A un año de la Ley de Aborto: qué funcionó bien y qué debe mejorar

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que compartir motivos, hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos primeros doce meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Entre los datos del Proyecto Mirar ─realizado por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health con el objetivo de monitorear la aplicación de la 27.610─ se destaca que 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público durante el primer semestre de 2021. En ese período, 6.517 personas contactaron a la organización Socorristas en Red para solicitar información. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.

Según el monitoreo además desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. En cambio, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.

“Sin lugar a dudas tener la ley ha sido un avance enorme. Obstáculos, por supuesto. La médica Miranda Ruíz está procesada por ejemplo, aunque hizo en el hospital lo que los protocolos dicen que hay que hacer frente a una interrupción voluntaria. Obstáculos que aparecen también porque tenemos muchos médicos con objeción de conciencia, sobre todo en Formosa, Catamarca, La Rioja y Salta. O la necesidad de hacer traslados para llevar adelante ILEs o IVEs que se complejizan en el interior de las provincias por la ruralidad y el aislamiento. Sin embargo, mi mirada es totalmente positiva. Este es un trabajo de casi 30 años, que comenzaron compañeras con la llegada de la democracia y que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró llevar al objetivo final que era la legalización”, reflexiona Mónica Menini, abogada salteña y parte de Católicas Por El Derecho a Decidir.

En la misma línea habla Nelly Minyersky, abogada especializada en Derecho de Familia y una de las primeras referentas de la Campaña: “Es una maravilla que tengamos la ley. Yo no sé si todas y todos se dan cuenta de lo que significa. La ley tiene un sentido enorme de dignificación de los derechos de la mujer. Es un giro copernicano, porque durante siglos las mujeres hemos vivido los derechos sexuales y reproductivos como algo de lo que no se hablaba, que daba vergüenza. El sufrimiento ha sido infinito. Pero hay que pensar también que una ley no es una varita mágica. Una ley nos permite actuar en derecho y eso nos crea como seres humanos pertenecientes a la comunidad. O sea, ahora sabemos que lo que hacemos está avalado por la normativa. Porque por más que nosotros pensemos que una conducta es correcta y es justa si no tiene la consagración de la ley debemos luchar. La institucionalización es lo que nos facilita. Facilita que el médico no tenga miedo, que una mujer no considere que es delito tener relaciones sexuales. En resumen: la ley no es suficiente pero es imprescindible”.

Desiguales

Una de las marcas más contundentes que surge del Proyecto Mirar son las desigualdades entre territorios. A modo de ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional, y la tasa del aborto ─que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y personas en edad fértil─ muestra otra brecha: mientras en la ciudad de Buenos Aires es de 5.6 y en Tierra del Fuego de 4.3, en Chaco (0.9) y en Formosa (0.6) esa tasa es sensiblemente menor.

En diálogo con Infobae, Mariana Romero ─médica epidemióloga del equipo de investigación─ propone abordar desde lo distinto: “Formosa, Chaco… tienen situaciones que históricamente combinan problemas estructurales. Diría factores culturales y socio-sanitarios complejos que van a ser un desafío para la puesta en marcha de la política. Y que merecen más asistencia técnica, más ayuda, más acompañamiento. Porque justamente la política debe tender a igualar las condiciones. Por eso es importante poder mirar esta heterogeneidad no para juzgar, sino para pensar intervenciones adecuadas a esas provincias”.

Una heterogeneidad que no solo es geográfica. En Argentina habitan 36 pueblos y naciones indígenas. El conocimiento de los derechos sexuales y (no) reproductivos para las mujeres originarias se limita, especialmente, por la falta de capacitación y de difusión de información en sus lenguas.

Mariana Ortega ─docente e investigadora de la organización de mujeres indígenas ARETEDE─ resalta esta costumbre histórica del Estado de “olvidar” un enfoque intercultural a la hora de diseñar y planificar políticas públicas y normativas.

“La interrupción del embarazo en el interior y puntualmente en las comunidades originarias de Salta es un tema complejo que está atravesado por muchísimas variables. Se suma que la desinformación es muy grande. Cuando hacemos talleres para hablar sobre la ley, sobre la práctica y lo que dice el protocolo de acceso a la IVE/ILE en los hospitales las compañeras siempre tienen muchas preguntas, muchas inquietudes. No se conoce lo que significa”.

Conquista que se cuenta y vibra

Desglosar los datos que durante este año fueron publicando algunas zonas admite sintonía fina sobre las decisiones tomadas. Se destaca, entonces, que en el municipio de Rosario, en CABA y en la provincia de Buenos Aires la estrategia de ampliar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de atención primaria ─Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)─ facilitó acercar la práctica a la ciudadanía y dejar el hospital para casos que requerían intervenciones quirúrgicas, cuidados específicos o para abortos del segundo trimestre.

