Hay varios países en el mundo que tienen Ley de Eutanasia: Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y, desde el 25 de junio de 2021, España. En Argentina, si bien desde 2012 rige una Ley de Muerte Digna (Ley N° 26.742), que faculta a quienes atraviesan una situación de salud irreversible a rechazar procedimientos o tratamientos que sólo prolongan su agonía, en la práctica no es tan fácil de llevar a cabo.
Por eso, durante los últimos meses, se presentaron tres proyectos de ley que buscan legalizar el derecho a morir. El más reciente, llamado “Ley Alfonso”, ingresó al Congreso de la Nación este lunes 6 de diciembre. Lo redactó la diputada por la provincia de Córdoba, Gabriela Estévez, del Frente de Todos, junto a un equipo de especialistas, entre ellos, Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.
La normativa, inspirada en el pedido de Alfonso Oliva (un cordobés de 37 años que tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica y murió pidiendo una norma que respetara su derecho a elegir cuándo morir) se suma a la “Ley de Buena Muerte”, presentada a fines de noviembre por los diputados de la UCR Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace; y a la del senador, también radical, Julio Cobos, “Interrupción Voluntaria de la Vida”.
A pesar de las diferencias entre unos y otros, los proyectos de ley tienen un mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad grave, incurable, crónica e irreversible decida cuándo morir.
Una alegría inmensa, varias dudas y temores
Para Elisa “Kuky” Lisnofsky, fundadora del grupo de Facebook “Eutanasia: Derechos y Final de Vida”, que reúne a más de dos mil personas que pelean por la Ley de Eutanasia en Argentina, el hecho de que se hayan presentado al menos tres proyectos de diferentes fuerzas políticas sobre la legalización de la eutanasia es una “alegría inmensa”.
“Como parte del conjunto de voluntades que viene bregando por el reconocimiento del Derecho la Muerte Médicamente Asistida (DMMA), no sólo lo celebramos sino que también nos conmovemos ante la posibilidad de alcanzarlo prontamente”, dice Kuky y comparte con Infobae una carta abierta que escribió en conjunto con los integrantes de la organización que integra, en la que expone las dudas y temores de familiares acerca del debate al derecho a morir que, probablemente, se dé en el Congreso el próximo año.
Uno de los principales planteos de quienes luchan por la eutanasia legal se basa en una posible “burocratización del procedimiento”.
“(...) No caben dudas de que brindar ayuda al proceso de morir de una persona merece resguardos y controles, sería temerario no considerarlo (...). Pero no puede confundirse seguridad y control con intromisión, intervención y dilación en la resolución. Las personas que acuden en busca de esa ayuda ya han atravesado un largo proceso y para muchas de ellas resolverlo es una urgencia. Someterlos a atravesar distintas revisiones y evaluaciones puede llevarles, si se cumplen los plazos, casi dos meses (...)”, dice la carta.
Puntualmente, hace referencia a la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Control, que propone la “Ley Alfonso” (FDT), y a la Comisión de Garantía y Evaluación, que propone la “Interrupción Voluntaria de la Vida” (UCR), cuyo propósito será el de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa y proteger los derechos de los/as pacientes.
“Objetamos el tema de la Comisión porque pensamos que se puede abreviar. Es decir, estamos de acuerdo con la intervención de un médico responsable o de cabecera; un médico consultor, que puede ser un especialista, y deber ser ajeno a la misma institución que el primero; y un buen consentimiento informado. Ahora, que todo eso después tenga que pasar por una Comisión, para nosotros, no hace falta. Lo único que hace es dilatar el tiempo que, para la persona y su entorno, es oro”, apunta Kuky.
“(...) El dolor físico es una urgencia, el dolor psíquico también lo es. Cada caso es un universo en sí mismo. El sujeto de la decisión es el protagonista, su voluntad, sus tiempos y revocar esta decisión si así lo deseara en cualquier momento de este proceso es su derecho. Estamos convencidos que podrán encontrarse otros mecanismos de resguardo que contemplen tanto la necesidad de las personas como la seguridad del procedimiento (...)”, dice la carta.
