mano por la espalda”, circunstancia ésta que, aunque “le pareció anormal” pero la atribuyó a la celebración del Día del Ejército.
Ante los hechos, el 30 de mayo, Juan Domingo Perón dio una opinión de manera indirecta. No un comunicado firmado, asegurando que el hecho era contrario al espíritu del peronismo y dejando entender que los autores no eran justicialistas.
Entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 1970 se sucedieron innumerables reuniones del presidente Onganía con los Comandantes en Jefe; de funcionarios de la Administración Pública con altos jefes militares; cónclaves de altos mandos en las tres Fuerzas Armadas; conciliábulos de dirigentes políticos, todo bajo un clima de angustia general de la población. El sistema se había conmovido tras el secuestro de Aramburu y la figura de Onganía estaba hecha trizas. Reclamaba una autoridad que ya no tenía y una seriedad que había perdido el 27 de mayo en la cumbre con el generalato. El poder no estaba en la calle, se encontraba en los cuarteles y había llegado la hora del reemplazo.
El 30 de mayo el policía José Aldo Gutiérrez declaró que por indicación de un periodista de la agencia Saporiti se constituyó en la calle Zapata frente al número 573, donde halló, debajo de una cortina metálica, una carta relacionada con el secuestro de Aramburu, en un sobre blanco “sin inscripción”, escrita a máquina, cuyo texto decía: “Perón vuelve. Comando Número 1. Al pueblo de la Nación. Hoy, a las 9,30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción, a los fines de someterlo a Juicio Revolucionario (…) Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada”.
Con fecha 31 de mayo de 1970 se conocía el Comunicado Número 2 en el que la nueva organización terrorista sostenía que “ante la difusión de falsos comunicados atribuidos a organizaciones armadas proclamando la autoría de la detención de Pedro Eugenio Aramburu, e imponiendo condiciones para su rescate, la conducción de nuestra organización se ve en la obligación de (aclarar) que la detención (se realizó) a los fines de someterlo a juicio revolucionario (y) resulta totalmente descartada la posibilidad de negociar su libertad con el Régimen”.
Para confirmar la veracidad de lo que sostienen, los secuestradores dan detalles de algunos efectos personales que tenía Aramburu al momento de ser secuestrado. Entre otros efectos una “medalla llavero con la inscripción ´El Regimiento 5 de Infantería´, dos bolígrafos Parker, una traba de corbata de oro y un reloj pulsera automático.”
El mismo día se da a conocer el Comunicado Número 3 que contiene los cargos que se le imputan al ex presidente provisional de la Nación.
Con la más absoluta ignorancia de lo que debían investigar, entre los primeros detenidos para identificar figura Luis Enrique Ramón Uriondo, argentino de 28 años, domiciliado en French 2967. Uriondo era peronista pero, como lo demostró toda su vida, nunca tuvo nada que ver con Montoneros. Como dice el expediente, al no haberlo reconocido por la señora de Aramburu, “luego de la investigación y averiguación de las coartadas presentadas por el causante, recuperó su libertad”.
El lunes 1º de junio se realizó una primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Al día siguiente se llevó a cabo la segunda, de manera desordenada, en la que el ministro del Interior, José Luis Imaz, puso de relieve la condena peronista al secuestro del ex presidente de facto. Lanusse completó el concepto diciendo que Jorge Daniel Paladino, el entonces delegado de Juan Domingo Perón en el país, también culpaba al gobierno y propuso convocar a la dirigencia política. Una idea que fue considerada sacrílega por Onganía.
Mientras la Policía realizaba ingentes investigaciones tratando de individualizar al grupo terrorista, con fecha 5 de junio de 1970, Montoneros le escribe una extensa carta al Cardenal Antonio Caggiano en la que afirman: “Nosotros sentimos gran respeto por la vida humana y si arriesgamos la nuestra en esta lucha sin cuartel es justamente porque queremos que las próximas generaciones de argentinos sean hombres libres”.
Extraña manera de proceder en la vida tenía la conducción de la nueva “organización armada”: un tiempo antes, su jefe, Fernando Abal Medina, le había creado problemas al propio Caggiano en la puerta de la Catedral; la máquina Olivetti para tipiar el texto de la carta estaba en “custodia” del cura Alberto Carbone (un amigo de Mario Eduardo Firmenich) y tres curas tercermundistas, entre otros, eran sus inspiradores: Carlos Mugica, Fulgencio Alberto Rojas, más conocido como “Beto” (capellán del Liceo Militar General Paz) y Jorge Adur oficiaría de capellán.
