Las encuestas de opinión pública revelan este proceso de degradación de la justicia: el Poder Judicial proyecta la más baja aceptación social entre las instituciones del Estado, seguido de inmediato por el Congreso Nacional. Hay falta de credibilidad y percepción de una corrupción generalizada.
Así y todo, en los últimos años hubo un pequeño avance: Argentina cuenta ahora con una Ley Nacional de Víctimas (n°27372) y en provincia de Buenos Aires la Ley 15232 reglamentada en diciembre 2020, que incluye defensor público gratuito. Jurisdicciones como Buenos Aires, CABA, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, Misiones han dictado leyes provinciales de protección a las víctimas o han adaptado el código procesal.
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de “víctima”? ¿Nos referimos únicamente a la persona asesinada? Justamente esta legislación amplía la cobertura de derechos a familiares y allegados de la misma, integrando así una perspectiva inclusiva que comprende el dolor y las consecuencias de toda índole que significa la pérdida de un ser querido en un hecho violento.
Sin embargo, lo que puede parecer evidente -asegurar justicia a las víctimas sobrevivientes de un homicidio o femicidio y que el culpable cumpla su pena- en la Argentina no está del todo garantizado ya que se viene asentando con el correr de los años un sesgo ideológico jurídico que prioriza al delincuente y abandona a la víctima sobreviviente. A las claras el resultado es la impunidad del homicida o femicida.
Esto profundiza la injusticia y alarga aún más el proceso de duelo de los familiares de la persona asesinada. Duelo que, por la naturaleza del hecho, reviste características distintivas de una pérdida de otra índole.
“Diez años no es justicia, es injusticia; ni el duelo nos dejan hacer”, dice Norma, la mamá de Néstor, asesinado el 15 de Enero de 2011, en uno de los videos de una campaña diseñada por la asociación civil Usina de Justicia.
¿Qué lugar ocupa la condena al victimario en el duelo de víctimas sobrevivientes?
Un hecho de sangre que afecta a una familia al azar en las crónicas policiales despierta preguntas sin respuestas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sintió en sus últimos segundos? ¿Entregó todo o se quiso defender?
Así intentamos justificar lo injustificable: ¿existe alguna razón para que alguien cruel decida quedarse con una vida?
¿Qué tienen en común un colectivero, una diseñadora, un policía, una abuela bonaerense y una chica de 16 años que vuelve de karate con su hermana? La crueldad inesperada de un homicida (o femicida) irrumpe en su vida y le da fin de manera violenta. ¿Y qué le queda a su entorno familiar, sus amigos y sus seres queridos? Las víctimas sobrevivientes, ese sujeto social olvidado en el que se transforma alguien después del homicidio de un ser querido, tienen que continuar la vida sin su hijo, su madre, su padre, su hermano, su amigo, su pareja, su abuela. Aquello que diseñaron para su vida -algunos con mucho y otros con poco- cada uno forjando sus propios universos de amor, de placer, de compañía, se desvanece de un segundo al otro transformándose en dolor. El dolor iguala y atraviesa a la sociedad toda.
En una serie de videos en los que hablan las víctimas, realizados a partir de 8 entrevistas conducidas por Marcela Dal Verme, psicoanalista y miembro de Usina de Justicia, esta campaña busca dar voz a los que no la tienen.
En cada entrevista vemos una definición diferente de dolor y el correlato de ese dolor es una forma diferente de pedir justicia. Cada familiar pide justicia por un motivo diferente, pero todos persiguen lo mismo: una sentencia justa que logre mitigar su dolor.
¿Cuál es el rol de la justicia en el duelo de cada víctima sobreviviente cuando hablamos de homicidio o femicidio? Esa pregunta se responde entendiendo el dolor que expresa cada familiar en estas entrevistas que se irán publicando semanalmente. Una breve síntesis de esas entrevistas están en el video que abre esta nota.
Usina de Justicia es una asociación civil conformada por familiares de víctimas de homicidio y femicidio y ciudadanos diversos, todos comprometidos con el dolor crónico e injusto en la Argentina, que busca contener a las personas que sufren la pérdida de un familiar querido en materia jurídica y a su vez reparar la trama social si se logra una sentencia justa. Actualmente asiste los derechos de los familiares de víctimas de homicidio y femicidio con su equipo profesional psicológico y jurídico, llevando adelante más de 60 casos, de los cuales el 75% son masculinos, el 44% menores de 26 años, en su mayoría de GBA (71%), 20% de otras provincias y CABA con 9 por ciento.
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