El decreto para “aniquilar” la subversión y la puja de López Rega y Massera por el control de la represión y de Isabel

El miércoles 5 de febrero de 1975, hace 43 años, Isabel Perón y siete ministros de su gobierno firmaron en la Casa Rosada un decreto de carácter “secreto”.

En su artículo 1, facultaba al Ejército la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán.

Pasados los años se discutió si la orden de "aniquilar el accionar…" implicaba la "eliminación física", pero en los hechos fue lo que sucedió.

Aún más: el decreto aceleró la autonomía de las Fuerzas Armadas frente al sistema político, que la condujo a la toma del poder, y terminó por encarcelar o perseguir a los funcionarios que lo habían firmado.

Ese verano de 1975 la agenda política estaba marcada por la convocatoria a paritarias –y la consecuente negociación entre el Gobierno y los gremios- y la posibilidad de un llamado a la elección de Vicepresidente, cargo que había quedado vacante tras la asunción de Isabel Perón.

En la rutina política veraniega se transmitía el malestar que había generado –aún en el Justicialismo- la creación de la Secretaría Privada de la Presidencia, un decreto concebido por una iniciativa del ministro de Bienestar Social y Secretario José López Rega.

Era el hombre fuerte del país, que acompañaba día y noche a la Presidenta. Ambos dormían en la residencia de Olivos.

Se sospechaba que, después de la muerte del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal –muerto por Montoneros en noviembre de 1974- López Rega era quien detentaba el mayor poder para la represión no institucional.

Nadie del Gobierno ni del Justicialismo le reservaba críticas públicas ni se animaba a reclamar su renuncia. La oposición apenas hacía notar "el centralismo del poder" y requería que las decisiones las tomara "la Presidenta, y no un Supersecretario".

Hasta ahí se llegaba. No más.

El analista Mariano Grondona describió con crudeza todo lo que no se decía.

Escribió:

“La caída, que muchos desean, entrañaría peligros. López Rega ha promovido o facilitado una serie de desenvolvimientos que se aprueban en voz baja y se critican en voz alta. La firmeza ante la guerrilla, la desideologización del peronismo, la recuperación de la universidad, pasan por el discutido secretario ministro. De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen”. (Mariano Grondona, revista Carta Política, diciembre de 1974).

En la esfera presidencial se vivía un verano calmo.

La Presidenta, de vacaciones, hospedada en la Unidad Turística Chapadmalal, realizaba paseos en auto por Cabo Corrientes y la Playa Bristol de Mar del Plata. También caminaba las calles del balneario acompañaba de López Rega y otros colaboradores.

La Secretaría de Prensa le acondicionó una habitación del Hotel Provincial para que disfrutara del Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno, con un equipo con sistema francés de televisión en color.

Alternaba las vacaciones con reuniones de trabajo. Recibió al ministro de Defensa Adolfo Savino, al jefe de la Policía Federal Luis Margaride, y también a los sindicalistas Lorenzo Miguel y Casildo Herrera.

Después de una semana de reuniones y paseos, López Rega decidió distanciarse de la rutina presidencial, dejó a Isabel al cuidado de su yerno, y subsecretario de Prensa y Difusión Jorge Conti y el peluquero Bruno Porto, y se fue a Brasil.

La distracción del ministro

Hacía tiempo quería hacer ese viaje y no encontraba el momento.

El ministro fue a conocer un terreno que le había comprado Claudio Ferreira, un brasileño amigo, umbandista, que había conocido en la casa de su Madre Espiritual, Victoria Montero, en los años '50.

El terreno estaba sobre la playa Arena Blanca, en el municipio de Sombrío, al sur de Santa Catarina. Tenía 350 metros de frente y 1.000 de fondo. Aspiraba a construir un complejo hotelero.

Llegar a esa playa le resultó accidentado.

En el camino, fue detenido en el balneario de Torres junto a Ferreira y sus custodios Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón, quienes muchos años más tarde serían procesados en la causa de Triple A.

El conserje de hotel Sao Paulo Palace se asustó por el nivel armamentístico -supuso que llegaban para robar el banco-, y alertó a la comisaría. El 25 de enero, al amanecer, ocho policías irrumpieron en la habitación de López Rega, lo detuvieron y esposaron.

El ministro les mostró una cédula de identidad brasileña a nombre de “José López”, con domicilio en Uruguayana, pero como la verificación de su autenticidad se demoraba, López Rega explicó que era el secretario privado de la presidenta argentina y el resto de los detenidos eran sus colaboradores. Al cabo de unas horas lo liberaron.

López Rega les regaló postales que promocionaban el Mundial '78.

Mayúscula fue su sorpresa cuando, de regreso al país, se enteró que Isabel Perón había abandonado la Unidad Chapadmalal y se había hospedado en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en Punta Mogotes. Su director, el capitán de fragata Roque Funes, ya había dispuesto un cuarto para que hiciera gimnasia y refaccionó otro para que lo usara de estudio. López Rega entendió que, aprovechando sus cuatro días de ausencia, la Armada había tendido un cerco sobre Isabel.

