Estremecedores testimonios, amenazas de muerte y presiones: Strassera, el fiscal que logró condenar a las Juntas militares

Julio César Strassera -que murió el 17 de febrero de 2015- fue un héroe civil, un prócer que estuvo a la altura del desafío que se le presentó. Alguien que en el momento de actuar, cuando la atención se posó sobre él, hizo lo que hacía siempre: ejercer su oficio con honestidad, coherencia y eficacia. Y con un enorme coraje.

Strassera contradice a aquellos que afirman que las grandes acciones del hombre están marcadas en el destino. Él no estaba destinado a ocupar un lugar central en la consolidación democrática, a convertirse en la figura paradigmática de una profesión (la de fiscal). Pero cuando se enfrentó a una circunstancia histórica, respondió con integridad. Dio lo mejor de sí y desde un escritorio de tribunales ayudó a cambiar la historia contemporánea de Argentina. Logró que por primera vez y contra todo pronóstico, el estado desde uno de sus poderes diera una respuesta institucional a la violencia ejercida por el mismo estado.

Nació en el Sur, en Comodoro Rivadavia en 1933. Luego se trasladó a la Capital Federal. Siendo muy joven se casó y se divorció prontamente. Mientras tanto pasó por múltiples trabajos hasta que a los 25 años empezó a estudiar derecho. Se recibió a los 30 pero ingresó a tribunales, a trabajar como pinche, unos años antes. Desde ese momento fue ascendiendo en la carrera judicial. Fue secretario, fiscal, juez de sentencia y fiscal de Cámara.

Mucho antes de las controversias provocadas por la coyuntura política de los últimos años (sus críticas al kirchnerismo y al manejo discrecional de justicia fueron la excusa para que sea atacado por algún jefe de gabinete y otros políticos por su actuación en la dictadura, aunque ninguna acusación contra él se probo; al contrario varios abogados de detenidos-desaparecidos atestiguaron que Strassera presentó varios Habeas Corpus) que, a pesar de su fragor, no lograron empañar el prestigio de Strassera, en 1987 el fiscal fue destinado a Ginebra como embajador argentino de derechos humanos ante los organismos internacionales. En 1989 con el cambio de gobierno, renunció porque su puesto era político y al nuevo gobierno le correspondía disponer del cargo. Sin embargo, el presidente Carlos Saul Menem lo confirmó. Su idoneidad era innegable. En Ginebra vivía tranquilo, sin urgencias, a 60 km de dónde residía su hija y cobraba 10 mil dólares por mes. Pero, cuando Menem promulgó los indultos, Strassera renunció: no podía representar a un gobierno que liberaba a los responsables de una masacre.

En los años posteriores, luego de ser asesor de algún diputado, se dedicó a ejercer la profesión. El humo del cigarrillo rodeándolo, el paso arrastrado, su saco azul, las ojeras y el respeto que su figura inspiraba mientras recorría los pasillos de los juzgados. Daba entrevistas y hablaba de todo lo que le preguntaban. Sólo no atendía a Bernardo Neustadt y, después del 2010, se negaba a conversar con Víctor Hugo Morales. Jamás negó su ascendencia radical aunque se afilió al ese partido recién a mediados de los noventa. Sin embargo sus simpatías políticas no nublaban sus opiniones jurídicas. No cedía nunca a la tentación de la condescendencia ni a la complacencia.

Su labor como fiscal del Juicio a las Juntas fue ejemplar. Para valorarla correctamente se deben tener en cuenta las condiciones de actuación, el contexto y las presiones que lo circundaban en 1985.

Apenas supo que debía encarar este juicio salió en busca de colaboradores. Los miembros de su fiscalía debían seguir llevando adelante el resto de las causas, las “normales”. En un principio acudió a nombres importantes, fiscales y abogados reconocidos. Pero nadie aceptó el desafío. Su principal colaborador fue Luis Moreno Ocampo que tenía 33 años. Conformó un equipo de trabajo con una decena de colaboradores. Ninguna pasaba los 30 años. Los jóvenes fueron los únicos que se animaron a enfrentar esta empresa. La única excepción fue la de Carlos Somigliana, abogado y dramaturgo, quien se dedicó a escribir los mejores pasajes de sus intervenciones.

Mientras investigaban, acumulaban papeles y fichas, hablaban con potenciales testigos, los teléfonos de la oficina y los del domicilio de Strassera colapsaban de amenazas de muerte. Decidió no victimizarse y seguir con su labor.

El Juicio a las Juntas fue un hecho excepcional y para llevarlo adelante se necesitaba, aunque suene redundante, un hombre excepcional. Y Strassera lo fue. Más allá de las conocidas dificultades del contexto hay otras circunstancias que empeoraban el panorama que no suelen tenerse en cuenta. Strassera no se había preparado toda la vida para enfrentar un caso como este; debió afrontarlo casi de improviso. Lo nombraron fiscal de Cámara y le tocó actuar en esta causa cuando la justicia militar se negó a juzgar a sus pares y la Cámara Federal se avocó y tomó el caso. En realidad su intervención fue previa y vital: mientras la Cámara otorgaba prórrogas a la justicia militar, Strassera en su papel de fiscal exigía que la Cámara se avocara y entrara en acción.

El sistema penal no se regía por el juicio oral, esa era una nueva circunstancia. Y, en esta ocasión, el peso de la investigación recaía no en los jueces, sino en la fiscalía. La estrategia a utilizar debía ser perfecta, una maquinaria de precisión que no admitía fisuras. Cualquier flanco que diera, cualquier debilidad que presentara podría hacer tambalear la enclenque y flamante democracia. Ni los organismos de derechos humanos ni su prédica tenían en la sociedad o en los medios de comunicación, el lugar que tienen desde hace unas décadas. Strassera nunca había militado ni lo haría. Sin embargo logró ser quien con convicción, firmeza y claridad le explicara y le demostrara a la sociedad de qué se trató el terrorismo de estado.

