La odisea de una mujer que denunció a su ex pareja seis veces y hace más de ocho días que espera un botón antipánico

Son pasadas las 21.30 horas del lunes 13 de septiembre. Después de la jornada electoral del domingo, el foco de la agenda informativa está en los resultados de las elecciones primarias, antesala de las elecciones generales de noviembre, en las cuales se elegirán 127 diputados y 24 senadores que van a representar al pueblo en el Congreso de la Nación.

Mientras los distintos analistas políticos esbozan teorías sobre lo que podría llegar a pasar en dos meses, en una casilla de barro en Villa Yacanto -en el Valle de Calamuchita de Córdoba- Sandra López Ferreyra (50) aguarda la llegada de un botón antipánico que la Justicia le prometió el lunes 6 de septiembre, tras denunciar seis veces a su ex pareja Matías Renna (35) por violencia de género.

“Tengo suerte de estar viva porque el agresor no quiso llegar a más. Me prometieron un botón antipánico pero parece que viene en una carreta porque ya pasó más de una semana y todavía no llega. Estoy angustiada. Necesito que efectivicen lo que promueven por Ley”, dice López Ferreyra a Infobae en referencia a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (N° 26.485).

En Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de agosto del 2021, 142 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. En otras palabras, se registra 1 femicidio cada 40 horas. En el 60% de los casos -de acuerdo con el relevamiento efectuado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá)- el femicida es la pareja o ex pareja de la víctima.

Sandra está al tanto de las estadísticas, dice que leyó mucho acerca del tema, y tiene miedo. Desde que se separó de Renna, hace ya cuatro meses, duerme con un machete en una mano y un celular en la otra. Además del botón antipánico, la Justicia dispuso una orden de restricción perimetral de 300 metros. La custodia policial, cuenta, se la retiraron luego de que su agresor quedara detenido.

Sandra decidió separarse en mayo pasado, después de siete meses de relación y cinco de convivencia, por el nivel de violencia que recibía. El detonante se produjo luego de una discusión, cuando encontró un cachorrito de 15 días que estaba cuidando con el cuello quebrado y muerto. “¡Qué lástima! Justo era el que te querías quedar vos”, le dijo Renna. Tras aquel episodio, ella decidió abandonar el lugar que compartían.

“Agarré una mochila con una muda de ropa y me fui”, recapitula en charla telefónica con este medio. Los días posteriores, dice, durmió en lo de una mujer del pueblo que le ofreció alojamiento.

El terreno en el que Sandra vive actualmente -que ella misma pagó y donde está construyendo su casa desde que separó- queda en una zona rural, a dos kilómetros y medio del edificio municipal y la plaza principal. Como no tiene vecinos en la misma manzana, su única compañía son sus cuatro perros.

A principios de agosto, Renna llegó hasta allí, con al menos tres denuncias encima, y continuó hostigándola. “Me rompió la cerradura y me palanqueó la puerta”, detalla acerca del accionar de su ex pareja que, antes de quedar detenido, se instaló en una carpa a metros de su vivienda. Y sigue: “Villa Yacanto tiene kilómetros de extensión. Que él se pare en la puerta de mi casa y me alumbre la única pared de lona con las luces de su camioneta es realmente una prepotencia”, dice.

En junio -como reveló a Página/12- fue incorporada al Programa “Acompañar”, para víctimas de violencia por razones de género, y con el subsidio que empezó a cobrar decidió comprarse una cámara de seguridad; la instaló en un poste frente a su precaria casilla y paga el servicio de wi-fi para poder monitorearla desde el celular. “Todavía no tengo agua. Acarreo unos baldes que me dan los vecinos, cada día. Tampoco tengo baño pero tengo cámara y wi-fi”, le dijo Sandra a la periodista Mariana Carbajal.

Sandra es profesora de danza y teatro. Dio clases en una escuela de Embalse en Río Tercero y, antes de irse a vivir a Córdoba, también ejerció la docencia en distintos colegios de la provincia de Buenos Aires. Además es masajista e instructora de yoga. Durante el último año, explica, cuidó a una señora mayor que falleció el mes pasado, así que actualmente está desempleada.

“Siempre fui muy independiente. Trabajo desde los 17 años y realmente quisiera volver a hacerlo, pero hoy no puedo pensar más allá del botón. Necesito que me lo entreguen para estar tranquila”, dice.

Sandra hizo seis denuncias por violencia y hostigamiento. La primera fue el 25 de mayo. Le siguió otra a principios de julio. Las cuatro restantes fueron en agosto: el 8, el 12, el 23 y el 29.

Según pudo saber, de momento, su agresor está detenido en una comisaría de Embalse Río Tercero y va ser llamado a indagatoria. “La novedades me las hizo llegar mi abogado desde Río Tercero, a quien me asignaron a través del Programa ‘Acercar Derechos’ para que me fuera actualizando con la causa porque sin el botón y sin saber cuándo lo sueltan casi que no puedo conciliar el sueño. No sería el primer violento que va a matar a la víctima”, asegura.

Mientras tanto, la mujer dedica a sus días a continuar con la construcción de su casa. “He recibido muchísima ayuda de mis vecinos. Me han prestado hasta un grupo electrógeno. Ayer, martes, vino gente conocida de la otra localidad que queda a 50 kilómetros de acá y me ayudaron a colocar un nylon nuevo en el techo para cuando lleguen las lluvias y el viento”, explica y sueña con poder comprarse una moto para trasladarse.

A más de una década de la sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (N° 26.485) la historia de Sandra, como la de tantas otras, pone de manifiesto las falencias del sistema y deja en claro que todavía queda mucho por hacer. “Lo único que quiero es vivir en paz”, se despide.

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