A ocho años del trágico incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain en el barrio de Barracas, que costó la vida de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia.
Los últimos avances en la causa ocurrieron a fines de diciembre de 2020, cuando la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires declaró la nulidad de los procesamientos que había dictado el juez de instrucción, Pablo Ormaechea, sobre 17 imputados entre los que se encontraban funcionarios del gobierno porteño, directivos de la empresa y un vigilador, que había sido imputado por haber cancelado 27 veces la alerta temprana sobre el incendio.
Esa no es la única frustración que padecen los familiares, quienes hace unos días denunciaron que el santuario levantado en el lugar del desastre apareció vandalizado.
“Tarde triste. Los amigos de fierro fueron al santuario de Barracas, donde las personas de buen corazón dejaban cosas en honor a los 10 héroes de Barracas y se encontraron con que fue vandalizado y robaron las cosas que les pertenecían a nuestros hijos, lo dejaron vacío, quemaron el árbol sobre el que cayó la pared. Es un símbolo muy importante para nosotros ese árbol. Empezaremos otra vez a levantar ese lugar, escribió en las redes sociales Mimí Albornoz, madre de Sebastián Campos, uno de los bomberos voluntarios del Cuartel Vuelta de Rocha del barrio de La Boca que perdieron la vida combatiendo el incendio el 5 de febrero de 2014.
El árbol tenía sujetado un cartel que decía “Héroes de Barracas Presentes”, en el que sobresalía una cruz con decenas de rosarios, y en cuya base había un atril con gran cantidad de fotos, cartas, remeras y otras pertenencias de las víctimas.
Los familiares denunciaron también que los teléfonos de dos de ellos – que son los que habitualmente tienen contacto con la prensa – fueron bloqueados de manera casi simultánea.
El incendio y el derrumbe
Eran las ocho y media de la mañana del 5 de febrero de 2014 cuando se inició el incendio que provocó el derrumbe de las cuatro paredes del edificio de depósito de archivos de Iron Mountain en Azara al 1245, en el barrio porteño de Barracas.
Rápidamente acudieron dotaciones de bomberos de la Policía Federal y de los Bomberos Voluntarios de La Boca, Vuelta de Rocha, San Telmo y Puerto Madero para extinguir el fuego. También participaron en la remoción de escombro y el rescate de las personas atrapadas en el derrumbe rescatistas de Defensa Civil y agentes de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana y la Prefectura Naval Argentina.
En el desarrollo de las tareas de combate del fuego y rescate, un grupo de bomberos ingresó al depósito por la entrada del a calle Azara, mientras que otro grupo trataba de entrar por la puerta de la calle Jovellanos, cuando una pared se les desmoronó encima.
A causa del derrumbe, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli. Además, perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz y Facundo Ambrosi, quien murió 12 días después.
Los héroes de Iron Mountain
La subinspectora Anahí Garnica fue la primera mujer bombero de la Federal. Tenía 29 años. Maylén, una de sus hermanas escribió en su homenaje: “Llevar casco, borcegos, chaquetón y ser hermosa/ Estudiar, trabajar, limpiar tu casa y ser hermosa/ Jugar, correr, saltar y ser hermosa/ levantar paredes, hacer mezcla, revoques y ser hermosa/ Escalar montañas, correr, transpirar y ser hermosa/ Apagar incendios, mancharse la cara con hollín, salvar vidas y ser hermosa/ Mujer, hermana, esposa, amiga, tía, madrina, bombero, universitaria/ Sin que se te corra el rimmel y ser hermosa…”.
El comisario Inspector Leonardo Day tenía 55 años y llevaba 34 de servicio como Bombero de la Policía Federal. Había participado en los rescates de las tragedias de LAPA y de Once, por los cuales había recibido el diploma al mérito. Al despedirlo, sus compañeros lo calificaron como “un héroe” que siempre estaba en la primera línea cuando se trataba de un rescate.
El cabo Eduardo Conesa: tenía 47 años y dos hijos. Además de bombero de la Federal, era voluntario en un cuartel de Lanús donde, en el playón de la sala de máquinas, sus compañeros descubrieron una placa para recordarlo. “Tenía la pasión por ser bombero y se veía en su vida cotidiana, en su profesionalidad”, lo describieron.
El cabo Carlos Véliz tenía 33 años, estaba casado, era padre de una nena de 4 años y llevaba diez en la Policía Federal. Vivía en Avellaneda era hincha fanático del Club Arsenal de Sarandí. En su homenaje, los vecinos de su barrio inauguraron un mural en su honor en una esquina. “Después de que pasó todo, surgió desde el primer momento la idea de hacer el mural, pero no conseguíamos el apoyo de los vecinos ni de la municipalidad. Por temas monetarios y de tiempo al final nunca se hizo, pero nosotros lo teníamos pendiente”, contó su compañero Marcelo Chiappe, uno de sus amigos más cercanos.