Era la primera vez que la Presidenta escapaba de su radar.

Era cierto que fue Juan Domingo Perón el que había borrado su histórica enemistad con la Marina, expresada en los bombardeos de 1955, y había designado como jefe del arma a Emilio Eduardo Massera, uno de los partícipes de aquella masacre que dejó cientos de muertos. Su presencia, expuesto al viento y al frío, un mes y medio antes de su muerte, en la base naval de Puerto Belgrano, con Massera como anfitrión, confirmaba la reconciliación con esa fuerza.

Pero ahora era Massera el que atravesaba la línea de la intimidad presidencial y le daba alojo a su viuda.

Isabel había quedado bajo protección naval.

Este hecho tensó la disputa de poder entre el ministro y el contralmirante en torno a la Presidenta.

Desde hacía meses que López Rega desconfiaba del exceso de cortesía del contralmirante. Y en el último diciembre, en una reunión de hermanos masones –ambos eran miembros de la logia P2- expresaron sus diferencias con insultos a la vista de todos.

Incluso más: se supo que el ministro había ordenado a su custodia que mataran a Massera y que el contralmirante planificó con sus grupos de tareas el incendio de dos automóviles Ford Falcon de los parapoliciales de López Rega, como advertencia.

La relación se astilló aún más cuando, a su regreso de Brasil, el ministro intentó ver a la Presidenta en la Escuela de la Armada y le prohibieron el acceso.

El control de la represión

La estadía de Isabel en la base naval fue el anticipo del despliegue de las Fuerzas Armadas para la “lucha antisubversiva”.

En una de sus reuniones con el comandante del Ejército Leandro Anaya, Isabel fue persuadida de la necesidad de firmar el decreto para intervenir en Tucumán.

Para López Rega, que la represión se institucionalizara en tropas militares implicaba una pérdida importante de su poder. Hasta entonces esa tarea se libraba desde fuerzas clandestinas reunidas bajo el sello de la Triple A. Él, desde el Estado, había sido su impulsor original.

En su génesis, la Triple A se había gestado para enfrentar a "los infiltrados en el Movimiento" –la izquierda peronista- y luego ese radio se había ampliado para combatir a los "zurdos", armados o no armados, peronistas o no peronistas. Para las Fuerzas Armadas, la "lucha contra la subversión" excedía las fricciones internas del peronismo, por más violenta que fuesen. Se enmarcaba en la guerra contra el comunismo, por la defensa de Occidente.

Se había instruido en distintas academias militares para esa guerra.

Las Fuerzas Armadas estaban por encima de la Triple A. De hecho, luego la absorberían.

Las horas decisivas

Después de tres semanas en Mar del Plata, Isabel Perón retomó la actividad en la Casa Rosada el lunes 3 de febrero. Los temas de la agenda política que reflejaba la prensa eran más o menos los mismos.

Sólo había impactado la irrupción de alrededor de sesenta hombres armados, que colocaron cuatro bombas en las máquinas rotativas del diario La Voz del Interior de Córdoba.

Y las habían volado.

La semana política transcurrió sin otros sobresaltos.

Isabel fue a almorzar dos veces a lugares públicos, una vez a La Cabaña y otra en el Hotel Plaza, acompañada de ministros y colaboradores.

Al día siguiente festejó su cumpleaños 44 en la residencia presidencial. Una multitud se acercó al portón para saludarla y la Presidenta correspondió la gratitud con un saludo desde un helicóptero, en un corto vuelo por los alrededores de Olivos.

El miércoles 5 de febrero, Isabel presidió la ceremonia de entrega de sables a nuevos oficiales de las tres armas en el Teatro Colón, junto a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.

Ese día firmó con su gabinete el decreto secreto que habilitó la intervención militar en Tucumán.

Dos días después ya estaba descansando en el Hotel Llao Llao de Bariloche, aprovechando las fiestas de Carnaval. La acompañaba López Rega.

Las tropas militares comenzaron a desplegarse en Tucumán el domingo 9 de febrero en camiones, Unimog, y Jeeps, a lo largo de la ruta 38.

Eran alrededor de 3500 efectivos, dispuestos en los valles Calchaquíes, desde Lules hacia el sudoeste, casi hasta el límite con Catamarca. Lo secundaban tropas de la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial.

Los militares también se instalaron en Acheral, a 45 km al sur de San Miguel de Tucumán. Era un pueblo de dos mil habitantes que en mayo de 1974 había sido tomado por algunas horas por el ERP, y se vio a guerrilleros desfilar con uniforme verde oliva y fusiles al hombro.

Los comunicados oficiales sobre la intervención militar comenzaron a emitirse por la tarde del domingo 9, por radio y televisión. Se leyeron dos. Uno era de la Secretaría de Prensa y Difusión.

