Cómo vive hoy el autor de la masacre de Patagones, el dolor de la madre de una de las víctimas y un histórico fallo judicial

“Cada día es la muerte, cada día arrancan mi corazón, mis ojos, pelo, uñas. Arrancaron mi vida toda”. Es la frase desgarrada que Marisa Santa Cruz le escribió a los jueces. Es la madre de Federico Ponce, uno de los tres adolescentes que el 28 de septiembre de 2004 murieron bajo las balas disparadas por un compañero dentro del aula de la Escuela de Enseñanza Media 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones en el Sur bonaerense.

Luego de 17 años de inmenso dolor y lucha, los Ponce lograron el primer fallo judicial que responsabiliza al Estado Nacional y provincial por lo ocurrido aquella mañana cuando, mientras los alumnos del 1° B esperaban que empezara la clase de Derechos Humanos, Rafael Juniors Solich extrajo del camperón militar que llevaba puesto una Browning 9 milímetros que le había quitado a su padre agente de Prefectura y, sin mediar palabra, comenzó a tirar.

Además de Federico, murieron Sandra Núñez y Evangelina Miranda; también resultaron heridos Natalia Salomón, Cintia Casasola, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías y Rodrigo Torres. El hecho conmocionó al país e inauguró las masacres escolares en Latinoamérica.

Ahora, la titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón condenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la Prefectura Naval Argentina como corresponsables por lo ocurrido. En su sentencia, Marrón dividió en partes iguales la atribución de responsabilidades: mientras que señaló negligencia e imprevisión por parte de la cartera educativa provincial, a la Prefectura le adjudicó falta de cuidado sobre el arma usada por Juniors, como todos llamaban al autor de los disparos.

La causa civil impulsada con el patrocinio del abogado Néstor Ciccola es la primera de una veintena de expedientes civiles abiertos por los afectados de aquel episodio. Pese al tiempo transcurrido, esos juicios aún no fueron resueltos. Durante dos años, los procesos estuvieron frenados ya que no se lograba notificar a la familia Solich. Luego, el asunto se paralizó en la Corte Suprema de Justicia, que demoró años en determinar si correspondía intervenir a la jurisdicción de Bahía Blanca o a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces también se tomaron su tiempo para determinar si las causas debían tratarse en forma acumulada -como si se tratara de un solo expediente- o si cada cual debía correr por cuerda separada.

Indicios suficientes y descuidos

Para la jueza bahiense, al área educativa provincial le corresponde indemnizar los perjuicios sufridos por los alumnos en tanto propietaria del establecimiento y por no haber garantizado la integridad a los alumnos a su cargo, especialmente tratándose de menores de edad. “El incumplimiento de ese deber de seguridad derivó en el fallecimiento del menor, lo que determina la responsabilidad de la demandada y su obligación de indemnizar los daños ocasionados”, se indica en el dictamen fechado el 7 de julio último y al que Infobae accedió en forma exclusiva.

Pese a que la defensa de la Dirección de Escuelas, a cargo del abogado César Morelli, esgrimió el argumento de que se trató de un caso fortuito y, por tanto, imposible de prevenir, la jueza consideró que “diversas circunstancias y antecedentes fácticos me llevan a considerar que el evento dañoso en el establecimiento educativo resultaba previsible y evitable para la institución”. Y agregó: “La escuela contaba con elementos suficientes como para haber tomado medidas preventivas frente a los indicios de gravedad que mostraba la conducta del alumno Solich. Si a lo anterior le adicionamos la falta de control adecuado por parte de la escuela (ausencia total de un adulto responsable -docente o preceptor-) en el aula al momento del hecho, mal podría la DGCE ampararse en que el hecho se trató de un caso fortuito para eximirse de responsabilidad”.

Respecto de la posibilidad de prevenir el hecho, la sentencia considera, a partir del análisis del Proyecto Educativo Institucional y las declaraciones de las integrantes del Equipo de Orientación Escolar (EOE), que el colegio “contaba con recursos funcionales y humanos específicamente destinados -en lo que aquí interesa- a tratar preventivamente aspectos de convivencia escolar y problemáticas sociales de los alumnos”. En tal sentido, se subraya que, “se encuentra acreditado en autos que la escuela como institución desoyó en forma sistemática una serie de señales alarmantes, no abordando una problemática que aparecía como concreta y palpable en relación con el menor Solich”. Frente a la preocupación del padre de Juniors las profesionales habrían respondido, de acuerdo con los testimonios colectados que “se trataba de una cosa de jóvenes y que ya iba a pasar”. Entre las cosas dichas por el chico ante las profesionales a cargo del EOE María Cristina Madsen -profesora de psicología y asistente educacional- y Josefina Andrea De Francesco -licenciada en servicio social- era que con uno de sus compañeros, Dante Penna, compartían la fantasía de quitarse la vida. Marrón resaltó que el padre de Juniors manifestó esa preocupación a las docentes así como el hecho de que, a su criterio, “la institución no tomó ningún tipo de medida preventiva frente a la compleja problemática de los menores Penna y Solich”.

