Falsas denuncias y desidia judicial: el combo que hace a los hijos víctimas eternas de guerras familiares

“Mi hija me dibuja con un corazón grande así al lado de ella”; “mi nieto nunca más tendrá al Ratón Pérez en casa de su abuela”; “el tsunami psicológico es tan fuerte…. que no podés seguir con tu vida”: los testimonios de padres y abuelos excluidos sin motivo, por burocracia, desidia o torpeza judicial, o por falsas denuncias que los juzgados parecen incapaces de discernir, son demoledores. Para el niño que, de un día al otro, sin explicación o con mentiras, ve cortado un vínculo afectivo central en su vida el costo es incalculable.

“UN DRON SOBREVOLÓ MI CASA PORQUE MI EX ME ACUSÓ DE INTEGRAR UNA RED DE PEDERASTAS”

F.S. es un empresario de buen pasar, padre de una única hija, M., fruto de una relación ocasional pero de la cual se hizo cargo desde el primer momento, aunque nunca estableció una relación sentimental con la madre. Cuando ocurrieron estos hechos y nació la niña, él estaba en el sur del país desarrollando un emprendimiento inmobiliario. M. y su madre vivían en San Luis. Él viajaba una vez por mes para verla y el resto del tiempo hacía videollamadas de unos 40 minutos con la niña, los martes, jueves y sábados.

En el verano de 2017, cuando la niña tenía 4 años, la llevaron para que pasara 10 días con él. “Unas vacaciones maravillosas”, recuerda. “Pero la mamá pensó que la nena no podría estar sola conmigo, que yo no me las iba a arreglar solo con ella”. Comprobar que no era así, la descolocó. “En medio de la calle me sacó a M. diciéndome que tenía que estar con la madre”.

A partir de entonces, ella empezó a obstaculizar sus viajes a San Luis. “El 20 de abril de 2017 fue la última vez que la vi. Cuando llegué me dijo que la nena tenía una vulvovaginitis…” F.S. cree que ella quería, a través de M., forzar una relación. “No soy Brad Pitt -dice irónico-, lo único atractivo que tengo es mi declaración de Bienes Personales… Cuando regresé al sur, ya estaba denunciado por abuso sexual”.

La primera orden de restricción fue dictada el 15 de mayo de 2017. “Al día siguiente, dejó de atenderme el teléfono. Nunca más me respondió.” En realidad ella hizo tres denuncias. Una en la justicia penal, por el supuesto abuso; otra en la civil, para conseguir la restricción, y otra en el fuero federal. “Me acusó de formar parte de una red de pederastia y pornografía infantil”.

Lo curioso es que F.S. nunca fue notificado porque ella decía desconocer el paradero del padre de su hija. Ignorando por lo tanto estas denuncias, él inició una causa por impedimento de contacto en febrero de 2018, por lo que el juez citó a las partes a audiencia. Sucedió entonces algo frecuente en estos litigios. Un progenitor reclama régimen de visita porque el otro le está saboteando el contacto con el hijo y cuando se presenta a la audiencia en la cual cree que el juez le dirá algo así como “dos veces por semana y un fin de semana de por medio”, en realidad se lleva una sorpresa mayúscula y se le abren las puertas del infierno.

“Ella llegó y dijo que yo no veía a la nena porque estaba denunciado por abuso sexual. Me enteré de todo dentro del juzgado. No hace falta decir lo que sentí. Empezaron a mostrar que mi nena dibujaba a personas con pene. Absolutamente quebrado, mi abogado -no me olvido más- me dijo ‘mirame a los ojos, ¿abusaste de tu hija?’ ‘No flaco, ¿estás loco? No’. Buscamos el expediente y ahí descubrimos que la causa de abuso había sido cerrada por inexistencia de delito”.