“Cuando el servicio está cerca de la gente el acceso es más temprano. En la ciudad de Buenos Aires, entre el 82% y el 85% de las interrupciones se hacen en el primer nivel de atención. Ahí se pueden garantizar ambulatoriamente, con calidad, con acompañamiento, con medicamentos. Si logramos eso, estaremos llegando muy bien. Porque sabemos que cuanto más tempranas las interrupciones, más seguras, más sencillas y con menos complicaciones”, explica Romero.

Pero no solo de números se hacen los balances. El aniversario de la ley 27.610 dio pie a un diagnóstico cualitativo, a partir de experiencias y relatos de actoras clave del proceso de implementación de la política.

Natalia Maccorin es psicóloga e integrante de la regional oeste de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, un espacio federal que agrupa más de 700 equipos de salud garantes de abortos seguros: “Hay un trabajo de mucho tiempo hasta alcanzar la ley que legitimó la voluntad, que es distinto a pensarlo a partir de la causal. Lo que permitió en algún punto la ley es que las mujeres se puedan empoderar respecto de la decisión en sí y no que necesiten de justificaciones personales ni de profesionales que justifiquen la causa. Es una variación de paradigma en términos de conquistas de sentido, de poder habilitar ─así como se habilita la maternidad─ que haya personas que no quieran maternar en determinado momento. Y eso vale como decisión. Es una conquista”.

La conquista vibra a su vez en los cuerpos de los equipos de salud a cargo de concretar la norma. Viviana Manzur es referente de acceso a IVE/ILE del Programa Coordinación Salud Sexual, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la ciudad de Buenos Aires: “Si yo pudiera transmitir la sensación corporal que ahora tenemos cuando atendemos y la modificación que en ese sentido se produjo… La cuestión de tener que encontrar las causales, de tener que preguntar, pero no una pregunta que tuviera que ver con el cuidado, sino una pregunta que tenía que ver con fundamentar y así cubrirnos de que no estábamos haciendo una práctica ilegal. Había una parte de nosotros que no le importaba demasiado y que hacía lo que fuera para que la causal estuviera expresada. Pero había otra parte de nosotros que estaba muy incómoda al preguntar. Era muy difícil preguntar sin que esa pregunta tuviera un tono a juzgamiento. Ahora corporalmente decimos ‘buenísimo que nos cuentes los por qué para que yo te pueda acompañar mejor, pero no es necesario justificarlo. Tu sola decisión alcanza’. Eso genera un cambio en la actitud y en la atención que se percibe en el cuerpo. La sonrisa de los equipos de los primeros días luego de la aprobación tenía que ver con eso”.

Marchas y contramarchas

La disponibilidad de insumos es un indicador fundamental de la capacidad de respuesta/oferta de la política sanitaria de acceso al aborto. El misoprostol y la aspiración manual endouterina (AMEU) son dos de las tecnologías que actualmente garantizan abortos seguros en el país. El misoprostol forma parte de la canasta de insumos de la DNSSR y se distribuye a los depósitos provinciales y en algunas situaciones a los servicios de salud directamente, a través del Programa Remediar.

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de insumos (misoprostol) distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos de todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.

Pero mientras este circuito toma carrera, otra pata vital del engranaje parece andar cojeando. Así lo marca Valeria Bonetto, médica del Hospital Interzonal Paroissien en Isidro Casanova y Secretaria de Género de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP): “En el acompañamiento post aborto estamos observando falta de métodos anticonceptivos: implantes subdérmicos, inyectables mensuales y trimestrales, DIU. Esto no puede suceder. Las mujeres y personas gestantes tienen que tener la posibilidad de elegir su propio método de cuidado”.

El artículo 6 de la ley 27610 plantea que, una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe poner a disposición de las personas gestantes que lo requieran información actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.

“El acceso a las mujeres a un anticonceptivo o a un turno en ginecología no es algo fluido. Cuando tenemos el recurso material, el DIU, nos cuesta conseguir el turno de quién lo coloque. Por esta articulación difícil entre el profesional y el recurso a veces llegamos tarde en la intervención con las mujeres. Y esa es una falencia importantísima”, reclama Viviana Miño, trabajadora social del Hospital Paroissien, ubicado en el partido bonaerense más poblado.

“Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”. Estas palabras anunciaron la revolución de la historia. A las 04.12 de la madrugada del 30 de diciembre de 2020, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, y tras una votación de 12 horas, Argentina finalmente despenalizó y legalizó el aborto. Hoy se conmemora el primer aniversario de esta ley que conquistamos. Una ley que hace camino al andar y que necesita tiempo de vida. Pero que ya mismo nos hace más libres que hace un año.

Videos: Matías Arbotto y Gastón Taylor

SEGUIR LEYENDO: