Los informes secretos sobre Montoneros y el ERP que tenía Perón cuando enfrentó a los diputados de la JP

El ataque del PRT-ERP a la guarnición militar de Azul coincidió con el tratamiento de reformas a la legislación penal, impulsadas por el Poder Ejecutivo en 1973, para endurecer las penas de algunos delitos que afectarían la capacidad operacional de las organizaciones armadas terroristas. La intimidad de la charla del General con los dirigentes de la Juventud Peronista y el maltrato en directo y por TV: “ El que no está contento, se va”

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Juan Domingo Perón con el
Juan Domingo Perón con el edecán Alfredo Díaz. En primera fila, López Rega y Solano Lima

El ataque del PRT-ERP a la guarnición militar de Azul coincidió con el tratamiento de reformas a la legislación penal, impulsadas por el Poder Ejecutivo, que se estaba considerando en el Parlamento. De lo que se trataba —frente al panorama que se vivía— era de restaurar algunas de las sanciones y la configuración de los delitos que habían sido derogados en las sesiones posteriores al 25 de mayo de 1973, tras la asunción de Héctor J. Cámpora. Especialmente para algunos delitos que afectarían la capacidad operacional de las organizaciones armadas terroristas. Entre otras figuras, los atentados con bombas; tenencia de armas de guerra; robo de armamento; muertes a personal militar y de las Fuerzas de Seguridad y toda persona con intenciones políticas; secuestros e incitación a la violencia.

Varios fueron los penalistas que trabajaron en la reforma penal. Entre otros José Alberto Deheza, yerno del general Eduardo Lonardi, en ese momento fiscal de la Fiscalía 2 y más tarde Ministro de Justicia y luego de Defensa de María Estela Martínez de Perón. Deheza era de los que pensaban que se podía atacar a la subversión con la ley. Ya se había intentado restaurar la Cámara Federal Penal de la Nación, mal llamada “Camarón”, que había sido clausurada en mayo de 1973.

Desde el otro costado del arco político y en abierta disputa con Juan Domingo Perón, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luís Duhalde, reconocidos abogados del PRT-ERP, consideraron en su revista Militancia -Año 2-Nº 32- que “cualesquiera sean las diferencias que los sectores revolucionarios del peronismo tengan con el ERP, sobre las formas de llevar adelante la Guerra del Pueblo, nada hace a la conceptualización de las FFAA como un Ejército de ocupación que ha jugado un papel permanente para legalizar el sistema de explotación y dependencia”. Para ellos reformar el Código Penal era una “vuelta al pasado”.

Los diputados de la JP, enrolados en la Tendencia Revolucionaria, dieron un comunicado de prensa en el que señalan que los atacantes de la Unidad de Azul “pertenecen a las sectas de ultraizquierda y ultraderecha que pretenden obligar al Gobierno a un aumento de represión y se han pronunciado pues a favor de esas reformas pretendiendo burdamente que la represión se extienda sobre los sectores populares”. Puras palabras porque el Presidente ya estaba informado del apoyo de Montoneros al ataque en Azul.

Así se comprende el relevo del gobernador Oscar Bidegain y su reemplazo por el sindicalista Victorio Calabró. Es más, tiempo más tarde Mario Roberto Santucho, jefe del PRT-ERP, dirá que el ataque a Azul, entre otras razones, tenía como fin “acelerar las contradicciones entre Montoneros y Perón”.

Los diputados alertaron que se iban a oponer a la “legislación represiva”. Firmaron esa declaración, que apareció publicada en la página 5 del diario Mayoría del 22 de enero de 1974, Roberto Vidaña, Armando Croatto, Carlos Kunkel, Aníbal Iturrieta, Rodolfo Vittar, Alberto Jiménez, Santiago Díaz Ortiz, Nilda Garré, Enrique Svrsek, Juan Manuel Ramírez, Jorge Glellel, Juana Romero y Diego Muniz Barreto. La declaración salió publicada el mismo día que Perón recibiría a algunos de ellos a las 10 de la mañana en la Residencia de Olivos.

