Una pandemia, restricciones de circulación, leyes de presupuestos mínimos, sentencias judiciales, multas. Nada es suficiente para detener a las topadoras. La deforestación ilegal avanza en la Argentina y arrasa con todo.
Durante 2021 en el norte de Argentina el desmonte fue de 110.180 hectáreas, lo que equivale a la superficie 12 canchas de fútbol cada hora. Casi la mitad se registró en Santiago del Estero. Y lo más grave es que el 80% de la deforestación en dicha provincia fue ilegal, ya que se realizó en bosques clasificados en las categorías donde no se permite.
Así lo revela el último reporte anual realizado por Greenpeace Argentina que detalla que en Santiago del Estero las topadoras arrasaron con 52.290 hectáreas, en Formosa, 29.165 hectáreas; en Chaco, 18.068 hectáreas y en Salta,10.657 hectáreas.
“Argentina se encuentra en emergencia forestal. En el año 2014 el Panel Inter gubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que aquí se producía el 4,3% de la deforestación global y que durante la primera década del siglo XXI fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”, recuerda el reporte anual de la ONG.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
“Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria: ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa y los incendios forestales.”, agrega el reporte al que tuvo acceso Infobae.
Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, según los datos oficiales.
En un contexto en el que la deforestación aparece como uno de los principales causantes del efecto invernadero que sufre el planeta y por el que se potencias eventos extremos como las olas de calor, los incendios, las inundaciones y la enorme pérdida de biodiversidad, en la Argentina pareciera que no hay forma de frenarla.
“Desde la sanción de la ley de protección de bosques, los registros de desmonte ilegal eran, aproximadamente del 50%. Pero en 2021, en Santiago del Estero saltó al 80% sumado a que toda la actividad de Chaco fue ilegal porque hay un fallo judicial que ordena detener los desmontes”, explica Hernán Giardini, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“Las multas ya no son una herramienta que sirva. Si son altas, las judicializan y si son bajas, las pagan y siguen desmontando. Nunca reforestan. Es necesario que la deforestación sea catalogada como delito”, indicó Giardini.
Desde 2018 hay proyectos oficiales para penalizar el desmonte ilegal, tanto en la gestión conducida por Mauricio Macri, como en la actual, por Alberto Fernández. La primera intención fue incluir como delito dentro de la reforma del Código Penal, sin embargo, no ocurrió. La actual administración busca reformar la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques.
En noviembre pasado, durante la celebración de la cumbre de cambio climático en Glasgow Escocia, la Argentina fue uno de los países que se comprometió a dejar de deforestar en 2030 y, para conseguirlo recibirá fondos internacionales.
Fue el primer ministro británico, Boris Johnson, el encargado de anunciar el acuerdo global para frenar la deforestación, con el respaldo de los principales países forestales, como Brasil, Indonesia y la República del Congo. Las cifras son grandes. Se trata de 100 países que representan el 85% de los bosques del mundo: 12.000 millones de dólares en fondos públicos para los bosques y más de 7.000 millones en inversiones público-privadas.
Hay 30 instituciones financieras con más de 8,7 billones de dólares de activos mundiales que se comprometen a eliminar las inversiones en actividades relacionadas con la deforestación. Argentina, que comparte con Paraguay y Bolivia un ecosistema único como el Gran Chaco, firmó el anuncio luego de que hablara el presidente Alberto Fernández ante el plenario de Naciones Unidas.
La posición de Argentina está alineada con la de otros países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Bolivia, México y Colombia. La región se mantiene en gran medida detrás de la línea de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, lo que podría dificultar una acción más ambiciosa por su parte.
“Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales”, concluye el reporte.
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