Por qué el peronismo no quiso estar en la Conadep cuando se investigaron secuestros, desaparecidos y centros clandestinos

Habían pasado apenas cinco días desde que Reynaldo Bignone le daba los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín. La imagen lo decía todo: el dictador, erguido, le sacaba más de una cabeza al dirigente de Renovación y Cambio porque el hombre de Chascomús prefirió mirar al piso antes que cruzar la mirada con el último de los cuatro generales que habían estado al frente de la Casa Rosada y sembrado el terror en el país.

Habían pasado cinco días de aquel sábado 10 de diciembre, histórico, en el que Alfonsín hablaba desde el balcón del Cabildo a una multitud incalculable que vivaba la democracia y no podía creer que volvieran la libertad a la Argentina y los militares a los cuarteles.

Aquel caluroso jueves 15 de diciembre, el flamante presidente firmó el decreto 187, un paso realmente audaz: creaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) a través de un texto muy breve en el que designaba a 16 personas de trayectoria intachable para que, en un lapso de 180 días, recibieran denuncias sobre secuestros y centros clandestinos de detención.

El texto establecía que esa comisión solo colectaría documentación y denuncias. Luego, el material sería entregado al Poder Judicial. La Conadep, tras eso, se disolvería. Alfonsín tuvo la precaución de que Antonio Tróccoli, ministro del Interior, estampara su firma al lado suyo. Era una jugada de ajedrez: Tróccoli era de Línea Nacional, el ala conservadora del radicalismo, un sector que había colaborado con muchos de los 300 intendentes que ese partido le facilitó a la dictadura al aceptar continuar al frente de sus municipios sin que rigiera la Constitución. Tampoco cabe piedad para los más de 150 intendentes de origen peronista que decidieron ser parte de aquel gobierno de facto.

La Conadep estuvo integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido –Graciela Fernández Meijide-; por un obispo –Jaime de Nevares– enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino –Marshall Meyer– y por un pastor evangélico –Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos de nota –Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long-; por una periodista –Magdalena Ruiz Guiñazú– que desde Radio Continental denunciaba las aberraciones y no le importaba el costo que podía pagar-; y por un escritor destacado –Ernesto Sábato-, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador, aunque luego se convertía en un fuerte opositor.

Por un tiempo participó el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón.

Había además cuatro militantes radicales: Eduardo Rabossi –filósofo- y los diputados Horacio Huarte, Hugo Piucill y Santiago López.

Y los peronistas, ¿dónde estaban?

Las paradojas de la historia no son pocas y las estrecheces de la política suelen ser mucho más. Si un número muy elevado de desaparecidos eran militantes peronistas, ¿por qué no hubo en la Conadep representantes de ese sector?

El martes 13, dos días antes de la creación de la Conadep, Alfonsín firmaba otro decreto –el 157- que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra "las cúpulas de las organizaciones guerrilleras" que actuaron "desde el 25 de mayo de 1973".

Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros así como Enrique Gorriarán Merlo (del PRT-ERP) tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada "teoría de los dos demonios" con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. Esa teoría era una simplificación de los oscuros y complejos caminos de los golpes militares y los procesos de resistencia a lo largo del siglo XX en la Argentina. Complejos aun para los radicales, surgidos al calor de la Revolución del Parque de 1890 y que años después, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se creaba la Liga Patriótica, un grupo parapolicial que actuó en la Semana Trágica, en el primer Pogrom contra los judíos (ambos en enero de 1919) así como en la represión a las huelgas patagónicas (1920-1921).

Más allá de los debates históricos, los integrantes de la Conadep fueron nombrados por el Presidente y las conversaciones –abiertas e informales- con los peronistas fueron contrarreloj y no llegaban a buen puerto, de modo que Alfonsín prefirió una Conadep que prescindiera de la oposición. No quiso un largo y quizá desgastante debate.