El fallo también rescata las inscripciones y mensajes sombríos escritos en el pupitre o en el pizarrón (“lo más sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos”; “Si alguien encontró el sentido de la vida, favor describirlo aquí”; o “La mentira es la base de la felicidad de los hombres”) así como los testimonios de miembros de la comunidad educativa que dan cuenta de conductas “atípicas” de Juniors que, se indicó, “demuestra que la problemática del menor Solich era detectable incluso por sus propios pares”. En base a las evidencia recolectadas en la causa penal, se asegura que las autoridades escolares tenían conocimiento del ingreso de alumnos con armas al establecimiento frente a lo cual, no se habían tomado medidas preventivas. Finalmente se señala la ausencia de un adulto responsable frente al aula en el momento de ocurrida la masacre, algo que vulneró la normativa vigente.

“La secuencia de los hechos relatados demuestra que si el personal asignado hubiera ejercido una debida, razonable y lógica vigilancia y control de los alumnos mientras ingresaban al aula y permanecían en ella mientras llegaba el profesor a cargo de la primera hora, podrían haberse evitado o al menos reducido los daños ocasionados y sufridos por los menores”, se indica.

La resolución también recuerda la realización del sumario administrativo nº 5802-3893971/04 a cargo del instructor Rogelio Lozano quien apuntó que “la desatención, la subestimación de problemáticas que se anunciaron como claros síntomas de una probable patología que, pasaje al acto mediante, dio lugar a sucesos tan dramáticos”.

“No requiere mayor prueba, por resultar reconocido por las partes y evidente en el marco de esta acción, que la pistola Browning calibre 9 x 19 mm Nº 05-139.981 y sus respectivos cargadores utilizados por el menor Juniors Solich para desencadenar la tragedia en los términos oportunamente descriptos -v. considerando n°4- son propiedad del Estado Nacional y habían sido asignados como armamento reglamentario a su padre, Sr. Rafael Solich”, apuntó Marrón al evaluar la responsabilidad que le cabe a Prefectura.

Pese a que el suboficial aseguró que el arma se encontraba oculta, la jueza en su decisorio lo califica como un acto de “impericia” al sostener que “el armamento se encontraba depositado en el armario junto con sus cargadores –e incluso cargado conforme surge de la declaración del menor Juniors Solich-, el mismo carecía de las más elementales medidas de seguridad”. Esta situación perfigura una violación a lo dispuesto por la Dirección del Material de la Prefectura Naval Argentina en la Disposición Permanente que estipula una serie de reaseguros para impedir que los otros habitantes de la casa puedan acceder al armamento asignado. De hecho, la jueza recuerda que el uniformado resultó sancionado por este motivo con 45 días de arresto a partir del sumario administrativo N° 05-“R”/04 llevado adelante por la institución.

Marrón concluye que “el cargo del padre en la Prefectura Naval Argentina fue el que posibilitó al menor el acceso al elemento que llevó a la Escuela para ejecutar el hecho”.

Indemnización

El fallo judicial dictado por Marrón ordenó un resarcimiento que alcanza a los padres, Tomás Ponce y Marisa Santa Cruz -que hoy se encuentran separados de hecho- y a sus otros dos hijos: Gonzalo y Maximiliano. En conjunto, la indemnización, en concepto de daños moral y psíquico, cobertura de tratamientos terapéuticos, “incapacidad sobreviniente” y “pérdida de chance” fue establecida en valores del día de ocurridos los hechos a los que debe sumarse un 6 por ciento de interés por cada año hasta que se dicte sentencia definitiva.

Tras el dictamen condenatorio de primera instancia, la causa espera ahora el veredicto de la Cámara de Apelaciones Federal de Bahía Blanca debido a que la provincia apeló la resolución e insistió en la idea de que el hecho no pudo haberse evitado. La Prefectura, en tanto, dejó de litigar hace un tiempo. Si bien aún no hay fecha para el tratamiento del tema, la semana pasada el sorteo del orden de votación de los jueces recayó en la actual titular del cuerpo, Silvia Fariña.

