Treinta mujeres obligadas a prostituirse serán indemnizadas con los bienes de sus proxenetas

Treinta mujeres eran explotadas sexualmente en cuatro prostíbulos de la ciudad de Córdoba por una banda de proxenetas liderada por dos hermanos. La organización fue investigada, enviada a juicio oral y condena. Hasta ahí una causa judicial más. Pero lo novedoso del caso es que las víctimas serán indemnizadas con el dinero que se obtenga del remate de los autos y propiedades que la banda compró con las ganancias del delito. Son poco más de 31 millones de pesos lo que se repartirá.

Así lo establece un acuerdo judicial al que llegaron la semana pasada los acusados, que reconocieron su responsabilidad en los delitos de trata de personas y lavado de dinero, y la justicia federal de Córdoba que llevó el caso. Se fijó una fórmula para la reparación a las mujeres explotadas: las ganancias que obtuvieron los acusados según el tiempo que las víctimas fueron explotadas y la cantidad de clientes o prostituyentes con los que estuvieron y las pérdidas personales de cada una.

Entre 2001 y marzo de 2012 los hermanos Fabio Ricardo y Daniel Alejandro Barey, de 49 y 41 años, fueron dueños de los prostíbulos “Faraón”, “Play Man”, “Macarena” y “Candela”, de la ciudad de Córdoba. Allí eran explotadas sexualmente mujeres de entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad social.

“Mujeres todas ellas de nulos recursos económicos, instrucción incompleta, sin trabajo, residentes en viviendas prestadas y/o muy precarias, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo exclusivo, varias de ellas víctimas de violencia familiar y/o en condiciones de indefensión por diversas circunstancias sociales que constan en el informe correspondiente”, describió la situación de las víctimas la causa judicial a la que accedió Infobae.

En los prostíbulos se “trabajada” con el sistema de “copas”. Los clientes invitaban a tomar algo a las mujeres para luego tener sexo en lo que se conoce como “pases”. Ellas eran obligadas a darle a los proxenetas el 50 por ciento de lo que cobraban. También a pagar su ropa, la comida, los medicamentos, los carnets sanitarios. “Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los acusados para poder subsistir”, se explicó en el expediente.

Las víctimas declararon en la causa. “Debía trabajar todos los días de 11 de la noche hasta las 6, 7 u 8 horas de la mañana. Una vez a la semana tenía un franco. No tenía un sueldo, sino que cobraba una comisión de acuerdo al trabajo que hacía”, contó una de ellas.

Los hermanos Barey fueron acusados junto a otras cinco personas. Se los imputó por el delito de trata de personas y por lavado de dinero. En la causa se estableció que con el dinero que obtenían de la explotación sexual compraron bienes que pusieron a nombre de testaferros, entre ellos su madre.

La causa llegó a juicio oral y se hizo un juicio abreviado. Los acusados reconocieron su culpa y para evitar el juicio pactaron una condena con Carlos Gonella, fiscal federal de juicio de Córdoba, y con Alejandra Mangano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de la Procuración General.

En ese acuerdo, en el que la semana pasada se hizo la audiencia ante la jueza federal María Noel Costa, los Barey recibieron una pena de cuatro años de prisión y otras cinco personas (Selva del Valle Ceballos, Marcela Guzmán, Mafalda Ceballos, Marcela Andino y Graciela González) a penas de tres años de prisión condicional para las dos primeras y la suspensión de juicio a prueba con un resarcimiento económico a las víctimas para las tres restantes.

En la causa se detectó -con la intervención de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de María Del Carmen Chena-, que los acusados lavaron dinero con las ganancias que obtuvieron con la explotación sexual. Puntualmente se identificó que compraron cinco autos (Suzuki Swift, Audi A4, BMW, Suzuki Vitara y un Audi A3) y tres propiedades en la ciudad de Córdoba.

Esos bienes serán rematados y el dinero que se obtenga irá a las víctimas. “Tendremos en cuenta la reciente ley 27.508, que en su artículo 14 introduce como finalidad del decomiso de bienes en casos de lavado cuyo delito precedente sea la trata de personas, el destino específico de reparación integral a las víctimas. Así, la intención del legislador ha sido en todos los casos priorizar el derecho a la reparación integral, por sobre la idea de trasferencia de esos fondos al Estados Nacional sin más”, explicó el fiscal Gonella en el acuerdo con los acusados.

Los fiscales establecieron que la reparación total será poco más de 31 millones de pesos a repartir entre las 30 víctimas, no de forma equitativa sino en proporción al tiempo que estuvieron en los prostíbulos. Hay casos de años, otros de meses de explotación. “La actividad criminal llevada adelante por esta organización puede haber generado un volumen de ganancias ilícitas superior a la sumatoria de la reparación de las 30 víctimas identificadas, monto que alcanza la suma de $31.419.562,63″, sostuvo Mangano, de la PROTEX, en la audiencia.

¿Cómo se calculó la reparación económica? En base a las pérdidas personales de cada víctima y por los beneficios que los condenados obtuvieron por su explotación.

“Las pérdidas personales comprenden los servicios médicos (cuidados físicos, psicológicos y/o psiquiátricos); terapia ocupacional o rehabilitación; gastos de transporte, alojamiento y cuidados de niños; ingresos perdidos (lucro cesante); honorarios de abogados y otros gastos en los que hubiera incurrido y cualquier otra pérdida sufrida por la víctima como resultado directo por la comisión del delito”, detalló Mangano.

“Respecto de la ganancia ilícita derivada de la explotación cabe tener en cuenta que, de acuerdo con los testimonios de las víctimas y los informes de las profesionales del Programa Nacional de Rescate que las entrevistaron, la organización se apropiaba de un 50% de todo lo recaudado mediante la venta de bebidas (´copas´) y la explotación económica de la prostitución ajena (´pases´)”, se detalló en la causa.

Sobre los beneficios económicos que obtuvieron los proxenetas se calculó el tiempo que estuvo cada víctima bajo explotación, un promedio de los clientes o prostituyentes con los que estuvieron y las ganancias que con eso tuvieron los condenados. Esa información -aunque escasa, explicaron las fuentes- se obtuvo de las planillas diarias que se llevaban en los prostíbulos y que se secuestraron en la causa.

Ahora los autos y las propiedades que los acusados compraron serán tazadas y luego rematadas para que el dinero sea repartido entre las víctimas de trata sexual.

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