El caso de la odontóloga detenida por fabricar aceites de cannabis y la paradoja del Estado que no está

Si la ley que permite la industria del cannabis medicinal -con media sanción del Senado y a la espera del voto afirmativo de la nueva Cámara de Diputados- estuviera aprobada y vigente, Edith Bernstein podría haberse inscripto como productora de aceites de cannabis y vendería, de ser aprobada su solicitud, sus preparados no sólo con control de calidad necesario sino también sin riesgo de ir presa ni ser considerada narco.

Pero ese es el plano casi onírico de la Argentina ideal. En el país real, Bernstein está complicada. El juez federal Ariel Lijo decidió destinar parte de los recursos humanos y económicos que le dispensa el Estado -el mismo Estado que ya acepta los beneficios terapéuticos y ancestrales de la planta de cannabis- y durante casi tres años investigó a esta odontóloga platense: el trabajo de la Justicia arrancó cuando un arrepentido por una causa de narcotráfico, con el fin de atenuar su pena, señaló a Edith como vendedora de aceite y desde ahí se profundizó hasta concretarse su detención y procesamiento, el 1 de diciembre, cuando diez agentes de Prefectura Naval entraron a su casa con la prepotencia que una fuerza de seguridad usa para entrar a un aguantadero. Incluyó escuchas telefónicas e investigaciones a la mujer y a su madre, una señora de 86 años.

Así, Lijo comprobó que Bernstein ganaba dinero a costa de venderles aceites y cremas a pacientes, muchos de los cuales la iban a ver con receta médica y todos, sin dudas, con desesperación. Los aceites los aprendió a fabricar luego de que empezara un tratamiento con un médico especialista en dolor y él le indicara no solo que consuma marihuana sino que cultive y fabrique su aceite para vivir mejor. Si el Estado no garantizaba su acceso a la salud, que ella se lo invente. Eso hizo Edith, que padece fibromialgia y, como en muchos casos de personas que sufren esta enfermedad, finalmente la planta le cambió la vida.

Con el paso del tiempo, con cursos y talleres, Bernstein aprendió a hacer un aceite de buena calidad que funcionaba no sólo en su organismo sino en el de muchos otros platenses que llegaban a ella como se llega en un contexto de ilegalidad: de boca en boca.

Si bien desde 2017 Argentina tiene una ley que permite el uso medicinal del cannabis y desde 2020 esa ley tiene una reglamentación seria que habilita el autocultivo para uso medicinal personal, el acceso a los productos cannábicos es prácticamente imposible. Antes de la pandemia muchos cruzaban a Uruguay o a Chile a buscar allí lo que no había acá. Los que tenían más recursos, lo importaban oficialmente desde Estados Unidos o Canadá -a precio dólar- o lo traían entre sus ropas.

El coronavirus cerró las fronteras y la demanda aumentó de la misma manera que creció la cantidad de personas que cultivan y fuman o vaporizan o hacen el aceite en busca de calmar el dolor, los los temblores, las náuseas, la artritis, las convulsiones. Pueden dar fe las organizaciones cannábicas sin fines de lucro que dictan talleres de cultivo: personas de todo el país quieren aprender a sembrar y cosechar la planta de marihuana con el fin de combatir sus dolencias y mejorar su vida.

Cannava, la empresa pública de la provincia de Jujuy cultiva 22 mil plantas en su predio de la ciudad de Perico. El gobernador Gerardo Morales, que busca reemplazar el tabaco por la marihuana en los cultivos de su provincia, salió hace dos semanas a mostrar sus productos a España en busca de compradores y negocios y recibió las felicitaciones por una iniciativa que sin dudas cumple con los estándares de calidad que pide el mercado internacional.

El aceite CBD10 de Cannava empezó a producirse en 2018 con pruebas y desde hace dos meses ya se reparte entre 50 pacientes incluidos en un programa de investigación. Según anunció Gastón Morales, presidente de la empresa estatal, pronto saldrán a la venta en las farmacias. Eso ocurre en la misma Argentina donde el medicamento Convupidiol, a base de CBD, también se vende en farmacias: a la “módica” suma de 66 mil pesos.

El Estado argentino está rengo porque la mayoría de los usuarios de cannabis ni puede gastar 66 mil pesos en un frasco de 35 mililitros ni vive en Jujuy. ¿Entonces qué hace? O cultiva sus plantas y fabrica sus aceites o va en busca de vendedores de aceite en el mercado negro, con los riesgos que eso implica.

Algunos con pésimas intenciones, venden aceite de oliva y engaña a los necesitados. Algunos son cultivadores solidarios que lo regalan o reciben bonos contribución para poder sostener la inversión del cultivo, que no es barata. Otros, muchos, venden un aceite de buena calidad, con un lucro personal módico, a riesgo de ir presos. Era el caso de Edith. Pero sería injusto decir que es la única. Si de algo pecó la odontóloga platense es de ingenua: vendía parte de su producción sin demasiado cuidado.

