La industria del cannabis en Argentina será legal antes de fin de año. La Cámara de Diputados tratará el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado y que ya tiene media sanción. Salvo que ocurra una disputa política inesperada en los últimos días, el debate sería el martes 30, el día siguiente, el 1 de diciembre o en las sesiones de la semana siguiente.
“Sale seguro”, confirmaron a Infobae desde la comandancia del bloque de Frente de Todos. “Bancamos la ley de cannabis, no hay problema con eso”, admitió a este medio una fuente del interbloque de Juntos. Las fuerzas políticas definirán en estos días cuándo, pero el consenso para que se trate en la Cámara baja y se apruebe antes de que pierda validez el dictamen que firmaron las comisiones de Agricultura y Presupuesto está.
De los 34 presentes en la reunión de comisión de Agricultura y Ganadería, 25 votaron a favor de avanzar con el proyecto del “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”, tal como llegó del Senado desde julio pasado. El proyecto tuvo el apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO).
Excepto por posiciones contrarias puntuales, la oposición está interesada en que la ley avance, con un apoyo sólido de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, que necesitan de esta nueva ley para ampliar y motorizar los proyectos industriales cannábicos que tienen en sus respectivas provincias. Morales, de hecho, está de viaje en España motivado, entre otras razones, en cerrar acuerdos que le permitan exportar parte de la producción de Cannava, la empresa pública del Estado jujeño que ya fabrica aceites de CBD.
El bloque del Frente de Todos intenta consolidar el quórum para alguna de las sesiones que vienen: el 30, el 1 de diciembre, el 8 (feriado) o el día siguiente, en la que sería la última del año antes de la reconfiguración de la Cámara con la asunción de los legisladores electos en noviembre. De pasarse para el año próximo, el proyecto deberá volver a las comisiones y actualizar las firmas para el dictamen.
La dificultad radica en posiciones del bloque Juntos respecto de otros proyectos de ley, especialmente el de Envases y también la de Tierras. “Nosotros queremos garantizar el quórum, queremos consensuar para que salga, la sesión es necesaria para que no se caiga el dictamen. Trabajamos para eso”, comentó una fuente del bloque oficialista, que no tiene quórum propio.
“El importante consenso que tuvo el proyecto de Ley con los gobernadores de distintas procedencias políticas en la presentación que se hizo en el Consejo Económico y Social, así como la media sanción en el Senado y en el dictamen de comisiones ahora en la Cámara de Diputados indican que Argentina va a tener un marco regulatorio de la industria del cannabis Medicinal y el cáñamo industrial antes del 10 de diciembre”, comentó a este medio la diputada porteña Mara Brawer, una de las impulsoras del proyecto en la Cámara baja.
“El tema es Envases y armar una sesión la semana que viene, que sería la última. Salvo que prospere la idea de sesionar el 8 feriado o el 9″, comentaron desde el principal bloque opositor, donde creen que “lo más lógico” sería que haya una sesión antes del 10 de diciembre con los temas donde sí hay consenso. Entre estos, está el de cannabis industrial.
La ley prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta, del cannabis y de sus productos derivados.
“La presente ley tiene como objeto establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial regulada”, dice el proyecto desarrollado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, desde 2019 y elaborado durante todo 2020 dentro del Consejo para el Cambio Estructural. Incluyó el aporte de científicos del Conicet, organizaciones cannábicas, empresarios interesados en invertir en el sector y legisladoras de ambas cámaras.
El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país sea un líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial.
“Necesitamos una ley para legalizar la producción y el desarrollo de la industria sujetos a las recomendaciones de Naciones Unidas y los países pioneros en esto, como Israel o Canadá. Las regulaciones apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar trazabilidad de los productos, especialmente en los de uso medicinal. Eso nos va a permitir además tener un producto de calidad. Hoy lo que vemos en el mercado internacional es una variabilidad enorme de precio, y si entramos con marca país de calidad vamos a entrar con buenos precios”, explicó Kulfas a los diputados y diputadas en la reunión de la comisión de Agricultura y Ganadería. Consideró que la prohibición de la variedad de la planta que se usa de forma industrial, que rige en Argentina desde 1977, es “injusta” y hay que cambiarla urgente para desarrollar una nueva matriz productiva.
