El acta secreta que revela el apoyo de Perón a Pinochet luego del golpe en Chile

Sucedió horas después del triunfo de Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1973, a 12 días del derrocamiento de Salvador Allende. Un enviado viajó a Santiago para dar “ayuda material y respaldo” a la Junta Militar trasandina. Para el líder justicialista, significaba cerrar “la única válvula de escape para la guerrilla argentina”. Además, las duras condiciones en que vivían los exiliados en nuestra embajada

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Lucía Hiriart de Pinochet, su esposo, Juan Perón y María Estela Martínez de Perón.
Lucía Hiriart de Pinochet, su esposo, Juan Perón y María Estela Martínez de Perón.

Nada se hizo de una manera intempestiva ni sonora. Como suelen tomarse las grandes decisiones de Estado, el movimiento diplomático argentino se realizó tras un viaje secreto de un “Enviado Especial” a Santiago de Chile para dar su apoyo “material y el respaldo argentino a la Junta Militar”. Así consta en el Acta Secreta N° 8 del 24 se Septiembre de 1973, a las 10,45 horas, durante una reunión secreta de la junta de comandantes que gobernaba Chile tras el derrocamiento del presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens. La junta chilena estaba integrada por el general Augusto Pinochet Ugarte; el almirante José Toribio Merino; el brigadier Gustavo Leigh y el comandante César Mendoza. El 12 de septiembre, al día siguiente del golpe, la Junta Militar chilena informaba al gobierno de Raúl Lastiri que Chile tenía un nuevo gobierno. El reconocimiento argentino demoró una semana en concretarse y cuando finalmente ocurrió, fue hecho “formalmente” a través de una comunicación del Palacio San Martín del día 19 de septiembre.

Cinco días más tarde del restablecimiento, el lunes 24, en toda la Argentina, gran parte de su población todavía festejaba la victoria electoral del teniente general Juan Domingo Perón, que lo conduciría a su tercera presidencia constitucional. Y al día siguiente (martes 25 de septiembre), el presidente electo, recibiría el primer mensaje concreto y fatal de parte de Montoneros, el sector radicalizado de ultraizquierda que se decía peronista en su Movimiento: el asesinato de José Ignacio Rucci, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT). Fue en esas horas que Perón diría ante los restos del dirigente sindical metalúrgico “me cortaron las piernas”. El Acta N° 8, contiene en cuatro páginas todos los temas tratados ese día entre la mañana y las 19, 15 horas. En su amplio contenido hay algunos ítems que llaman la atención y que fueron tratados entre los miembros de la junta con la participación individual de cada uno de los miembros del gabinete presidencial. El encargado de las relaciones exteriores era el vicealmirante Ismael Huerta Díaz. Entre las primeras cuestiones a tratar estuvo la próxima designación de la periodista Carmen Puelva que sería nombrada Agregada Cultural y de Prensa en la embajada de Chile en los EEUU. Era la persona que debería hacerle frente a los ataques de la prensa norteamericana. Era considerada una obstinada opositora al gobierno de la Unidad Popular y luego de trabajar en Washington sería destinada en París, Francia.

El punto 6° se refiere a la presentación de credenciales del embajador de Uruguay, el jueves 27 a las 11,30 horas “en la Escuela Militar, recibiéndolo sólo el Presidente de la Junta”. En el 9° se afirma que “el Ministro de Minería informa que ha recibido muchos ofrecimientos de inversión de capitales, incluida la Anaconda”, la poderosa mina de cobre que había sido nacionalizada por Allende.

El punto 12° informa sobre materias que el Ministro Secretario General de Gobierno, general Pedro Ewing Hodar, debió considerar. Entre otras los funerales del poeta Pablo Neruda y dice textualmente: “Se acuerda hacerse representar por un Edecán y respetar integralmente lo que señala el Reglamento de Servicio de Guarnición”. A renglón seguido se habla de la disolución de los partidos políticos y a continuación se dice: “Presencia de un representante oficial de Perón en Chile que trae ayuda material y el respaldo argentino a la Junta.”

