A 15 años de la detención de Isabel Perón en Madrid por los crímenes de la Triple A

Hacía años, quizás décadas, que María Estela Martínez de Perón no salía en las portadas de los diarios cuando la noche del 12 de enero de 2007 su imagen apareció en las páginas de los medios digitales como anticipo de lo que serían las tapas de papel del día siguiente.

La foto había sido tomada en la capital española, más precisamente en Villanueva de la Cañada, exactamente a las 20.15 de la fría noche madrileña. La expresidenta argentina –el rostro inconfundible pero con registro del paso de los años– aparecía enfundada en un tapado de piel oscura, con la mirada enfocada en el piso, como si quisiera darle seguridad a sus pasos. Podría haber pasado por el registro fotográfico de un paseo nocturno en compañía de algunos amigos o colaboradores sino fuera por una nota discordante encarnada en un policía uniformado que la miraba con fijeza.

Isabelita estaba detenida y se dirigía escoltada hacia los tribunales. En su edición digital, el diario español El País informaba: “La policía española detuvo esta noche en su residencia de Villanueva de la Cañada (Madrid) a la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón, de 75 años, acusada del secuestro y desaparición de un opositor en 1976. La detención de la viuda del tres veces presidente de Argentina Juan Domingo Perón fue ejecutada a las 20.15 por agentes de Interpol”.

Debido a la hora y a la bajísima temperatura de esa noche en Madrid, no había vecinos en la calle cuando la viuda de Perón salió de su casa y subió a un auto gris claro con vidrios polarizados que partió escoltado por otros dos coches con policías de civil. En los tribunales la esperaba el juez Juan del Olmo.

Razones de un procedimiento

El magistrado español había ordenado el procedimiento cumpliendo con una orden de detención dictada por su par argentino Héctor Acosta –titular del Juzgado de San Rafael, Mendoza-, que investigaba la responsabilidad de la viuda de Perón en crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia, durante la cual había firmado tres decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas “aniquilar a la subversión”.

Específicamente, el juez argentino quería determinar qué responsabilidad le cabía en los secuestros y las desapariciones de Héctor Fagetti Gallego y del adolescente Jorge Valentín Verón el 25 de febrero de 1976, perpetrados por un grupo de tareas de la organización parapolicial conocida como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.

La orden de detención había sido cursada por razones de procedimiento desde las oficinas de Interpol en Buenos Aires hacia la sede central de Lyon, en Francia, que a su vez las había remitido a las oficinas de la policía internacional en Madrid.

Con la orden firmada por el juez del Olmo, un grupo de agentes se dirigió al chalet de la calle Valle de Ulzama 16, en Villanueva de la Cañada, a unos 40 kilómetros del centro de la capital española.

Algún aviso debió recibir Isabelita, porque cuando los agentes llegaron a la casa, la expresidenta los esperaba acompañada por un abogado, familiares y un representante. Todos ellos la acompañaron hasta la Audiencia Nacional.

Terrorismo de Estado

Cuando María Estela Martínez de Perón fue llevada a los tribunales españoles hacía 15 días que, también por una orden judicial librada desde la Argentina, estaba detenido en España el jefe operativo de la Triple A, el expolicía Rodolfo Eduardo Almirón.

La Triple A –integrada por policías, civiles y oficiales del Ejército– nació en las catacumbas del Ministerio de Bienestar Social argentino en los últimos meses de 1973. Su ideólogo y jefe intelectual visible había sido el hombre a cargo de ese ministerio y secretario privado de Juan Domingo Perón, José López Rega.

Sus orígenes documentados se pueden rastrear hasta el 1° de octubre de 1973. El 2 de octubre de ese año, el matutino La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, reprodujo en su portada el texto completo de un “Documento Reservado” del Movimiento Nacional Justicialista que contenía instrucciones a sus dirigentes para que “excluyeran todo atisbo de heterodoxia marxista”. Pocas horas después, en su quinta edición, el diario Crónica, de Héctor Ricardo García, también lo reprodujo.

Según La Opinión, el documento había sido leído en una reunión realizada el día anterior en la Quinta de Olivos, de la que habían participado el presidente provisional, Raúl Lastiri; el presidente electo, Juan Domingo Perón -que asumiría su cargo diez días más tarde-; el ministro del Interior, Benito Llambí; el de Bienestar Social, José López Rega; el senador Humberto Martiarena -encargado de la redacción final del texto-, y todos los gobernadores peronistas.

El documento -firmado por Juan Domingo Perón– señalaba que el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, marcaba “el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes”.

A continuación, decía que ese “estado de guerra” debía ser enfrentado y que obligaba “no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes”.

Entre las directivas para llevar adelante esa guerra, había una que causó profunda preocupación a varios de los gobernadores presentes. Decía: “Medios de lucha: Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”.