Con la nueva ley se podrá usar la planta de cannabis de forma integral para producir no solamente aceites y cremas medicinales, también cosméticos, textiles, autopartes, materiales para la construcción, súper alimentos (ricos en Omega 3 y Omega 6), zapatillas, marcos para anteojos, entre muchos otros.
La Agencia tendrá como función regular y reglamentar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, plantas, materia verde y el resto de derivados. En relación con las semillas, la ARICCAME trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para emitir resoluciones especiales para el registro de genéticas de producción local. Hasta ahora, la única forma de conseguir semillas es por importación, lo que dificultaba mucho la investigación y el desarrollo también por entorpecimiento de la ley de drogas, que considera a la semilla un estupefaciente. Eso ya cambió. Muchos de los bancos de semillas extranjeros ya trabajan en la instalación en Argentina. Organizaciones locales, como Criacann (nacida del activismo), también empezaron a desarrollar semillas “industria nacional”. En la última Expo, desarrollada en octubre en La Rural, los referentes de esta cooperativa le entregaron semillas nacionales a Kulfas.
“Nuestro país tiene claras ventajas comparativas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial. Producto de su condición agroindustrial, Argentina cuenta con importantes capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola (incluyendo el desarrollo genético de semillas, un eslabón clave en la cadena del cannabis). Asimismo, cuenta con propicias condiciones climáticas y de suelo, y posee una extensa red de laboratorios nacionales (públicos y privados) y transnacionales que se han mostrado interesados en investigar las propiedades y aplicaciones del cannabis”, dice el anteproyecto en su presentación al Congreso.
El Gobierno repite que su objetivo con la ley es incentivar la industria con los pequeños productores y las cooperativas a través de trámites especiales en las autorizaciones, tasas sociales para el acceso y apoyos técnicos, entre otras formas de acompañamiento. La reglamentación de la legislación prevé un programa especial de adecuación a estos emprendimientos para las organizaciones cannábicas sin fines de lucro que en los últimos años desarrollaron conocimientos y experiencias en los usos terapéuticos de la planta, tales son los casos de Criacann o Mamá Cultiva, entre otros.
La ley de cannabis industrial significará el complemento para la 27.350 que regula el uso medicinal, ya que esta no contempla la producción de aceites, cremas, comprimidos, aerosoles o tinturas que tienen aplicación terapéutica y, si bien permite el uso y el cultivo personal para pacientes, sólo se limita a la investigación y el desarrollo de empresas o instituciones.
“Un marco normativo que regule la producción, industrialización y comercialización de productos derivados del cannabis con fines terapéuticos contribuirá a desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad”, sostiene el Poder Ejecutivo en el mensaje que antecede el articulado del anteproyecto.
“La ley de uso medicinal no garantizó el acceso a la salud de los pacientes, no garantizó la producción para emprendimientos, a la ley le falta una parte y esa parte es esta ley, que da permisos para cultivar, comercializar, exportar no solo cannabis medicinal sino cáñamo industrial. Es una regulación para el desarrollo productivo, central porque si no las familias tenían que importar productos de Uruguay, Chile o acudir a los cultivadores solidarios o cultivadores que cobran de manera ilegal, con productos que pueden no tener los estándares de calidad”, explicó la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) en las reuniones de comisiones de Diputados, semanas atrás.
“Estamos cumpliendo el sueño de Belgrano pero en el siglo XXI. Se puede usar toda la planta, se producen distintos derivados desde la raíz pasando por el tallo, las hojas. Podemos hacer bioplásticos: Mercedes Benz, Audi, BMW y Lotus hacen autopartes con cáñamo. Se puede reemplazar a la fibra de vidrio como aislante del frío, calor y humedad, por eso también se hacen camas para ganado. Se pueden hacer pinturas, solventes, ladrillos, tiene una enorme capacidad productiva y huella de carbono negativo, por lo tanto cumple con los objetivos del desarrollo sustentable”, explicó Brawer en aquel encuentro que terminó con la firma del dictamen.
En una estimación “conservadora”, el Gobierno nacional estima que, de aprobarse la ley, para 2025 Argentina podrá haber generado 10.000 puestos de trabajo en esta nueva industria, USD 500 millones anuales en consumo y movimiento del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones por año.
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