Por su parte, "los organismos de derechos humanos", la mayoría integrada por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. Incluyendo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el emblema que recorrió el mundo sobre lo que sucedía en la Argentina. Sin embargo, cuando los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Omitían los datos no solo por la persistencia del terror reinante sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP.

La izquierda peronista -representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982- denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno. Y si la Conadep creaba una cuña hacia la izquierda peronista, más difícil fue para la derecha justicialista digerir este asunto. Basta con recordar que el candidato presidencial del peronismo, Ítalo Luder, había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por "el pedido de licencia" de la viuda de Perón.

En ese interín firmó los "decretos de aniquilamiento" de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. Y aún antes de esos decretos, la Triple A -comandada por el ex secretario privado de Perón, José López Rega- actuó bajo el ala del gobierno eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población.

La propia Conadep, en su informe final, consignó que 359 personas habían sido desaparecidas por la Triple A y otros grupos parapoliciales.

Vasos comunicantes dentro del peronismo

La decisión de "recuperar las Malvinas" por parte de una junta militar que no podía contener la protesta popular subterránea y tenía en llamas la economía fue, al mismo tiempo, una reivindicación histórica y una aventura que terminó en tragedia.

Alfonsín fue uno de los tantos que, en los primeros días, también elogió el "Operativo Rosario" del 2 de abril de 1982. Sin embargo, en los días siguientes cambió el rumbo y decidió no asistir a la asunción de Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas. El resto de los dirigentes nucleados en la Multipartidaria sí viajaron a Puerto Argentino. El propio Oscar Alende, de reconocida trayectoria combativa, fue uno de ellos. Muchos de los líderes montoneros dieron su apoyo a la recuperación de Malvinas. Incluso el propio Enrique Gorriarán Merlo, del PRT-ERP, propuso enviar miembros de la organización para sumarlos a quienes combatían en Malvinas.

Pese a que, visto a la distancia, el fracaso de la recuperación de las islas fue un hito clave en la caída de la dictadura, durante los meses de conflicto bélico gran parte de la sociedad –y para los más variados sectores del peronismo- se trataba de una gesta.

Un hombre emblemático de la resistencia peronista fue Dardo Cabo, hijo de Armando Cabo, dirigente metalúrgico ligado a Augusto Timoteo Vandor. Dardo Cabo había sido sacado de la cárcel y asesinado cinco años antes de aquel intento de recuperar las islas. En efecto, Cabo fue acribillado el 7 de enero de 1977 y los militares argumentaron un burdo "intento de fuga". La dictadura odiaba a quien, en septiembre de 1966, lideró el desvío de un avión hacia las islas para izar la bandera argentina y denunciar la usurpación británica.

Esos febriles meses de abril a junio de 1982 apaciguaron los ánimos entre peronistas que no tenían nada en común o, incluso, tenían enfrentamientos sangrientos. Desde vertientes irreconciliables cundía la idea de la "unidad de los combatientes por la Patria", una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas. Según esa idea, la responsabilidad de lo ocurrido en los años de dictadura era que los grupos económicos utilizaron a los militares para que estuvieran al frente del gobierno y los sectores privilegiados se beneficiaran con la destrucción del aparato productivo y la timba financiera.

Para muchos, esos debates de grupos políticos sobre los años setentas son, fueron y serán parte de la nostalgia argentina. Sin embargo, al perder las elecciones de 1983, el peronismo cayó en la cuenta de que no le iba a resultar sencillo volver a gobernar la Argentina.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedía ante las presiones militares. Las pruebas más evidentes fueron las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claros retrocesos después de juzgar y condenar a las juntas militares. Sin embargo, el acercamiento de Antonio Cafiero y otros líderes de la Renovación Peronista ante la sublevación de los carapintadas en Semana Santa de 1987 mostraron un cambio de rumbo.

Ese diálogo de "renovadores" y radicales alfonsinistas fue el puntapié de un cambio en el justicialismo que se consolidó con el triunfo del propio Cafiero como gobernador en la provincia de Buenos Aires ese mismo 1987.