“Yo le compraba una crema y un aceite para mi mamá. En diciembre de 2020 me salió 1.000 pesos el pote de crema y 3.000 el aceite de 30 mililitros. Funcionó perfecto pero era rara la forma en que lo dispensaba, había que dejarle el dinero en una cajita, con ella hablabas pero no la veías”, comentó una compradora platense consultada por Infobae que, por razones obvias, prefirió preservar su identidad. Ese modus operandi está constatado en la investigación judicial.

Paradójicamente Edith no escondía lo que hacía. Eso habla de la naturalidad con que asumía su rol de proveedora de aceites. Y también su candidez, o su desconocimiento de la frontera legal. Entre los últimos posteos en Facebook figura que participó de un taller de formación sobre cannabis y cuidados paliativos dictado por una médica especialista en dolor e incluso, en julio de 2020, publicó: “Soy la titular de la marca Rem-Cannabis (productos medicinales 100% orgánicos y testeados) altos en CBD”.

Bernstein podría haber estado inscripta en el Reprocann, el registro de usuarios, médicos y cultivadores que habilita a consumir la planta y que controla el Ministerio de Salud. Edith no aparece en el registro, según confirmaron a Infobae fuentes de esa cartera y también judiciales. Ella luego sostuvo que intentó suscribirse y que no obtuvo respuesta.

A su favor, la web de inscripción del Reprocann estuvo caída varios meses de este 2021, supuestamente para mejorar su rendimiento dado el alto nivel de personas que querían entrar a la vez y anotarse (se calcula cerca de 50 mil a esta altura). En su contra, podría haberlo hecho antes.

El Reprocann permite a los cultivadores tener hasta 9 plantas en sus casas para uso personal o para terceros. Tanto los usuarios como los cultivadores necesitan un aval médico: es decir, el profesional de la salud tiene que inscribirse y validar desde allí la indicación de cannabis para cada paciente. Estar en el Reprocann también permite a los usuarios poseer hasta 40 gramos de cannabis en la calle, en un avión o un micro. No habilita, eso sí, a vender, que era lo que Edith hacía, incluso sin estar en el Reprocann, o -si le otorgamos el beneficio de la duda- creyendo que sí lo estaba.

De ahí a que Bernstein sea considerada poco más que una narcotraficante en la investigación del juez Lijo hay una distancia abismal y ridícula. En varios pasajes del auto de allanamiento redactado por los oficiales del juzgado federal 7, al que tuvo acceso Infobae se habla de “estupefaciente” o “sustancia prohibida”, lo que exhibe un desconocimiento sobre drogas estremecedor. Una fuente judicial admitió: “Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley de drogas. No se puede vender. ¿Qué íbamos a hacer?”

En cierto punto, el gran problema es que la ley de drogas, sancionada en 1989, y que considera a la marihuana una sustancia peligrosa, sigue vigente. Y la Justicia, aunque pueda mirar para otro lado, y las fuerzas de seguridad, tienen que actuar. A veces por convicción, otras por desconocimiento y muchas, las más, para engordar las estadísticas de la “lucha contra el narcotráfico”.

El prestigioso médico Marcelo Morante, uno de los referentes de la aplicación del cannabis en la medicina del dolor y además responsable del tema en el Ministerio de Salud nacional suele repetir una frase contundente al respecto: “El principal efecto adverso que tiene el cannabis es la legislación penal”. Algo que desconoce evidentemente gran parte de la Justicia federal argentina.

Edith Bernstein vendía aceites, lo que está prohibido, pero a la vez brindaba una ayuda a mucha gente que necesita el aceite de cannabis. Lucrara o no, ayudaba. Tres mil pesos puede ser mucho pero el único aceite legal sale, en un frasco de igual tamaño, 66 mil.

La odontóloga encontró en el cannabis una respuesta optimista para su vida plagada de dolor. En una entrevista radial con Ernesto Tenembaum contó que sufre de fibromialgia desde niña, que antes se desconocía la enfermedad y que fue agraviada en su familia, porque decían que inventaba y la mandaron al psicólogo. La planta de marihuana le cambió la vida. Edith entró en un mundo nuevo y aprendió a hacer aceites y, quizás, se equivocó al pensar que si el Estado permite el uso, el consumo, el cultivo, ella podía vender a precio popular el aceite. Un narcotraficante no lleva esa vida. Ni vive en un pequeño departamento detrás de un edificio de oficinas, como ella.

Pero Bernstein fue tratada como tal: el 1 de diciembre un camión lleno de agentes de Prefectura nacional la esperaba en su casa. Actuaron brutalmente. En la casa había una señora de 59 años con 12 plantines, 19 mil pesos y dos litros de aceite. Rompieron la puerta, la maltrataron, la tuvieron 12 horas sentada en una silla sin explicarle qué pasaba ni dejarla hablar, no le permitieron tomar sus medicamentos y finalmente se la llevaron esposada a Capital Federal hasta que comprobaron que no tenía antecedentes penales y la dejaron volver a su casa. Pronto tendrá que ir a dar explicaciones al juez Lijo como si fuera el Chapo Guzmán.

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