Para llegar a esa conclusión, hubo pericias. “Primero un médico forense hizo la constatación de vagina y ano, para ver si había sido penetrada. Todo empezó en la oficina de Ni Una Menos de San Luis, donde se hizo la primera denuncia. Ahí la empezó a ver una psicóloga, que en sus informes dijo que no detectaba en M. indicadores de abuso pero, atento a lo que relata la madre y a algunas conductas extrañas de la nena, como un lenguaje híper sexualizado, recomienda hacer una Cámara Gesell. Los dos profesionales del área de medicina forense que la hicieron coinciden en que no había indicadores de trauma ni de abuso. Ese informe es para mí una caricia al alma, una de las cosas más lindas de este último tiempo”.

Una perito que vio la grabación le dijo: “La cámara Gesell no es contundente, es demoledora”. Las respuestas de la nena fueron todas naturales, espontáneas. “Le preguntaron si jugábamos en la cama cuando dormíamos. Y ella: ‘no, en la cama no se juega, en la cama se duerme, me acostaba, miraba dibujitos y me dormía’.”, cuenta F.S.

El juez cerró la causa por inexistencia de delito: ninguno de los dichos de la madre se había podido comprobar, sostuvo; no había elemento alguno para sospechar que alguien hubiera abusado de la nena.

El abogado de F.S. presenta un escrito: “Todo lo que dijo la madre de la niña es mentira. Aseguró en la audiencia que él estaba siendo investigado por abuso sexual y esa causa ya se cerró por inexistencia del delito”.

Pero la pesadilla no había terminado. “Las denuncias iban mutando. Me empecé a quedar y a quedar (en San Luis), con la ignorancia del ciudadano común que dice ‘me pongo a disposición, averiguan y listo, esto se termina’”, cuenta. Pero fueron pasando semanas, meses, vivió un año y ocho meses en un hotel.

La causa federal estaba en el Juzgado Federal de Esquel. Ahí descubrió que le habían hecho inteligencia durante 15 días para ver si era parte de una red de pedofilia y pornografía infantil internacional. “Yo vivía a 20 km del pueblo, en una zona rural. Sobrevolaron mi casa con drones para ver si coincidían los ambientes que ella describía, en los que decía que se filmaban las películas. Había reportes de mis vehículos, del perro, de mis actividades diarias. ‘Está jugando tenis pero es imposible sacarle una foto ahora porque sospecharía. Soy la única persona enfrente de la cancha’, decía uno de los informes”. Una película, pero de terror. Dos largos años le tomó al juzgado cerrar la causa federal.

El juez vuelve a citar a una audiencia de revinculación. Aparece una psicóloga que dice estar atendiendo a M. Declara no haber visto indicadores de abuso sexual, pero sí algún tipo de trauma que tenía que descubrir y por eso recomendaba que la nena no viera al padre. El abogado de F.S. argumenta que ese trauma puede deberse a muchas causas. ¿Por qué castigar al padre si ya hay una cámara Gesell que dice que no abusó de la criatura y la causa se cerró? La réplica, bastante arbitraria, de la psicóloga es: “Bueno, es mi recomendación.”

Cuando el juez llama a una nueva audiencia de revinculación, el mismo día, la psicóloga presenta un informe en el Juzgado de Violencia Familiar, diciendo que había descubierto que yo había abusado de M., a través de un juego con muñecos en su consultorio… Por ese informe, el juez vuelve a parar la revinculación.

Es decir, que el mismo juez que había comprobado inexistencia de delito y tenía indicios de sobra para suponer que la denuncia anterior era falsa, suspende la revinculación.

La jueza llama a la licenciada que había hecho la cámara Gesell de M., y a la representante de Ni Una Menos. “La primera ratifica su informe de 2017. Mientras que la de Ni Una Menos declara que la madre de M le había dicho que la cámara Gesell no se pudo hacer por lo mal que estaba la nena”.

Es decir que, ante una prueba en contra, el progenitor que obstruye opta por negarla. A la denuncia falsa se suma el ocultamiento de las pruebas que le juegan en contra.

“Habían engañado a la señora de Ni Una Menos. Y siguieron metiendo chicanas. Hace 2 semanas presentaron un informe de tres psicólogas de Buenos Aires que aseguran que yo abusé de mi hija”. El informe se basaba exclusivamente en dichos de la madre -”cuando la nena era chiquitita le había dicho que yo la tocaba”-.

