“No quiero ser el pato de la boda”: a 35 años de la detención del represor Suárez Mason en los Estados Unidos

La decían “Pajarito” y tal vez para seguir en la línea avícola dijo más de una vez que no quería ser “el pato de la boda”. Carlos Guillermo Suárez Mason, ex general de división, había sido uno de los hombres más poderosos y despiadados de la dictadura, jefe del Primer Cuerpo de Ejército y responsable del funcionamiento de más de 60 Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Se lo acusaba -entre otras muchas cosas – de más de doscientos secuestros, treinta homicidios y apropiación de hijos de desaparecidos. También se lo acusaría después de ladrón, corrupto y estafador.

Para principios de 1987 estaba prófugo de la Justicia. Mientras el resto de los máximos responsables militares del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura enfrentaba en los tribunales las acusaciones por sus crímenes, “Pajarito” había decidido volar, aunque lo suyo más que un vuelo pareció una fuga como rata por tirante. Eso le costó la destitución y la pérdida de su grado militar, pero le permitió seguir en libertad.

Tres años antes, cuando en la Argentina se iniciaba el histórico juicio a las Juntas Militares y supo que después de eso le tocaría a él, se había escapado a Brasil y de allí voló a los Estados Unidos, donde creyó que nunca lo iban a detener. Consideraba que en Washington estaban en deuda con él por su colaboración con el golpe de 1981 en Bolivia, para el cual envío tropas clandestinamente, y sus aportes de “expertos” argentinos para entrenar a los “contras” que enfrentaban a los sandinistas en Nicaragua.

Se radicó en las afueras de San Francisco, California, donde vivía con total tranquilidad hasta que el sábado 24 de enero de 1987 –el día que cumplía 63 años – un grupo de policía de Interpol le golpeó la puerta para detenerlo.

Tenía pedido de captura internacional y debería enfrentar un proceso de extradición.

Biografía de un represor

Carlos Guillermo Suárez Mason nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1924. Se formó en el Colegio Militar, de donde egresó como oficial en la misma promoción que Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. En 1951 participó del intento de golpe contra el presidente Juan Domingo Perón liderado por el general Benjamín Menéndez y tuvo que exiliarse en Uruguay, de donde regresó en 1955 y se reincorporó al Ejército luego del golpe de la llamada “Revolución Libertadora”.

En 1975, con su compañero de promoción Videla como comandante en jefe del Ejército, fue nombrado comandante del Primer Cuerpo, desde donde participó en la organización del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976.

Desde la sede del Primer Cuerpo, en Palermo, fue el jefe máximo del circuito de represión ilegal. Bajo su jurisdicción operaron más de sesenta centros de detención y tortura, entre ellos Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo. También tenía bajo sus órdenes directas a Ramón Camps, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, dos instrumentos clave del plan sistemático de desaparición de personas.

En 1979 fue nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde donde coordinó acciones extraterritoriales de “expertos” argentinos en Bolivia, Honduras, El Salvador y Nicaragua, todo en el marco de la “guerra contra el comunismo”.

Pasó a retiro en 1982, después de la Guerra de Malvinas y fue nombrado interventor en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Allí, a sus laureles como represor, sumaría los de ladrón y corrupto. En su breve gestión, el pasivo de la petrolera estatal aumentó de manera sideral.

Captura y extradición

En 1984, con la recuperación de la democracia y el comienzo de los procesos a los jefes militares de la dictadura, “Pajarito” Suárez Mason dejó de ser uno de los hombres más poderosos y temidos de la Argentina para convertirse en un prófugo de la Justicia, con orden de captura internacional.

Al ser detenido el 24 de enero de 1987, el proceso de extradición de Suárez Mason quedó en manos de Lowell Jensen, juez Federal del Distrito Norte de California.

El magistrado estadounidense pronto tuvo en sus manos un pormenorizado informa sobre los delitos por los que se buscaba a “Pajarito” (In the Matter of the Requested Extradition of Carlos Guillermo Suarez-Mason), remitido por el presidente interino de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal de la República Argentina, Ricardo Gil Lavedra.

Adjunto al informe que justificaba legalmente el pedido de extradición, el juez argentino envió también una serie de documentos, entre los cuales se encontraban órdenes militares secretas para el exterminio de los oponentes a la dictadura. En la causa por la que se pedía extraditar a Suárez Mason se lo acusaba de 43 cargos de homicidio, 24 cargos de privación ilegal de la libertad y un cargo de falsificación de documento público.

El pedido argentino lo señalaba como “autor responsable de homicidios agravados por alevosía reiterados, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias reiteradas: tormentos reiterados: tormentos seguidos de muerte; robos reiterados; sustracciones de menores; reducción a servidumbre; usurpación; secuestros extorsivos, supresión de documento público”.

