El atentado contra un bebé de cuatro meses que desató el terrorismo en las universidades durante el gobierno de Isabel Perón

A las 3:10 de la madrugada del sábado 7 de septiembre de 1974, una bomba estalló en el octavo piso del edificio de la esquina de Senillosa y Guayaquil, en el barrio porteño de Caballito. La bomba fue colocada lindera al dormitorio de Pablo Gustavo Laguzzi, de cuatro meses. Su cuerpo cayó por el hueco del ascensor. Los padres del bebé quedaron retenidos en una viga que les salvó la vida. La explosión solamente dejó en pie algunos marcos de hierro del departamento. El padre, herido, luego se repuso, encontró a su hijo en el segundo piso y lo llevó al hospital. Pocas horas más tarde el bebé murió.

El padre era Raúl Laguzzi, rector interino de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de 33 años.

Había sido decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica hasta el 25 de julio, cuando fue designado por el ministro de Cultura y Educación, Jorge Taiana (P), para el Rectorado. En la primera semana en funciones, Laguzzi recibió en su despacho una amenaza telefónica de muerte.

-¿Vio lo que pasó con Ortega Peña? -le preguntaron (el diputado de izquierda acababa de ser fusilado en el centro porteño).

- Sí.

- El próximo es usted.

Laguzzi pidió custodia policial para su casa. Luego se enteraría que el policía asignado realizó la inteligencia del atentado. “Mi papá me dijo que el policía que hacía de guardaespaldas, el que habían enviado para la custodia, le abrió la entrada a una mujer para que pusiera la bomba. Él escuchó los tacos cuando caminaba esa madrugada. Era un policía de la Triple A”, afirmó María Laura, hija de Raúl Laguzzi, que nació diez años después del atentado.

El 14 de agosto, Taiana había entregado su renuncia forzada a la presidenta Isabel Perón. Hacía un mes y medio había muerto Perón. Comenzaba una nueva etapa de gobierno, que viraba hacia la ortodoxia.

El reemplazante de Taiana fue Oscar Ivanissevich, de 79 años, un ex ministro del primer gobierno peronista, que al momento de ser ungido en la cartera educativa dirigía la campaña de forestación del ejido urbano.

La nueva etapa de gobierno ya revelaba un desarrollo más permisivo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

El terrorismo paraestatal también apuntaba hacia el Congreso. El 4 de septiembre la Triple A dio a conocer un comunicado con la “condena a muerte” de dos senadores y nueve diputados. Avisó que serían “ejecutados donde se encuentren por infame traición a la Patria”. Entre los condenados volvía a anunciarse al senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que había sobrevivido a una bomba en su auto en noviembre de 1973. “Esta vez no fallaremos”, le anticipaban en la posdata.

Con la llegada de Ivanissevich, Raúl Laguzzi comenzó a sufrir presiones directas para que abandonara el Rectorado. Si bien contaba con el apoyo de los doce decanos de la UBA, el Consejo de Facultades y la comunidad estudiantil, el hecho de que la Juventud Universitaria Peronista (JUP) sostuviera su nominación y lo considerara un “cuadro propio” lo convertía en un blanco de la “depuración ideológica” que estaba a punto de ejecutarse en el gobierno de Isabel.

Laguzzi no entendía semejante reacción contra su designación. No era un cuadro político. Era un científico con experiencia de gestión que entendía que la medicina, como la educación, tenía que ofrecer acceso popular. Como decano de Farmacia y Bioquímica había comenzado a crear una planta de producción de medicamentos -que resultarían mucho más económicos que los de los laboratorios- e impulsaba a los estudiantes a participar en proyectos de salud para implementarlos en las provincias. Sus ideas le generaron enemigos.

Laguzzi había pedido una audiencia con el ministro Ivanissevich para entablar un diálogo. No la obtuvo.

El día que mataron a su hijo, retiró el pedido y le escribió al ministro: “En el día de la fecha, mi hogar y mi familia fueron objeto de un atentado criminal que costó la vida de mi hijo de cuatro meses. Los autores materiales del hecho (se) fugaron impunemente. Su acción contó con el pretexto político que se brindó injustificada e irresponsablemente desde el Ministerio de Cultura y Educación y otras fuentes oficiales, con la excusa de la infiltración ideológica y del desorden interno de la Universidad, así como con la complicidad abierta de las fuerzas de seguridad, que pocas horas antes del atentado levantaron la custodia de mi domicilio. Quiero expresar al señor ministro que estos actos de inhumana y sistemática violencia, contra los sectores que pretenden mantener en alto las banderas de liberación votadas por el pueblo argentino, son también de responsabilidad del gobierno al que pertenece; que ya no volveré a insistir con pedidos de audiencia, pues he comprendido cuáles son las formas que el diálogo asume hoy en esta dolorosa etapa de la historia argentina”.

Casi mil personas acompañaron el cortejo al cementerio de la Chacarita.

