La ley de la industria del cannabis quedará para el nuevo Congreso: preocupación y malestar en empresarios y organizaciones

Nadie imaginó en septiembre pasado, cuando en un trámite casi exprés el Senado trató y le dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que el año legislativo podía llegar a terminar sin la legalización de la producción del cannabis para usos medicinal e industrial.

Había impulso oficial y apoyo opositor; interés de todos los sectores por una matriz productiva nueva que, se estima, puede generar miles de puestos de trabajo en poco tiempo. Pero la política argentina siempre se reserva sorpresas navideñas: a causa de múltiples factores, pero principalmente por la traba que provocó la discusión de la ley de Envases, el proyecto cannábico quedó en pausa y, de mínima, deberá volver a las comisiones de Agricultura y Presupuesto para que los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, que asumen el 10 de diciembre, se pongan de acuerdo, firmen el dictamen y lo manden al recinto a votar. Eso podría ser a fin de año o en 2022.

Como en el juego de la oca, el debate por regulación de la industria del cannabis vuelve a empezar. Además de cierto fastidio que generó en el Gobierno, el malestar principal crece entre las organizaciones cannábicas y los empresarios de un sector en plena expansión que esperaban poder iniciar sus proyectos y emprendimientos lo antes posible. Después de la aprobación en comisiones se esperaba que se vote en la sesión del 30 de noviembre, que no existió.

Por eso este jueves 2 de diciembre a las 12 las organizaciones y los empresarios se concentrarán bajo la cúpula del Congreso para pedir que se vote la ley lo antes posible. “La oposición no quiere sentarse a dar quórum y aparentemente no tiene interés en tratar leyes como el acceso a la tierra y envases. Creemos que estamos siendo rehenes de los intereses de una oposición que no le interesan estas leyes. Necesitamos que haya quórum. Con cannabis solo no alcanza, se debe garantizar el acceso a la tierra y bajar el nivel de contaminación. Es responsabilidad de los diputados sesionar, para eso son elegidos”, protestó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, organización que convoca a la marcha junto a Jóvenes por el Clima, Federación Argentina de Cartoneros, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Cámara Argentina del Cannabis, entre otras.

“El tratamiento del proyecto es fundamental porque los alcances de la 27.350 se limitan a la investigación de lo medicinal. Si bien existen distintos proyectos esas iniciativas así no posibilitan la industria del cannabis porque no está contemplado en esa ley. Argentina tiene la posibilidad de posicionarse como proveedor del mundo en productos basados en el cannabis y en el país permitiría que los pequeños productores y las organizaciones, que hoy lo hacemos de manera clandestina, podamos crecer en un marco legal. Tenemos la oportunidad de potenciar la industria ordenada y de forma equitativa y garantizar el acceso a la salud”, amplió Salech.

Al cambiar la composición del Congreso los proyectos que esperan votación en el recinto deben volver a las comisiones. Es el caso de la que trata el “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”. Hace un mes tuvo el apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO) que integran la comisión de Agricultura de Diputados con mandato hasta el 9 de diciembre. Entre los que rechazaron la iniciativa se destacan el vicepresidente de la comisión, Pablo Torello, y, llamativamente, el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile. Pero especialmente la UCR y parte de PRO, desde la oposición, apoyan la iniciativa.

Esa contradicción dolió en el sector cannábico. Según comentaron fuentes del Palacio legislativo a este medio, Juntos no quiso dar quórum para tratar leyes antes del 10 de diciembre. Argumentaron que esta Cámara ya perdió legitimidad y que lo “lógico” sería que los proyectos los voten los diputados entrantes. “Mayoritariamente acompañamos, excepto algunos mendocinos que tienen ciertas observaciones sobre las autonomías de las provincias y algunos del PRO y la Coalición Cívica”, comentó una fuente con banca vigente en Diputados.

La razón de fondo, que algunos opositores admiten, tiene que ver con las diferencias respecto de la ley de Envases ecológicos, que Juntos no quiere aprobar. Para el Frente de Todos era esencial darle media sanción a esa legislación y, al principio, se negoció con ese proyecto adentro como condición. En los últimos días, con tal de avanzar en los proyectos de consenso, el oficialismo ofreció sacarla del paquete y obtener los 129 asientos necesarios para dar quórum. No lo logró, llegó a 124 (117 legisladores propios más siete que no pertenecen al bloque).

Juntos espera la renovación de la Cámara para tratar la agenda económica y ley de alquileres. Se terminaron los chats con Massa y con Máximo para intentar sesionar. “Cannabis no sé si es un tema que enamore para abrir el recinto al kirchnerismo. Están en guerra. Y también hay líos adentro de JxC”, comentó alguien cercano al bloque JxC.

