Rincón Bomba: el silencio de Perón y la masacre étnica en Formosa que fue ocultada durante más de medio siglo

En marzo de 2020, la Cámara Federal de Resistencia declaró que la masacre contra el pueblo indígena pilagá en la zona de Rincón Bomba, Formosa, debía ser calificado como un “genocidio”. El crimen contra el pueblo indígena, llevado a cabo por fuerzas de la Gendarmería y la Fuerza Aérea, era de larga data. Había sido perpetrado el 10 de octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón. La sentencia ordenó la reparación económica colectiva del pueblo pilagá, con inversiones públicas de infraestructuras y becas de estudio, pero no la reparación individual de los familiares de las víctimas de la etnia.

La represión de los aborígenes era una triste herencia del peronismo, gestada desde la División de Informaciones Políticas de la presidencia de la Nación, que dirigía el comandante de Gendarmería, general Guillermo Solveyra Casares.

Solveyra había creado y comandado el primer servicio de inteligencia de la fuerza en la década del ‘30 e internó a los gendarmes, vestidos de paisanos, en los bosques del Territorio del Chaco para buscar información que ayudara a capturar a Segundo David Peralta, alias “Mate Cosido” -a quien popularizó León Gieco en el tema “Bandidos rurales”- y otros bandoleros sociales que atormentaban, con asaltos y secuestros, a gerentes de compañías extranjeras y estancieros.

Para la época de la masacre del pueblo pilagá, Solveyra Casares tenía su despacho contiguo al del presidente Perón en la Casa Rosada y participaba en las reuniones de gabinete.

En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, exterminó alrededor de 500 indios de la etnia pilagá en Rincón Bomba, Territorio Nacional de Formosa. Más de dos centenares de ellos desaparecieron durante los veinte días que duró el ataque de los gendarmes, con el apoyo de la Fuerza Aérea.

La operación había sido ordenada por el escuadrón de Gendarmería de la localidad de Las Lomitas en respuesta al temor a una “sublevación indígena”.

Para reducir ese temor, exterminaron a los indígenas.

El conflicto se había iniciado unos meses antes.

En abril de 1947, miles de hombres, mujeres y niños de diferentes etnias marcharon hacia Tartagal, Salta, en busca de trabajo. La Compañía San Martín de El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se había interesado en contratar su mano de obra para la explotación azucarera.

Patrón Costas era el representante político de los terratenientes. Había fundado la Universidad Católica de Salta, luego fue gobernador de esa provincia y presidente del Senado de la Nación. Su candidatura a presidente por el régimen conservador se malogró en 1943 por el golpe militar del GOU. También se acusaba a Patrón Costas de apropiarse de tierras indígenas en Orán.

Lo cierto es que una vez que llegaron a Tartagal, los caciques se rehusaron a que los hombres y mujeres de la etnia trabajasen en condiciones de esclavitud. Habían acordado una paga de 6 pesos diarios y cuando iniciaron sus labores les pagaron 2,5.

Patrón Costas decidió echarlos y los aborígenes retornaron a sus comunidades. Eran cerca de ocho mil.

El regreso se hizo en condiciones miserables, con una caravana que arrastraba enfermos y hambrientos. Durante varios días de marcha, desandaron a pie más de 100 kilómetros hasta llegar a Las Lomitas.

La caravana estaba compuesta por mocovíes, tobas, wichís y pilagás, la etnia más numerosa. Tenían la costumbre de raparse la parte delantera del cuero cabelludo, hablaban su propio idioma, además del castellano, y habitaban en varios puntos de Formosa. Vivían como braceros de los terratenientes, o de lo que cazaban y recolectaban.

Luego de su paso frustrado por Tartagal, se asentaron en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Allí podían conseguir agua. La miseria de la etnia asustaba.

La Comisión de Fomento del pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del Territorio Nacional, Rolando de Hertelendy, nacido en Buenos Aires y educado en Bélgica, y designado en el cargo por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1946.

La falta de recursos en las arcas de la tesorería del Territorio hizo que Hertelendy trasladara el pedido al gobierno nacional.

Perón reaccionó rápido. Conocía el tema.

En el año 1918, al frente de una comisión militar, había ido a negociar con obreros de La Forestal en huelga en el bosque chaqueño y había logrado apaciguar el conflicto. Les había aconsejado que hicieran los reclamos de buenas maneras.

De inmediato, Perón ordenó el envío de tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.

En la segunda quincena de septiembre de 1947, la Dirección Nacional del Aborigen ya los tenía en su poder en la estación de Formosa.

Pero la carga fue recibida con desidia por las autoridades. La ropa y las medicinas fueron robadas, los alimentos quedaron a la intemperie varios días y luego fueron trasladados a Las Lomitas para ser entregados a los aborígenes. Ya estaban en estado de putrefacción.

El consumo provocó una intoxicación masiva: vómitos, diarreas, temblores. Dada la falta de defensas orgánicas, los ancianos y los niños fueron los primeros en morir. Los indios denunciaron que habían sido envenenados. Las madres intentaban curar a sus bebés muertos en sus brazos.

El asentamiento indígena se convirtió en un mar de dolores y de llantos que retumbaban en el pueblo. El cementerio de Las Lomitas aceptó los primeros entierros, pero luego les negó el paso del resto de los cuerpos. Ya había más de cincuenta cadáveres.

Los indígenas los llevaron al monte y enterraron a los suyos con cantos y danzas rituales.

En Las Lomitas se instaló la creencia de que ese grupo de enfermos y famélicos estaba preparando una venganza. Se difundió el rumor del “peligro indígena”, una rebelión en masa contra las autoridades y los vecinos del pueblo.