Según me relato años más tarde el teniente coronel Alfredo Díaz, edecán presidencial, “estuve presente con otros oficiales cuando Perón se reunió con los diputados de la JP y los maltrató en directo por televisión. Antes de que entraran, Perón dispuso una tarima desde donde iba a hablar y algunos ministros atrás. Dispuso que sus sillones estuvieran separados por un metro ‘así no se pueden codear’. Luego de lo que escuché, estaba claro de que Perón ya tenía ‘in mente’ lo que les iba a decir. Recuerdo que faltaron dos diputados: Julio Mera Figueroa y Nilda Garré. ‘Alguien’ de Olivos les avisó lo que se venía y que faltaran. No pregunté quién fue”.

Los concurrentes pensaban que iba a ser una conversación privada y el Presidente los esperó con dos cámaras de televisión y el lugar de la escena, como contó Díaz, fue preparado con minuciosa prolijidad. A Perón se le acomodó el sillón presidencial y atrás separados por una corta distancia fueron ubicados los sillones para Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, y Ferdinando Pedrini, jefe del Bloque del FREJULI, los ministros de Interior y Bienestar Social; Secretario General de la Presidencia de la Nación, Vicente Solano Lima y el Secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras. El dueño de casa comenzó el encuentro de una manera seca y cortante:

Perón: -Muy bien, señores, ustedes pidieron hablar conmigo. Los escucho. De qué se trata.

Rodolfo Vittar: - Señor General, nosotros queríamos hablar con usted antes de hacerle entrega de un comunicado que hemos sacado repudiando el atentado de Azul. Queremos señalarle nuestros conceptos con respecto a la modificación del Código Penal. La nuestra no es una postura en contra de dicha modificación. Tenemos algunas dudas con respecto a la misma. Estamos de acuerdo en la necesidad de que nuestro Gobierno popular tenga realmente un aparato de seguridad y una legislación de seguridad del Estado popular, pero vemos que algunos de los considerandos no tienen mucha claridad en torno a pautas técnicas legales y políticas. Queremos con los compañeros diputados de la juventud escucharlo a usted. En el bloque hemos planteado, con los compañeros peronistas, la necesidad de una mayor discusión para que tampoco tengamos en el aspecto formal, enfrentamientos con los sectores opositores del Parlamento que hasta ahora vinimos trabajando en conjunto y en forma bastante profunda.

Perón: -Por lo que veo se trata de un problema interno del bloque. No es un problema que escape al mismo. Ahora, es indudable que en los grupos colegiados existe una norma ante la cual funciona y fuera de la cual no debe funcionar. Los grupos colegiados tienen su discusión interna; el concepto de la tarea misma legislativa lo impone, por eso existen los bloques. ¿Cuál debe ser la norma dentro de los bloques? Eso no se discute (…) Yo tengo entendido que hasta han concurrido ministros al bloque para tratar este asunto.

Diputado: -Concurrieron para hablar con el presidente de la comisión. Hay una comisión especializada interna permanente.

Perón: -Esto se ha tratado en el bloque y se ha votado.

Diputado: -Se votó simplemente si nosotros podíamos discutir el tema. Y se votó que no podíamos discutirlo.

Pedrini: -En el bloque no se pueden votar de ninguna manera los proyectos del Poder Ejecutivo. Lo que se votó fue la conveniencia o no de que comparecieran en el bloque los tres ministros, esto es, de Justicia, de Interior y de Defensa. Y el bloque resolvió que no era necesario, porque en realidad los tres ministros habían tenido una reunión con el presidente de la Cámara, con el suscripto, presidente del bloque, y con los presidentes de las comisiones Penal y de Justicia. Esa fue la resolución del bloque. Los compañeros de la juventud tienen problemas en dos artículos de la ley, que son Asociación Ilícita y Configuración del Delito.

