Es argentino, funcionario de la Corte Penal Internacional y trabaja en uno de los países más pobres del mundo

Francisco González Centeno duerme en un complejo diplomático en Bangui, capital de República Centroafricana. Desde su ventana en el piso trece ve correr el río Ubangui y en el horizonte a Zongo, ciudad espejo ubicada en la esquina noroeste de la República Democrática del Congo. Vive en el corazón de África desde diciembre de 2019. Tiene 37 años. No desea despertarse todos los días en otro lado.

Cada seis semanas puede ir a visitar a su familia. Su pareja y familia política están en Suecia. Su otra gente cercana sigue en Argentina, repartida entre Buenos Aires y Córdoba. Pero siempre vuelve a la República Centroafricana, la nación que en su nombre asume la literalidad geográfica: está en el centro del continente africano y es, en todos los rankings que se superponen por Google, uno de los diez países más pobres del mundo. El Fondo Monetario Internacional, en 2020, precisaba que su PBI per cápita era de $480.50 dólares. El de Argentina, según el Banco Mundial, era en aquel año de $8.441,92 dólares.

Su gente es pobre y el país es rico: sobran recursos de explotación como oro, petróleo, uranio y diamantes. Se independizó de Francia en 1960. Prevalece el registro francófono en un país que recién en 2016 votó por primera vez un presidente democrático. Faustin Archange Touadéra, docente de matemáticas de profesión y ex primer ministro, ganó los comicios tras levantar banderas de paz y conciliación entre grupos armados, fuerzas rebeldes, en una coyuntura convulsionada, con escalada de violencia, desplazamientos internos, migraciones, refugiados, una minoría musulmana en guerra con una mayoría cristiana.

Catherine Samba-Panza, quien ocupó la presidencia de la República Centroafricana de forma interina desde el 20 de enero de 2014 y hasta el 30 de marzo de 2016, fue quien convocó a la Corte Penal Internacional (CPI) para que comenzara un proceso de investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad en su territorio. El conflicto armado había detonado en 2013. La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) establece que hay más de 623.400 refugiados procedentes de la República Centroafricana y otras 684.004 personas desplazadas dentro de los límites internos de un país que no llega a tener cinco millones de habitantes. Un proceso gradual de paz, estabilidad y conciliación florecido de la elección democrática sembró el escenario para que a fines de 2019, la CPI asignara una misión permanente nutrida por un cuerpo de cinco funcionarios internacionales abocados a sostener todas las operaciones que lleven al estrado de La Haya a los sospechosos de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Francisco González Centeno es uno de esos cinco. Nació en Córdoba, estudió ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba y en 2008, recién recibido, comenzó a trabajar como funcionario de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en la vocalía del doctor Ricardo Luis Lorenzetti. “Con él trabajé once años. Aprendí muchísimo. Todo mi conocimiento de justicia y derecho lo aprendí trabajando a su lado”, reconoce. Con un máster en sociología especializado en justicia transicional en la London School of Economics and Political Science (LSE) y como consultor y especialista en tráfico ilícito de bienes culturales para la UNESCO, construyó un perfil robusto que convenció en las oficinas de La Haya, sede de la CPI.

Él se postuló para el puesto. Haber trabajado con un presidente de la Corte Suprema, miembro a su vez de comités directivos de prestigiosos organismos internacionales, haber acumulado conocimientos, vínculos y consultorías en el extranjero dotó de un valor agregado su postulación. “La Corte Penal Internacional fue algo súper interesante para mí, pero no esperaba que me llamaran para trabajar en una situación tan compleja como la de República Centroafricana. Me sorprendió que consideraran mi perfil para un escenario así”, relata.

En Londres, realizó un perfeccionamiento sobre justicia transicional, una especialización que atañe cuestiones relativas a violaciones de los derechos humanos. Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas desde principios de 1997 a fines de 2006, la define como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirvan a la justicia y lograr así la reconciliación”. Eligió hacer la tesis sobre Liberia y el manto de amnistía que cayó sobre supuestos criminales de guerra. “Hice un paralelismo del caso argentino con las leyes de amnistía -asocia-. Argentina fue uno de los pocos países del mundo que eliminaron las amnistías y en donde se juzgó a todo el mundo. Quería entender por qué en Liberia habían perdonado a estas personas”.

Pero entre Liberia y República Centroafricana solo halló dos puntos de encuentro: los diamantes y las denuncias de crímenes de guerra. Llegaba sin experiencia de campo, con sed y voluntad de desarrollo profesional, con 34 años y un desafío por delante. Lleva ya 25 meses viviendo en un complejo diplomático en Bangui, capital de República Centroafricana, acompañado por otros funcionarios internacionales del sistema de Naciones Unidas y personal de algunas embajadas, y desde donde ve por su ventana correr el río Ubangui y en el horizonte a Zongo, una ciudad espejo de la República Democrática del Congo.