También estas psicólogas tenían la versión de que la cámara Gesell no se había podido hacer bien. Pero la de NiUnaMenos que la vio en 2017 contradijo a la madre. “M. decía que yo no la tocaba, que la cuidaba y la protegía. Que me extrañaba y que me quería ver. Y eso lo repitió en todas las pericias cuando tenía 4 años y 6 meses. Estas señoras dicen ahora que mi hija les dijo que yo le toqué las partes íntimas y que no quiso hablar más del tema y que para no revictimizarla no le preguntaron nada más”.

Después de eso, la defensora de menores y el fiscal recomiendan la urgente revinculación. Pero reaparece un abogado de la madre de M. diciendo que había una foto de la niña en Internet. Mandan oficio al Juzgado Federal de Esquel para confirmar si era la hija de F.S.

“Una maniobra más -dice él-. A cada audiencia de revinculación, un problema nuevo”.

El resultado de esta última chicana fue “vergonzoso”, dice, porque “el Juzgado Federal les contesta ‘ya les dijimos que este hombre y esta nena no aparecen en ningún lado, y la causa a la que hacen mención se cerró en diciembre del 2017′”.

O sea que, con tal de frenar la revinculación, invocaban la posibilidad de un indicio en una causa que sabían estaba cerrada.

Por si no bastaba con eso, el abogado de F.S. descubrió que la psicóloga que presentó el informe diciendo que a la niña la habían abusado, en realidad había hecho copy paste de otro informe. “Ni más ni menos que del informe de su propia hija. Yo la denuncié ante el Colegio de Psicólogos y me contestaron que no era causal de sanción…”

Ya volveremos a este caso, y las últimas maniobras de la madre de M. que parecen no tener fin.

“LA JUSTICIA ME IMPIDE VER A MI NIETO, SÓLO PORQUE LA MAMÁ NO QUIERE”

Hace tres años que Analía no ve a su nieto, B. Pasó de tenerlo en su casa casi todos los días, cuidarlo mientras la madre estudiaba o llevárselo de vacaciones, a no poder verlo ni hablarle nunca más. Fue un cataclismo en su vida. Un día llegó a la casa una denuncia contra su esposo, el abuelo del pequeño, ¡por abuso!, y contra su hijo, padre del niño, por violencia.

“La denuncia decía: ‘el abuelo le toca el pilín y el papá le pega’. La carátula fue ‘violencia agravada por el vínculo en el caso de mi hijo, y ´’abuso sexual sin acceso carnal’, en el de mi esposo. Fue una locura para nosotros… yo ni siquiera me imaginaba que esas cosas existían. No entendíamos nada, la llamamos a ella pero no nos respondió más o repetía fórmulas de los abogados”, dice Analía.

La relación con la madre del nene había sido excelente hasta ese momento, aunque el hijo de Analía no tenía con ella un vínculo de pareja. “Cuando sucedió esto volvíamos justo con B. de unas vacaciones, habíamos pasado dos semanas juntos, toda la familia paterna. Volvimos, lo dejamos esa noche en casa de la mamá, le dijimos ‘mañana te venimos a buscar’ y nunca más nos vio. Justo en esos días cumplía 4 años. No sabíamos qué pasaba hasta que a los 3 ó 4 días nos cayeron las denuncias”.

Enseguida vino la orden de restricción de acercamiento para el padre y el abuelo por 30 días. En este caso, el juzgado cumplió la ley y les tomó rápidamente declaración indagatoria. Evidentemente la denuncia no tenía sustento porque la restricción fue levantada y no se volvió a renovar pese a los pedidos de la madre.

Analía no puede evitar preguntarse que pensará o cuánto sabrá B. de todo esto: “Nuestra relación era diaria y permanente, por eso lo primero que pensé fue qué pasaría con B. que de golpe lo dejé. Una sola vez la madre me permitió verlo pero en su presencia. El nene sentía que algo pasaba pero no entendía qué”, recuerda la abuela.