La Cámara Federal argentina no acusaba a “Pajarito” de haber cometido personalmente los homicidios, sino que especificaba que como “superior que dirigió y controló los actos de asesinato y secuestro, dado que era el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército; los delitos de que se le acusa fueron cometidos mediante un sistema de órdenes secretas verbales llamadas a controlar la conducta de los miembros del Primer Cuerpo de Ejército” y, por tanto, “la inferencia incontrovertible es que estas órdenes fueron dadas por Suárez Mason”.

Para otorgar el pedido, el juez Jensen debía concluir que “la evidencia presentada constituye causa probable para concluir que Suárez Mason cometió los delitos de que se lo acusa”.

Luego de estudiar el caso, el 23 de abril de 1988, el juez Jensen concedió la solicitud de extradición de Suárez Mason por 39 cargos de homicidio y el cargo de falsificación de documento público.

En los fundamentos, Jensen explicaba: “En los casos en que la Argentina acredite que un delito concreto fue cometido por personas bajo el mando de Suárez Mason, y si las circunstancias del hecho delictivo permiten concluir que tales personas estaban actuando conforme a las directrices del sistema establecido por Suárez Mason, tal demostración será por lo general suficiente para satisfacer el requisito de causa probable en el sentido de que cometió el delito de que se le acusa”.

El indulto y después

De regreso en la Argentina, Suárez Mason fue encarcelado y permaneció detrás de las rejas mientras avanzaba el proceso judicial por los delitos considerados en la extradición: 39 asesinatos y una falsificación. Mientras tanto, sobre su cabeza llovían nuevas acusaciones, que llegaron a sumar 635 crímenes.

Las pruebas eran contundentes, pero no se llegó a la condena. El 30 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó con un decreto dedicado exclusivamente a él, el 2746/90.

Recién en 1999, “Pajarito” fue nuevamente encarcelado por sus crímenes, en este caso por la apropiación de hijos de desaparecidos, un delito no contemplado en los indultos ni en las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Luego fue condenado también, en ausencia, en Italia y reclamado para ser juzgado en España y Alemania. En 2003, luego de la derogación de las leyes de impunidad, volvió a ser procesado por los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1979.

“Pajarito” cantor

Durante los procesos judiciales que debió enfrentar, Carlos Guillermo Suárez Mason -despreciado por sus cómplices durante la dictadura por haber huido- fue el único de los más altos jefes militares que rompió el pacto de silencio e incluso llegó a señalar a sus colegas en la comisión de delitos.

En 1999, durante el juicio por la apropiación de doce hijos de desaparecidos, aseguró que el primer ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, tenía en su poder “listas de personas detenidas por cuestiones relacionadas con la lucha contra la subversión”.

Llegó incluso a mostrar fotocopias de documentos secretos del Ejército con instrucciones referidas a los hijos de desaparecidos con la intención de despegarse de la apropiación de bebés. Uno de ellos, firmado por él, decía: “En caso de conocerse la filiación de los detenidos o desaparecidos y en consecuencia la de los hijos de éstos, el organismo que haya intervenido deberá hacer entrega del o los menores a los parientes de primer grado (…) la entrega deberá efectuarse mediante acta documentada con los datos de filiación de la persona que lo recibe, la fecha y el estado físico de los menores (…) Bajo ningún concepto deberá hacerse entrega de los menores a los vecinos”.

También trató de sacarse en encima no pocas acusaciones apuntando hacia quienes habían sido sus subordinados, sobre todo a los jefes de zonas y subzonas dependientes del Primer Cuerpo de Ejército: “A fin de que pudieran manejarse independientemente se les otorgó la responsabilidad primaria, directa e indelegable de la totalidad de las operaciones militares y de seguridad”, dijo.

En el mismo juicio buscó negar su responsabilidad sobre los Centros Clandestinos de Detención y Tortura que estaban a cargo de la Policía Bonaerense (conocidos como “El Circuito Camps”). “Las policías no estuvieron subordinadas al Primer Cuerpo de Ejército”, declaró.

“A algunos los eliminamos”

Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito”, murió a los 81 años, el 21 de junio de 2005 por la mañana en el Hospital Militar Central, donde lo habían trasladado desde la Cárcel de Devoto para atenderlo de una hemorragia digestiva. El certificado médico dice que murió a consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio”.

Unos años antes, en una entrevista, dejó una declaración que lo pinta de cuerpo entero: “Autocrítica personal no tengo, porque actué dentro de las normas del Ejército. Todos los días uno comete errores, pero no encuentro algo extremadamente grueso con respecto a mi persona. Yo nunca mandé a fusilar a alguien. A algunos los eliminamos. Eso está más o menos claro”.

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