Otro hito importante para oxigenar al peronismo fue la elección del candidato presidencial –entre Cafiero y Carlos Menem– por parte de los afiliados de ese partido. La votación tuvo más de un millón y medio de afiliados y dio como ganador al riojano. Ese procedimiento, democrático, nunca volvió a repetirse.

Néstor, Cristina y la Conadep

El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner llevaba menos de un año en el gobierno. Ese día, desde las instalaciones de la ESMA, el santacruceño hizo una encendida defensa de los derechos humanos y se comprometió a que los responsables del terrorismo de Estado no quedaran impunes. El Congreso había derogado las leyes dictadas durante el gobierno de Alfonsín y los indultos de Menem: era el turno de la Justicia. Sin embargo, en sus palabras hubo una frase que dejaba de lado lo realizado por Alfonsín: "Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades", dijo KIrchner.

Dos décadas separaban aquellas palabras de la creación de la Conadep.

En los años siguientes, la Conadep quedaba en un cono de sombras y el kirchnerismo no podía reconocer que la tragedia argentina no era una cuestión de los partidos políticos.

Sin embargo, en marzo de 2013, a pocos meses de cumplirse tres décadas de la creación de la Conadep, en un acto en el centro clandestino Mansión Seré, Cristina Fernández de Kirchner hizo un reconocimiento público de lo actuado por aquel organismo que duró apenas 180 días y dejó un informe tan extenso como escalofriante publicado por Eudeba con el título de "Nunca más" y que salió a las librerías en noviembre de 1984.

La primera edición fue de 40 mil ejemplares y se agotó esa misma noche. Eudeba hizo cinco nuevas ediciones en un mes y las ventas superaron los 100 mil. Hubo muchas más ediciones con el correr del tiempo. La tragedia del Terrorismo de Estado no se mide en éxito de ventas aunque sí es una medida de cuánto le importa a esta sociedad lo ocurrido en aquellos años.

Aquel 22 de marzo de 2013 sucedía algo que estaba fuera de cualquier libreto. Pablo Ferreyra, un cordobés que se tuvo que exiliar siendo muy joven junto a toda su familia aportaba los legajos originales de la Conadep. Aunque parezca mentira, de los tres ejemplares de los legajos, ninguno estaba en oficinas públicas. Ferreyra, que había trabajado con el también cordobés Carlos Becerra en la Secretaría General de la Presidencia, apenas asumía Carlos Menem le pidió a Alfonsín custodiar los legajos que tenía el presidente.

Pablo tenía grabado en su memoria el relato de sus padres del 24 de mayo de 1976, cuando ellos viajaban con su hermano Diego, su esposa Silvia Peralta y su hijita de apenas nueve meses. Los Ferreyra iban en un rastrojero y un auto con militares de civil se les cruzó en el camino. Diego Ferreyra bajó para intentar que lo siguieran solo a él. Sin embargo, uno de los militares, identificado luego como el capitán Héctor Vergez le asestó varios tiros a Diego. Tras ello sacó a golpes a Silvia y de inmediato advirtió a los padres que toda la familia debía dejar el país en 24 horas. Así hicieron y retornaron en 1983.

Pablo Ferreyra le hizo saber a Cristina Kirchner que tenía esa documentación y ningún interés personal en figurar. Aclaró que guardó aquella documentación "por temor a que fuera hecha desaparecer" según expresó la propia Cristina en aquel acto. Cristina, aquella vez, invitó a todos los que habían formado parte de la Conadep, algunos de los cuales ya habían fallecido, otros asistieron y algunos se excusaron por no poder ir.

Quedará como un desafío reconocer y recordar que la figura de los derechos del hombre (luego modificada por "derechos humanos") fue creada para hacer memoria sobre el Holocausto y no solo para honrar a las víctimas sino para crear valores que permitan terminar con el terrorismo de Estado, la violencia política, la discriminación, la xenofobia y para que los Estados promuevan los valores y las normas que terminen con las desigualdades.

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