Una postal del olvido y la desidia que lleva décadas. Mientras las grandes ciudades argentinas saturan su capacidad energética ante la ola de calor que azota al país, las comunidades originarias del norte siguen sin acceder al agua potable pese a que en noviembre de 2021, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó un amparo colectivo para que la Justicia de Salta ordene tal derecho. A fines de enero, la declaración de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia cumplirá dos años.
Pese a ello, el aniversario no será para celebraciones: la falta de agua es trágica en medio de los flagelos nutricionales que se cobró las vidas de 36 menores, entre niñas, niños y adolescentes de las comunidades originarias de la zona durante el primer cuatrimestre de 2021. Otros 7.543 tienen riesgo nutricional en un rango que va desde el nacimiento hasta los 5 años.
Aunque aterradores, esos “datos duros” no reflejan del todo la realidad. “Es grave el déficit a la hora de la registración, por lo cual también hay situaciones de mortalidad infantil que no llegan a ser oficiales porque esos menores no han accedido al Derecho a la Identidad, entonces hablar de números en estos aspectos también demuestra la deficiencia estatal porque la ausencia del Estado durante tantas décadas hace que sea muy difícil tener un diagnóstico acabado de cualquier problemática. Incluso hoy, niños y niñas que nacen en estos territorios muchas veces mueren sin un DNI y no están registrados en esos números”, asegura Martín Plaza, abogado del Programa de Derecho Social de la Niñez de ACIJ, que forma parte de colectivo Infancia en Deuda.
Y los reclamos por la inequidad de acceso al agua potable se replican en toda la provincia: el 70% de los habitantes del Chaco Salteño no accede a este servicio pese a que la Mesa del Agua anunció la contratación de 15 nuevos camiones aguateros, medida que es considerada “insuficiente” por los damnificados y las asociaciones civiles.
“De acuerdo con las y los referentes de las comunidades originarias, la situación demanda más inversiones pequeñas y localizadas para la emergencia y obras estructurales con presupuestos adecuados que garanticen el acceso al agua en los territorios. Desde enero de 2020, se realizaron 20 pozos nuevos y, sin embargo, faltan 40 para garantizar el acceso medianamente equitativo al agua”, explica Plaza.
Frente a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo provincial, desde fines del año pasado las comunidades mantienen distintos cortes de ruta en estos territorios. “No lo hacen creyendo que es la primera salida o la solución; hace años esperan una respuesta y esa es la única manera de darle visibilidad a la situación que están atravesando”, aclara.
La declaración de la emergencia sociosanitaria
En febrero de 2020 se declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia tras el fallecimiento de 9 niños wichis por deficiencias estructurales que aún impiden el desarrollo de vida, como la imposibilidad del acceso al agua potable, a una alimentación sana y a la salud.
“Lamentablemente, en aspectos estructurales no ha variado mucho la situación en estos dos años. Como Infancia en Deuda, en el último año hemos realizado viajes al territorio donde trabajamos en el ordenamiento comunitario -cuenta el abogado Plaza-. Uno de nuestros objetivos es acompañarlos ante las distintas problemáticas de acceso a derechos básicos que tienen las comunidades y en particular las infancias. Por eso, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y las mismas comunidades, reclamamos al Estado provincial porque pese a esta declaración de emergencia aún persisten las mismas problemáticas, cristalizadas a través del Amparo que presentó la Defensoría. Gracias a ellos nos enteramos que había más de 7.500 niños y niñas en riesgo nutricional hasta mediados del año pasado pese a la declaración de la emergencia”.
Pese a ello, rescata los beneficios que se desprenden de esa declaración oficial. “Se logró visibilizar los problemas en el acceso a los derechos básicos en estas comunidades que acarrean décadas de postergación por parte de un Estado que estuvo ausente o con una presencia débil. Ahora esos problemas se hicieron visibles en el plano provincial, nacional como internacional: estos aspectos que ni siquiera eran conocidos por la sociedad capitalina salteña, hoy están en el plano internacional con Naciones Unidas y Cruz Roja que comenzaron a trabajar y a monitorear todas las proyecciones de obras, por ejemplo. Ahora hay muchísimas organizaciones en territorio yendo a asistir y a colaborar con las demandas de las comunidades y a la vez a monitorear lo que allí sucede”.