“Yo veía las fotos de Pablo Gustavo en casa y empecé a preguntar quién era. ¿Dónde estaba ese bebé? Mi papá me dijo que no estaba, que era mi hermano, pero que había muerto. Yo tendría 4 o 5 años. Todavía no había empezado la escuela primaria. Poco a poco me fue contando cómo había sido. Que había sido rector, que había problemas políticos... Me acuerdo que esa noche justo vino a dormir una compañerita del jardín de infantes a casa y le conté todo, pobre…”, agregó María Laura, hija del ex Rector, que vive en Francia.

Con la excepción del gobierno peronista, Laguzzi recibió la solidaridad del ámbito académico y partidario.

Llamó la atención el atenuante que expresó el Ricardo Balbín sobre el atentado. En el marco de su condena, el jefe radical mencionó “el desprestigio” de la UBA. “Hoy será noticia que al rector le han puesto una bomba que le mató al hijo e hirió gravemente a su mujer y a él. Nosotros vamos a documentar nuestro reclamo, pero ese rector, antes de la bomba, no había serenado al ámbito universitario”, expresó.

La frase impactó en la Juventud Radical-Franja Morada, que, aun con diferencias, apoyaba a Laguzzi. La preocupación por la represión policial y los atentados excedía a la izquierda peronista o marxista.

Justamente, el mes anterior, los sectores juveniles del radicalismo -liderados por Federico Storani, Marcelo Stubrin y Leopoldo Moreau- habían reclamado a la UCR que propiciara una comisión parlamentaria para investigar “la existencia de un plan represivo en gran escala que contempla hasta la eliminación física de militantes de diversas organizaciones populares”. Y pidieron la destitución del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, “quien haciendo uso abusivo de las fuerzas que dispone encabeza en grado de ejecutor esta escalada represiva”.

Las bombas ya habían empezado a golpear la universidad. Una de ellas fue depositada en el edificio de Salguero y Arenales, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivía la decana de Filosofía y Letras, Adriana Puiggrós.

Puiggrós se expresó en el diario La Opinión: “Yo pregunto qué es lo que crea el caos en la universidad: la inscripción ordenada de 25.000 alumnos en nuestra facultad, que rinden sus exámenes en los plazos previstos, o la colocación de una bomba a las tres de la madrugada por manos cobardes, en un edificio donde viven criaturas y que debió apuntalarse porque peligraba su estructura”.

Muchos años años después, Puiggrós recordó el atentado en su casa: “Era una bomba de 5 kilogramos de gelinita. Volaron toda la parte de abajo del edificio y en la pared pusieron mi nombre y debajo ‘AAA’. También pusieron una bomba en un sector de la facultad, en el Clínicas”, agregó.

La bomba que mató a Pablo Laguzzi no provocó la renuncia su padre, el rector de la UBA. Apenas se repuso de sus heridas continuó en su despacho de la calle Viamonte. Su esposa Elsa Repetto se ocultó en el interior del país.

Laguzzi apoyaba la continuidad de las políticas universitarias votadas el 25 de mayo y el 23 de septiembre de 1973 y aplicadas por los rectores interventores precedentes de la UBA, Rodolfo Puiggrós, Ernesto Villanueva y Vicente Solano Lima: ampliación de canales de acceso a la universidad (ingreso irrestricto); transformación de programas y planes de estudios y fin del autoritarismo pedagógico y académico; y proyectos de investigación acordes con las necesidades del proceso de liberación.

En este punto se apoyaba en el último discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa: “Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”.

Pero con la designación de Ivanissevich, el gobierno de Isabel quería terminar con el último eco del peronismo del 25 de mayo de 1973. Y generó la resistencia universitaria.

Al momento del atentado terrorista contra Laguzzi, hacía un mes que las facultades estaban tomadas. Se impartían clases públicas en las puertas de los edificios; incluso los alumnos de Agronomía soltaron algunas vacas -que utilizaban para sus prácticas de estudio- por la avenida San Martín, en señal de protesta. Se producían detenciones: trescientos estudiantes fueron apresados cuando marchaban hacia el Congreso.

Las tomas habían sido acordadas por diez de los doce decanos y los estudiantes de la JUP (Juventud Universitaria Peronista), la JR (Juventud Radical) y el comunismo (MOR, Movimiento de Orientación Reformista). Coincidían en una universidad comprometida con el “proceso de liberación”, pero la JR y los comunistas desconfiaban del “sectarismo” de la JUP, conducida subterráneamente por Montoneros. Y mucho más después de que, el 6 de septiembre, la organización guerrillera definiera su pase a la clandestinidad para “reasumir las formas armadas de lucha”. Para Montoneros, muerto Perón, se acababa el último factor de unidad latente.

El llamado a la clandestinidad de la conducción montonera complicó el frente interno estudiantil. Los dirigentes de la JUP quedaron descolocados, y muchos de ellos se vieron obligados a abandonar espacios de militancia pública. El decano de Abogacía, Mario Kestelboim, que contaba con el apoyo de la JUP, decidió renunciar.

