El ministro de Economía argentino que eligió terminar con su vida antes de soportar acusaciones de corrupción

Durante toda su primera presidencia, Hipólito Yrigoyen mantuvo a su ministro de Hacienda, Domingo Salaberry, quien nunca se enteraría que, a comienzos del siglo XXI, encabezaría el ranking de ministros de Hacienda que acompañaron al presidente a lo largo de todo su mandato.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 14 de agosto de 1879, era la tercera generación de una familia de consignatarios de hacienda, fundadora de Salaberry Bercetche & Cía. Juan, su abuelo vasco, había llegado al país en 1848 y se inició en el negocio del ganado. Lo sucedió su hijo Juan Francisco, quien durante doce años integró el directorio del Banco Español del Río de la Plata. Murió sorpresivamente en 1908, a los 40 años.

En 1900, Domingo Salaberry se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1913 y 1914 fue presidente del Centro de Consignatarios de Productores del País.

Cuando falleció su padre, intervino en la colecta pública para erigir, en su memoria, un hospital en el barrio de Mataderos. El hospital Juan Francisco Salaberry fue inaugurado el 3 de septiembre de 1915. Estaba ubicado sobre Juan B. Alberdi, entre Cafayate, Pilar y Bragado. Ya no existe más. En ese predio, funciona una calesita.

Afiliado al radicalismo, en 1914 fue rechazado su diploma de diputado por la provincia de Buenos Aires, aunque se incorporó a comienzos de 1916. Renunció a la banca para asumir en el ministerio el 12 de octubre de ese año.

Los hombres que integrarían el gabinete no habían ocupado, hasta entonces, cargos públicos. “El país opina que los ministros, salvo excepciones, no valen nada. El de Instrucción Pública tiene la mentalidad de un maestro primario de tierra adentro; el de Guerra es un civil bondadoso y silencioso, sin aptitud conocida y al que se atribuye hacia el presidente la adhesión de un perro fiel; el de Hacienda es un consignatario o intermediario en la compraventa de ganado”, enumeró con acidez el escritor Manuel Gálvez. Ante las críticas, Yrigoyen se encogió de hombros. “No necesito sabidurías, sino honestidades”.

De Salaberry esperaba que trabajase en favor de medidas que mejorasen la justicia social, y lo dejó hacer en materia económica.

El flamante ministro no tuvo que hacer demasiadas cuentas para saber que el gobierno no disponía de dinero, que acumulaba una deuda flotante de 500 millones de pesos y que afrontaba vencimientos por 80 millones. Aun así, el Congreso se opuso a tomar un empréstito. También rechazaron la creación de un banco agrícola y un banco de la República. Tampoco fueron aprobados un proyecto de creación de la marina mercante, la ampliación de la red ferroviaria del centro y del norte del país y la nacionalización del petróleo, recientemente descubierto en Comodoro Rivadavia. Recién en 1927 diputados aprobaría el proyecto relacionado a los hidrocarburos, pero el senado no lo trataría y luego sobrevino el trágico golpe del 6 de septiembre de 1930.

En la búsqueda de financiamiento interno, el gobierno intentó crear el impuesto a los réditos. Con lo recaudado, se pagarían las deudas del Estado. Pero no se lo aprobaron. En lo que sí tuvo éxito lo que hasta entonces representaba una experiencia inédita en el país: la aplicación, en 1917, de retenciones móviles, lo que produjo un abaratamiento de los alimentos.

Lo que se transformaría en una desgracia personal para Salaberry sería la ley de expropiación del azúcar. En el mensaje que Yrigoyen envió al congreso el 10 de agosto de 1920 junto al proyecto de ley, remarcó su preocupación de que el precio del azúcar se elevase por sobre los valores normales y, conociendo la existencia de un sobrante exportable, solicitó autorización para expropiar veinte mil toneladas de azúcar para vendérselas, a bajo costo, a la población.

A pesar de que los radicales antipersonalistas -opuestos a Yrigoyen- habían hecho causa común con los conservadores, el proyecto se aprobó en ambas cámaras. Con el correr de los meses, surgió una denuncia contra el propio Salaberry. Lo acusaban de beneficiar a la casa Salaberry Bercetche, la empresa familiar, en una distribución arbitraria en los cupos de azúcar. Además, le cuestionaron manejos con los frutos en tránsito y en otras maniobras poco claras que involucraban al cambio del oro de las legaciones.

En marzo de 1921 se formó una comisión investigadora en el Congreso. Salaberry, convencido de que todo era producto de una maniobra urdida por los conservadores, insistió en su deseo de concurrir al congreso a defenderse en persona, pero el presidente no se lo permitió. Para el presidente, eran situaciones a las que los funcionarios podrían estar expuestos.

Siendo inocente, debió soportar que lo llamasen ladrón. A pesar de que la justicia terminó desestimando las denuncias, pero con las sospechas sobrevolando en el ambiente, Salaberry se suicidó el 11 de noviembre de 1923. Tenía 44 años.

A su velorio asistió Marcelo T. de Alvear, quien en un momento se había hecho eco de esas acusaciones, y que ahora, con su presencia, avalaba la inocencia del ex ministro quien, en su desesperación, vio en el suicidio la única salida.

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