El primer día de clase, ella fue al jardín. No la dejaron acercarse y ya no tuvo nunca más contacto. La madre de B no le atendía el teléfono o le decía que la decisión era del abogado.

Ella inició un expediente de régimen de comunicación como abuela; el juzgado llamó a una audiencia. De las pericias psicológicas ordenadas “surgió que no había ningún problema en que yo me comunicara con el nene, que estaba todo bien”, dice Analía.

Desaparecido el obstáculo para el contacto, sucedió lo habitual: apareció otra traba. “La psicóloga de la mamá de B. dice que el nene se había cruzado conmigo y había tenido una regresión…”, cuenta Analía, cuyo relato expone la ligereza, por no decir la crueldad, con la cual se corta un vínculo afectivo familiar sin pensar en el daño en la psiquis de un niño.

Analía reflexiona: “Puede ser que haya tenido una regresión: estaba permanentemente conmigo, de golpe no me vio más, y a los dos o tres meses me cruza en la panadería… sí, posiblemente se haya sentido mal porque estaba con su otra abuela, y no lo dejaron acercarse…”

Lo insólito es que, a raíz de ese informe, la justicia dictó una orden de restricción de acercamiento por seis meses a la abuela, sin que mediara denuncia en su contra. Sin motivo alguno, alejan a Analía de su nieto por medio año e incluyen al papá y al abuelo en la medida…

IMPEDIMENTO VINCULAR COMO MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA PSICOLÓGICA

“¿Por qué pasa esto? Porque es más cómodo dictar órdenes de restricción y ya que están para toda la familia. ¿Qué culpa tiene el abuelo? ¿el tío? ¿la madrina?”, preguntaba la abogada de familia Fátima Silva, en su intervención en una Jornada convocada por la asociación Infancia compartida, en torno al tema “Impedimento vincular como maltrato infantil y violencia psicológica”.

La especialista recordó que “la norma que crea los juzgados de familia” dice que su objeto “es luchar por la consolidación de la familia, encontrar soluciones conciliadoras eficientes en los conflictos, recomponer el núcleo básico de la familia”, entre otras cosas. Y preguntó: “¿Creemos que eso está sucediendo?”.

“Hubo una norma que los creó y les indicó cuál era su función social y jurídica y ellos lo perdieron de vista porque es más fácil ir con la ola -sostuvo-. Los expedientes se llenan de órdenes de restricción, renovadas de tiempo en tiempo y cuando los revisamos en el medio no hay nada. Hay una falla esencial: nadie está mirando al niño, ni al padre o madre o abuelo denunciado”.

Sus conceptos encuadran muy bien el caso de Analía. Pero es que lo que padece esta abuela no es algo aislado, como ella misma lo descubrirá ya que hoy, para soportar mejor el dolor, se ha unido con otras abuelas “para luchar juntas”. En el grupo ya son más de cien… “Creo que habría que cambiar los procesos judiciales. No puede ser que una cuestión de familia demore tanto. Hablan mucho de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero en la práctica no lo toman en cuenta. Va pasando el tiempo y se nos va pasando la vida y los momentos que no se vivieron no vuelven”.

Su caso no tiene visos de poder resolverse pronto ya que las cosas se complicaron muchísimo.

“Un día mi hijo va a pagar la cuota del colegio -dice Analía, retomando el relato- y se entera de que el nene no iba más a la escuela; pasamos por la casa y vemos un cartel de ‘se alquila’. Hicimos la denuncia en el Juzgado y finalmente supimos que la madre se había mudado a otra provincia, sin autorización del juzgado, que entonces ordenó la restitución del niño a su centro de vida. Ella no cumplió, y presentó un pedido de protección de persona. Como estaba en otra provincia, se planteó un conflicto de competencia”.

