Guglielminetti, el torturador que espió a un presidente y fue detenido por el único crimen que no cometió

En noviembre de 1991 Raúl Guglielminetti, el represor del Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti” y protagonista de una escandalosa foto con Raúl Alfonsín, fue detenido por el único crimen del que fue acusado y no había cometido: el asesinato del empresario Emilio Naum, durante un intento de secuestro en junio de 1985. La Justicia lo sobreseyó. Recién en 2006, luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue condenado a perpetua por su papel en la represión ilegal durante la dictadura

El hecho quedará registrado como una rareza en la vida de Raúl Guglielminetti, (alias) “El Mayor Guastavino”, uno de los miembros civiles más conspicuos de los grupos de tareas de la dictadura. El 27 de noviembre de 1991 fue detenido por el único delito – entre las decenas de los que fue acusado – que no había cometido: el asesinato del empresario Emilio Naum cuando éste se resistió a un intento de secuestro.

Para esa fecha, el represor estaba libre desde hacía pocos meses, después de haber cumplido una condena de cinco años por tenencia de armas, pero había evitado ser juzgado por los crímenes que había perpetrado durante la dictadura, cuando formaba parte del staff del Centro Clandestino de Detención conocido como “Automotores Orletti”.

Su rostro se había hecho conocido apenas recuperada la democracia, por una foto en la que aparecía detrás del presidente Raúl Alfonsín, de cuya custodia había llegado a formar parte por una maniobra de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que lo había infiltrado.

Vocación de espía y represor

En la partida de nacimiento tiene estampado el nombre de Raúl Antonio Guglielminetti, nacido en 1941. A mediados de los años ‘60, sin haber pasado por ningún liceo o institución militar, fue incorporado como “agente civil” al Servicio de Inteligencia del Ejército. Las jerarquías, en esos ámbitos, suelen ser importantes, por eso, siempre de pelo corto y porte castrense, Guglielminetti adquirió el alias de Ángel Rogelio Guastavino y se hacía llamar “Mayor Guastavino”.

Ni su nombre real ni su apodo fueron relevantes hasta el 25 de marzo de 1975 cuando fue contratado por la Universidad Nacional del Comahue (UNC). En el legajo de esa casa de estudios figura que debía cumplir con el “plan de trabajos públicos”. El rector interventor era el rumano Remus Tetu, un personaje curioso ya que en la ficha consular de Brasil, donde llegó tras escapar de Rumania, figuraba como “mecánico”. Llegó a la Argentina refugiado después de la Segunda Guerra cuando Rumania formó parte del esquema de la Unión Soviética. Tetu era un anticomunista fervoroso, que había formado parte del gobierno de ocupación nazi en su país e integraba la organización rumana Guardia de Hierro. Tetu, con ayuda oficial, tuvo la habilidad de declararse doctor en Derecho y Filosofía recibido en Bucarest cuyos diplomas no pudo llevar en su huida.

¿Qué tenían en común Tetu y Guglielminetti además de fraguar identidades y títulos? Ambos formaban parte de la estructura de la Triple A, creada y comandada por José López Rega, ministro de Bienestar Social y por entonces figura clave del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Tetu llegaba a Neuquén desde Bahía Blanca, donde había logrado ser profesor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) desde 1968 y, además, de jefe de la Triple A local desde 1974. En febrero de 1975 logró que lo designaran como interventor de la UNS y su primera declaración fue que iba a “depurar” los contenidos académicos de todas las carreras. Sin perder el cargo en Bahía Blanca, el ministro de Educación Oscar Ivanissevich -a cargo de la cruzada depuradora en el ámbito educativo- puso a Tetu al frente de la UNC. Como Tetu no conocía Neuquén fue que apareció el “mayor Guastavino” en escena.

Periodista deportivo

Guglielminetti tenía una buena cobertura para sus tareas como espía. Tenía carné profesional del diario El Sur Argentino y trabajaba en LU5 -una radio de mucha audiencia creada en los años cuarenta en Neuquén- como periodista deportivo. No bien ganó Héctor Cámpora en marzo de 1973, las agrupaciones peronistas de izquierda tomaron la radio y lo echaron, según contó a uno de estos cronistas “Nano” Balbo, un maestro nuequino que años después sería víctima de torturas realizadas por el propio Guglielminetti.