En comunicación con Infobae, Carlos “Pecas” Soriano, que participó del proyecto de “Ley Alfonso”, que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, disiente con el planteo de Kuky.
“Esto no es burocratizar sino dar seguridad jurídica y tranquilidad a la población de que nadie va a venir a decidir por nadie una eutanasia”, apunta el médico especialista en Emergentología y máster en Bioética. “No se puede llamar burocracia al hecho de asegurarse que una ley sea segura, es decir, que no se cometan exageraciones que puedan vulnerar a la personas, que ya vienen vulneradas por su enfermedad”, dice Pecas.
Para el médico, las dudas vienen del proyecto “Interrupción Voluntaria de la Vida”, que presentó Julio Cobos. A diferencia del proyecto presentado por los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, el proyecto del senador Cobos es más riguroso en cuanto a los requisitos para acceder al derecho a morir.
De acuerdo con el mismo, el paciente que requiera la eutanasia debe cumplir una serie de requisitos. En principio, ser mayor de edad y argentino, o con una residencia en el país mayor a un año. Su salud debe estar alterada de manera “irreversible” por una enfermedad grave, crónica o imposibilitante y, según el proyecto, “con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve”.
“Lo más polémico que tiene ese proyecto es que habla de ‘terminalidad’ y deja de lado patologías como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el Alzheimer avanzado. ¿Cuándo un paciente es terminal y cuándo no? ¿Quién soy yo para decirte que te quedan 6 meses de vida? El proyecto pone a los profesionales de la salud en una encrucijada. No se van a poner de acuerdo con lo que es terminal y con lo que no lo es, porque el mundo no se ha puesto de acuerdo en eso. ¿Quién define la terminalidad? Esa palabra le quita derechos a las personas”, dice Pecas.
En sintonía, desde la organización que integra Kuky, cuestionan “la intromisión de la figura del notario público o de jueces de primera instancia”, que plantea el proyecto de Julio Cobos. “Nada tiene que ver con la voluntad del paciente y alarga los tiempos”, dice.
“(...) En 2009 la Ley de Derechos del Paciente trajo precisiones acerca de lo exigible para el respeto a la autonomía de las personas. De manera inexplicable su modificatoria del año 2012 introdujo la figura de escribano o jueces para el dictado de la Directivas Anticipadas, un absurdo que lejos de facilitar un derecho lo cercenó, vulnerando además el principio constitucional de igualdad ante la ley. Afortunadamente en la posterior redacción del Código Civil y Comercial ese requisito fue dejado de lado. Reincidir en este punto y someter a pacientes al contralor de quienes nada tienen que ver con su atención sanitaria es por lo menos imprudente. Supeditar la actuación de los profesionales de la salud a la aprobación de disciplinas que nada tienen que ver con su facultad es a todas luces inaceptable (...)”.
Tanto Pecas como Kuky ven con buenos ojos que el proyecto de “Ley de Buena Muerte”, impulsado por Alfredo Cornejo, que preside la UCR, Jimena Latorre y Alejandro Cacece contemple que puedan pedir la eutanasia ”ciudadanos argentinos, mayores de 16 años, informados y capaces. También los adolescentes entre 13 y 16 años, asistidos por sus representantes”.
“No tenemos dudas de que en el proceso de tratado de estas leyes se escucharán voces diversas y esperamos poder estar entre ellas con la firme intención de aportar a esa discusión”, se despide Kuky con la ilusión de que en 2022 Argentina se sume a la lista de países que aprobaron la Ley de Eutanasia. “Allí donde hay una necesidad, tiene que haber una ley”, concluye.
EL PROYECTO DE “LEY ALFONSO” COMPLETO
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