El documento que, como indicaba su título era “reservado”, no debía trascender, pero uno de los gobernadores, profundamente preocupado por su contenido, se lo entregó a un periodista de La Opinión.

-Esto significa dar piedra libre a los comandos de la muerte – le dijo y le pidió que no revelara su nombre.

Luego de la filtración, el gobierno negó durante tres días la existencia de esa “orden” hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla.

La Triple A

Con esa autorización –que él mismo había fogoneado– José López Rega se abocó a la creación de su fuerza parapolicial, que comenzó a actuar poco después, primero sin firmar sus acciones y más tarde adjudicándoselas mediante brutales comunicados en los que, además de decir a quién había matado anunciaba nuevas muertes.

La primera acción firmada de la Triple A fue el atentado con explosivos contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, el 21 de noviembre de 1973 en el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional.

Pocos días después, la organización difundió un listado de “condenados a muerte” entre los cuales había dirigentes políticos, militantes de izquierda y de la tendencia revolucionaria del peronismo, dirigentes sindicales combativos, actores, actrices, periodistas, militares como los coroneles Luis Perlinger y Juan Jaime Cesio, e incluso el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Muchos de los nombrados debieron exiliarse para salvar sus vidas, otros fueron asesinados.

Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón la Triple A fue incrementando su accionar. Se calcula que, en dos años y medio, sus grupos de tareas asesinaron a alrededor de 3.000 personas.

Entre sus víctimas se cuentan el cura Carlos Mugica, el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el intelectual Silvio Frondizi, el ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler y los abogados Antonio Deleroni y Alfredo Curuchet.

También Héctor Fagetti Gallego y Jorge Valentín Verón, por cuyos secuestros y desapariciones el juez mendocino Héctor Acosta había librado la orden de detención contra Isabel Perón.

“Escaso riesgo de fuga”

María Estela Martínez de Perón llegó al edificio de la Audiencia Nacional a las 9 de la noche madrileña del 12 de enero.

Estuvo detenida apenas una hora y media. A las 22.30, el juez del Olmo, luego de informarle las causas de la detención y los delitos por los cuales se la investigaba y se pedía su extradición, la dejó en “libertad provisional” debido a su edad su estado de salud (estaba recibiendo medicación psiquiátrica) y a que en su caso había un “escaso riesgo de fuga”.

También le dijo que los cargos de los que se la acusaba tenían más de 30 años de antigüedad, por lo cual, salvo que se estableciera fehacientemente que se había tratado de delitos de lesa humanidad –y por lo tanto imprescriptibles– podrían haber prescrito.

Le ordenó, eso sí, presentarse en el Juzgado cada 15 días.

El peor momento que debió atravesar Isabelita esa noche fue cuando la ficharon, le tomaron fotos de prontuario de frente y de perfil, y le hicieron tocar el pianito para dejar sus huellas digitales.

Un segundo pedido de detención

El segundo pedido de detención para extraditarla a la Argentina llegó menos de dos semanas más tarde, el 25 de enero. En esa ocasión, los agentes de Interpol y de la policía española fueron de día al chalet de Villanueva de la Cañada donde –otra vez avisada– Isabelita los esperaba con su abogado para ser conducida a la Audiencia Nacional.

Quien formaba la orden era el juez Norberto Oyarbide en el marco de su investigación sobre los crímenes de la Triple A. En concreto, buscaba determinar su participación en la reunión donde se había decidido asesinar al ex subjefe de la policía bonaerense, Julio Troxler, y si había autorizado o no una compra de armas en el exterior para abastecer a las bandas de la Triple A.

Como la primera vez, María Estela Martínez de Perón se negó a viajar voluntariamente a la Argentina para presentarse ante la justicia y su abogado presentó un recurso contra la extradición ante la Audiencia Nacional.

Fuera de alcance

Isabelita debió esperar poco más de un año para quedar definitivamente fuera del alcance de la Justicia Argentina para responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, en el marco del terrorismo de Estado previo al golpe que la derrocó el 24 de marzo de 1976.

El 28 de abril de 2008, la Audiencia Nacional rechazó los pedidos de extradición y justificó su fallo en dos motivos: la “jurisdicción” y que no estaba probada la responsabilidad de Isabel Perón en los “delitos de lesa humanidad”.

Los jueces se basaron en la propia ley argentina que dice que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión por ausencia del presupuesto representado por su desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente”.

María Estela Martínez de Perón cumplirá 91 años el próximo 4 de febrero. Sigue viviendo en el chalet de Valle de Ulzama 16, en la tranquila localidad de madrileña de Villanueva de la Cañada.

Sus vecinos dicen que sale poco y nada, pero que en la misa de los domingos tiene asistencia perfecta.

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