“Esta es una deuda que se le paga a la humanidad”, dijo Carlos Menem al hacer el anuncio y logró el impacto que buscaba.
El sábado 1° de febrero de 1992, cuando el Presidente habló, las noticias circulaban por otro lado. Preocupaba el robo en Comodoro Rivadavia de una pastilla de Cesio-137, un material altamente radiactivo capaz de dañar de manera irreversible el sistema inmunológico, la sangre y la médula ósea de quiénes quedaran expuestos a él; un paro de los choferes de ómnibus de larga distancia durante el ajetreado cambio de quincena provocaba el fastidio de decenas de miles de turistas en todo el país; en el plano deportivo, las expectativas apuntaban al clásico entre River e Independiente del torneo de verano, el debut ante Bolivia de la selección juvenil de fútbol en el Preolímpico y el enfrentamiento –que se imaginaba electrizante- entre Gabriela Sabatini y Martina Navratilova por la final del torneo Pan Pacific que se disputaba en Tokio.
Las palabras de Menem cambiaron el foco de atención y generaron expectativas: anunció que el lunes siguiente firmaría un decreto que levantaría el secreto de los archivos oficiales que registraron el ingreso de criminales de guerra nazis a la Argentina.
Al día siguiente, todos los diarios llevaron la noticia en tapa. Desde la Casa Rosada se habían hecho trascender también los nombres que llevaban algunos de esos archivos: Josef Mengele, Martin Bormann, Walter Kutschmann, Eduard Roschmann y Josef Franz Schwammberger.
Todas figuritas difíciles sobre las cuales, durante décadas, se habían tejido historias y leyendas sobre su presencia o su paso por el país.
Un momento clave
La decisión de Carlos Menem resultó inesperada, no era un tema que estuviera en la agenda. Sin embargo, tenía sus razones.
En noviembre de 1991, durante su visita a los Estados Unidos, el Presidente argentino se había reunido con el titular del Congreso Mundial Judío, Edgar Bronfman.
El encuentro no fue idea de Menem sino que se había concretado después de una gestión muy fuerte del Departamento de Estado, en el marco de la política exterior de alineamiento con Washington que llevaba adelante el gobierno argentino, conducida por el canciller Guido Di Tella.
La presión para levantar el secreto no solo era oficial sino también de la prensa. El mismo día que Menem se iba a reunir con el presidente del Congreso Judío Mundial, The New York Times publicó un extenso artículo en el que prácticamente se acusaba a la Argentina de continuar protegiendo a los nazis casi cuarenta años después de terminada la guerra.
En ese encuentro, Bronfman le pidió expresamente a Menem la apertura de los archivos. El presidente le prometió hacerlo.
El pedido también coincidía con otra cuestión clave: pocos meses más tarde se instalaría en la Argentina una representación del Centro Simon Wiesenthal, una entidad que llevaba décadas buscando a jerarcas nazis prófugos en todo el planeta, así también como seguía la ruta del dinero que estos habían expoliado a los judíos de Alemania y los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial.
La Argentina, se sabía –y ya había documentos que lo probaban– había sido un punto de triangulación de ese dinero, además de lugar de paso o refugio permanente de muchos criminales nazis en sus fugas.
El decreto
Tal como había anunciado el sábado anterior, el lunes 3 de febrero Menem firmó el Decreto 232/92, que también llevaba las firmas de los ministros José Luis Manzano y Guido Di Tella.
Se trataba de un texto corto, de apenas tres artículos.
En el primero se dejaba sin efecto “toda reserva por ‘razones de Estado’ de documentación relacionada con criminales nazis”. El segundo establecía que “todo organismo del Estado Nacional que mantenga reservada en sus archivos por ‘razones de Estado’ la documentación a que se refiere el artículo 1º, deberán ponerla a disposición del Archivo General de la Nación en un lapso no superior a treinta días contados a partir de la fecha”. El tercero era de forma.
Desde prensa de la Casa Rosada se describió la escena de la firma: el Presidente había puesto su rúbrica al texto después de haber hojeado siete carpetas que tenía su escritorio, correspondientes a cinco criminales de guerra nazis, que le había entregado la Policía Federal.
La noticia, reproducida por las agencias internacionales, generó enormes expectativas. “La apertura de estos ficheros policiales permitirá seguir las huellas en Argentina de asesinos tristemente célebres, como Josef Mengele y Adolf Eichmann, y conocer las gestiones realizadas para encontrar al lugarteniente de Hitler, Martin Bormann, y otros nazis destacados. Al mismo tiempo se espera que la apertura de archivos pueda aclarar algunos de los puntos oscuros sobre la cobertura que encontraron los nazis bajo el gobierno peronista en los años cuarenta y cincuenta”, escribió el corresponsal en Buenos Aires del diario español El País.
Bormann y Mengele
Las siete carpetas que la Policía Federal había sacado de sus catacumbas para entregárselas a Menem tenían información sobre cinco importantes criminales de guerra nazis. Dos de ellos habían sido buscados por décadas.