Acta N° 8 de la junta militar chilena después del golpe a Salvador Allende
Acta N° 8 de la junta militar chilena después del golpe a Salvador Allende

El Acta no agrega el nombre del enviado argentino. Sería errado imaginar que Perón había delegado la misión en un civil, más bien habría que pensar en un militar y, ahí, se debe tener en cuenta a Carlos Dalla Tea, jefe de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Perón lo había tratado mucho mientras era Agregado Militar en Madrid. Como sostenían los periódicos de la época, el presidente electo argentino consideraba al Chile de la Unidad Popular como una suerte de “santuario” del terrorismo argentino. La prensa extranjera se mostraba muy activa respecto del “cambio de rumbo” de la política local liderada ya por Perón desde el día que retorno a la Argentina y el desplazamiento de Héctor J. Cámpora. El diario ABC de Madrid señalaba que “mientras Allende pretende implantar en Chile un régimen marxista Perón ha dicho una vez mas que no quiere nada con el marxismo”, mientras Il Messaggero de Roma entendía que el jefe del justicialismo “tiene la intención de terminar con el ERP y con los grupos guerrilleros afiliados al justicialismo”. En la intimidad, Perón le dijo a Pedro Cossio, uno de sus médicos, que “con lo que ha pasado en Chile desde ese lado estamos protegidos”. El testimonio es coincidente con las declaraciones que formuló a “Il Giornalle D’Italia” (septiembre de 1973). En las mismas Perón destacó que la caída de Salvador Allende había cerrado “la única válvula de escape para la guerrilla argentina” y aseguró estar menos preocupado por el problema “de lo que la mayoría de los argentinos creen.” También afirmó al mismo medio italiano “los responsables de los acontecimientos en Chile fueron los guerrilleros y no los militares.” “O Globo” de Río de Janeiro saludaba el nuevo horizonte que se abría para los argentinos. Ya en las semanas previas al golpe del 11 de septiembre de 1973, el “Acuerdo de la Cámara de Diputados”, una iniciativa del diputado democristiano Luis Pareto con la firma de más de ochenta diputados nacionales y democratacristianos, la oposición allanó con sus argumentos el camino para el derrocamiento de Allende, al sostener que “el Presidente ha quebrantado gravemente la Constitución”.

Como consta en el punto 13° la Junta analizó “la posibilidad de reemplazo del Cardenal”. Estaban hablando del Arzobispo de Santiago cardenal Raúl Silva Henríquez, que días antes se había negado a realizar un Te Deum de Acción de Gracias en la Escuela Militar porque consideraba que debía realizarse en la Catedral. Finalmente se llevo a cabo en la Iglesia de la Gratitud Nacional, con la presencia de los expresidentes González Videla, Alessandri y Frei Montalva. Durante la misma Silva Henríquez rezó por Chile y los caídos de ambos bandos y pidió que “no haya entre nosotros ni vencedores ni vencidos”. El Cardenal se destacaría por su defensa de los Derechos Humanos y fundaría la Vicaría de la Solidaridad. En los hechos, el Vaticano no removió a Silva Henríquez.

En el Acta no figuran dos hechos relevantes de esas horas. Gracias a la intermediación del embajador de Francisco Franco, Enrique Pérez-Hernández, un grupo de ciudadanos españoles fue autorizado a salir de Chile. Uno de los beneficiados por el salvoconducto era el valenciano Joan Garcés, asesor de Allende, con acceso permanente en La Moneda, lo mismo que el agente del Departamento América, “Luis Fernández Oña, Ministro Consejero de la Embajada de Cuba en ésta, casado con Beatriz Allende, de quien corrían comentarios que apuntaban a señalarlo como el creador del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) del ex Jefe de Estado y principal ideólogo de las escuelas de adiestramiento en la técnica de la guerrilla que había esparcidas en diversos puntos de Chile”. El diplomático argentino se refería a Beatriz, “Tati”, que además colaboró en la formación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del Partido Socialista chileno, que participó en la guerrilla de Ernesto Guevara y de los hermanos Peredo en Bolivia. Así consta en la Nota “R” 592 de la Embajada de la Argentina en Chile, donde se analizan los “ataques del nuevo gobierno a extremistas y a ciertos extranjeros”. González Oña y Beatriz Allende son los padres de la militante socialista Maya Fernández, la futura Ministro de Defensa del presidente Gabriel Boric.

Párrafo del acta donde se consigna la presencia de un enviado de Perón a Pinochet
Párrafo del acta donde se consigna la presencia de un enviado de Perón a Pinochet

El documento de la Junta Militar tampoco cuenta que el mismo 24, el embajador estadounidense Nataniel Davis se entrevisto con Huerta y le entrego una nota verbal en la que expresaba el interés de mantener relaciones con la Junta Militar y que lo haría formalmente dos días más tarde después del Reino Unido. El acta tampoco menciona que ya en esos momentos la embajada americana buscaba a Charles Horman y Frank Teruggi, dos ciudadanos desaparecidos.