El progenitor obstructor no sólo hace falsas denuncias, también desobedece impunemente las órdenes de la justicia. “En la causa contra mi esposo, la primera cámara Gesell no se hizo porque dijeron que el niño no estaba capacitado para hablar; en la segunda, la mamá ingresó con él, tampoco se pudo hacer nada, y a la tercera y cuarta convocatorias no se presentó”, cuenta Analía.

Su caso es ejemplo del laberinto kafkiano en el cual una familia queda atrapada, con una facilidad que contrasta con lo difícil que es luego salir de él.

El juzgado de la provincia donde se encuentra ahora B. se declaró incompetente; la madre apeló y la cámara se declaró competente; el tribunal de Familia de Formosa se declaró competente también. Esto planteó un conflicto de competencias que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La abuela de B razona sobre este galimatías del modo que debieran razonar los que tienen que impartir justicia: “Una cosa tan sencilla como definir cuál era el centro de vida de un niño que fue al jardín durante tres años acá, que nació en Formosa, termina en la Corte Suprema…”.

Para colmo, poco antes de que se planteara este conflicto de competencia, la causa de Analía fue agregada a la de su hijo, entonces ella quedó atrapada en ese expediente y ahora debe esperar a que se resuelva. “Mientras tanto, no puedo hacer nada -dice-. No sólo no puedo verlo, ni hablar, porque me bloqueó en el teléfono y en todas las redes sociales, sino que tampoco pueden verlo los tíos, los primos, mi otra hija, que es su madrina”.

Visiblemente angustiada, agrega: “De un día para el otro, toda la familia paterna desapareció de su vida, no sabemos qué información tiene él, ¿qué pensará? ¿que lo abandonamos? En el transcurso de estos tres años, falleció mi mamá, su bisabuela, nació una primita… Pienso en que él nunca más tendrá al ratón Pérez en la casa de la abuela, no estará acompañado por su familia cuando empiece primer grado, o cuando aprenda a escribir las primeras palabras, todo lo que hace una abuela en la vida de los nietos…”

“La justicia me impide ver a mi nieto, simplemente porque la mamá no quiere. Desde el principio la asesora de menores pidió que se escuchara al nene, pero en estos tres años nunca lo hicieron. Qué distinto hubiera sido todo si en aquel primer momento, hubiesen citado al niño, para evaluar si había riesgo en que me siguiera viendo a mí mientras se resolvía lo otro. Un día nos cortaron el vínculo, a él le sacaron a su abuela y a mí a mi nieto”.

Nadie dice que no se investigue, pero B. podía verme a mí en un lugar público, con una asistente social, como la justicia ordene, señala, apuntando a una herramienta que sería muy útil en estos casos pero que muchas veces los jueces olvidan.

En la Jornada de Infancia Compartida, la psicóloga Mariana Vázquez se refirió a los litigios que surgen cuando uno o ambos padres no pueden preservar a los hijos del conflicto de pareja.

Vázquez aclaró que las medidas cautelares son necesarias en muchos casos, pero cuestionó la falta de atención al contexto y el hecho de que estas restricciones no sean seguidas de inmediato por un trabajo interdisciplinario para establecer la verdad del caso. Que los juzgados estén colapsados no le parece una explicación suficiente. Hay mucha gente “ocupando lugares centrales sin aptitudes para ello”, sostiene.

E interpela: “¿Por qué tanto miedo a indagar en quienes hacen la denuncia? ¿Por qué no llaman al niño, al padre, a los abuelos? No tiene por qué tardar 4 años la resolución de estos conflictos”.

Analía, víctima de estas crueles demoras, dice: “Ya pasaron tres años, o sea que ahora él tiene siete… Y la causa no avanza porque ella no se presenta; le está quitando el derecho al nene de ver a su familia; porque él por sus propios medios no puede venir. Mi hijo está sobreseído, y la causa contra mi esposo todavía no se cierra porque ella no lo trae a la cámara Gesell. Como no hay pruebas, mi marido tiene declarada la falta de mérito, pero no está sobreseído. En el juzgado de Familia lo pendiente es cumplir la restitución del niño a su centro de vida, y eso está trabado por el conflicto de competencia, hasta que decidan quién va a ejecutar la restitución”.

