Según una evaluación de la época, la caída de María Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976, no se debió a una sola razón. Entre otras, el clima de violencia generalizado; la desobediencia social generalizada y, sobrevolando, envolviéndolo todo, el desborde de todas las variables de la economía. Ya en la Memoria del Banco Central de 1975 se pueden observar los síntomas de la inocultable descomposición argentina. Son las mismas autoridades justicialistas las que los describieron: “El año 1975 se caracterizó por severas dificultades en el sector externo, la aceleración del proceso inflacionario y una disminución en el nivel de actividad económica. Mientras las primeras se manifestaron durante todo el año, la inflación se hizo más aguda a partir de junio y las tendencias recesivas se evidenciaron desde el tercer trimestre”. Todos estos males no solo no pudieron ser solucionados sino que se agravaron durante la gestión de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, entre 1976 y marzo de 1981.
El general Roberto Eduardo Viola asumió la presidencia de facto el 29 de marzo de 1981 y durante las semanas previas a la toma del cargo los informes que salían al exterior acerca de la situación financiera eran preocupantes: como afirmó un observador, el martes 3 febrero de 1981, alterando las pautas cambiarias, se produjo en Buenos Aires una devaluación del 10% del peso por pedido de las autoridades que iban a asumir en marzo. En vez de lograr el sosiego que se buscaba sacaron a la luz del día la fragilidad de la situación económica.
El país perdía aproximadamente 300 millones de dólares por día y aunque el precio de la moneda norteamericana tocaba los 2.400 pesos no se encontraba en las casas de cambio. Parecía existir un clima de pregolpe contra Viola y era parte del enorme desgaste que soportaba tras seis meses en el llano preparando su asunción. La responsabilidad de la erosión era primordialmente de las Fuerzas Armadas y también de un final poco feliz del equipo económico de Martínez de Hoz.
En otro informe de marzo de 1981 se decía: “Hoy el precio del ‘call money’ estuvo entre los 450 y 500% anual y las empresas debían tomar dinero al 300% anual. La semana pasada se fueron [de la Argentina] entre 1.000 y 1.100 millones de dólares. Esto motivó que el viernes 20 de marzo se cierren de las casas de cambio con la Policía y que se estableciera el control de cambio (la compra de dólares es con pasaporte, boleto de viaje en la mano y no más de 20 mil dólares después de llenar una planilla para la DGI)”. El observador, además, señalaba que “la gente que está por asumir parece que ya lleva tres años en el gobierno, ha sufrido un gran desgaste. No sé si no se debe pensar en que algo tendrá que precipitarse. Hay dos alternativas: 1) El golpe dentro del golpe del propio Viola; 2) Un golpe de Galtieri o del mismo general Domingo Bussi (antes de que los liquiden, pasándolos a retiro cerca de fin de año).
Frente al desconcierto reinante y tratando de tender un bálsamo, Álvaro Alsogaray opinó el 27 de marzo en El Economista: “Es posible que pocas veces, en la historia argentina, un Presidente de la República haya llegado al gobierno en circunstancias tan difíciles. Corresponde al general Roberto Viola iniciar una nueva etapa, dentro del proceso en curso, en medio de tremendas dificultades que abarcan a todas las áreas del quehacer nacional”, y habló de “el fracaso experimentado y la oportunidad perdida”, es decir del gobierno de Videla y la gestión de Martínez de Hoz. Criticó la “inflación reprimida”, el desarrollismo y la mentalidad faraónica y el “pragmatismo y el gradualismo”. Sin embargo, días antes, contradiciendo al ingeniero Alsogaray, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri realizó una exposición ante los generales en actividad en la que calificó de “floreciente” a la situación económica.
Sin tener en cuenta lo que afirmó Galtieri, el nuevo Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, centró sus críticas en Martínez de Hoz, haciéndolo responsable de la crisis económica y el nuevo ministro de Salud Pública (Amilcar Argüelles) exponía públicamente el doloroso estado de las villas de emergencia. Es decir, la miseria. Demasiadas palabras después de mucho tiempo de silencio. Las críticas más severas sobre la anterior gestión económica partían desde el mismo gobierno militar. Al anunciar una serie de medidas para reducir el gasto público y socorrer financieramente a las empresas, el ministro Sigaut blanqueó la situación: informó públicamente que la deuda externa heredada de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz alcanzaba a unos 30.000 millones de dólares y que para el fin del año llegaría a 35.000 millones y las reservas sumaban alrededor de 5.500 millones y preveía un déficit de la balanza comercial de casi 3.000 millones de dólares. Del déficit del presupuesto nacional para 1981, calculado originariamente en un 2,3 por ciento del PBI, Sigaut dijo que sólo en el primer trimestre había llegado al 4,2 por ciento. La Unión Industrial Argentina (UIA) calificó a las medidas del ministro como “insuficientes” frente a “la más grave crisis de la historia”.
“Ha estallado la cúpula militar porque los Martínez de Hoz van contra los Sigaut, los militares retirados van contra los que están en actividad. Los primeros van contra los segundos. Los argentinos no queremos más enfrentamientos. Estaremos de pie, enfrente, esperando que se vayan del poder”, observó Carlos Contín, el sucesor de Balbín.