Mientras los medios de comunicación oficialistas y no tan próximos a la Junta Militar se solazaban con información provista por fuentes gubernamentales referidas al modus vivendi y otras intimidades del presidente Salvador Allende (un episodio que a los argentinos los retrotrajo a 1955, cuando la “Libertadora” exhibió públicamente los vestidos, joyas y zapatos de Eva Perón), las embajadas acreditadas en Santiago se poblaban de asilados. Había de todo. Desde gente muy comprometida con la ultraizquierda; ex funcionarios y muchos que no participaron en hechos delictivos pero que se sentían perseguidos. No había tiempo para meditar el grado de responsabilidad por lo sucedido con el gobierno de la Unidad Popular. Todos estaban en la misma bolsa. Eran horas de escape frente a lo que se veía o escuchaba. Muchos asilados entraron a la residencia de la Embajada Argentina en Vicuña Mackenna por la puerta, otros lo hicieron saltando el muro y unos pocos -en un acto de real coraje- fueron llevados a su interior en los autos de sus amigos diplomáticos argentinos. A alguno que otro, estos gestos le costó la carrera.

El mismo 24 de septiembre, con la firma del jefe del Departamento América Latina, Francisco “Tito” Pullit (el trabajo había sido escrito por el funcionario José María Otegui), se informaba por Memorándum “Secreto” Nº 222 a la Dirección General de Consejería Legal de la cancillería que “con motivo del golpe militar del 11 del corriente en Chile, solicitaron asilo en nuestra Representación Diplomática en Santiago ciudadanos de varios países latinoamericanos”.

“El criterio político adoptado -sostenía Pullit- fue su concesión sin distinción de nacionalidad. En tal sentido se cursó la pertinente instrucción a nuestra Embajada indicando que el asilo, sin calificarlo, estaba otorgado. Posteriormente, se adoptó la decisión de consentir la permanencia en territorio nacional de todos los chilenos asilados que lo peticionen, no así del resto de los ciudadanos latinoamericanos, a quienes se les otorgaría facilidades de tránsito hacia los países por los cuales opten como destino final.”

La firma de Augusto Pinochet Ugarte en el acta
La firma de Augusto Pinochet Ugarte en el acta

“Vicuña Mackenna (la residencia argentina en Santiago de Chile) ya no tiene lugar para el medio millar de asilados. Se duerme de a turnos en cualquier espacio de la residencia porque los colchones y sillones no alcanzan. La comida escasea, existen problemas con la provisión de agua, los baños no dan abasto. Hay varias mujeres embarazadas, tres de ellas a punto de dar a luz. El encargado de atenderlos, consejero Albino Gómez (que ya había pasado por esta experiencia cuando el “tanquetazo” de junio de 1973) debe realizar verdaderos prodigios para darles a todos una solución. El grupo de asilados es heterogéneo.”

“En muchos casos se trata de familias extranjeras que, ante el clima de xenofobia levantado en Chile en los primeros días del golpe, buscaron resguardo. El criterio de que constituyen - en bloque - un grupo extremista con el cual es preferible evitar contactos parece ser sustentado, también, según versiones no confirmadas pero que parece necesario consignar, por algunas autoridades de la Embajada”, se informaba en la página 3 de La Opinión del 29 de septiembre. Años más tarde, Pinochet afirmaría que a Chile “llegaban extranjeros subversivos, miles de cubanos, también montoneros, tupamaros. Aquí se daban cita todos los guerrilleros de América Latina como también activistas soviéticos y de otros países europeos” (Augusto Pinochet: Diálogos con su historia, María Eugenia Oyarzún).

Para el Comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, “lo realmente criminal es que los militares carabineros, y algunos marinos que fueron asesinados fueron victimados por guerrillas y francotiradores extranjeros, la mayoría de los cuales como hemos comprobado, son argentinos, uruguayos o cubanos”, así fue informado al Palacio San Martín por la nota “Reservada” Nº 592, del 20 de setiembre de 1973.

En definitiva, bajo el subtítulo “probable evolución”, la Inteligencia Militar argentina estimaba que: “Chile dejaría de constituir un foco de irradiación del comunismo en América. Sin embargo, la persecución desatada contra los comunistas chilenos y de otras nacionalidades permite prever la afluencia de dirigentes marxistas hacia otros países, especialmente a los vecinos. Si bien el gobierno de Allende concitaba expectativa internacional por constituir una experiencia muy particular sobre la instauración del socialismo por vía democrática, interrumpido el proceso, la observación se centraría sobre el gobierno militar y los logros que pueda obtener un procedimiento marcadamente distinto al anterior”. Los militares argentinos advertían que podía desatarse “una verdadera puja por atraer a Chile hacia las áreas de influencia de los distintos estados hegemónicos”, tanto en los planos económico como ideológico: “En tal sentido, incidirá la decisión de Brasil al reconocer en forma inmediata al gobierno surgido del golpe de estado”.

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