Abuso sexual infantil: el reclamo de justicia para Luna se hizo sentir en las calles

Desde las nueve de la mañana, más de 40 organizaciones sociales y políticas, federaciones sindicales, colectivos feministas y sectores de derechos humanos se convocaron frente a la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar justicia para Luna, la joven que lleva una década denunciando a su progenitor por abusos sexuales sucedidos cuando tenía entre 6 y 9 años. Para el Ministerio Público Tutelar, sin embargo, la declaración testimonial de la víctima serían dichos contaminados, inducidos y acotados.

“Estamos acá porque Luna no es la única. No es solo una niña, no es solo una adolescente, son miles y miles de niñes que quedan atrapados en esta injusticia. Por eso decimos que la reforma judicial feminista es urgente. Basta de esta casta judicial patriarcal que descree de la palabra y de los hechos que se denuncian. El abuso sexual contra las niñeces es una forma más de violencia de género. Es el corazón del patriarcado, porque lo que hacen es aleccionar a una sociedad. Le dan impunidad a los abusadores, a los niños y niñas no se les escucha la voz ni se les tiene en cuenta, mientras quienes sostenemos estas situaciones somos mayormente mujeres”. Yamila Corín es la mamá de Luna y el otro gran blanco de ataque de una tendencia judicial en alza: castigar a las madres que denuncian o acompañan denuncias por violencia o abusos sexuales de sus hijos e hijas.

La manifestación en la calle Paraguay reunieron las mismas historias con distintos nombres. Mismos patrones de acción en diferentes jurisdicciones. Sinónimos, palabras semejantes para cambiar el foco y seguir sin hablar del abuso, del tabú milenario, de la violencia hacia las infancias.

“Me aterra cómo todo se repite. La historia de Luna es igual a nuestro caso. El violador pidió revinculación en lo civil, la pericia oficial dictaminó que es un psicópata y dio perimetral de 300 metros. Él se mudó a 308 metros. Para la justicia está en regla”. “En mi caso sigo esperando hace 12 años el juicio oral. Denunciamos al abusador en 2009”. “Yo también soy mamá protectora y esto remueve todo. Da mucha indignación la impunidad que tiene el abuso sexual en las infancias. Se tiene que terminar con el Síndrome de Alienación Parental (SAP), con no creerles a las víctimas, con hacerlas pasar una y otra vez por pericias y más pericias y poner siempre en duda su palabra. ¿Cuándo termina esto?”

El abuso sexual contra las infancias es parte de la violencia de género y de la cultura de la violación que existe en nuestras sociedades. La trampa del callejón sin salida queda a la vista cuando entendemos que las ciencias jurídicas y la justicia son un reflejo social.

En diálogo con Infobae, y tras 23 años como jueza con competencia en procesos de familia, Graciela Jofre comparte algunos de los aprendizajes de su experiencia: “Cuando una mujer denuncia penalmente el incesto paterno se produce una reacción casi inmediata del varón denunciado en el proceso civil haciendo uso de figuras jurídicas del Derecho de Familia, como el cuidado personal de hijos e hijas o la petición de un régimen comunicacional, cuyo objetivo primordial es forzar judicialmente la revinculación. Es en el proceso de familia donde operan las presiones hacia la madre protectora, los niños, niñas y adolescentes, y hacia todo profesional u operador de la justicia que valide la existencia de los abusos sexuales paternos. La mujer que se atreve a denunciar los abusos sexuales de su pareja a sus hijas e hijos suele ser estigmatizada porque viene a quebrar el silencio ancestral del incesto”.

Las condenas por maltrato e incesto son infrecuentes y no alcanzan el 1% de las denuncias. El ex juez federal Carlos Rozanski lo explica con el rigor de la matemática: “Normalmente en Argentina se esclarece el dos o tres por ciento de los hechos delictivos que suceden. Si se tiene en cuenta que no llegan a denunciarse más del 10% de los casos de abuso infantil, la proporción es geométrica: cada mil abusos se esclarece uno y los otros 999 quedan impunes. Esto da la pauta de la magnitud de la impunidad”.