Los militares, las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, la Iglesia (el Nuncio Apostólico lo apuntó con el índice y le dijo: “Strassera, mire que esto da vueltas siempre; piénselo”), gran parte del peronismo, un importante sector de la justicia que era su propio grupo de pertenencia (que lo empezó a mirar de soslayo) y la derecha no apoyaban los juicios.

Hebe de Bonafini declaró en medio de las audiencias: “No va a haber condenas, por lo menos no habrá condenas importantes. El juicio es algo político, es un aparato, una especie de pantalla que necesita Alfonsín para su política. No es un juicio político, ojalá lo fuera. Este es un juicio que está siendo utilizado políticamente, que es otra cosa”.

El peronismo por su lado se seguía mostrando crítico, hablando de pacificación de que había habido una guerra y lamentándose de que se hubiera derogado la Ley de Autoamnistía que Ítalo Luder, en campaña, había prometido sostener.

Cualquier traspié jurídico sería utilizado para minar la validez del proceso judicial. Por eso la estrategia elegida resultaba vital. ¿Por qué casos acusar? ¿Qué pruebas presentar? ¿Qué testigos utilizar?

Strassera y su equipo decidieron focalizarse en 709 casos. Es decir lejos de los 30 mil que pregonaban los organismos y también lejos de los 8 mil recolectados por la Conadep. Eso fue utilizado desde derecha e izquierda con fines políticos. Una de las acusaciones más frecuentes que recibió Strassera por esos días fue la de que “desinflaba” los números reales.

Él, con paciencia, explicaba que sólo se trataba de la puesta en práctica del principio de economía procesal. Que para cumplir con las urgencias de ese tiempo y para que sus acusaciones pudieran tener mayor contundencia debía centrarse en esos casos elegidos. Su equipo estudió cada una de las actuaciones y sopesó las pruebas y testimonios que podían aportar. Fue un trabajo para centenares de hombres a lo largo de varios años, que terminó resolviendo una decena de jóvenes en unos pocos meses.

“He seleccionado los 709 casos que me parecen ilustrativos y ejemplares, a través de los cuales se podrá conocer judicialmente lo que ocurrió durante aquellos años en la nación. Estos casos bastarán para hacer justicia, y al menos, aunque sólo sea simbólicamente, algunas familias tendrán al fin conocimiento de lo que ocurrió con sus deudos desaparecidos, cuál fue su suerte y cuáles fueron los responsables de su drama. Y, pese a esta selección obligada, tendremos juicio para cuatro o cinco meses”, dijo en esos meses de 1985.

Además de las víctimas y familiares de las mismas que ya habían comparecido ante la CONADEP, la fiscalía llamó como testigos a ex presidentes, sindicalistas, políticos y periodistas. El panorama se amplió. Más allá del coraje evidente que tuvo para afrontar la tarea, lo que no suele valorarse es la eficacia en su accionar. La destreza técnica que la fiscalía demostró en el Juicio. La acusación clara, contundente y precisa, el interrogatorio realizado con inteligencia y empatía, y la firmeza necesaria en los momentos adecuados, construyeron una acusación que logró llegar a obtener condenas históricas, inéditas no sólo en Argentina sino en el mundo.

Sus duelos con algunos de los abogados defensores fueron legendarios. Los cruces más habituales los tuvo con el Dr. Orgeira, rígido y desagradable defensor de Roberto Viola. En algún momento ante el acoso del abogado a un testigo, Strassera pidió casi a los gritos que se interrumpiera el interrogatorio: “Sr. Presidente, acá lo único que falta es que le digan al testigo ‘siéntese señor sáquese la capucha y empiece a declarar’”.

En sus últimos años estuvo atravesado por el dolor. Su hija murió a los 38 años. Nunca pudo superar esa ausencia.

No fue por dependencias públicas ni por los medios de comunicación quejándose de la falta de reconocimiento, ni de no ocupar cargos políticos como otros que participaron del Juicio a las Juntas. El 27 de febrero de 2015, apenas se conoció la noticia de su muerte, un funcionario del gobierno porteño se acercó a la esposa y al hijo de Strassera. Luego de darle sus condolencias, les ofreció que el velatorio se llevara a cabo en la Legislatura de la Ciudad. Los familiares no tuvieron que pensarlo. Rechazaron el ofrecimiento de inmediato: “Nosotros tuvimos una vida sencilla. Debemos, entonces, tener una muerte sencilla” respondió Marisa, su viuda.

Su alegato en el juicio a las Juntas (escrito junto a Moreno Ocampo y Carlos Somigliana) es una de las grandes alocuciones del renacer democrático. El final, la frase que provocó la ovación de la sala y el desalojo de la misma, es bien recordado y tuvo el mérito de sintetizar un tiempo y cristalizar un lema, corriéndose él del centro para dar entrada a la voz de la sociedad: “Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.”

Ese gran final, inolvidable, con su enorme impacto logra tapar un párrafo dicho unos minutos antes y que debiera haberse convertido en el lema de nuestra democracia, en un nuevo rezo laico como el recitado del preámbulo constitucional por Alfonsín. “Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Ésta es nuestra oportunidad: quizá sea la última”.

Allí, en ese párrafo, Strassera siembra su legado y muestra el camino. Memoria, paz y justicia. Todavía estamos a tiempo de escuchar a este prócer moderno, sin pinta de súper héroe, fumador serial y con el bigote caído. Ojalá se haya equivocado y tengamos aún una nueva oportunidad.

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