“MAMÁ DICE QUE PAPÁ SE PORTÓ MAL Y NO PUEDO VERLO”

A Leopoldo Acuña le cuesta hablar del tema con serenidad. El sufrimiento se le dibuja en el rostro y por momentos las palabras se quedan en la garganta. El 11 de mayo, su hija, P., a la que no ve desde hace 5 años, cumplirá 10.

Un casamiento no muy meditado y la esperanza vana de que la relación mejoraría al estabilizarse son el punto de partida de este drama, que tiene por escenario la ciudad de La Plata. En mayo de 2012, nace una niña, P., que en vez de ser ocasión de entendimiento lo será de mayor discordia.

Dos años después, separación y divorcio. Empieza entonces un crescendo de acusaciones -por supuesta violencia del padre hacia la niña, por ejemplo- y de objeciones al vínculo con P., hasta que, el 31 de enero de 2015, la madre suspende unilateralmente el régimen de visitas, sin explicaciones. En realidad, ya había radicado dos primeras denuncias por violencia, los días 11 y 14 de enero.

El 21 de marzo de 2015, el juzgado de Violencia Familiar n°5 rechazó el pedido de la madre de suspensión del régimen de visitas. El perito del caso dice “que la pequeña no presenta obstáculo con su padre o madre”. Otro perito sostiene que “no existen indicadores que den cuenta de violencia paterno filial que amerite la interrupción del contacto” entre ellos “tal como fue decidido unilateralmente” por la madre.

De lo que sí hay indicios es de la manipulación: “Mamá me dijo que papá se portó mal y no tengo que verlo”, dice P. y agrega que está esperando “que lo saquen de la penitencia”.

Leopoldo logra retomar el contacto con su hija, pero 7 días después, el 31 de marzo de 2015, la madre presenta su primera denuncia de abuso contra el tío de la pequeña, el hermano mellizo de Leopoldo, Rodolfo Acuña. “Mi hermano nunca estuvo al cuidado de P”, asegura él, convencido de que su ex denunció a Rodolfo porque conocía su sensibilidad, y porque la pequeña lo quería mucho. “Es el más vulnerable de la familia, ella apuntó ahí para generar el mayor daño posible”, asegura.

El 13 de abril, a solo 15 días de la primera denuncia, la amplía diciendo que Rodolfo había violado el perímetro impuesto. “Nos acusa a mi madre y a mí de haberle abierto la puerta a mi hermano para que concretara otro abuso… Con las cámaras de seguridad del edificio demostramos que mi hermano no estuvo allí”.

La madre de P comienza entonces una campaña de desprestigio público y social, una difamación en redes y medios locales. “Si yo no fuera de La Plata, me tendría que haber ido de la ciudad”, dice él.

Por un tiempo, Leopoldo verá a su hija bajo supervisión de una asistente social, designada por sorteo en el fuero de familia. En paralelo se realizan evaluaciones psiquiátricas de la niña y de ambos progenitores.

La madre recurre entonces a otra maniobra típica de estos casos en los que, en palabras de la psicóloga Mariana Vázquez, “el divorcio se vuelve una guerra y hay que derrotar al enemigo”. El modus operandi consiste en presentar evaluaciones o exámenes “independientes”, por fuera de los peritajes oficiales.

Por caso, el 9 de septiembre, la madre presenta un certificado médico de abuso -pese a que la niña ya había sido revisada por el Gabinete de Delitos Sexuales- pero no hace la correspondiente denuncia penal. El se presenta a la fiscalía pidiendo que se investigue ese certificado. La jueza de Familia ordena que no se hagan más revisaciones a la menor sin previa autorización judicial, cosa que la madre no cumplirá.

En enero de 2017, presenta otra denuncia contra el padre, lo que hace que P sea de nuevo examinada por el gabinete de delitos sexuales, previo paso por la Clínica del Niño, donde la revisa una médica.