“Esperamos que haya una definición pronto aunque sabemos que no hay ni habrá ningún resultado judicial que pueda revertir este tsunami que destrozó nuestras vidas”, dice Santa Cruz en diálogo con Infobae. No obstante, la mujer advierte que seguirá adelante trabajando para intentar que hechos como éste no se repitan. Para ello junto a varios de los ex compañeros de su hijo constituyeron la organización “28 de Septiembre” que tiene por finalidad sensibilizar y dar charlas sobre la temática de la violencia escolar y brindar ayuda solidaria a quien lo necesite.

“Yo siento el compromiso de madre de estar de pie y seguir adelante más allá del dolor que no cesa”, señala Santa Cruz mientras trabaja en los preparativos para el homenaje que se realizará hoy martes, como en cada aniversario, para recordar a los tres chicos muertos en el aula frente a la costa del Río Negro.

En la respuesta a los agravios planteados por la Dirección de Escuelas, los padres de Federico, decidieron enviar mensajes a los magistrados. Marisa escribió lo siguiente (se transcribe el texto completo de la carta):

¿Quién soy? ¡Soy la mamá de Fede! Desde el 28 de septiembre de 2004, dejé de ser yo. Nunca más lo fui. Ese día pasé a ser la mamá de Fede. No es que no lo fuera. Sí, con mucho orgullo era la mamá de Gonzalo, de Maximiliano y de Federico. La diferencia es que desde el 28/09/2004 solo pasé a ser la mamá de Fede. Digo que dejé de ser yo, porque a partir de ese momento, mi vida dejó de ser tal. Los proyectos, los sueños, el matrimonio y hasta mis otros hijos fueron encapsulados en mi mente, para solo pensar y repensar en la masacre.

En la terrible masacre anunciada por el pedido de auxilio del papá de Juniors al Gabinete de la escuela, los mensajes de Juniors en el pizarrón, los pedidos de las alumnas al preceptor, una escuela donde el personal estuvo sordo y ciego.

Mi vida transcurría en forma tranquila, sin holgura pero vivíamos, Gonzalo estudiando en La Plata, Maximiliano ya había definido entrar a estudiar en Prefectura Naval y Federico, también definido pero a dos años de terminar la secundaria. Siempre fui madre presente en cada una de las actividades de mis hijos, siempre los acompañé y principalmente en su educación. El tiempo dedicado a ellos nunca faltó, ya que siento que los hijos son lo más importante en la vida. En el año 2004, la mayoría de mi tiempo estaba dedicado a Fede. Ya que sus hermanos eran más independientes por su edad y el más chico y mimado; sus compañeros venían mucho a casa ya que Fede, muy buen estudiante y con mucha facilidad en el aprendizaje, les ayudaba en las tareas, además de grabarles música y cantar en todo momento. Era la alegría del hogar, de la familia toda.

Hay que tener en cuenta que desde la tragedia, junto a Tomás, Maximiliano y Gonzalo fuimos los encargados de visibilizar la masacre para que no muera en el olvido. Somos una “ex familia”, hoy desintegrada y disfuncional pero que así y todo nos encargamos de ser la punta de lanza y los que pusieran voz a todos aquellos padres que prefirieron recostarse sobre nosotros, basta con “googlear” sobre “masacre de patagones” o “Escuela Malvinas Patagones” para corroborar esto, en todos lados aparecemos nosotros nucleando el asunto. ¿Acaso esto no es valorable como daño moral o como quieran llamarlo? Injusto sería no ponderarlo. Los padres, la mayoría, hemos protegido a nuestros hijos de todos los peligros existentes y de muchos otros que nos imaginamos, de los cuales también cumplíamos satisfactoriamente nuestro rol, pero pensar que en la escuela nadie, nadie iba a proteger o cuidar de ellos… eso no tiene perdón.

Desde el 28/09/2004 sigo preguntándome por qué se llegó a la MASACRE, con tantos avisos que tuvo la escuela. Gabinete, preceptora, profesores. Muy grave tener tanta indiferencia humana en una institución donde no fabrican tornillos, donde el ser humano es la principal materia. ¡La única materia importante! La licenciada del Gabinete, Cristina Madsen, en la puerta de la Escuela Malvinas, delante de muchas personas, el día que se reiniciaron las clases expresó que creía que yo la iba a matar. Ya estaba admitiendo su irresponsabilidad en el Gabinete. ¡Su indiferencia humana por Juniors y por todos los alumnos! Esto demuestra que ella admitía el error que cometieron y que se transformó en HORROR.