El martes 10 de septiembre, finalmente, se anunció la “restauración educativa”, con la ruptura de las políticas universitarias previas.

El ministro Ivanissevich atacó el Estatuto Docente, condenó el ingreso irrestricto -”es un engaño que no aceptan ni los países comunistas”-, dijo que la investigación científica debía ser hecha por las empresas privadas, anticipó la eliminación del gobierno tripartito y afirmó que la destrucción de la universidad se debía a “la acción disolvente de organizaciones que quieren transformar a los jóvenes justicialistas en marxistas”.

Su exposición en el Teatro Colón fue aplaudida por el gabinete peronista y apoyada por el Partido Justicialista en un comunicado, para que no quedaran dudas.

Las reacciones fueron inmediatas. El físico y matemático Manuel Sadosky, echado de la Universidad por el general Onganía, lo comparaba con “la noche de los bastones largos”: “En 1966, los ideólogos del golpe de Estado expertos en campañas psicológicas supieron crear una imagen de calamidad pública: la universidad estaba en manos del demonio, todos los males del país derivaban del caos universitario y extirpada la camarilla marxista-reformista de la Universidad de Buenos Aires la patria encontraría su destino”.

Después de la presentación del plan de Ivanissevich, el ministro quedó enfrentado al rector Laguzzi y los decanos de la UBA. Hubo una tregua implícita de una semana.

Los estudiantes y decanos decidieron lanzar un referéndum para que se votara por la continuidad o no de las políticas universitarias.

Pero no se realizó. El 17 de septiembre, Ivanissevich designó como nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Ottalagano, y la policía y el Ejército ingresaron en las facultades lanzado gases y a punta de pistola. “Estábamos en el Rectorado de la calle Viamonte y entró la policía y escapamos por otra puerta. Nos echaron a todos los decanos. No hubo renuncia. Yo estaba amenazada y al otro día me exilié en México”, recordó Adriana Puiggrós.

“Mi papá se fue del Rectorado. Y estuvo escondido durante un mes. Mi mamá también, pero estaban separados. Lograron entrar en la embajada de México y se fueron de urgencia en el primer vuelo, perseguidos por la policía al aeropuerto. Quedarse en la Argentina era morir por morir”, afirma María Laura Laguzzi, entrevistada por el autor de este artículo.

Ottalagano, un nacionalista católico que se confesaba fascista, ordenó el ingreso de un cuerpo de centenares de “celadores” en las aulas para mantener el “orden” y separó las carreras para dispersar a los alumnos, que pretendía fueran obedientes y silenciosos soldados de la enseñanza autoritaria.

El nuevo decano de Filosofía y Letras, el sacerdote Raúl Sánchez Abelenda, se paseaba por las facultades con una rama de olivo para exorcizar los malos espíritus que habían dejado las obras de Freud, Piaget y Marx en las aulas.

En un trimestre de gestión, Ottalagano produjo una cesantía masiva de docentes. Hubo libertad de acción para el terrorismo parapolicial: cuatro alumnos de la UBA fueron secuestrados y desaparecieron, y a once los mataron. En las facultades empezaron a exigir los certificados de “buena conducta” y de “domicilio” expedidos por la Policía Federal para poder cursar.

Hasta antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la cifra de estudiantes muertos y desaparecidos alcanzaba casi medio millar en todo el país.

Raúl Laguzzi regresó a la Argentina diecinueve años después del atentado que mató a su hijo Pablo. “Fue la primera vez que lo vi llorar -recuerda María Laura Laguzzi-. Fue en el año 1993, en el Cementerio de la Chacarita. Debía ser Pascua. Había dos fechas muy difíciles: el 10 de abril, cuando nació Pablo, y el 7 de septiembre. Papá no quiso volver a vivir en la Argentina. Le dejó un trauma muy importante. Hizo el duelo del país y no quiso volver a instalarse. Era psicológicamente imposible para él. Siguió viviendo en Francia, estudiando el sueño, el estrés, cuestiones de neurociencia. A partir de entonces volvió cada dos o tres años para ver a su familia, pero en secreto. Nosotros nunca dábamos la dirección. Una vez, cuando empezó a hacer el juicio contra el Estado por la muerte de Pablo, llegó un fax con una amenaza al hospital donde trabajaba. Y habían pasado veinticinco años. Increíble. Con el dinero que recibió de la indemnización creó junto a mi mamá una escuela de oficios manuales que lleva el nombre de mi hermano, la escuela “Pablo Gustavo Laguzzi por los Derechos del Niño” y una radio para chicos huérfanos en una villa de Buenos Aires. Dieron todo. No se quedaron ni con un centavo para ellos”, dice su hija María Laura.

En la madrugada del 28 de noviembre de 2008, Raúl Laguzzi murió de un paro cardíaco en su departamento en París.

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