Su revancha fue cuando Tetu lo hizo empleado universitario. Allí, el agente fungía de virtual guardaespaldas del rector interventor, además de liderar al grupo local de la Triple A. Contó con un presupuesto de 41.000 pesos de manejo discrecional por la resolución 381 del 10 de abril de ese 1975.

En menos de un año, cuando se produjo el golpe cívico-militar del 24 de marzo, ya estaba asignado en la delegación Neuquén de la Policía Federal como parte del Servicio de Inteligencia del Ejército. El mismo día del golpe, al frente de una patota de civil, Guglielminetti detuvo al maestro Nano Balbo, quien vivió para contarla, aunque las torturas infligidas por este agente de inteligencia lo dejaron sordo. Los tormentos, como a otros detenidos por entonces, no los hacía en la sede de la Federal, sino en “La Escuelita”, como llamaban al centro de torturas y exterminio que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 188 de esa localidad.

Balbo salvó su vida, como otros neuquinos, por los firmes reclamos del obispo Jaime De Nevares. Pudo salir a Italia y, años después, dar testimonio ante los tribunales.

Con Aníbal Gordon

Como agente civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército también reportaba Aníbal Gordon, con un prontuario engrosado por pillajes, robos y estafas además de torturas y asesinatos. Gordon fue jefe de Guglielminetti cuando este fue enviado a Buenos Aires, territorio bajo la órbita de Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, general de la Nación a cargo del Primer Cuerpo de Ejército.

Gordon y Guglielminetti alquilaron un taller mecánico en el barrio de Floresta, pegado a las vías del ferrocarril Sarmiento, más precisamente en Venancio Flores 3519. El edificio tenía dos plantas y ambas eran usadas para acopio y venta de chatarra. Sin embargo, la llegada del grupo de tareas comandado por estos agentes civiles tuvo una instrucción precisa de Suárez Mason: convertirlo en un centro de tortura y exterminio en el marco del Operativo Cóndor, un ejercicio de cooperación entre las dictaduras del Cono Sur; es decir, de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Ese taller luego sería conocido como Automotores Orletti y hoy es un Espacio de la Memoria donde están consignados datos precisos tanto de quienes pasaron por allí y fueron exterminados como de quienes pudieron sobrevivir.

Dos de los sobrevivientes fueron el matrimonio José Morales y Graciela Vidallac, ambos militantes de las Fuerzas Armadas de Liberación, capturados en noviembre de 1976. Pese a que José tenía una herida de bala, por el descuido de un guardia, pudieron tomar sus armas y escapar por la puerta de la calle Venancio Flores. El guardia, sin éxito, los corrió en calzoncillos. José y Graciela lograron salir de la Argentina y dar testimonio de lo que era “Orletti”.

El robo y la extorsión

A esa altura, a los generales Suárez Mason y Otto Paladino -jefe de la SIDE por decreto de María Estela Martínez de Perón- ya no les importaba que el “Mayor Guastavino” fuera o no militar de carrera. Cumplía con todos los requisitos. Es decir, no solo cometer torturas y desapariciones sino participar de robos y extorsiones.

La carrera de Suárez Mason, al dejar la jefatura del Primer Cuerpo de Ejército, continuó en YPF. La razón era que José Alfredo Martínez de Hoz utilizaba a la petrolera de bandera para tomar deudas muy superiores incluso al capital de YPF. Suárez Mason, quien nada sabía de petróleo, aprovechó su poder para integrarse al negocio de las empresas privadas que favorecía entregando áreas de explotación cuando era interventor de la petrolera estatal.

El “Mayor Guastavino” no jugó en las grandes ligas del saqueo organizado por la dictadura cívico militar pero sí participó de algunas tropelías notables. Una de ellas la hizo asociado a quien presidía la Comisión Nacional de Valores por entonces (CNV), Juan Alfredo Etchebarne.

Etchebarne, con apoyo de personal del Banco Central, extorsionaba a empresarios. Uno de los casos al menos, derivó en que los grupos de tareas en los que participaba el “Mayor Guastavino” detuviera a 23 empresarios en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

La historia, muy brevemente narrada, pone en blanco sobre negro, la sintonía entre asesinatos y negocios: Industrias Siderúrgicas Grassi existía desde los años cincuenta. En el marco de una de una deuda societaria de otro grupo empresario –Chavanne- los Grassi quedan con la titularidad del Banco de Hurlingham.