La falta total de responsabilidad en el gabinete, preceptora, profesores y dirección causó muertes y heridos en la población de Carmen de Patagones. En mí, causa diariamente mi muerte. Ojalá ese día, el 28, mi muerte hubiera sido igual que la de Fede. Pero no, esto es inimaginable por quien es madre/padre y no lo vivió. Cada día es la muerte, cada día arrancan mi corazón, mis ojos, pelo, uñas, ARRANCARON MI VIDA TODA.

No tengo resignación: sería la aceptación de algo que NO DEBIÓ SER. La masacre ocurrió porque el personal de la escuela estuvo ausente físicamente y mentalmente. Sin acción de ningún tipo. Los padres del asesino buscaron ayuda en la escuela, pensando que era una institución apta. NO LO ERA y ellos tampoco lo fueron” descuidando” un arma, cargada, y los cargadores. Estaban totalmente en conocimiento de que su hijo sabía disparar, la prueba está, y que su cabeza estaba mal. Que ya había anunciado su suicidio con Dante. Escuela ausente, padres distraídos. UNA BOMBA.

Soy la mamá de FEDE, debo obligarme a cada instante a seguir. A seguir por él. Amaba y luchaba para que cada acto de nuestras vidas familiares, sociales, sea justo. De hecho, su objetivo era ser juez. Y cantante irradiando alegría. Sigo en pie, para que haya justicia por su asesinato, totalmente evitable. FEDE X SIEMPRE. SERÁ JUSTICIA.

Después de todo

Como un eco sordo y persistente, el estampido de los balazos, las sillas cayendo, los cuerpos procurando el frágil refugio de un pupitre, los gritos y la sangre brotando a borbotones, reaparecen a cada momento en Carmen de Patagones tras una ventisca que cimbra una esquina sobre la barranca que da al río, bajo los eucaliptus de la plaza Villarino o cerca del monolito que en la cima del cerro La Caballada recuerda épocas de gestas heroicas en la historia de la ciudad.

El impacto de la masacre escolar se expandió como los círculos que hace una piedra arrojada al agua. Pasó el tiempo pero el dolor no se esfuma. Está ahí, como una herida abierta, marcando a fuego las miradas, los silencios y las murmuraciones. La pena remonta el Río Negro junto a la deriva de las flores y velas lanzadas a su cauce en cada aniversario.

Aquel 28 de septiembre de 2004, tras vaciar el cargador, en una ráfaga que apenas duró ocho segundos, Juniors se convirtió en una sombra, un espectro que carga una mochila inmensa que lo obligó a seguir un tratamiento psiquiátrico permanente, vivir bajo supervisión judicial y reducir al máximo sus vínculos hasta volverse invisible.

Los relatos de testigos del hecho recuerdan que tras cometer el múltiple crimen se desplomó de rodillas en el piso del pasillo y rompió en un llanto cargado de angustia. Dos policías lo detuvieron deambulando como perdido cerca de la puerta del establecimiento. De ahí fue llevado a la comisaría local y desde entonces vive institucionalizado y sujeto a supervisión judicial.

El caso recayó en la jueza de Menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, quien lo consideró inimputable ya que entonces tenía 15 años, uno por debajo de la ley que determina la punibilidad.

Como las autoridades no sabían qué hacer con él, Juniors pasó algún tiempo en una dependencia de la Prefectura bahiense hasta que fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada, un penal de máxima seguridad para chicos en conflicto con la ley. Ahí la pasó muy mal y hasta habría llegado a autoagredirse más de una vez, según los relatos de viejos celadores.

Por entonces, la principal preocupación de los Solich era evitar el escarnio público. Les aterraba la idea de sufrir una represalias de parte de los chicos agredidos. Por eso, el padre pidió a Ramallo tramitar un cambio de identidad para toda la familia. La jueza denegó la solicitud.

Durante los años que siguieron, el prefecto hizo todo lo que estaba a su alcance para que ni él, ni sus seres queridos pudieran ser localizados. A ello contribuyó la actitud de los gobiernos nacional y bonaerense de intentar dejar atrás lo más rápidamente posible el luctuoso episodio. Para las administraciones de Néstor Kirchner y Felipe Solá ya no había que hablar más del tema.

