Esta semana, con un nuevo fallo, el Tribunal Oral Federal N°4 denegó un otro pedido de prisión domiciliaria de Enrique Blaksley, ex presidente de la firma Hope Funds y el principal acusado en lo que puede ser considerada la mayor estafa de la historia argentina, con un juicio que comenzó en febrero y se extiende hasta hoy en audiencias por Zoom.
El 24 de agosto, Mariano Varela, defensor de Blaksley, aseguró como principal argumento para su planteo que su defendido estaba “preso hace tres años, cuatro meses y catorce días” lo que “viola lisa y llanamente lo que lo que manda la Ley 24.390, que establece que nadie puede permanecer en prisión preventiva más de tres años”, desde que el financista fue arrestado en su casa del country Pacheco Golf. Así, pidió que Blaksley se vaya de vuelta a su casa, tras estar preso en el penal de Ezeiza, donde logró buena sintonía tumbera con presos célebres como “El Pata” Medina, jefe de la UOCRA platense.
Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, abogados querellantes en la causa que representan a víctimas de estafa, se negaron rotundamente al pedido al creer que no había nada nuevo. Lo mismo sintetizó el fiscal de juicio Abel Córdoba. Víctor Varone y Hernán Vega, también querellantes del estudio Iezzi & Varone, se negaron por su parte y recordaron los riesgos procesales que implicaría un Enrique suelto. La AFIP también está en el juicio, representada por la abogada Cintia del Carmen Musso, que remarcó la gravedad del otro delito que se investiga, lavado de activos.
La historia ciertamente se repite. En total, según fuentes del expediente, el ex presidente de Hope Funds había pedido su prisión domiciliaria sin éxito unas cinco veces a lo largo de su historia.’ El defensor Varela ya venía de una negativa a que Blaksley recibiera la prisión domiciliaria, dictada en marzo por la Sala I de la Cámara Federal. Lo curioso es que tras esa decisión, el TOF N°4 sí le concedió la prisión domiciliaria. Había un simple truco: el acusado tenía que pagar $450 millones de fianza si quería salir libre, algo que la defensa de Blaksley apeló en Casación, sin éxito.
Los que conocen bien el expediente entendieron el gesto. Si Blaklsey pagaba ese dinero era porque lo tenía. Qué hizo con todo el supuesto dinero del desfalco, si es que acaso lo tiene, es uno de los máximos misterios del caso. En sus declaraciones, el financista contó que en su casa se bañaba con agua fría porque no tenía para el gas y que andaba en un auto viejo.
“Ese statu quo, francamente, no se conmueve ni en un ápice, como consecuencia de esta pretensión de la defensa incardinada a intentar obtener, una vez más, el cese de la prisión preventiva de su asistido Enrique Juan Blaksley Señorans”, aseveraron los magistrados Néstor Costabel, Luciano Gorini y Ricardo Basílico.
Lo que sigue es un poco lapidario. Sobre la presentación de la defensa, “no justifica que se intente un examen de los presupuestos de la prisión preventiva en aras de habilitar su cese, sobre la base de insistentes pedidos de parte -acumulados mediante embates inconducentes-, que carecen de fundamentos técnicos jurídicos mínimos”, aseveró el TOF N°4.
Así, le negaron a Blaksley otra vez la prisión domiciliaria. En su nueva negativa, el Tribunal volvió a recordar el pedido de dinero.En su voto, recordado por el Tribunal, el fiscal Córdoba remarcó otro hecho: que la oferta de la fianza multimillonaria sigue vigente hasta el 10 de octubre. Si Blaksley paga, sale. Y si paga, es porque la tiene.
Sin embargo, los querellantes Varone y Vega consideraron en marzo: “El monto de la caución es irrisorio”. A valor libre, son poco más de 3 millones de dólares. Ambos abogados estiman que no es ni siquiera suficiente para saldar el daño causado por Blaksley, un número que en el expediente investigado por la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano ascendía a 1.500 millones de pesos argentinos en valores de 2017. Los 450 millones, por otro lado, podrían licuarse entre pagos a peritos del caso y otras cuestiones. Para liquidar por lo menos a los acreedores de las querellas se calcula un monto de más de 10 millones en moneda americana.
El número real de damnificados, sin embargo, sería mucho mayor. En 2017, más de mil acreedores se presentaron en el Juzgado Comercial N° 30 para frenar un acuerdo preventivo extrajudicial donde Blaksley intentó salvarse frente a 27 pedidos de quiebra.
Blaksley, señalado como jefe de la organización, no es el único acusado ante el Tribunal Oral Federal 4. La imputación alcanzó a otras 15 personas: Federico Dolinkué –socio minoritario en Hope Funds y gerente administrativo–; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega. El abogado Pablo Andrés Willa también fue señalado como integrante del núcleo jerárquico del grupo.
Según la acusación, desde 2007 existió una “estructura criminal creada, organizada y liderada” por Enrique Juan Blaksley Señorans, en donde él se presentaba como un exitoso hombre de negocios y publicitaba los logros de su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos, junto a ricos y famosos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiaran en él –y su firma–, entregándole sus ahorros.
Fuentes en el proceso esperan a que el juicio llegue a su fin, por lo menos, a fin de este año.
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