Es el encargado de suministrar información pública de la Corte Penal Internacional en la República Centroafricana sobre todo el proceso judicial. “Trabajo para la Secretaría General de la Corte (Registry) y no para el fiscal ni para los equipos de la defensa. Mi rol es neutro. Por eso desde la Secretaría General de la CPI brindamos asistencia a todos, a la fiscalía, a los jueces, a los equipos de la defensa y a los abogados de la víctima. Y el trabajo de acceso a la información y, ergo, a la justicia, es con lo que llamamos ‘comunidades afectadas’. Ello incluye a las comunidades de víctimas, pero también a las comunidades de sospechosos”.

La operación comprende, además, trazar relaciones con actores externos, como embajadas, la Misión de Mantenimiento de Paz Multidimensional de Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y el Estado anfitrión. La CPI carece en el territorio de fuerzas de seguridad o de fuerzas armadas. Francisco no puede caminar por la calle: lo hace en auto con chapa diplomática sin blindar y sin credenciales referidas a la Corte. Su rol es institucional y, dado su cargo en comunicación, debe asimilar la exposición ante los medios.

“Nunca tuve miedo, nunca me pasó nada, nunca me amenazaron -remarca-. Sí procuro tener mucho cuidado y precaución. El sistema de seguridad es elevado y hay planes de contingencia. Tengo privilegios e inmunidad diplomática, si pasa algo Naciones Unidas me evacuará en pocos minutos. Hay toque de queda por la noche y estado de emergencia nacional desde hace un año y medio, por eso no puedo caminar por la calle y tengo que moverme en auto todo el tiempo”.

La actividad judicial es intensa. Ya son cuatro los aprehendidos en el Centro de Detención de La Haya: Yekatom y Ngaïssona, del grupo anti-Balaka y en juicio desde febrero de 2021; Saïd, del grupo ex-Séléka y cuyo juicio comenzará en septiembre de este año; y Mokom, pez gordo de la fuerza rebelde anti-Balaka, que fue arrestado en Chad el lunes 14 de marzo.

“El Centro de Detención no es una cárcel o prisión, sino un cuartel penitenciario donde los sospechosos son tratados en condiciones humanas y con todos sus derechos hasta el veredicto. También asistimos las visitas de familiares al centro de detención, en tiempos de covid a través de videoconferencia desde República Centroafricana, y ahora retomando visitas presenciales toda vez que la Corte tenga los recursos financieros para hacerlo, en caso de indigencia de los acusados”, informa Francisco.

La CPI, una corte independiente, de último recurso, con jueces de países aleatorios y establecida en Países Bajos, “es el único actor al cual le pueden tener miedo los sospechosos de crímenes de guerra porque fuimos convocados justamente porque la justicia nacional no tiene capacidad de operación”, explica. Que el gobierno mismo haya sido quien solicitara su intervención les infunde legitimidad y, según el código procesal penal acordado, está obligado y comprometido a prestar cooperación, pero en la práctica la interacción es compleja y fluctuante, según la interpretación del funcionario.

Mokom tal vez sea la operación más trascendente de la misión de la Corte Penal Internacional en la República Centroafricana. Sobre él caía una orden de detención emitida por el organismo bajo sello el 10 de diciembre de 2018. Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka es sospechoso de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la República Centroafricana entre el 5 de diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Nacido el 30 de diciembre de 1978 en Bangui, era el Coordinador Nacional de Operaciones de anti-Balaka, un movimiento que respaldaba al presidente en ejercicio y atentaba a la población civil musulmana y aquellos percibidos como responsables colectivos, cómplices o partidarios de la ex Séléka, una coalición de grupos armados compuesta predominantemente por musulmanes opuestos al gobierno.

Un documento de la CPI manifiesta que Mokom es sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad como “asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución, desaparición forzada y otros actos inhumanos”; y de ejecutar crímenes de guerra consistentes en “asesinato, tortura, trato cruel, mutilación, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil, intencionalmente dirigir un ataque contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos involucrados en una asistencia humanitaria, intencionalmente dirigir un ataque contra edificios dedicados a la religión, saqueo, alistamiento de niños menores de 15 años y su uso para participar activamente en las hostilidades, desplazamiento de la población civil y destrucción o apoderamiento de la propiedad de un adversario”.

El 22 de marzo compareció por primera vez ante los jueces de La Haya. Su proceso judicial tiene programada una audiencia de confirmación de cargos para el 31 de enero de 2023. Francisco González Centeno presume para entonces seguir viviendo en República Centroafricana, una nación que en su nombre asume la literalidad geográfica: está en el centro del continente africano y es, en todos los rankings que se superponen por Google, uno de los diez países más pobres del mundo.

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