El lunes 8 de junio se desató la crisis política cuando el Comandante en Jefe del Ejército emitió un comunicado, a las 11.20 por Radio Rivadavia, informando que “la responsabilidad asumida por el Ejército, en la Revolución Argentina, es incompatible con la firma de un nuevo cheque en blanco al Excelentísimo señor Presidente de la Nación, para resolver por sí aspectos trascendentales para la marcha del proceso revolucionario y los destinos del país”. Unos minutos más tarde se emitió otro comunicado, firmado por el presidente de la Junta de Comandantes, almirante Pedro Gnavi, suspendiendo una reunión cumbre del almirantazgo con Onganía. Desde ese momento la Armada entró en estado de acuartelamiento y a las 15.20 el Ejército está listo para cercar la Casa de Gobierno y tomar las radios. Por la tarde se conoció otro pronunciamiento de la Fuerza Aérea con un estilo similar al de los otros dos comandos. La respuesta del mandatario de facto Onganía fue otro comunicado afirmando: “La era de los golpes y de los planteos ha concluido y no volverá.”
A las 14.55, los tres Comandantes en Jefe dieron a conocer una declaración, informando que reasumía “de inmediato el poder político de la República”, e invitaba “al señor teniente general Onganía a presentar su renuncia al cargo que hasta la fecha ha desempeñado por mandato de esta Junta.” La primera respuesta presidencial fue rechazar el pedido de renuncia. Luego, a través de colaboradores, se tanteo a unidades militares para cerciorarse si contaba con algún respaldo. En todas las consultas se le mandó decir que los jefes respondían a sus “mandos naturales”. Luego intentó relevar a Lanusse y al jefe de la Fuerza Aérea. El presidente depuesto pretendía que los miembros de la Junta Militar se presentaran en la Casa Rosada para dialogar y estos, a su vez, rechazaron la gestión. Finalmente, tras largas horas de espera, Onganía fue al Estado Mayor Conjunto y entregó su renuncia.
En una ocasión, el general Rafael Panullo, secretario general de la Presidencia durante la gestión de Alejandro Agustín Lanusse, me relató que durante 1970 lo convocó su superior inmediato y le pidió que analizara quién podía ser el reemplazante de Juan Carlos Onganía. Trabajó con el coronel Colombo y elaboraron un documento de 3 carillas donde la conclusión “elemental” era que “la única persona que no podía reemplazar a Onganía era Lanusse, para que no se diera la cadena de golpes… y porque, además, cuando Lanusse asumió la jefatura del Ejército, el 28 de agosto de 1968, a la edad de 50 años, dijo que no quería ser nada más que Comandante en Jefe del Ejército”.
“En esas reuniones para analizar la caída de Onganía y el nombre de su sucesor, el almirante Pedro Gnavi –que había trabajado con el general Roberto Marcelo Levingston en la SIDE—propuso su nombre, y el brigadier Rey aceptó de inmediato para bloquear a Lanusse. Estas reuniones fueron en una dependencia de la Fuerza Aérea en Ezeiza (era la residencia oficial del comandante de la aeronáutica)”. Panullo contó que “esto fue un sábado y el domingo (14 de junio) citaron a los generales para informarlos. Y cuando se enteraron, algunos consideraron que tenían más méritos. Había en ese momento 10 generales ‘pesados’ y nadie pensó en Roberto Marcelo Levingston, sino en ‘Conito’ Sánchez de Bustamante, ‘El Pibe’ López Aufranc, Mario Aguilar Pinedo, Juan Carlos Sánchez…”.
Cuando se lo nombró a Levingston, el general de brigada Juan Carlos Sánchez pidió su retiro de la fuerza, pero Lanusse no lo aceptó. El jueves 18 de junio de 1970, Roberto Marcelo Levingston asumió de facto la Presidencia de la Nación. Su período fue corto, plagado de intrigas palaciegas, desinteligencias y la cotidiana violencia subversiva que aparecía siempre por detrás de la crispación ciudadana. Ante el cansancio de la dirigencia política, como un signo de esos momentos, Perón le envió una conceptuosa carta a Ricardo Balbín, el jefe radical, y el miércoles 11 de noviembre de 1970 se creó en la casa de Manuel Rawson Paz el agrupamiento “La Hora del Pueblo”.