Frente al muro de silencio construido a nivel gubernamental y judicial y la estrategia de evaporación de la familia Solich, los sobrevivientes y sus familiares convivieron durante todos estos años con la incertidumbre y la desazón de no saber qué había pasado con el atacante.

En el expediente judicial queda expuesto, además, el acompañamiento institucional que las autoridades de Prefectura brindaron a la familia Solich. Lejos de representar meramente un sostén corporativo, ese respaldo estaba dado, a su vez, por la circunstancia fortuita de que al ocurrir la tragedia el máximo jefe de la Prefectura era un hombre oriundo de Carmen de Patagones: Carlos Edgardo Fernández.

El funcionario ordenó que Solich fuera trasladado al Puerto La Plata, en Ensenada, para que, junto a su mujer Ester Pangue Mancilla, tuvieran la facilidad de estar cerca de su hijo. Así, los Solich se radicaron en Punta Lara, una localidad balnearia en la rivera del Río de La Plata. Sintieron alivio al advertir que nadie los reconocía y que sería muy difícil que los vecinos supieran que su hijo mayor había sido el autor de los crímenes en Carmen de Patagones, a casi 1000 kilómetros de distancia.

El 7 de junio de 2005 y tras permanecer cinco meses en El Dique, Juniors fue llevado a la Clínica Santa Clara en el partido de San Martín.

Desde un primer momento, los numerosos profesionales que intermitentemente lo trataron señalaron la importancia de dar continuidad a los tratamientos y reconstituir el lazo familiar. El diagnóstico de la afección que padecía Juniors fue centro de controversias permanentes. Para un grupo de profesionales el joven sufría de esquizofrenia mientras que, desde otra biblioteca, se hablaba de un “trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos”. La gran pregunta que se hacían todos los involucrados y responsables del caso era si podía llegar a repetir conductas peligrosas para sí o para los demás. Los psicólogos y psiquiatras coincidían en que “el choque” que significó para el joven la reclusión frenaría la posibilidad de que repita a corto plazo este tipo de agresiones. Pero, a la vez, destacaban la existencia de una falta total de remordimiento o culpa e insistían en que era un riesgo potencial a largo plazo. Esas observaciones pormenorizadas se traducían en permanentes informes para mantener siempre al tanto de todo a la jueza Ramallo quien ante una serie de informes favorables accedió a los insistentes pedidos para autorizar a Juniors un régimen de salidas.

Lo cierto es que, finalmente, el joven salió de la clínica por primera vez el 2 de agosto de 2007 para quedarse en la casa de sus padres en Punta Lara. Durante un mes y medio repitió la visita otras cuatro veces. Su buen comportamiento le permitió ir ampliando los plazos en libertad.

Cuando Juniors cumplió la mayoría de edad, la intervención de la jueza Ramallo cesó pero el caso fue derivado al Juzgado de Familia N° 4 de La Plata a cargo de Silvia Mendilaharzo (expediente N° 1503/10), con la intervención de la asesora en salud mental Guillermina Saracho. En esta nueva instancia, el autor de la masacre escolar fue trasladado a una clínica en La Plata -cuyos datos se omiten por cuestiones legales- donde hasta hoy sigue recibiendo tratamiento. Se trata de uno de los centros de tratamiento psiquiátrico más importantes de la provincia.

Obsesionado por permanecer ocultos, el prefecto decidió que la familia volviera a mudarse y se instaló en una casa de Villa Rubén Sito, la barriada más populosa de Punta Lara.

En la clínica aseguran que hoy Juniors se encuentra “estable y plenamente integrado” a la comunidad terapéutica. Si bien los directivos del centro de salud informaron que el joven goza de un régimen de salidas, empleados del lugar reconocieron que cuando se acerca un nuevo aniversario se lo mantiene internado por prevención. Según el padrón electoral posee residencia en la localidad de Villa Elvira.

La incertidumbre alrededor de la figura de Juniors fue el disparador de la película Implosión que, con una propuesta audaz aborda las secuelas de aquella tragedia. Los protagonistas del filme, dirigido por Javier Van de Couter, también oriundo de Patagones, son Rodrigo Torres y Pablo Saldías, heridos aquella mañana de 2004. El film se presentó a principios de abril con buena repercusión y obtuvo el Gran Premio del Jurado en el festival Bafici.

Con el paso del tiempo, se fue agigantando el misterio sobre su vida y su destino. En todo este derrotero Juniors, que hoy tiene 32 años, no logró integrarse abiertamente a la comunidad. Soporta la condena de haberse convertido en un fantasma.

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