Palabras, puras palabras, que no se corresponderían con su conducta a partir de abril de 1982. Con el paso de las semanas y los meses la crisis económica fue desnudando una situación que pocos habían vaticinado y el poder de Viola se constreñía. El semanario estadounidense Newsweek del 16 de agosto, le contó a sus lectores: “La Junta de Gobierno argentina se reunió con el presidente Roberto Viola en julio y le dio un ultimátum. O estabiliza la economía del país, agobiada por la inflación, en dos meses, o es reemplazado. [...] Su sucesor probablemente sea el general Leopoldo Galtieri, el oficial que Viola eligió en 1979 para que lo suceda como comandante en jefe del Ejército. Observadores pronostican que Galtieri podría devolver a la Argentina una era de políticas sociales y monetarias más rigurosas que aquellas impuestas por el más moderado Viola”. Como meros ejemplos de la degradación ya circulaban los billetes de 100 mil y 500 mil pesos.
El viernes 11 de septiembre, el almirante Jorge Isaac Anaya juró como comandante en jefe de la Armada. Al asumir en la Fuerza, Anaya dio un mensaje con algunos objetivos fundamentales: “Defensa de la soberanía nacional en todo el ámbito marítimo, lo que nos demandará una incesante vigilancia y la disposición permanente para realizar los mayores sacrificios. El Proceso de Reorganización Nacional, de cuyo éxito somos indeclinablemente corresponsables, debe alcanzar sus objetivos y asegurar que la Argentina no vuelva a sufrir las frustraciones y los dramas del pasado”. Sin decirlo hablaba del atolladero del año 1973. Por su parte, el almirante Armando Lambruschini, el comandante que se iba, dijo que “las Fuerzas Armadas no están aisladas”. No sabía de qué hablaba.
Mientras continuaban los rumores de golpe contra Viola y arreciaba la crisis económica, el 13 de octubre, el Presidente y su equipo económico expusieron frente a la Junta Militar en el edificio de la Armada, durante horas y horas, los planes del Ejecutivo hasta 1984. Solamente la participación de Lorenzo Sigaut duró seis horas.
Todo lo que trascendía al exterior de la Argentina parecía una comedia de enredos: mientras el ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, decía “el que apuesta al dólar pierde”, la gente se agolpaba frente a las casas de cambio para comprar dólares. En un lapsus linguae, el ministro de Comercio e Intereses Marítimos, Carlos García Martínez, durante un “off the record” con periodistas acreditados en su Ministerio, llegó a decir que la Argentina estaba “al borde del colapso”. Parecía verdad, pero no era cuestión de ventilarla porque costó la huida de 400 millones de dólares del sistema financiero.
Al margen del desorden que se extendía por el país, noviembre de 1981 es un mes clave. Primero, como admitiendo el fracaso de toda la gestión económica y financiera del Proceso de Reorganización Nacional, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Egidio Ianella, puso su firma en el nuevo billete de un millón de pesos que comenzaba a circular. El billete de más alta nominación del mundo. Con sus casi sesenta años de edad, era la segunda vez que comandaba el BCRA y le toco reconocer que la lucha contra la inflación era un fracaso (148,6 % durante el período). Segundo, el lunes 2 de noviembre, en Washington, el general Galtieri era homenajeado por lo más selecto del gobierno de Ronald Reagan y ahí nacía lo del “general majestuoso” dicho por Richard Allen consejero de seguridad de la Casa Blanca. Tercero, en Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre de 1981, a las 15.05, el presidente Roberto Eduardo Viola junto con su esposa y su hijo salieron en su automóvil blindado rumbo al Hospital Militar Central. Sus íntimos dejaron trascender que la presión arterial había alcanzado niveles peligrosos. Además del estrés, Viola era un hombre de 57 años que fumaba tres atados de “True” diarios y bebía whisky sin discreción en sus largas conversaciones. Su físico estaba muy desgastado y aparentaba más edad, por eso lo llamaban “el Viejo”. Su desgaste no se reflejaba solamente en su persona, era su gobierno, el Proceso, el que ya no tenía margen de maniobra. “El proceso no puede ser manchado”, afirmó Galtieri.
El domingo 29 de noviembre, Joaquín Morales Solá le contó a los lectores en su acostumbrada columna política de Clarín que “una sola cosa es cierta: algún cimbronazo político conmoverá a la Argentina antes de fin de año”. Ni el periodista, a quien trataban de “poeta”, ni sus lectores, imaginaban lo que habría de suceder a partir de diciembre. En los recoletos escritorios navales ya se hablaba de la Operación Malvinas como “una válvula de escape” para recuperar el prestigio perdido y “cambiar el humor social de esta sociedad”. A su manera, Anaya lo confesaba así: “El proceso se ha deteriorado mucho y tenemos que buscar un elemento que aglutine a la sociedad. Ese elemento es Malvinas”. El 22 de diciembre de 1981, el mismo día que asumió Galtieri, el almirante Anaya daba la primera orden de preparar “un plan actualizado” para “la ocupación” de Puerto Stanley. Ya nada sería igual.
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