“La Argentina marcha hacia su destino de potencia. Es nuestro triunfo. El triunfo del pueblo. La victoria de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que votó libremente su destino de grandeza. Combatir a los enemigos del pueblo se convierte así en un imperativo de la hora actual”.

El otro fue redactado por la V Brigada de Infantería, a cargo del general Acdel Vilas.

Aseguraba que la operación del Ejército tenía por objetivo “restituir la tranquilidad a sus habitantes alterada por el accionar de delincuentes subversivos que pretenden explotar la impunidad que garantiza la imposición del miedo”.

El ministro del Interior Rocamora manifestó que, con el decreto, la autoridad presidencial se mantendría “incólume” y las Fuerzas Armadas acatarían el orden constitucional. Sobre la duración del operativo manifestó: “…habría que preguntárselo a los guerrilleros. Dependen de cuánto duren ellos”, afirmó, en tono de broma.

Las respuestas políticas desde la UCR fueron dispares.

Ricardo Balbín apoyó la intervención militar; aseguraba que “no tenía segundas intenciones”.

Raúl Alfonsín, en cambio, criticó que el Congreso hubiese sido marginado. Dijo que la decisión del Poder Ejecutivo no contribuía a consolidar el proceso político y ponía en evidencia "la ineficacia del gobierno para solucionar un problema ajeno a esa fuerza (el Ejército)".

Además Alfonsín también atacó la Ley de Seguridad para combatir la guerrilla "que en realidad amenaza a dirigentes políticos y gremiales que luchamos por la liberación nacional".

Desde aquel domingo 9 de febrero de 1975, las tropas militares actuaron sin ningún control político ni judicial en Tucumán.

El gobernador peronista Amado Juri, elegido el 25 de mayo de 1973, se limitó a prestar su “más amplio apoyo a las operaciones militares”. Pronto quedó en un segundo plano.

La autoridad política de la provincia era el general Acdel Vilas.

El jefe de la V Brigada de Infantería –que alguna vez había comandado el general Videla- instaló su centro operativo en la localidad de Famaillá.

Y transformó la escuela del pueblo en el primer centro de detención ilegal durante gobierno de Isabel, “La Escuelita”.

Los pasos previos

Durante su Presidencia, Perón había confiado en la Policía Federal para enfrentar a la guerrilla. Tras su muerte, las Fuerzas Armadas fueron obteniendo una autorización progresiva para la represión.

En agosto de 1974, luego de que ERP intentara asaltar el Regimiento 17 de Catamarca, el Ministerio de Defensa autorizó la acción militar para aprehender a una veintena de guerrilleros que habían quedado aislados en una lomada, cuando emprendían la fuga.

Las tropas del Ejército intervinieron. Los detectaron, los rodearon y luego de la rendición, los mataron con tiros en la nuca.

Eran 16. Fueron enterrados como NN en un cementerio de la zona.

El gobernador de Catamarca (Montt), el de La Rioja (Menem) y la Presidenta felicitaron a las fuerzas de seguridad y al Ejército por los servicios a la Nación.

El ERP decidió vengar cada uno de los fusilados. Los objetivos fueron tomados al azar. En dos meses ejecutaron a nueve oficiales del Ejército en distintas provincias.

El último sería el capitán Humberto Viola, en el centro de Tucumán, en diciembre de 1974. Lo mataron cuando ingresaba el auto en una casa, y en forma no prevista, también mataron a su hija María Cristina, de 3 años.

A partir de este ataque, la represalia indiscriminada del ERP se detuvo.

Al mes siguiente, las tropas del Ejército, aún sin el decreto presidencial, comenzaron a rastrillar Famaillá y Monteros en busca de campamentos guerrilleros asentados en la selva. En uno de los operativos de reconocimiento, el 5 de enero de 1975, cayó un avión militar en la zona boscosa y provocó la muerte del jefe del III Cuerpo de Ejército, general Eugenio Salgado y el jefe de la Brigada V, general Ricardo Muñoz y otros once oficiales.

Como consecuencia, el general Carlos Delía Larroca fue designado jefe del III Cuerpo y el general Vilas, de la V Brigada, quienes comandaron el “Operativo Independencia”, autorizado por Isabel Perón y su gabinete a partir del 5 de febrero de 1975.

Muchos años más tarde, la justicia federal de Tucumán requirió la extradición de Isabel para juzgarla por su responsabilidad en la represión ilegal que sobrevino luego de su firma en el decreto 261/75.

Se argumentó que no podía ignorarla, dado que como Presidenta había visitado Santa Lucía y Famaillá, donde se habían asentado centros de detención ilegal.

Ésa era la tercera causa por delitos de lesa humanidad que afrontaba la ex Presidenta.

Pero una vez más, la Audiencia Nacional de España denegó la extradición.

Desde 1981, Isabel Perón vive en Madrid.

*Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA).

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