El cabo Maximiliano Martínez tenía 32 años y servía como bombero de la Policía Federal desde 2007, pero su pasión por combatir el fuego lo llevó también a alistarse como voluntario en Florencio Varela. En esa localidad del sur del Gran Buenos Aires, vivía cerca de otra de las víctimas, el bombero voluntario Sebastián Campos, del Cuartel de Vuelta de Rocha. En recuerdo demostrado por los dos “héroes de Barracas”, el Municipio de Varela les rindió homenaje con una placa en una plazoleta del barrio Gobernador Monteverde.
El agente Juan Matías Monticelli, de 26 años, había entrado a la Policía en 2011. Un día antes de terminar la carrera le dijo a su padre: “No quiero sacar un arma y detener a la gente. Quiero servir de otra manera”. El padre le respondió que entonces fuera bombero para ayudar a la gente. Eso estaba haciendo la mañana del 5 de febrero de 2014 cuando perdió la vida aplastado por una de las paredes del depósito.
Facundo Ambrosi tenía 25 y era voluntario en el cuartel de Vuelta de Rocha. Después de su muerte, sus compañeros contaron que esa mañana no tenía por qué estar combatiendo el incendio de Iron Mountain. Relataron que el autobomba ya había salido del cuartel cuando Facundo subió a la terraza y se dio cuenta el ver el humo que el fuego era mucho más grande de los sospechado. Por eso corrió las cuadras que separaban al cuartel del depósito incendiado y se sumó a los demás en el combate contra el fuego.
Pedro Baricola estaba casado y tenía una nena de cuatro años. Había empezado a trabajar en Defensa Civil hacía apenas dos años, cuando decidió cambiar su puesto como empleado administrativo del gobierno de la Ciudad para sumarse a Defensa Civil. Su mujer, Sandra, había intentado convencerlo de que no lo hiciera porque era “muy peligroso”, pero Pedro le respondió que sentía que allí servía mejor a los demás.
José Luis Méndez, además de ser rescatista de Defensa Civil, era bombero voluntario en el cuartel de Villa Domínico. Sus compañeros del cuartel lo recuerdan como “un enamorado por su vocación”. En su perfil de Facebook tenía publicada una foto con uniforme. El texto que la acompañaba decía: “Juro cumplir la misión que voluntariamente estoy aceptando con abnegación, valor y disciplina, aunque para ello debiera ofrendar la vida”.
Las primeras sospechas
Desde un primer momento se sospechó que el inicio del fuego no había sido fortuito, sino que el incendio tuvo como objetivo destruir documentos de grandes empresas y bancos nacionales y multinacionales que podrían estar conectados con maniobras de lavado de dinero.
Iron Mountain, con sucursales en los cinco continentes, ofrece a sus clientes – según anuncia en la página web oficial – los servicios de “administración de información”, de “recuperación y protección de datos” y de “destrucción segura” de documentación.
Las primeras sospechas tenían fundamento no solo en las características del incendio sino también en los inquietantes antecedentes de incendios sufridos por depósitos de Iron Mountain en otros lugares del mundo.
En 1997 se quemaron tres depósitos de la empresa en Nueva Jersey, Estados Unidos; en 2006 en Ottawa, Canadá y en Londres; en 2011 en Italia. En tres de los casos se comprobó que los incendios habían sido intencionales.
Por otra parte, en agosto de 2014 -seis meses después del incendio en el depósito de Barracas - una investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) encontró 29 coincidencias entre clientes de la empresa en la Argentina e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios.
Confirmación de los peritos
Más de un año después de la tragedia, el 27 de febrero de 2015, los peritos de la Policía Federal informaron a la Justicia que el incendio había sido causado intencionalmente.
Las investigaciones probaron que el fuego se inició entre los depósitos N°7 y N°8, a unos siete metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín. “Se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar”, dijeron los peritos.
Un segundo estudio, a cargo de expertos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ratificó que el daño fue provocado.
El inicio del proceso
Con los resultados en la mano, y la carga de diez personas muertas, ese mismo año la fiscal porteña Romina Monteleone solicitó las indagatorias para 32 personas.
En el pedido, la funcionaria consideró “que en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes, contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección”.
Monteleone indagó a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nar; de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani; de la Dirección General de Fiscalización y Control a Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar, entre otros.
También interrogó a directivos y empleados de Iron Mountain, y a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina.
El estado de la causa
La instrucción quedó a cargo del juez Pablo Ormaechea. En diciembre de 2020, la Cámara del Crimen porteña declaró la nulidad de los procesamientos que había dictado este magistrado sobre 17 imputados en la causa. Los jueces de Cámara entendieron que no había desarrollado la acusación que le hacía a cada uno de ellos.
Eso no significó la vuelta a foja cero del proceso judicial, sino que se dictó solamente la nulidad de ese punto y le ordenó al juez que rehiciera el fallo describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cada caso.
Más de un año después de aquella medida judicial – y a ocho del incendio -, los familiares de las víctimas del incendio de Iron Mountain siguen esperando justicia y deben soportar actos que vandalizan la memoria de sus seres queridos.
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