El largo y profuso informe policial relata que “mientras las tareas investigativas proseguían con toda intensidad”, aunque sin mayores resultados, “se produce en la localidad de La Calera, provincia de Córdoba, un hecho que daría lugar a vincular a sus autores (del secuestro de Aramburu) con aquél suceso”.
“El 1º de julio de 1970 por la mañana, esa pequeña población fue sacudida por la acción conjunta y sincronizada de un grupo de personas de ambos sexos, fuertemente armados, que disponen de diversos medios de movilidad, los que en pocos minutos copan las dependencias” de la policía y del Estado provincial.
Tras la retirada del grupo comando uno de los móviles se rompió y son detenidos los jóvenes Luis Lozada y José Alberto Fierro. De los interrogatorios y “como resultado de la intensa actividad desplegada por la policía” se llega al barrio Los Naranjos y, tras un tiroteo, “caen heridos dos de los agresores”, Emilio Ángel Maza (herido de gravedad) e Ignacio Vélez. También son detenidos Carlos Alberto Soratti, de 23 años (actual titular del INCUCAI) y Cristina Liprandi de Vélez, de 23 años. Inspeccionadas las fincas de los detenidos se encuentra gran cantidad de armas, municiones, documentos falsos y “un fichero en el que se registraban datos correspondientes a los integrantes del grupo, sin hacer constar sus datos de identidad, señalándose solo por números.” En medio de tantos papeles se produce un big bang informativo que iluminaria el Caso Aramburu: “Entre esos papeles hallose una autorización de manejo de un automotor marca Renault, modelo 1969, propiedad de Esther Norma Arrostito a favor de Emilio Ángel Maza”.
Tras el fallecimiento de Maza, el 8 de julio de 1970, la autoridad judicial “reclama de oficio que la autopsia del cadáver se realice en la Capital Federal” y se dispone que se “lo acondicionara y vistiera con uniforme militar a efectos de ser así reconocido por los principales testigos del secuestro” de Aramburu.
La señora Sara Herrera durante una declaración prestada a la una de la madrugada del 9 de julio sostuvo que el cadáver tenía “un gran parecido con uno de los dos militares que el día 29 de mayo ingresaron a su domicilio, requiriendo ser atendidos por su cónyuge.
”Mientras se acelera la investigación con toda una serie de allanamientos y declaraciones de los detenidos, “surge una relación comercial entre Mario Eduardo Firmenich y Carlos Gustavo Ramus quienes se dedicarían a la compra venta de ganado”.
Así, con la autorización de Gustavo Francisco Ramus, padre de Gustavo, se llega a la finca La Celma, en la localidad bonaerense de Timote.
“El día 17 de julio, a las 4.30 horas (de la tarde) se recibió procedente de la Delegación Regional Cuatrerismo de Bragado” los informes sobre el allanamiento en la localidad de Timote, partido de Carlos Tejedor.
“Se hace constar que se había hallado el cadáver de una persona de sexo masculino, sepultado en una excavación realizada en el sótano (…) que poseía una alianza en el dedo anular izquierdo con las inscripciones “S.L.H. a E.A. 1-10-32″, una traba de corbata y una prótesis dental, correspondiente al paladar, presumiéndose se trataría del cadáver de Pedro Eugenio Aramburu. El cuerpo estaba tapado por un elemento blanco, presumiblemente cal y cubierto por un plástico”.
Tras otros detalles, también se hace constar los hallazgos de numerosas armas, ropa militar, capsulas de distintos calibres y armas blancas. Finalizado el procedimiento, el cadáver es trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo a fin de realizar “las diligencias de reconocimiento médico-legal y autopsia”.
La aparición de la organización Montoneros nació con este asesinato.
Al mismo tiempo que se realizaban las investigaciones policiales, en junio, dos bandas terroristas inauguraban un tiempo de inusitada violencia en la Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) ocupaban el pueblo bonaerense de Garín y en julio, en las islas Lechiguanas el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fundaba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).