“Ellos están matándose con su interna y no quieren sesionar. Sin ellos no llegamos y con ellos no contamos. Tratamos de sumar nosotros y no llegamos. Ellos dijeron que no se iban a expresar públicamente hasta que nosotros convoquemos. Están en otra, matándose por los bloques entre ellos”, comentó alguien del Frente de Todos.

Desde el bloque que preside Máximo Kirchner quisieran que haya debate antes de la sesión preparatoria del 7 de diciembre. No parece posible, por lo que la fecha siguiente que aparece es la del 15. El Congreso va a funcionar con ordinarias hasta el 31 de diciembre y probablemente haya extraordinarias hasta el 28 de febrero. Tanto desde el Frente de Todos como de Juntos creen que la ley va a salir en ese lapso.

Mientras tanto, crece la bronca y la decepción en el sector que viene militando esta ley desde hace años. La Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann) solicitó en una carta pública “el inmediato tratamiento” y sanción del nuevo marco regulatorio productivo, “una legislación clave” y muy esperada para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

“El cannabis le abre a nuestro país en la pospandemia y ante la necesidad imperiosa de divisas se requieren para la estabilidad macroeconómica, un gran potencial de inversión, producción y trabajo que no podemos seguir postergando. Muchos proyectos provinciales, de Pymes, emprendedores y cooperativas vienen esperando la hora de ponerse en marcha. No hay justificativos para darles la espalda”, remarcó Pablo Fazio, presidente de ArgenCann.

“Es muy importante que se vote ya mismo la ley. La industria del cannabis está en constante cambio y evolución, cuanto más tarde entremos menos posibilidades vamos a tener en esta carrera. Todavía estamos a tiempo de posicionarnos como líderes en Latinoamericana e intentar dar un paso que nos permita generar una industria que dé muchos ingresos económicos al país, genere puestos de trabajo y mejore la salud de muchas personas”, comentó Matías Litvak, especialista argentino que dirige el cultivo de Cann-Il, en la Universidad de Bar Ilan, en Israel, y que asesora en proyectos de cultivo industrial en Argentina.

Damián Barone, propietario de Santa Planta, una empresa de distribución de productos para cultivo y parafernalia, coincidió: “Hay un montón de proyectos que se están pensando en base a esto que prometía tanto. Mucha gente que invierte plata y hace todo de manera muy seria y al sector le trae una incertidumbre muy grande que no se vote la ley. Si bien creo que todo esto recién empieza, afecta un montón. La industria va a seguir creciendo, se frene o no la ley, y es mejor que haya una ley ya”.

“Lo único que se pierde con esta desprolijidad es dilatar el conocimiento que podemos empezar a realizar con la planta. No basta con que salga la ley sino que tiene que haber un plan económico y social estratégico detrás, que acompañe a quienes se metan en el cultivo y post producción de cáñamo y tengan éxito. Brindamos que Kulfas haga lo que está haciendo. Lo que hace ruido es toda la especulación alrededor”, indicó Germán Pereyra de la agrupación Proyecto Cáñamo, que se encarga de difundir los usos industriales no medicinales de la planta.

Además de la producción y comercio de aceites y cremas de uso medicinal, se espera que con la regulación el mercado local disponga de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o “súper alimentos” ricos en Omega 3 y 6, fabricados a base de esta planta y sus semillas. Y que también se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. La proyección módica que hacen en el Ministerio de Desarrollo Productivo es que la nueva industria del cannabis podrá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años y un movimiento de mercado interno por 500 millones de dólares anuales.

En Argentina hay una decena de proyectos relacionados al cannabis, entre los que se destacan los de la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Cannava, o el proyecto productivo público privado de la provincia de San Juan. En ambos casos ya comenzaron la producción. Sin embargo, debido a que falta una ley que regule la producción y comercialización, están atados exclusivamente a la investigación y el desarrollo.

“La ley de uso medicinal no garantizó el acceso a la salud de los pacientes, no garantizó la producción para emprendimientos, a la ley le falta una parte y esa parte es esta ley, que da permisos para cultivar, comercializar, exportar no solo cannabis medicinal sino cáñamo industrial. Es una regulación para el desarrollo productivo, central porque si no las familias tenían que importar productos de Uruguay, Chile o acudir a los cultivadores solidarios o cultivadores que cobran de manera ilegal, con productos que pueden no tener los estándares de calidad”, dijo la diputada Carolina Gaillard (FdT) el pasado 17 de noviembre en la reunión de la comisión de Agricultura donde se firmó un dictamen que ahora, después de la tensión entre los principales frentes que dominan la Cámara, perdió sentido y deberá volver a tratarse.

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