El propio José Alfredo Martínez de Hoz se interesó en la “compra” de ese banco. Según consta en las actuaciones de la causa, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, en junio de 1978, en el marco de un congreso de finanzas, el entonces ministro de Economía le dijo a Grassi:

-Queremos comprar el Banco de Hurlingham.

Grassi le dijo que no lo vendía y Martínez de Hoz le replicó:

-No sabés lo que estás haciendo.

Marcela Grassi, hija de René, presidente del grupo empresario, contó ante la Justicia lo ocurrido tres meses después, el 13 de septiembre de 1978, cuando su padre fue secuestrado.

-Eran las 21, 21.30, mi papá estaba en pijamas hablando por teléfono con un amigo, contándole lo que le había pasado con Martínez de Hoz, el avance de Etchebarne sobre las oficinas. Y suena el timbre. Era un personaje alto, de campera negra, que me dice: “Soy el Mayor Gustavino y vengo a buscar a su papá de parte del general Suarez Mason”.

La redada se completó con la detención ilegal de otras 27 personas entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre del año del Mundial de Fútbol. Todos fueron llevados a Campo de Mayo, donde además de militares, fueron interrogadas por miembros de la CNV. Los acusaron de “subversión económica”, una figura contemplada en una ley votada en el Congreso en 1974 y retocada durante la dictadura.

La documentación quedó intacta pero, muchos años después, sirvió para lo contrario: se instruyó una causa federal que derivó en el procesamiento de Etchebarne y de Guglieminetti.

Una SIDE paralela

Cuando asumió la presidencia, Raúl Alfonsín nombró como subsecretario de la Presidencia a Dante Giadone, un ex suboficial del Ejército que armó para espiar en paralelo a la SIDE. Según el propio Giadone, ni Alfonsín ni el ministro de Defensa Raúl Borrás confiaban en los servicios de Inteligencia y decidieron tener un grupo que les brindara datos de primera mano. Como Guglielminetti para 1983 estaba en la Casa Militar -tal como se llama a la oficina de las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada-, Giadone recomendó que lo dejaran en ese puesto.

Al frente de la SIDE, Alfonsín había nombrado a Roberto Pena, quien no podía conducir a los espías heredados de la dictadura. Giadone -según dice en reserva un hombre de Alfonsín- “creía que Guglielminetti nos traía información útil para el gobierno”. Esta SIDE paralela reportaba a la Subsecretaría General de la Presidencia.

El “Mayor Guastavino” sumó a otros criminales que reportaban al 601 como Juan Carlos del Cerro (alias Colores) que había actuado en los centros clandestinos de detención conocidos como El Olimpo y Club Atlético. Tenían oficinas en Leandro Alem 218, muy cerca de la Casa Rosada. Al cabo de un tiempo, llegaron al despacho de Alfonsín informes confidenciales con la trayectoria criminal de Guglielminetti, que también incluían los secuestros extorsivos de empresarios para quedarse con dinero y propiedades.

Por entonces salió una foto que lo mostraba muy cerca del presidente. Fue entonces que algunos medios dijeron que era “custodio” de Alfonsín. Error: era un viejo agente de Inteligencia que trataba de espiar al Presidente surgido de las urnas.

La detención

En 1985 fue detenido a raíz de las denuncias en la Conadep, que lo señalaban como integrante de la patota de “Automotores Orletti”, pero fue liberado luego de que se promulgaran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Volvió a caer preso el 27 de noviembre de 1991, en la causa por la muerte del empresario Emilio Naum, asesinado al resistir a un intento de secuestro el 22 de junio de 1984. Fue el único crimen del que fue acusado y no cometió. La Justicia determinó después que Naum había sido víctima del Clan Puccio, con el que Guglielminetti no tenía nada que ver.

El momento de pagar por su participación en la represión ilegal de la dictadura tardó mucho en llegar, pero ocurrió: fue una tarde de agosto de 2006, cuando ya había caído el sol. El juez Daniel Rafecas ordenó a un grupo de agentes de la Policía Federal que dieran con su paradero. No resultó difícil: Guglielminetti estaba en “La Mapuche”, el nombre que le había puesto a su campo de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

De allí lo llevaron detenido y desde entonces fue condenado por varias causas, alguna de ellas a prisión perpetua.

En 2020, el Tribunal Oral Federal de Neuquén le otorgó la prisión domiciliaria; sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo debido a que la edad de Guglielminetti no era un argumento para olvidar la peligrosidad que había mostrado a lo largo de su vida.

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