El proyecto de ley que busca regular la producción industrial de la planta de cannabis obtuvo este martes dictamen en las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa, propuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional, ya tiene media sanción del Senado y podría votarse en la próxima sesión de la Cámara baja, ya que el Frente de Todos convocó a una sesión para este jueves en la que incluirá esta iniciativa.
De aprobarse, se convertiría en ley y crearía entonces la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función -entre otras- regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Las barreras legales (y culturales) actualmente frenan el uso del cannabis para producir medicamentos, cosméticos, alimentos, materiales de construcción o autopartes, entre muchas otras cosas. Pero están a punto de levantarse. Si se materializa la nueva ley, Argentina integrará una nueva matriz productiva que genera expectativas de crecimiento económico y creación de fuentes de trabajo en un mundo en crisis.
Al menos durante la reunión de las comisiones, el clima legislativo aparece propicio para que Diputados vote a favor y complete la media sanción que ya le dio el Senado en julio de 2021. Con excepción de un diputado de Juntos por Río Negro, que hizo una ensalada entre la cuestión productiva de la planta del cannabis, el narcotráfico y los consumos problemáticos, casi todos los y las legisladoras que expusieron durante el plenario se manifestaron a favor de avanzar, con más o menos matices.
De hecho, al proyecto de ley lo acompañan provincias gobernadas por partidos opositores, como Jujuy y Corrientes, que ya tienen en marcha emprendimientos productivos cannábicos, especialmente el estado gobernado por el radical Gerardo Morales. Allí la empresa estatal Cannava ya cultiva plantas y produce aceites que se expenden en farmacias locales y en el hospital público de la ciudad de Perico.
“Venimos a plantear que hemos perdido tiempo. La ley no es la ideal, sin dudas. Pero la necesitamos, mi provincia necesita la ley y la necesita mi país”, comentó el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), quien adelantó que en las proyecciones a mediano plazo Cannava planea crear 6.000 puestos de trabajo.
Rizzoti se refirió a la pérdida de tiempo porque hubo que esperar casi seis meses para que Diputados retome el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”. Después de obtener dictamen favorable de las comisiones en noviembre del año pasado, la iniciativa quedó congelada hasta fin de año y luego se renovaron las bancas, con lo que hubo que volver a formar las comisiones. Las negociaciones entre oficialismo y oposición, con una cámara emparejada, demoraron hasta entrado el otoño la discusión en las comisiones.
“Este proyecto viene a garantizar que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. Estamos hace seis meses que este proyecto se trate. Hay muchas provincias que tienen proyectos que requieren de esta ley para avanzar. Les pido que actuemos con premura y responsabilidad. El dictamen ya fue firmado por todas las fuerzas políticas el año pasado. El dolor no puede esperar. Es una oportunidad para generar trabajos y divisas para nuestro país”, advirtió la entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gaillard, que junto a Mara Brawer fueron las legisladoras que participaron de la redacción del proyecto junto al equipo del ministro Matías Kulfas. Entre las provincias que hizo referencia Gaillard están La Rioja, San Juan, Misiones, Buenos Aires, entre otras, que ya tienen iniciados proyectos productivos.
“El cannabis no solo se utiliza para uso medicinal. Se abre un mundo con el cáñamo industrial y hay muchos empresarios esperando para producir. De la planta no se descarta nada en su desarrollo industrial. No requiere de uso de pesticidas. Y a la vez tiene muchísimos usos. El medicinal, el textil, el de los alimentos”, describió Brawer en sus minutos de exposición.
La diputada explicó que la semilla de cannabis “tiene omega 3,6 y 9 y podemos producir un aceite comestible que no produce colesterol”. Y que se hacen suplementos dietarios para la población desnutrida. “Se usa en reemplazo del plástico. La fábrica Lego se comprometió para que en 2030 todos sus juguetes dejen de ser de plástico de hidrocarburos para ser de plástico de cáñamo. BMW, VW, Tesla ya reemplazan a la fibra de vidrio con cáñamo en sus carrocerías. Es aislante del frío, del calor, de humedad. Se pueden hacer ladrillos, biocombustible, cervezas, productos cosméticos, solventes. Es infinita la cantidad de usos que tiene esta planta”, amplió la legisladora porteña del Frente de Todos.
