“Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible”. Es el lema que Naciones Unidas eligió este año para celebrar el Día Mundial del Agua, ese recurso sin el cual es imposible la vida en la Tierra. Este recurso hídrico supone, al margen de los glaciares y los casquetes polares, más del 90% del agua dulce disponible en el planeta. La sobreexplotación y la contaminación de las aguas subterráneas, principalmente debidos a las explotaciones agropecuarias, transforma en urgente la acción para su protección y para promover el equilibrio entre las extracciones y la capacidad de renovación de los ecosistemas.
“Dependemos en gran medida del agua subterránea, pero mucha gente no lo sabe. El Día Mundial del Agua 2022 debe ayudar a que la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y los gobiernos sean conscientes de que es necesario conseguir que el agua sea más visible”, ha asegurado Abou Amani, director de la División de Ciencias del Agua de la Unesco.
En Argentina, el agua es fundamental para el desarrollo sostenible e inclusivo: “Es vital para el desarrollo de su población, al tiempo que desempeña un papel clave en sectores económicos estratégicos. Más allá de su importancia en el uso doméstico, el agua en nuestro país es un actor importante en la economía: es fundamental para la agricultura que es la fuente principal de divisas, el 26% de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas, más del 50% de la demanda industrial proviene de sectores con alta dependencia al agua (alimentos, bebidas, productos químicos), el 84% de las exportaciones salen por el agua, es decir, por la hidrovía Paraná-Paraguay”, detalla el último reporte del Banco Mundial Valorando el Agua.
A nivel ambiental, Argentina tiene 5,6 millones de hectáreas de humedales y 53.6 millones de hectáreas de bosques nativos, ambos ecosistemas donde el agua cumple una vital importancia -pero muchos activos están bajo distintos grados de amenaza, detalla el informe-.
La importancia cuantitativa de las aguas subterráneas es mayor que la de las aguas superficiales, pero, al ser un “recurso oculto” con un mayor grado de inaccesibilidad, prevenir la contaminación, efectuar el seguimiento y restaurar su estado puede resultar más complejo que en las aguas superficiales.
A diferencia del agua superficial, el agua subterránea se mueve muy lentamente, lo cual tiene ventajas y desventajas: al moverse despacio, se produce un efecto de depuración natural de contaminantes orgánicos; pero también implica que es un recurso cuya gestión no es inmediata, de modo que cualquier acción tarda años en completar el ciclo.
El agua en números
Los números referidos a la seguridad hídrica no sólo se refieren al acceso al recurso o al costo que significa la inversión en saneamiento. La infraestructura y la gobernanza sobre el agua también incrementan la posibilidad de mejoras en la economía de un país.
Con una mayor seguridad hídrica, se puede reducir el costo económico anual del 2,2% del PIB, o US$ 11,8 mil millones. Más de la mitad de este monto total anual refleja las pérdidas en la calidad de vida, incluidos los efectos en la salud y la educación, de las personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento. Entre otros generadores de costos sustanciales se incluyen los impactos relacionados con el agua a partir de una mayor exposición al cambio climático, principalmente a las sequías, pero también a las inundaciones.
Las inundaciones son la amenaza más recurrente en Argentina (54% de los desastres desde 1970) y las sequías una de las amenazas más grandes en el sector agropecuario (especialmente alto nivel de riesgo para agricultura no regada como soja) con impactos anuales medios de hasta 3000 millones de dólares.
La falta de acceso a servicios seguros de agua y saneamiento de 7,5 y 21 millones de personas respectivamente (17 y 48 por ciento de la población total respectivamente) tiene un impacto económico estimado de 1,32 por ciento del PIB. La población sin acceso a agua de red tiene que pagar hasta un 460% más por agua segura (embotellada) de lo que pagaría en la factura del agua si estuviese conectada a la red.
Las inversiones requeridas en seguridad hídrica (infraestructura de riego, cobertura de agua potable y saneamiento) podrían aumentar hasta en un 2,7% el PIB del país para el 2030. En términos absolutos, esto significa US$15 mil millones adicionales por año en valor agregado.
Hasta aquí, el diagnóstico; sin embargo, sólo las inversiones no bastan. Es necesaria una política integral. Es por eso que el reporte elaborado por el BM deja algunas recomendaciones:
-Fortalecer la gestión de los recursos hídricos: implica mejorar en marcos regulatorios nacionales y provinciales, reforzar rol de organizaciones de cuencas, sobre todo en ámbitos de planificación, mejoras de capacidades técnicas y ampliar base información disponible y transparencia especialmente en relación con la disponibilidad y la calidad de agua superficial y del subsuelo.
-Reducir los riesgos hidrológicos y aumentar la resiliencia a sequías e inundaciones: generar sistemas de alerta temprana, infraestructura verde, uso adecuado del suelo, mejorar la planificación urbana y asegurar cumplimiento de normativas, mejora de la seguridad de presas, y ampliación de la capacidad de almacenamiento con particular énfasis en los emprendimientos multipropósito.
-Provisión inclusiva y sostenible del agua y saneamiento: priorizar la expansión de los servicios a los más vulnerables, reforma del marco regulatorio (nueva ley del agua potable y saneamiento); mejora de la eficiencia en la provisión de servicios, expansión del sistema de información y promoción de medidas de economía circular.
-Expansión de servicios de riego de forma sostenible para mitigar impactos de cambio climático: mejoras en la gestión eficiente y compatible con otros usos e integración en procesos de planificación de cuenca, recuperación de costes, nuevas formas de financiamiento con sector privado.
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