Respeto Religioso, Red por la Paz y la Amistad Social presentó una denuncia para que no quede impune el vandalismo perpetrado contra la Catedral Metropolitana de Buenos Aires durante un acto de protesta “contra el gatillo fácil”, cuando un grupo escribió pintadas con textos ofensivos en paredes y columnas de la Catedral, el Cabildo y el Palacio Municipal, con textos tales como “Fuego a las iglesias”, “la única Iglesia que ilumina es la que arde”, “muerte al Estado Iglesia” y “curas violines”. Leyendas que “incitan al odio contra la Iglesia Católica”, dicen los denunciantes.
En una declaración emitida luego de estos hechos, que tuvieron lugar el pasado viernes 27 de agosto, ResPeto Religioso denuncia que “no hubo prevención, acción ni reacción de las autoridades nacionales o de la Ciudad” ni tampoco una posterior condena “del atropello”.
“Este odio irracional va en aumento frente a la desidia de los poderes públicos. El desinterés y silencio es alarmante”, señala el comunicado de esta asociación creada en junio pasado en respuesta a “la reiteración de ataques a templos o imágenes sagradas y agresiones y burlas soeces a la fe católica”.
“Con el fin de enfrentar la creciente intolerancia religiosa y mover al Estado y sus funcionarios y al Ministerio Público Fiscal (que debería actuar de oficio) a tomar conciencia de la gravedad de la situación, vamos a efectuar la denuncia judicial correspondiente, penal y correccional”, decía el comunicado de Respeto Religioso.
“No se trata de un caso aislado”, apuntaron. Es cierto que en los últimos tiempos se ha vuelto habitual este tipo de ataques no sólo a la Catedral metropolitana sino también contra catedrales provinciales, como sucede por ejemplo en cada Encuentro Nacional de la Mujer, cuando sistemáticamente un grupo se desprende del resto de los manifestantes para vandalizar los templos católicos, por lo general, ante la indiferencia o impotencia de las autoridades.
En el texto de la denuncia, que lleva la firma de Juan Miguel Bestani, Agustín Stellatelli, María Curutchet, Miguel Jorge Haslop, Omar Al Kaddour, Juan Navarro Floria, Agustín Pesce y Nicolás Durrieu -y con el patrocinio letrado de éste último- se señala que los ataques a la Catedral y demás edificios públicos se corresponden con el delito de daño agravado (Código Penal) y por el artículo 2 de la ley de actos discriminatorios.
Los autores de la denuncia también aclaran que no representan “a la Iglesia Católica ni a cualquier otra religión o iglesia”, sino que son una “red de instituciones y ciudadanos comprometidos capaz de responder eficazmente ante un ataque o agravio a lo sagrado de la fe católica”.
También señalan que en apariencia la responsabilidad por estos hechos no recae en todos los convocantes al acto, tales como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sino en un grupo autoidentificado como anarquista.
Además, destacan que estos hechos configuran “un agravio no sólo contra la comunidad de creyentes de la Iglesia Católica sino también contra toda la ciudadanía, ya que se trata de edificios históricos de nuestra Ciudad de Buenos Aires”..
Entre las medidas de prueba que solicitan, está la recopilación de notas, fotografías y filmaciones publicadas en los medios y la solicitud de los registrado por el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia quedó registrada con el n° 791000 en la oficina receptora de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Púbico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
“Pretendemos que se investigue, identifique y sancione a los responsables -decía Respeto Religioso en su comunicado-. No puede ser que no haya ningún demorado ni detenido. Las fotos y videos de la movilización circulan y son conocidos. No es difícil individualizar a los agresores”. Además solicitaron a los gobiernos nacional y porteño la adopción de medidas de prevención para evitar la reiteración de este tipo de ataques vandálicos.
A esta denuncia, se sumó otra de Acción Conjunta Republicana, que se define como un espacio ciudadano apartidario, presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 5, contra los responsables de los delitos de “daño contra la propiedad, con carácter agravado, y de instigación a cometer delitos determinados contra personas e instituciones, afectando así el orden público de un modo criminal”.
En la presentación agregan: “Aquí estamos hablando de la Catedral que, además de ser el centro de la fe religiosa de muchas personas de la Ciudad y el país -quienes merecen el debido respeto- es depositaria del mausoleo que guarda los restos del General José de San Martín”.
La fiscalía ya habría solicitado las cámaras de la Ciudad.
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