Algunos diputados de Evolución Radical manifestaron su resistencia a crear una agencia regulatoria estatal. “Se crean estructuras del Estado innecesarias. Se están creando nuevas tasas, en nuestro bloque nos comprometimos a no crear nuevos impuestos”, remarcó la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning. Algo parecido planteó Pablo Cervi, neuquino, también de Evolución Radical.
El ex ministro durante el gobierno de Fernando De la Rúa, Ricardo López Murphy, coincidió con sus colegas radicales. “Me parece una burocracia fenomenal y un gasto enorme en un momento en el que el país tiene problemas fiscales severos. Con las agencias existentes y un mecanismo económico debería poder hacerse sin despilfarro”, dijo en relación a la creación de una agencia federal, aunque la diputada Gaillard explicó que este aspecto es una condición que impone la Junta de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas.
“Tengo un prejuicio sobre las cuestiones del manejo de las drogas. Me parece que no deberíamos enviar al recinto sino crear la oportunidad de un debate más cuidado y buscar una ley más simple que derive en las provincias la gestión”, sintetizo López Murphy, aunque esta ley no despenaliza ni regula el uso adulto de la marihuana.
Con la misma confusión sobre la cuestión expuso el diputado Luis Di Giácomo, de Juntos somos Río Negro. “Nos parece fuera de lugar que se ponga en una misma ley el cáñamo industrial con el cannabis medicinal. El cáñamo es una variedad de cannabis y la marihuana es otra variedad de cannabis. Lamentablemente coincidimos en los aspectos del desarrollo del cáñamo industrial y lamento este proyecto del Ministerio de Producción, que son los funcionarios que casi mejor funcionan, pero este proyecto queda al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrolla un camino hacia la legalización de la marihuana quitándole toda percepción de peligro que tiene”, dijo, literalmente, Di Giácomo.
Para el legislador patagónico, “la marihuana de hoy es una planta transgénica que provoca psicosis, esquizofrenia y provoca un alto poder adictivo. Se está abriendo una puerta absolutamente dañina ante una población sumida en la pobreza que solo tiene el consumo de alcohol y el narcomenudeo”, continuó, aunque no presentó pruebas de sus afirmaciones. Eso sí, al cerrar su discurso, dijo: “Estamos a favor del cannabis medicinal”.
En cambio para el chaqueño Juan Manuel Pedrini, del Frente de Todos, el proyecto que se debate es “una ley antinarcotráfico” porque “se está desarrollando directamente a través del Estado”. El legislador consideró que “es absurdo no poder tener una atención para pacientes por una visión antigua de la ley de drogas. Avancemos por el lado de la ciencia, de la regulación, de la legalidad y por el lado de estas madres que desafiaron este régimen legal y le dieron como pudieron un tratamiento a sus hijos”.
El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país tome el lugar de líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial. Estima que para 2025 podrían crearse 10 mil puestos de trabajo.
“Necesitamos una ley para legalizar la producción y el desarrollo de la industria sujetos a las recomendaciones de Naciones Unidas y los países pioneros en esto, como Israel o Canadá. Las regulaciones apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar trazabilidad de los productos, especialmente en los de uso medicinal. Eso nos va a permitir además tener un producto de calidad”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo ante los Diputados en 2021.
En el Gobierno prometen que, de aprobarse, la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.
En este sentido, el diputado misionero del FdT, Héctor Bárbaro, advirtió en el plenario de este miércoles: “Espero que cuando se reglamente no venga una empresa privada y se la lleve toda y se queden afuera los trabajadores y los pequeños productores o las cooperativas”.
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