Martin Bormann había sido el jefe del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (partido nazi) y para el final de la guerra era el segundo del régimen detrás de Adolf Hitler. Estuvo en el búnker junto a su führer hasta que éste se suicidó el 30 de abril de 1945 y luego intentó abandonar Berlín. Algunas versiones sostenían que se había suicidado tres días después, pero también se sospechaba que podía haber salido de Alemania y se había refugiado en la Argentina.
Josef Mengele, el siniestro Ángel de la Muerte del campo de concentración de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros, jefe del grupo de médicos que seleccionaba a las víctimas que eran ser ejecutadas en las cámaras de gas. Después de la guerra había logrado escapar a Sudamérica. Se sabía de su llegada en barco a Buenos Aires en 1949, donde había vivido diez años, hasta que perseguido por Simon Wiesenthal, huyó primero al Paraguay de Stroessner en 1959 y un año después a Brasil. Había muerto ahogado tras sufrir ataque cardíaco mientras nadaba en la playa de la localidad brasileña de Bertioga en 1979 y enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard.
Los otros tres
El oficial de las SS y miembro de la Gestapo Walter Kutschmann había estado a cargo del grupo de exterminio Einsatzgruppen en la Polonia ocupada, donde se los responsabilizaba de miles de muertes. En 1944 fue trasladado a París como oficial de 1944, pero había desertado en 1944 para refugiarse en España bajo la falsa identidad de Pedro Olmo. Con esa identidad llegó en 1948 a la Argentina, donde fue directivo de la empresa Osram. En 1975, cuando vivía en Miramar, fue descubierto por el periodista Alfredo Serra, de la revista Gente, que publicó un artículo que lo expuso. Huyó antes de que lo detuvieran. Fue detenido en 1985, en Vicente López, pero no alcanzó a ser extraditado porque murió ese mismo año.
Eduard Roschmann, El Carnicero de Riga, responsable de más de cuarenta mil muertes el gueto de Riga, en la Letonia ocupada por los nazis. Al final de la guerra huyó a Austria, donde fue capturado y luego liberado en 1947. Al ser reconocido por sobrevivientes de Riga, se lo detuvo nuevamente, pero escapó durante un traslado. Llegó a la Argentina desde Génova en 1948 con un pasaporte de la Cruz Roja que lo identificaba como Federico Wegener. En 1977 huyó a Asunción ante el peligro de ser extraditado pero murió un mes después en un hospital, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras.
Josef Franz Schwammberger estuvo a cargo de varios campos de concentración en Cracovia, Polonia. En 1948 escapó a la Argentina, donde vivió oculto por las autoridades locales hasta que finalmente fue detenido en 1987 y extraditado a Alemania. Fue condenado por el tribunal regional de Stuttgart a cadena perpetua. Fue encontrado culpable de siete cargos de asesinato y 32 cargos de colaboración en asesinato. Cuando Menem levantó el secreto sobre los archivos de los nazis en la Argentina estaba preso en Alemania.
Del anuncio a la frustración
El mismo día que Menem firmó el decreto, las siete carpetas de la Policía Federal fueron enviadas desde la Casa Rosada al Archivo General de la Nación. Aunque la medida de buscar y entregar los archivos secretos involucraba a “todo organismo del Estado Nacional”, esas siete carpetas fueron las únicas que vieron la luz. Con el correr de los días se vio que ninguna otra repartición entregaría nada.
También se comprobó que el material desclasificado aportaba poco o nada. Si bien había algunos registros de huellas dactilares y de las identidades utilizadas por los prófugos nazis en la Argentina, la mayoría del material estaba compuesta por recortes de diarios sobre ellos. En el caso de Martín Bormann, los documentos eran apenas unos pocos. La Policía Federal explicó que parte de la documentación se había perdido en un incendio.
En el Archivo General de la Nación provocó sorpresa la cantidad y la calidad del material. Esperaban mucho más.
Por esos días, con pedido expreso de reservar su identidad, un alto funcionario del Archivo conversó con un periodista.
-¿Qué es lo más importante del material? – le preguntó el cronista
-Es más que todo documentación de seguimiento y rastreo de la policía, los números de documentos, las huellas dactilares, las informaciones que fueron recibiéndose sobre sus pasaportes, los diversos nombres que adoptaban, las identidades que les daban los pasaportes o visas de otros países y que usaron para entrar al país… no hay mucho más - respondió.
-¿Qué más hay?
-La mayoría son artículos periodísticos, recortes de diarios.
-¿No le parece poco?
-Mire, yo no puedo asegurar que haya más, pero todo el mundo sabe que fueron decenas los prófugos nazis que pasaron por acá. Me cuesta creer que la policía no tenga nada sobre ellos.
Las expectativas creadas por el anuncio de Menem se transformaron en una enorme frustración.
Los archivos desclasificados no eran más que unas pocas carpetas flojas de papeles sobre cinco criminales.
Siete años después, en 1999, la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA), integrada por investigadores argentinos y norteamericanos, estimó que unos “180 criminales de guerra obtuvieron refugio en la Argentina”.
A los archivos de la Policía Federal se les habían escapado 175.
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