Por Luna, por todas

La mamá y el papá de Luna se separaron cuando tenía un año y medio. A partir de ese momento comenzó a pasar los días de semana con su mamá y los fines de semana en el monoambiente paterno.

“A los 7 años de Luna noté cuestiones que me hacían ruido, actitudes corporales muy erotizadas en una niña. Además, contaba que el padre le daba besos en la boca o juegos entre ellos que me parecían claramente fuera de lugar. Igual, no tenía en mi cabeza el abuso. Lo que pensaba era que el padre no la estaba cuidando”, reconoce Yamila.

Dos años más tarde los relatos no solo eran cada vez más detallados, Yamila además encontró montones de dibujos que la nena escondía. Eran dibujos de penes en la boca, de cuerpos desmembrados, y la recurrente figura de un hombre desnudo con pelo largo y rulos. El progenitor tenía pelo largo y rulos. La denuncia impidió el contacto.

Cuando cumplió 13, Luna escribió de puño y letra una carta con todo lo que había vivido entre los 6 y los 9 años con su papá. También forma parte del expediente el testimonio de una ex pareja del denunciado que ratificó situaciones con la nena presenciadas cuando estaban juntos. Y en la cronología de las actuaciones, distintos profesionales que interactuaron con Luna dejaron registro de “masturbación compulsiva”, “conducta hipersexualizada”, “angustia”, “nerviosismo”, “irritabilidad”, “terrores nocturnos”, “hipervigilancia”, entre otros.

En abril de 2019, a Luna la peritaron desde el Cuerpo técnico Auxiliar del Departamento judicial de Morón. Fueron tres encuentros que incluyeron variadas técnicas de entrevistas y de test. Y recién en octubre de 2020 Luna pudo concretar su declaración testimonial, ya como persona adulta. El paso siguiente fue el pedido de indagatoria del acusado. Como respuesta, en cambio, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de CABA solicitó un análisis total del expediente que acumula 10 años de proceso.

Marina González Rodríguez, la abogada de Luna, describe el batacazo: “Para responder los puntos periciales solicitados por la Fiscalía, el Ministerio Público Tutelar redactó un informe que habla de co-construcción, de recuerdos que pudieron ser implantados por la madre y montones de cosas que entendemos como la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Este escrito generó las condiciones para que la defensa pidiera el sobreseimiento. La falta de perspectiva de género a la hora de leer y tramitar las problemáticas hace que las víctimas no accedan a justicia. En este caso en particular, acallan la voz de Luna. En el informe no analizan nada de su declaración y así la silencian”.

La no justicia

Con demasiada regularidad se escuchan historias desgarradoras sobre cómo la justicia argentina ningunea los testimonios de niños y niñas que sufren maltratos o violencia sexual por creerlos elucubrados por mujeres que tienen como solo fin alejar a los padres y sacarles plata. La aplicación del seudo Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un instrumento más de un Poder Judicial que pareciera trabajar a rajatabla para invisibilizar abusos y mantener, a como dé lugar, el orden social establecido.

“En el caso de Luna se visibilizan varias de las graves violaciones de los Derechos humanos de las víctimas de incesto que suceden en todo el país. Ojala fuera un caso aislado, pero no lo es. Primero por la aplicación del SAP y sus variantes que buscan un solo objetivo: minar la credibilidad de la víctima y de su adulto protector. Hace siete años que logramos que el Congreso declarara ilegal la aplicación de un síndrome inexistente, sin embargo muchos operadores de justicia no tomaron nota de esta importante reforma legislativa y siguen aplicándolo”, resalta Paula Wachter, directora ejecutiva de Fundación Red por la Infancia.

Y continúa enumerando el laberinto de mitos y matufias disfrazadas de legalidad: “El segundo factor es la falta de celeridad en los procesos que atenta contra la averiguación de la verdad, garantiza impunidad al agresor y la re-victimización de un niño o niña cuya infancia queda judicializada. Esta demora en el accionar de la justicia es inaceptable”.

Wachter cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.

SEGUIR LEYENDO: