Es un hecho poco conocido –y casi olvidado a 38 años de distancia– que la elección de la fecha del 10 de diciembre de 1983, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, para la asunción del primer presidente de la democracia recuperada no fue una decisión tomada por la dictadura en retirada sino una imposición de Raúl Alfonsín a la última Junta Militar.
La rendición de las tropas argentinas en la Guerra de las Malvinas, el 14 de junio de 1982, no sólo provocó el desplazamiento del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri en la presidencia de facto sino que también marcó el principio del fin de la dictadura.
La cuarta junta de comandantes -integrada por Cristino Nicolaides (Ejército), Rubén Oscar Franco (Armada) y Augusto Jorge Hughes (Fuerza Aérea)- designó al general retirado Reynaldo Benito Bignone como presidente para que iniciara un proceso de apertura que culminaría con la elección de un nuevo presidente democrático.
Quedarse hasta el 84
La idea original de los comandantes era convocar a elecciones para finales de 1983 y luego llevar adelante un proceso de transición de 6 meses hasta la entrega del poder al presidente electo. La primera fecha elegida para e traspaso fue el 25 de mayo de 1984.
El objetivo era ganar tiempo para negociar con las nuevas autoridades antes de entregarles el poder, sobre todo la impunidad de los jefes militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos siete años.
Sin embargo, en los primeros meses de 1983 los jefes de las tres armas se dieron cuenta de que era un plazo demasiado largo. Al desprestigio de las Fuerzas Armadas por la derrota en Malvinas y las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura -y que ya eran de amplio conocimiento público- se sumaban una inmanejable debacle económica y una incontenible oleada de protestas sociales.
En ese contexto, el 12 de julio de 1983, promulgaron el decreto-ley 22.847 (de Convocatoria Electoral), que con la firma del presidente de facto Bignone y el ministro del Interior, Llamil Reston, convocaba a comicios generales para el 30 de octubre de ese año. Ese decreto fijaba el 30 de enero de 1984 como fecha de asunción del presidente electo.
Para eso, en el artículo 6, el decreto-ley establecía que “los electores de presidente y vicepresidente de la Nación que resulten elegidos se reunirán en la Capital Federal, en las capitales de provincia y en la capital del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud el día 30 de noviembre de 1983 a los fines establecidos por el artículo 81 de la Constitución Nacional”. Es decir, para consagrar al presidente y al vice que resultaran elegidos.
También establecía que los diputados y senadores nacionales tomarían posesión de sus bancas el 19 de diciembre pero que entrarían en receso hasta el 30 de enero para recibir el juramento del presidente y el vice.
El triunfo de Alfonsín
El 30 de octubre se realizaron las elecciones que, según el decreto-ley de la Junta Militar, utilizaron el sistema ideado por el “texto constitucional” de 1957, dictado por la autoproclamada Revolución Libertadora, que establecía el sufragio indirecto –o sea, a través de Colegio Electoral- y un mandato presidencial de 6 años sin posibilidad de reelección inmediata.
Aquellos comicios fueron de una polarización completa entre radicales y peronistas. Raúl Alfonsín triunfó con un 51.75% del voto popular y 317 votos de los 600 miembros del Colegio Electoral, mientras que en el segundo lugar resultó el candidato peronista Ítalo Luder, que obtuvo el 40.16% del voto popular y 259 electores.
Los otros dos candidatos más votados fueron Oscar Alende, del Partido Intransigente, con el 2.33% de los votos, y Rogelio Frigerio, del Movimiento de Integración y Desarrollo, con el 1.19%, obteniendo ambos 2 electores cada uno. Los 20 electores restantes fueron a parar a partidos sin fórmula, que ocuparon el 2.23% todos juntos. El restante 2.34% fue a parar a otras candidaturas, que no obtuvieron electores.
Alfonsín logró así una mayoría absoluta en el Colegio Electoral y la transición empezó al día siguiente.
En pocos días, tanto la dictadura saliente como el gobierno electo coincidieron en que el 30 de enero – 3 meses después de la elección – era una fecha que estaba demasiado lejana para la entrega del poder. La Junta Militar supo que no se sostendría ni siquiera esos meses, Alfonsín comprobó rápidamente el desastre que recibía y apuró a los militares para asumir cuanto antes y poner manos a la obra.
El desastre económico
Las primeras señales de alarma las dio el veterano economista radical, Enrique García Vázquez, a quien Alfonsín pensaba designar presidente del Banco Central. En su primera reunión con el presidente saliente del banco, Julio González del Solar, tomo conciencia del desastre heredado: frente a una deuda externa de más de 45.000 millones de dólares, el BCRA tenía apenas 100 millones de dólares de reservas activas.
Era mucho peor de lo que habían imaginado. “Teníamos alguna idea de que el Banco Central estaba en pésimas condiciones, pero no sabíamos que era ésa la magnitud de la deuda, y menos aún que la Argentina tenía tan pocos activos de reservas. Igual, no estábamos tan lejos de la realidad. Pensábamos que la deuda era de unos 35.000 millones de dólares y creíamos que había como para tirar los primeros meses. Y nos encontramos sin reservas. Fue una desagradable sorpresa, porque habíamos calculado que con reservas por 1.000 millones de dólares hacíamos frente a los tres primeros meses”, contó a Infobae Horacio Rovelli, por entonces uno de los jóvenes economistas que colaboraban con quien sería el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun.
Enrique García Vázquez no perdió un minuto y los fue a ver a Alfonsín y a Bernardo Grispun, que estaban reunidos:
-Raúl, Ruso, no nos dejaron nada. Solo deudas – les dijo.
“Con esa plata la Argentina no llegaba ni a diciembre sin caer en default”, le dijo años después Rovelli a Infobae.
La presión de Alfonsín
Era necesario actuar cuanto antes. Alfonsín le exigió a Bignone que adelantara la entrega del poder. El presidente de facto no opuso reparos: el 16 de noviembre –apenas 17 días después de las elecciones– promulgó el decreto-ley 22.972, que modificaba la anterior ley electoral y establecía el 10 de diciembre como fecha de asunción de las autoridades democráticas.
“El adelantamiento al 10 de diciembre de 1983 se hizo porque la situación política y económica era insostenible para las Fuerzas Armadas en el poder, y todos estuvieron de acuerdo en adelantar para iniciar una gestión civil que pudiera encauzar la situación. La crisis económica y social, empezando por la inflación, eran gravísimas y el gobierno militar ya no tenía plan ni poder político para encauzar nada. Las críticas al gobierno por todo ello, y por la represión y su fracaso político, les quitaron toda gobernabilidad para seguir en el poder”, explicó a Infobae la historiadora Marina Franco, autora de El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983).
Por qué el 10 de diciembre
La elección del 10 de diciembre para el traspaso de mando fue una imposición de Raúl Alfonsín a la dictadura saliente. Acorralados, los dictadores no pusieron objeciones.
Fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el presidente electo buscó darle aún más significación a la ceremonia que marcaría la recuperación de la democracia fijándola para el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 como símbolo de un “nunca más” a las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial.
Las razones de esa decisión las contaría muchos años después el socialista Alfredo Bravo, uno de los co-fundadores de la APDH junto a Alfonsín: “Para Raúl, lo simbólico era fundamental. Mucho más en aquellos tiempos que trabajábamos juntos. Asumió la primera magistratura el 10 de diciembre como una forma de reafirmar, una vez más, su compromiso de vida con la vigencia de los Derechos Humanos. Ese día se conmemora la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de asumir como propia la obligación de velar por la condición humana porque, como dice el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ‘el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias’”, explicó en 2001, en una entrevista con el periodista Silverio Escudero.
Para ese 10 de diciembre, el flamante presidente de la recuperación de la democracia tenía pensado otro gesto de fuerte simbolismo. En lugar de dirigirse la multitud reunida en la Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada -que menos de dos años antes había utilizado el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri para arengar al pueblo después del desembarco en Malvinas-, eligió hacerlo desde el Cabildo, donde se gestó el Primer gobierno Patrio.
Por aquella jugada que Alfonsín le impuso a la dictadura fijando el 10 de diciembre para el traspaso de mando, desde 2007 en la Argentina, además de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra –según lo dispuesto por la Ley 26.323– el Día de la Restauración de la Democracia.
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