Desde hacía días, las madres aborígenes golpeaban las puertas del cuartel de la Gendarmería y de las casas de Las Lomitas con sus hijos. Al principio se las ayudó. Pero de un día para otro se las dejó de recibir. La fuerza armó un cordón de seguridad en su campamento y no se les permitió el ingreso al pueblo.

Más de cien gendarmes armados las vigilaban con ametralladoras.

El 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadick y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellano. Era una entrevista a campo abierto.

El comandante tenía dos ametralladoras pesadas apuntando contra la multitud de indígenas, dispuestos detrás de su cacique. Eran más de mil, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos portaban retratos de Perón y Evita.

El cacique exigió ayuda a la Gendarmería. Querían tierras para la explotación de pequeñas chacras, semillas, escuelas para sus hijos. Invitó al comandante para que visitara el campamento y tomara conciencia de sus miserias.

Hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos.

Una indica que los aborígenes comenzaron a avanzar hacia la reunión. Otra, que los hechos se desencadenaron como ya habían sido planeados: provocar una “solución final” al problema indígena en el Territorio de Formosa.

Como fuese, la fuerza estatal abrió fuego contra la etnia desarmada. Lo hizo con ametralladoras, carabinas y pistolas automáticas. Fernández Castellano se sorprendió del ataque y ordenó detenerlo. Sus dos baterías no habían disparado. Pero el segundo comandante Aliaga Pueyrredón, que no estaba de acuerdo con parlamentar con los indígenas, había desplegado ametralladoras en puntos estratégicos y acababa de dar la orden.

El ataque provocó la huida de la etnia pilagá hacia el monte. Algunos arrastraban los cadáveres de sus familiares. Los heridos fueron siendo rematados. La persecución continuó durante la noche; los gendarmes lanzaron bengalas para iluminar un territorio que desconocían. Desde el pueblo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras.

La Gendarmería continuó la matanza porque no quería testigos. Muchos civiles de Las Lomitas, miembros de la Sociedad de Fomento, colaboraron para que el “peligro indígena” cesara en forma definitiva y brindaron asistencia logística. Recorrieron los montes Campo Alegre, Campo del Cielo y Pozo del Tigre para marcar los escondrijos en la espesura.

Muchos cadáveres fueron incinerados. La persecución no dejaba tiempo para enterrarlos. Otros cuerpos fueron tirados en el descampado, en un camino de vacas, y la tierra y la maleza los fueron cubriendo con el paso del tiempo.

El trauma que produjo la represión, y el temor a otras nuevas muertes, fue enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco mencionó que había habido un “enfrentamiento armado” ante la sublevación de los “indios revoltosos”.

Los diarios de Buenos Aires, a mediados de octubre de 1947, informaron sobre la incursión de un “malón indio”, para justificar la masacre.

Perón hizo silencio.

Nadie de la Gendarmería fue castigado.

Lo mismo había sucedido en Napalpí, en el Chaco, en 1924, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, aunque en ese caso existió un proceso judicial para convalidar el ocultamiento.

En Las Lomitas no. Se calcula que entre 750 hombres, mujeres y niños de distintas etnias, en especial los pilagás, murieron a manos de la Gendarmería.

Desde 2005, un grupo de antropólogos forenses realizaron excavaciones por orden judicial en el cuartel de la fuerza de seguridad. Los huesos que encontraron estaban apenas por debajo del nivel de la superficie.

La matanza, además de la tradición oral que se extendió en los pilagá, fue narrada por uno de los represores , el gendarme Teófilo Cruz, que publicó un artículo en la revista Gendarmería Nacional.

En 2010 la documentalista Valeria Mapelman estrenó dos documentales sobre la masacre, Octubre pilagá, relatos sobre el silencio y La historia en la memoria en el que logró registrar historias personales de algunos sobrevivientes y sus hijos, y testigos de la masacre.

Dado que la incursión de la Gendarmería había contado con el apoyo de un avión con ametralladora, la justicia federal en la última década -cuando se inició el expediente-, llegó a procesar a Carlos Smachetti en 2014, que disparó contra los originarios de la comunidad de pilagá desde un avión que había despegado el 15 de octubre desde la base de El Palomar. Murió al año siguiente, a los 97 años. Otro de los imputados que participó de la masacre como alférez de Gendarmería, Leandro Santos Costa, luego se había graduado de abogado y fue juez de la Cámara Federal de Resistencia. Había utilizado una ametralladora pesada para eliminar a los aborígenes, y la Gendarmería lo había condecorado por su “valerosa y meritoria” intervención en el hecho. Murió en 2011, antes de que el proceso finalizara.

En su sentencia de 2020, la Cámara Federal destacó la responsabilidad del Estado Nacional al momento de la masacre y lo condenó a reparaciones colectivas, un monumento en el lugar de la masacre, incluir el 10 de octubre como fecha recordatoria, becas estudiantiles a jóvenes escolarizados y un dinero anual para inversiones de infraestructura y otro para sostener a la Federación de pilagá. Y calificó la masacre como genocidio, que había sido rechazada por primera instancia.

Pasaron más de siete décadas del crimen masivo, y las comunidades indígenas perdieron sus tierras y los montes fueron arrasados por las topadoras. Todavía viven en las vías muertas de los ferrocarriles o en la periferia de las ciudades, en busca de una vivienda, un trabajo o algo para comer. Como hace más de setenta años.

Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Su último libro publicado es “Fuimos Soldados. Historia secreta de la Contraofensiva Montonera”. Ed. Sudamericana, noviembre de 2021.

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