La cuestión climática y el impacto ambiental
Esta situación de extrema vulnerabilidad en Salta se ve profundizada por el contexto climático, consecuencia de la deforestación que vive la provincia. Estos meses se caracterizan por las altísimas temperaturas (que agravan las situaciones de deshidratación en la niñez) y por intensas lluvias que dejan aisladas a las comunidades. De hecho, las viviendas de 23 familias quedaron bajo el agua por la última lluvia y la crecidas de dos ríos.
Cuenta Plaza que en las localidades de Tartagal y Santa Victoria, como en todas las que se ubican en el norte del mapa, la diversidad climática es muy fuerte: en estos días, la marca térmica superó los 42 grados. “Esto estaba en conocimiento del Estado provincial porque el 1° de octubre, la oficina Nacional de Meteorología publicó un informe que decía cómo iba a impactar el fenómeno de La Niña no solamente en la región sino en particular en el norte provincial. También se sabía que habría un caudal de lluvias importantes que iba a generar los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, lo que generó que hoy 93 personas de una comunidad wichí en Santa Victoria, en el Monte Carmelo, hayan tenido que ser trasladadas porque se inundó toda su comunidad. Se sabía que estos aspectos climáticos iban a profundizar la vulnerabilidad preexistente y no se hizo nada”.
Cuando el informe al que refiere Plaza fue presentado, desde Infancia en Deuda pidieron saber cuál sería el plan de contingencia para tratar de mitigar lo que se sabía se iba a profundizar con estos climas. “Lamentablemente, no hubo ninguna respuesta clara, pero parecería que el plan de contingencia que tenían previsto era aumentar el número de camiones cisternas: había 13 y sumarían otros 15, lo que es claramente insuficiente porque si bien puede ayudar a mejorar las condiciones de distribución de agua, ese no es el único aspecto, hay 40 pozos por hacer. En ese contexto, se reportan gravísimos cuadros de deshidratación, bajo peso y fallecimientos, en las infancias. Ya no se puede esperar más. Es urgente que Salta les garantice el acceso al agua”, reclama.
El calor agobiante, las inundaciones y la poca sombra para guarecerse del sol son consecuencias directas de la deforestación que padece la zona desde hace años. “Hace poco, se publicó otro uniforme sobre el avance de los desmontes en el país, una profundización del agronegocio en el territorio que siempre ha priorizado el desmonte por sobre la conservación de la biodiversidad a fines de contener esta catástrofes”.
Sobre este punto también considera que “hay paradoja” en las decisiones de las obras que se priorizan en la zona: “Avanza con rapidez una obra de autopista Pichanal - Orán, con fondos de Vialidad Nacional, y sin embargo los pozos de agua siguen demorando. Aquí hay una doble vara”, opina y aclara que las comunidades no se oponen a la autopista sino que piden “ser participes de la obra y que se ejerza el derecho de consulta y participación para examinar que no se violen sus derechos de acceso al territorio y al agua porque la obra puede impedir el ingreso a los caminos para llegar al río”.
Otro pedido urgente: la implementación de la Ley 7856
La Ley 7856 sancionada en Salta en noviembre del año 2014 establece la creación de una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional para pueblos originarios. A siete años de su aprobación, aún no fue reglamentada ni aplicada.
“En diciembre del año pasado presentamos un amparo para que la Justicia ordene que se aplica esta ley que, entre otros aspectos, garantiza derechos vinculados con la salud. Entre ellos, garantiza la creación de una red sanitaria intercultural que busca garantizar la participación indígena en la política pública sanitaria”, añade.
Esta norma propone facilitadores interculturales, mecanismo de traslados y una serie de cuestiones que se identificaron en 2014 cuando se identificaron los graves problemas de acceso a la salud por parte de las comunidades zona norte.
“A 7 años, nunca se aplicó porque siempre hay una dilación por parte del Estado que entendemos corresponden a patrones de discriminación estructurada hacia los pueblos indígenas de la provincia, si no es inatendible porque tanta dilación y postergación para estas poblaciones”, finaliza.
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