Los abogados hablan raro. Los jueces escriben en latín. Las leyes que debemos obedecer son incomprensibles para quienes no dominan la jerga. Los procesos judiciales son laberintos borgeanos. Grandes lujos que de la profesión que monopoliza el acceso a la justicia (no se puede hacer casi nada en tribunales sin pagarle a un abogado) y de una de las instituciones públicas con menor credibilidad (el 80% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial).
Justicia Abierta viene a simplificar lo que siempre nos preguntamos y no entendemos de ese mundo oscuro en el que se definen los límites de nuestros derechos.
¿Qué es una quiebra o un concurso? Son herramientas pensadas para resolver situaciones de crisis económica o financieras de empresas, pero también de personas humanas cuando entran en cesación de pagos.
¿Qué significa esto? La cesación de pagos no implica que se deja de pagar una obligación aislada, sino que hay una situación generalizada y permanente de falta de atención de las obligaciones patrimoniales de la persona o la empresa.
El concurso (también conocido como “convocatoria de acreedores”) solo lo puede pedir el deudor y lo que busca es que la empresa pueda seguir en marcha porque si bien hay deudas, se trata de un problema de falta de liquidez que se puede resolver.
Lo que se hace entonces es que el deudor llama (convoca) a los acreedores a verificar sus créditos. Esto quiere decir que se establece de cuánto son las deudas y qué tipo de acreedores hay. Esto es así porque la ley establece distintas categorías de acreedores. Por ejemplo, hay acreedores privilegiados, que tienen prioridad de cobro: los laborales (los empleados) y los que tienen a su favor una hipoteca.
Ahí empieza un período de negociación, que ocurre durante un plazo que fija la ley, para establecer quitas o esperas que permitan continuar en actividad mientras se va cumpliendo el acuerdo. Para que haya acuerdo se debe lograr la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores de cada categoría que, a su vez, representen dos tercios del capital de esa categoría.
Si se logra el acuerdo y la jueza del concurso lo homologa, se aplica a todos los acreedores, incluso a los que nunca se presentaron a verificar el crédito o que no aceptaron lo que se negoció.
La quiebra la puede pedir el deudor, pero también los acreedores, ya sea de manera directa o indirecta, lo que ocurre cuando, por ejemplo, se hizo un concurso pero no se obtuvieron las mayorías necesarias para lograr el acuerdo o el acuerdo se hizo y no se cumplió o alguien obtiene su nulidad. La quiebra no busca mantener la empresa en actividad como el concurso, sino liquidar los activos para poder cobrar de lo que quede.
Otra herramienta interesante es el cramdown o salvataje, pensado para que cuando fracasa el concurso igual se pueda evitar la quiebra, que no se puede aplicar para personas humanas. En el salvataje se inscriben distintos interesados que compiten en una nueva ronda de negociaciones con los acreedores (de la que también puede participar el propio deudor) y el que consigue las mayorías necesarias se queda con la empresa. Esto se intentó en el caso del Correo Argentino (la empresa de la familia Macri), pero fracasó porque el Estado, que es el principal acreedor por la falta de pago del canon, no aceptó la propuesta y la empresa quebró. Ahora se está discutiendo la quiebra en apelación.
Pero hay cosas que el salvataje no puede resolver. No sirve, por ejemplo, en los casos en que se forman cooperativas de trabajadores y trabajadoras que intentan recuperar una fábrica. Es que, si bien son los principales interesados en la continuidad de la empresa, no tienen espalda para afrontar otras deudas y competir en un cramdown. ¿Se acuerdan del caso de la fábrica de cerámicas Zanon de la provincia de Neuquén? La empresa entró en concurso en 2001. En 2004 se creó “Fasinpat”, la cooperativa Fábrica Sin Patrones. En 2005 se anuló el proceso de salvataje y se decretó la quiebra directa. Los trabajadores le pidieron al juez de la quiebra continuar en actividad y eso se habilitó con una cesión del espacio y de los materiales y máquinas de trabajo. Pero en 2008 la cesión finalizó y la empresa pasó a remate. Finalmente, la situación se resolvió, pero no por la ley de quiebras: en 2009 se inició un proceso provincial de expropiación que culminó en 2012 y que el juez de la quiebra admitió, por el que Fasinpat se quedó con la fábrica.
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