La jueza de Garantías n°5, doctora Garmendia, dispone un perímetro de exclusión hacia el padre, que será levantado por ella misma tras la declaración de la asistente social Marcela Boroto, que supervisaba el contacto de Leopoldo con su hija- y las pruebas ya existentes en el expediente.

“Como yo no tenía ningún impedimento legal -cuenta Leopoldo-, decido concurrir con mi hermana al primer día de Jardín de mi hija. Ahí fuimos agredidos e insultados por la familia de mi ex. No conforme con eso, llamaron a la policía para pedir mi arresto por violar un perímetro inexistente. No fui demorado. Mi ex y su padre denuncian entonces que yo los había amenazado delante de las 200 personas que estaban en el jardín. La justicia penal, sin leer el testimonio de las autoridades del establecimiento, me impone un perímetro, al que adhiere el juzgado de familia. Esto me causó un daño irreparable y a mi hija, ya que desde entonces no la veo.”

En todo este tiempo su ex tuvo entre 12 y 14 abogados, transitorios, “que causan daños, algunos quizás ingenuamente, recurrió a profesionales desprevenidos o crédulos y eludió todos los peritajes oficiales”.

“Desde lo judicial no le pusieron freno, dice Leopoldo-. Ella vio que denunciar no tenía costo. La jueza de familia hizo lo más fácil, no solucionó nada, se limitó a cortar el vínculo con mi hija. El daño a mí y a la niña es incalculable”.

En abril del año pasado iba a tener lugar el juicio, cosa que Leopoldo desea, para que de una vez por todas se confirme su inocencia. Pero una semana antes lo suspenden por COVID. “Me dicen ‘pasa a septiembre’ y yo pensé bueno, no es tanto, son seis meses… pero no, ¡era septiembre de este año! O sea, lo postergaron un año y medio…” Y hasta que no se resuelva la cuestión penal la parte civil queda frenada.

“El tsunami psicológico en el que te pone esto es tan fuerte…. que no te deja seguir con tu vida -dice él-. No me queda energía ni para desearle el mal. Tengo contacto con otras personas en mi misma situación. Dejan de vivir. Cuando puedan volver a ver a sus hijos, van a estar devastados psicológica y materialmente. Por suerte yo tengo una red de contención, familia, amigos. Pero esto me generó una gastroduodenopatía crónica, tomo antidepresivos y voy cada 15 días al psicólogo. Mis amigos hicieron un team en defensa mía para salir a cruzar todos los chismes. Y me hice fundamentalista de una frase: ‘Que digan de mí lo que quieran’”.

El tiempo transcurrido y la manipulación han hecho su obra. “Mi nena empezó a decir: ‘No quiero tener el apellido Acuña. ¿Puedo cambiarme el apellido?’…”

[ADDENDA (agregada el 2 de enero de 2024): el 29 de diciembre pasado, la justicia le ha dado la razón a Leopoldo Acuña. La Sala III del Tribunal de Casación Penal de La Plata ha absuelto a Acuña y a su hermano gemelo Rodolfo de todas las acusaciones realizadas por la madre de la menor. Es un desenlace parcialmente feliz, porque un gran daño ya ha sido hecho y la reconstrucción del vínculo parental será una ardua tarea. Pero el fallo de los jueces Víctor Violini y Ricardo Maidana es contundente y confirma que ambos hermanos Acuña fueron víctimas de una falsa denuncia]

La doctora Silva explica que ya la Justicia empieza a reconocer el concepto de alienación parental fruto de la manipulación por uno de los progenitores que convierte al niño en su aliado y le inocula un discurso. En octubre de 2021, dice, la Corte Suprema de Justicia les dijo a los tribunales inferiores que “no les pudo pasar desapercibido” que existía una alienación del niño con el discurso parental.

VIDEO: extracto de la exposición de la abogada de familia Fátima Silva

“El hijo -dice por su parte Mariana Vázquez, es usado como arma o botín para obstruir o para retener. Los chicos son obligados a estar con uno o con otro, son despojados de sus derechos, reducidos a la categoría de objetos, violentados u obligados a ocupar lugares que no son los suyos y a decir y actuar mimetizados con el discurso del progenitor con el que aparecen aliados”.

