En un nuevo 31 de marzo en el que se conmemora en todo el mundo el Día de la Visibilidad Trans, la activista Marcela Romero dice que en América Latina y el Caribe, pese a los avance en los últimos años con respecto a legislación en materia de reconocimiento al colectivo LGBT+ en varios países, no hay “nada que festejar”.
Según datos oficiales, en los últimos dos años han crecido en la región tanto los feminicidios trans como los casos de violencia contra este colectivo, especialmente en Brasil, el país donde se cometen el mayor número de homicidios contra personas trans. Esto, sumado a la pobreza y la exclusión social en la que históricamente han vivido, produce una realidad asfixiante para las personas transgénero, transexual y travesti que viven en el continente.
Según Romero, coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, estas dificultades, que van desde la discriminación (social, laboral, habitacional, etc), hasta la violencia física, son inherentes a una persona que transite la vida como trans.
“Nacés y ya tenés segura la pena de muerte”, sintetiza Romero, quien posee una larga trayectoria como activista por los derechos para las personas trans. Vale recordar que mientras para los hombres y mujeres cisgenero en América Latina la esperanza de vida se ubica por encima de los 70 años, para las personas trans ésta no pasa de los 35 años.
“Las personas trans del mundo buscamos lo mismo, que son derechos, pero las vivencias de una mujer trans en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos o África, pueden ser muy distintas”, explica. No obstante, encuentra necesario que en el Día de la Visibilidad Trans “los gobiernos de todo el mundo sepan que hay una población olvidada, excluida, que todavía no conoce la democracia y no accede a derechos económicos, sociales, culturales y políticos”.
El Día de la Visibilidad Trans se originó el 31 de marzo de 2009 por iniciativa de la activista transgénero estadounidense Rachel Crandall. La fecha nació con el objetivo de hacer visible a la población trans, reflexionar sobre sus contextos de vida y sensibilizar frente a la discriminación que sufren, y no sólo rememorar los crímenes en su contra como lo hace el Día Internacional de la Memoria Trans el 30 de noviembre de cada año.
“El 31 de marzo es particularmente importante porque habla de lo que logramos visibilizar como comunidad, como personas que aportan y abren caminos para los derechos humanos de las personas trans, saliendo de la lógica de la caricatura y el morbo”, dice a Infobae Franco Fuica, ex presidente de la OTD Organizando Trans Diversidades y encargado de la vinculación con las comunidades LGBT+ del municipio de Santiago, en Chile.
Sobre el panorama regional para las personas trans en 2022, Fuica señala que es importante que países como Chile y Argentina tengan gobiernos “transamigables”, pues eso “irradia otra forma de avanzar en países con pocos avances democráticos como los de Centroamérica (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala), donde hay legislaciones bastante más retrógradas e impositivas”
El activista vaticina que este año podrían haber avances en Perú, donde se volverá a impulsar la Ley de Identidad de Género en el Congreso, estancada en varias oportunidades tras haber sido introducida por primera vez en 2016. También destaca los avances en Colombia, con la legislación reciente para personas no binarias.
En ese sentido, Marcela Romero destaca la aprobación en Argentina de la Ley de Identidad de Género en el 2012, con la cual “en quince días ya tenés tu identidad sin tener que pasar por un médico ”. Esta política fue implementada en otros 9 países de la región, incluyendo Uruguay y Bolivia.
En otros países, alerta, “los gobiernos quieren implementar leyes como las de Europa o Estados Unidos, donde hay que padecer por un tratamiento hormonal, un médico y un psicólogo. Nosotras decimos que no: nada de patologización ni de disforia de género, el derecho a la identidad está en los derechos internacionales”.
Una historia de violencias
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas registró en Brasil el mayor números de casos (125) de homicidios a personas trans, seguido por México (65), Honduras (53), Estados Unidos (53) y Colombia (25).
Al mismo tiempo, Erika Hilton, mujer trans y la concejala más votada en Brasil en las últimas elecciones, se ha convertido en una de las mayores estrellas de la política en el país gobernado por Jair Bolsonaro, quien se ha mostrado abiertamente hostil con la poblacion LGBT+.
Pero no se trata solo de transfobia. Romero también entiende los índices de violencia como el resultado de “una decadencia económica” que se vive en Latinoamérica. “Eso nos lleva a la pobreza extrema, la migración interna forzada y la violencia”, la cual afecta más fuertemente a las personas trans, como en las medidas de “pico y género” decretadas en la pandemia que aumentaron los riesgos de las personas trans en la vía pública y dificultaron su acceso a establecimientos comerciales.
Para detener esas barreras, dice Romero, se necesitan “políticas públicas que protejan a las personas trans y que se respete su identidad”.
“Para los Estados, las vidas trans son todavía negociables, y eso es lamentable”, dice al respecto Franco Fuica, quien menciona como uno de los desafíos la resistencia de países de Centroamérica en lograr avances en materia de legislación LGBT+ en la región.
Otro asunto pendiente es la visibilidad de hombres trans o personas transmasculinas, “muy invisibles” en los informes y dentro del propio activismo trans. Fuica afirma que es algo que “hay que ir construyendo” por fuera de Chile y Argentina, donde “los transmasculinos” están políticamente mejor organizados y fortalecidos.
A Marcela Romero también le preocupa que en gobiernos centroamericanos como los de El Salvador o Guatemala, cuyo Congreso aprobó a inicios de marzo una ley para restringir los derechos de la población LGBT, actualmente no haya políticas de inclusión: “Al contrario, hay debates de exclusión social. Los grupos antiderechos quieren dar retrocesos y no hablar de democracia. Y los derechos están, pero los gobiernos pasan y los derechos no llegan. Eso tiene que cambiar”.
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