La decisión de “no innovar”, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, tomada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, sobre 66 tumbas NN en el cementerio municipal de la capital bonaerense volvió a traer al presente el siniestro papel que cumplió ese lugar durante la última dictadura, que lo convirtió en escenario de entierros clandestinos de detenidos-desaparecidos a quienes se hacía pasar como “muertos en enfrentamientos” y se los inhumaba como NN.
La medida judicial ordena a los responsables del cementerio que “se abstengan de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios” sobre esas tumbas con “restos no identificados”. Se refiere a los cadáveres enterrados allí como NN desde el 18 de septiembre de 2006, cuando Jorge Julio López fue visto por última vez, pocas horas antes de los alegatos –a los que tenía planeado asistir– en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps en la Policía Bonaerense.
El testimonio brindado poco antes por López –que había estado secuestrado en distintos Centro Clandestinos de Detención del llamado “Circuito Camps” entre el 5 de noviembre de 1976 y el 4 de abril de 1977– se consideraba determinante, por lo claro y preciso, para que el tribunal condenara a Etchecolatz, como finalmente ocurrió.
Jorge Julio López no pudo asistir al fallo, para entonces estaba desaparecido por segunda vez. Ahora el juez Kreplak busca establecer si sus restos fueron enterrados como NN en el cementerio.
Los entierros clandestinos
En enero de 1984, un mes después de recuperada la democracia, el director del Cementerio de La Plata designado por el intendente radical Juan Carlos Alberti respondió con precisión burocrática a un pedido judicial impulsado por familiares de desaparecidos.
El informe del director decía: “De acuerdo a lo solicitado en nota de referencia a inhumaciones de NN en el período 1976-1983, según documentación obrante ascienden a la cantidad de 491. (Estas inhumaciones) fueron realizadas en forma individual, existiendo constancia en las respectivas licencias de inhumación de la certificación médica y la firma de la autoridad del Registro de las Personas, requisito imprescindible para su entrada al cementerio local”. En otras palabras, en el cementerio platense no había fosas comunes y todos los entierros de NN realizados durante la dictadura cumplían con los requisitos legales y administrativos.
Lo que nadie sabía en enero de 1984 –aunque los organismos de derechos humanos lo sospechaban– era que esos requisitos habían sido fraguados por médicos de la Morgue de la Policía Bonaerense mediante certificados de defunción falsos que hacían aparecer como NN a personas perfectamente identificadas por el aparato represivo que las había secuestrado y asesinado.
El comisario del cementerio
El sistema de exterminio montado en el “Circuito Camps” había sido pensado paso por paso, desde la inteligencia previa a los secuestros hasta el mecanismo “administrativo” le permitía enterrar a sus víctimas ocultando sus identidades.
Para garantizar este último paso, el jefe de la Bonaerense, Ramón Camps, había nombrado a un comisario de la fuerza como director del Cementerio de La Plata. El hombre se llamaba Carlos Alberto Cianco y cumplió esa función entre 1976 y 1980.
En julio de 2006, Cianco debió declarar ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata en la causa contra Etchecolatz. En su declaración, el comisario, ya retirado, intentó despegarse del funcionamiento del “Circuito Camps”, aunque debió reconocer que fue el propio Ramón Camps quien lo citó en su despacho para ofrecerle el cargo en el cementerio.
“Acepté por obligación, no por colaboración. Creo que me ofreció el cargo por mi honestidad”, les dijo a los jueces, y agregó que Camps lo había amenazado con quitarle la jubilación sino aceptaba el puesto. En su declaración dijo que no les constaba que hubiera habido inhumaciones clandestinas en el cementerio, pero reconoció que “había rumores de que enterraban de noche, que bajaban helicópteros”. Y agregó: “Yo nunca vi que eso sucediera, pero sí supe que por las noches el sereno (del cementerio) se encerraba en su oficina con llave y muerto de miedo”.
Lo que Cianco no supo explicarle al tribunal fue por qué, conociendo esos rumores, no había movido un dedo para investigarlos. En cambio, calculó que durante su gestión se habían realizado enterramientos de “unos cien o ciento cincuenta cadáveres sin identificar”.