Este informe trata de Montoneros
Este informe trata de Montoneros y su fusión con las FAR (12 de octubre de 1973). Lo conoció Perón en los días de su encuentro con los diputados de la JP

Perón: -Entonces, las consideraciones son sobre la configuración del delito. Esa es una tarea del juez, el que hace la configuración del delito de asociación ilícita es el juez. Nosotros no podemos pensar en que ya la ley va a ir configurando los delitos de asociación ilícita. Eso es una enormidad; esa es una tarea para el juez. Lo que no esté claro en la ley será el juez el que lo interprete (…) El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asaltos que justificarían una ley dura; sin embargo hasta ahora hemos sido pacientes, pero ya no se puede seguir adelante, porque de lo contrario la debilidad nuestra será la que produzca la propia desgracia del país, que es lo queremos evitar. Ahora bien, hablando con toda franqueza, indudablemente no le veo razón a ninguno de los argumentos que vienen exponiéndome para la defensa de la ley. Eso será por la tarea de discutir y buscar triquiñuelas a las cosas. No, aquí hay un fin, el medio es otra cosa.

Diputado: -Pero la asociación ilícita podría venir por el solo hecho de estar agrupado en una asociación que no esté legalmente reconocida. Como puede suceder con una agrupación que recién se integra en un sindicato o en una agrupación de base política...

Perón: -¿Pero, dónde está el delito?... Por otra parte, esa es la tarea del juez y no de la ley, porque asociación ilícita puede haber en todas las gamas de la delincuencia. Pero todo eso es competencia de los jueces. Nosotros no podemos hacer de jueces. El delito lo configura el juez. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito. Ahora, quien debe determinar si el fin es lícito o ilícito es el juez. Para eso tenemos jueces. Por otra parte, no es el objeto mío conversar sobre estas cosas, porque no corresponden a mí. Toda esta discusión debe hacerse en el bloque. Y cuando el mismo decida por votación lo que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos las que forman parte de él; de lo contrario, se van del bloque. Esa es la solución. (…) En esto se debe actuar de la misma manera que actuamos en el orden político. Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente de la peronista, lo que debe hacer es irse. En ese aspecto hemos sido muy tolerantes con todo el mundo. El que no está de acuerdo o al que no le conviene, se va. Pero en ese caso representa ni más ni menos que al movimiento. Lo que no es lícito, diría, es estar defendiendo otras causas y usar la camiseta peronista. En este momento, con lo que acabamos de ver, en que una banda de asaltantes que invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica? ¡No!; un crimen es un crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca, y el delito es delito cualquiera sea el pensamiento, o sentimiento, o la pasión que impulse al criminal. Siempre que hay voluntad criminal es un delito y eso lo tiene que penar la ley, no nosotros.

Diputado: -De todas maneras, a pesar de esas situaciones, nosotros ratificamos nuestra intención de seguir trabajando contributivamente con usted, para que usted pueda seguir llevando adelante su tarea. Planteamos también, señor General, una cuestión de orden político. Es una apreciación que es válida en la medida en que usted la admita, y deja de ser válida en la medida que usted tenga otra apreciación.

Perón: -¿En qué consiste esa apreciación?

Diputado: -Nosotros pensamos, que partiendo de un principio que usted ha manifestado en numerosas oportunidades, y al cual le otorgamos la máxima razón y sabiduría, sostenemos que la violencia es la que se ejerce no solamente a través de los grupos minoritarios de ultra derecha o de ultra izquierda. Son episodios elaborados; no son productos de una generación espontánea, sino productos de una generación que está, de alguna manera, sumergiéndonos a todos en la violencia.

Perón: -Entonces, ¿cómo usted evitaría eso?

Diputado: -Le voy a contestar con sus palabras: nosotros pensamos eso, que hemos desterrado las estructuras violentas que hacen que esa violencia de abajo sea generada por la violencia de arriba.