El niño, agrega, es usado sacrificialmente, se vuelve “intermediario o receptor de misivas mortíferas destinadas al partenaire”. Escucha cosas como: Tu madre nos abandonó. Papá nunca pasó plata.

“Esos mensajes tienen efectos sobre el psiquismo de los hijos -explica Vázuez-. Cuando no hay un yo maduro estos actos dejan huellas indelebles en el psiquismo. El daño psicológico es infinito bajo la apariencia de acciones protectoras y por parte de quienes gozan de toda su confianza. Al niño le es imposible rechazar una imagen materna o paterna que forma parte de su mundo interno sin sufrir él mismo una amputación en su psiquismo”.

“SI SALEN A LA LUZ TODAS LAS DENUNCIAS FALSAS QUE HAY…”

Entre tanto, en San Luis, sigue el raid de la madre de M. contra F.S. “En julio del 2019 me hacen dos denuncias más, una en Familia y la misma en el Juzgado Penal. Hace un mix de la denuncia de abuso con la federal. Que yo abusé pero que aparte usaba las imágenes. Esta vez apelan a una psicóloga extranjera que trabajó ilegalmente en el país durante casi 7 años”, agrega.

El abogado le dijo: “No fuiste procesado porque no había ningún elemento, porque las pericias fueron clarísimas”. “Entendí que, hasta que no tenga una condena absolutoria, pueden seguir intentando reabrir el caso hasta que el delito prescriba, o sea 10 años… El fallo dice que la causa se cierra por inexistencia del delito, que no hay elementos que comprueben los dichos de la madre, pero, de aparecer nuevas pruebas… Es en base a eso que no paran… ‘apareció un caramelo media hora con saliva que puede ser del padre…’ ¿se entiende? Es desgastante.”

Y acusa: “En la Justicia tienen miedo de que aparezcan cien chicas con un bombo en la puerta a decirles que son abusadores”

F.S. apunta a otra consecuencia negativa que pueden tener estos litigios: “Soy defensor de los derechos de las mujeres pero es tal el nivel de perversión de la maquinaria que va a terminar demoliendo su credibilidad. Si salen a la luz todas las denuncias falsas que hay, va a llegar un punto en que no se va a creer ninguna y eso es terrible. La orden de restricción la dan sin preguntar siquiera. Es cierto que ante una mínima sospecha de que se esté diciendo la verdad salvás una vida. Pero no podés después hacer la plancha y dejar al tipo un año sin ver a su hijo, porque a una mujer se le ocurrió vengarse. Los abogados ven a una madre dolida, con bronca, y le ofrecen la solución perfecta, la mejor venganza. Así funcionan y así facturan”.

En su caso está comprobada la violación del art. 255, dice: tergiversar, esconder, manipular informes oficiales dentro de una causa judicial. Estafa procesal. Falso testimonio. Falso testimonio agravado. Falsa denuncia. “Hasta hay una asociación ilícita: tres que se juntan a denunciarme. Todo lo tengo denunciado. Pero la causa no avanza. En mi caso, en cambio, no hay ninguna prueba”.

Y sin embargo el condenado es él, que no ve a su hija desde hace casi 5 años. Los jueces siguen creyendo, o fingen creer para evitarse problemas, en la palabra de quien ha mentido de modo comprobado.

Por supuesto que su mayor preocupación es M. “Hace 5 años que mi hija no tiene papá. Las primeras psicólogas mostraron dibujos en los que me dibujaba a mí con un corazón gigante, al lado de ella. Quiero tratar de sacarla lo más indemne posible de todo esto. Y doy testimonio para pasar un mensaje a la Justicia de San Luis, con la que soy absolutamente respetuoso pero tampoco me voy a dejar llevar por delante. Hace falta visibilizarlo porque es una locura lo que están haciendo y la impunidad con que lo hacen...”

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