“La mayoría los traía la Policía, que presentaba certificados de defunción firmados por los médicos de la morgue policial, donde decía que habían muerto en enfrentamientos”, agregó.
-¿No le pareció extraño? -le preguntó uno de los jueces.
-Nunca noté nada raro -contestó.
-¿Cómo llegaban los cadáveres?
-En cajones cerrados… eran unos cajones de madera económicos.
“Destrucción de masa encefálica”
Junto con el informe elaborado en 1984 por pedido de familiares de detenidos-desaparecidos, el director del Cementerio aportó un cuadro estadístico en el que se observaba “un pico que va desde junio del ‘76 a enero del ‘78; después, los datos marcan una normalidad”.
En ese cuadro se nota un pico muy alto en los meses de octubre y noviembre de 1976, coincidentemente con el momento de mayor escalada de la represión ilegal en La Plata. De acuerdo con los documentos del cementerio, esos cadáveres enterrados como NN son de “muertos en enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad. Y en una inmensa mayoría de los casos, los certificados de defunción firmados por médicos de la morgue policial señalan “destrucción de masa encefálica” como causa de fallecimiento.
La traducción es sencilla: los mataron de uno o más tiros en la cabeza.
La investigación del Libro de la Morgue realizada por la Madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye –junto con sus colaboradores, el médico Ricardo Martínez y la investigadora Karen Wittenstein– logró atar hilos sueltos en la mayoría de los casos: los certificados de defunción de la policía coincidían en el tiempo con secuestros y desapariciones que los comunicados de las fuerzas de seguridad hacían pasar por muertes “en enfrentamientos” y con los enterramientos de NN en el cementerio.
41 asesinatos por venganza
El pico más grande en la estadística de inhumaciones de NN en el Cementerio de La Plata se registra entre el 10 y el 15 de noviembre de 1976.
El 9 de noviembre, cerca de las 19, una bomba destruyó parte del primer piso de la Jefatura de la Policía Bonaerense. En ese momento estaban reunidos allí altos funcionarios y que la explosión produjo once heridos. Entre ellos el subjefe policial, coronel Ernesto Trotz, a quien debió amputársele un brazo; el coronel César Rospide, asesor de Camps, y el director de Investigaciones, Etchecolatz. Un bombero de la Policía murió horas después. La reacción al atentado no se hizo esperar. “En la madrugada, doce subversivos fueron abatidos”, informó al día siguiente un parte oficial de la Zona 1 de las fuerzas represivas.
El libreto es siempre idéntico: autos sospechosos en fuga, persecución, enfrentamiento, muchas bajas entre los subversivos y ninguna entre las “fuerzas conjuntas”. Ocho extremistas muertos a balazos en Los Hornos y cuatro carbonizados en Gonnet.
En los días siguientes se multiplicarán “los enfrentamientos” de las fuerzas de seguridad con “elementos subversivos”. Según los comunicados oficiales, los subversivos muertos suman 41 entre el 10 y el 15 de noviembre; del lado de las fuerzas de seguridad no hay siquiera un herido.
La paradoja de López
Para esa fecha, Jorge Julio López llevaba días detenido-desaparecido en uno de los centros clandestinos de detención que funcionaban en la localidad de Arana, en las afueras de La Plata.
En su declaración durante el juicio contra Etchecolatz dijo que el 10 de noviembre a las seis de la tarde fue testigo de los fusilamientos de varios compañeros de cautiverio en el interior del chupadero como represalia por la bomba en la Jefatura.
Entre el 10 y el 15 de noviembre los policías médicos despacharon 41 cadáveres hacia tumbas anónimas, según consta en el listado del cementerio que la propia burocracia terrorista confeccionó. Treinta muertos por destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego. Los restantes, por carbonización total.
Más de 15 años después de la segunda desaparición de Jorge Julio López –y a 45 años de los hechos que denunció– el juez federal Ernesto Kreplak investigará la posibilidad de que haya sido enterrado como NN en el Cementerio de La Plata, el mismo lugar donde la dictadura se deshizo de sus compañeros de cautivero.
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