Perón: -Y a pesar de eso, la violencia continúa cada vez en mayor forma.

Diputado: -Sí señor, y ahí se aplica con toda celeridad y con toda decisión el poder represivo del estado popular.

Perón: -¿Y le parece que hemos esperado poco, con todo lo que ha pasado en estos siete meses de gobierno popular y plebiscitario, donde todos esos señores de las organizaciones terroristas se largan a la calle, culminando en este episodio, atacando a un regimiento? ¿Es decir, que somos nosotros los que provocamos la violencia?

Diputado: -Hemos conocido durante años, a través de un enfrentamiento con la dictadura, cuál es la política del ERP, el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Sabemos que su política crece y se desarrolla en un ambiente de violencia.

Informe de la época sobre
Informe de la época sobre el PRT-ERP que Perón conocía

Perón: -No, está totalmente equivocado. Yo a eso lo he conocido “naranjo”, cuando se gestó ese movimiento, que no es argentino. Ese movimiento se dirige desde Francia, precisamente, desde París (…) Sé qué persiguen y lo que buscan. De manera que en ese sentido a mí no me van a engañar, porque, como les digo, los conozco profundamente. He hablado con muchísimos de ellos en la época en que nosotros también estábamos en la delincuencia, diremos así. Pero jamás he pensado que esa gente podría estar aliada con nosotros, por los fines que persigue. Ya lo he dicho más de veinte veces, que la cabeza de este movimiento está en París. Eso ustedes no lo van a parar de ninguna manera, porque es un movimiento organizado en todo el mundo. Está en todas partes: en Uruguay, en Bolivia, en Chile, con distintos nombres. Y ellos son los culpables lo que le ha pasado a (Salvador) Allende. Son ellos y están aquí en la República Argentina, también. Están en Francia, en España, en una palabra, están en todos los países. Porque esta es una Cuarta Internacional, que se fundó con una finalidad totalmente diferente a la Tercera Internacional, que fue comunista, pero comunista ortodoxa. Aquí no hay nada de comunismo; es un movimiento marxista deformado, que pretende, imponerse en todas partes por la lucha. A la lucha -y yo soy técnico en eso- no hay nada que hacerle, más que imponerle y enfrentarle con la lucha. Y atarse las manos, frente a esa fuerza; atarse las manos y especialmente atarse las manos suprimiendo la ley que lo puede sancionar. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. ¿Y nos vamos a dejar matar? Lo mataron al secretario general de la Confederación General del Trabajo (José Ignacio Rucci), están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos cruzados, porque no tenemos ley para reprimirlos. Ahora bien; si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. No actúan dentro de la ley. Ahora, la decisión es muy simple: hemos pedido esta ley al Congreso para que éste nos dé el derecho de sancionar fuerte a esta clase de delincuentes. Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer; no tenga la menor duda.

El 25 de mayo fueron liberados los combatientes y en los días posteriores los legisladores por unanimidad dictaron la amnistía para los liberados, y derogaron la legislación represiva y los tribunales especiales. Ahora el 24 de enero la Cámara de Diputados tiene que reunirse con el objeto de aprobar o rechazar un proyecto de reformas al Código Penal, que contempla penas aún más graves que las derogadas casi exactamente ocho meses atrás por esos mismos legisladores”. se lamentó la organización política militar-Montoneros en un comunicado que abrió —a dos páginas— el Nº 36 de El Descamisado, cuyo director, Dardo Cabo, se encontraba en Cuba.

Luego dará otros fundamentos que son más próximos al PRT-ERP que al peronismo “ortodoxo”. Al día siguiente las oficinas del medio fueron allanadas por efectivos de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Ya para entonces el Consejo Superior del Movimiento Justicialista había dictaminado que El Descamisado y Militancia no eran órganos de expresión del peronismo y calificó a sus redactores de “infiltrados”.

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