El último “fusilador” de la masacre de Trelew que amasó una fortuna y tiene una vida de lujo en Miami

El viernes 25 de octubre de 2019 Roberto Guillermo Bravo se despertó temprano –una costumbre nunca abandonada desde sus tiempos de marino– y pensó que podía continuar con su rutina de casi todos los días, que a los 78 años no le exigía demasiada actividad.

Llevaba 47 viviendo en Estados Unidos, en ese momento en el lujoso barrio Sans Souci Estates de Miami, junto a su esposa y en las cercanías de las casas de sus tres hijos. En ese tiempo se había convertido en un empresario que había amasado una importante fortuna. Además, era un vecino notable de la comunidad.

En esos años, también, sus hijos habían adquirido –como él– la ciudadanía estadounidense. El mayor tenía una maestría en Administración, el segundo, una licenciatura en Tecnología de la Información; y el menor, una licenciatura en Negocios. Los tres habían servido en el Ejército o la Armada de los Estados Unidos.

Bravo llevaba una vida apacible en su casa, valuada en 1.700.000 dólares, y solo en ocasiones temía que, alguna vez, un hecho de su siniestro pasado terminara por alcanzarlo y exigirle el pago de una deuda. Sus cómplices en aquel hecho estaban presos o había muerto en prisión en la Argentina. Sólo él, hasta entonces, se había escabullido de las manos de la Justicia.

Quizás haya pensado en todo eso la mañana del 25 de octubre de 2019 cuando el timbre sonó a una hora exageradamente temprana y su mujer desde hacía 52 años, Ana María Giordano, le dijo que lo buscaban.

Minutos después salía esposado y custodiado ante la mirada atónita de un par de vecinos.

Habían pasado 47 años, dos meses y tres dí

as desde la madrugada del martes 22 de agosto de 1972.

22 de agosto de 1972, 3.30 de la madrugada

Los 19 guerrilleros de FAR, ERP y Montoneros detenidos en la Base Naval Almirante Zar de Trelew dormían alerta, intranquilos. Desde hacía una semana, cuando habían sido recapturados en el aeropuerto tras la fuga del Penal de Rawson venían siendo despertados, maltratados física y psíquicamente así como sometidos a simulacros de fusilamiento.

Se habían entregado con la promesa de que los devolverían al Penal de Rawson pero el capitán Luis Emilio Sosa, que había negociado con ellos, faltó a la palabra empeñada y terminaron en la Base Naval.

Los hechos ocurridos la madrugada del 22 de agosto ya han sido narrados en otras ocasiones por Infobae:

María Antonia Berger, una de las guerrilleras detenidas, no podía dormir y le preguntó la hora a un guardia. La respuesta del suboficial que estaba de guardia enfrente de su celda fue:

-Son las tres y media.

Minutos después, los marinos empezaron a entrar celda por celda para sacarlos al pasillo. Les dijeron que se quedaran parados al lado de cada puerta, mirando al suelo. Ricardo Haidar levantó un poco la cabeza y el capitán Sosa lo apuntó con su pistola 45:

-Haidar, no se me haga el machito que le pego un tiro – lo amenazó.

El capitán Sosa y el teniente Roberto Bravo siguieron su ronda de inspección por el pasillo. Berger también salió al pasillo: en cuanto se paró, empezaron los tiros. María Antonia alcanzó a ver que venían de una ametralladora en una punta del pasillo, y se sintió herida.

Consiguió meterse adentro de la celda; a su lado, María Angélica Sabelli dijo que estaba herida y cayó muerta en el acto. En el pasillo, la ametralladora seguía escupiendo: algunos buscaron un escape, pero no había adónde. Mariano Pujadas, Humberto Suárez y José Mena, que estaban en la primera celda, cayeron enseguida. Antes de caer, Jorge Ulla trató de tirarse encima de un marino, gritándole puteadas. En la puerta de su celda, Clarisa Lea Place y Susana Lesgart tuvieron el último reflejo de darse vuelta para evitar los tiros, y cayeron muertas. Ana María Villarreal de Santucho también cayó, boca abajo, en medio del pasillo. María Antonia escuchaba tiros, gritos, quejidos, y voces de los marinos:

-Este todavía está vivo.

Todavía se oían gemidos cuando entró el teniente Bravo:

-¡Levantensé, hijos de puta!

Ricardo Haidar y Alfredo Kohon se pararon. Bravo los apuntaba con una 45 y le metió a Haidar un balazo en el medio del pecho. Haidar salió disparado para atrás y cayó en su catre, sangrando a borbotones: cerró los ojos y trató de no moverse. Entonces el oficial disparó contra Kohon. Más lejos se oían otros tiros de gracia. Haidar se quedó quieto: sabía que si se movía o hacía el menor ruido lo remataban de un balazo.

Entonces oyó cómo el teniente Bravo y el otro oficial iban hasta la celda de Alberto Camps y Mario Delfino. Sonaron dos tiros. Delfino había caído muerto; Camps, con una bala en el vientre, trató de quedarse lo más quieto posible.

Al final del pasillo, un marino le decía a otro que la historia que tenían que contar era simple:

-Pujadas te agarró, salió un tiro para acá, entonces se quisieron ir y tuvimos que empezar a tirar…

María Antonia oyó unos pasos que venían hacia su celda, y pensó que la iban a matar. Con sorpresa, se dio cuenta de que no tenía más miedo: más bien una calma inesperada. Pensó que quizás fuera porque había perdido tanta sangre.

Los pasos se pararon, a su lado, en la celda. María Antonia respiraba fuerte y se dijo que era mejor si lo miraba. Un oficial le estaba apuntando a la cara con una pistola, y disparaba. La bala le entró por el mentón y la tiró para atrás, pero María Antonia siguió consciente.

Menos de cinco minutos después, el recuento que hicieron los marinos dio un saldo provisorio: 12 guerrilleros muertos y siete gravemente heridos: Alfredo Kohon, Pedro Bonet, María Antonia Berger, Carlos Astudillo, Alberto Camps, Miguel Ángel Polti y Ricardo Haidar.

Los llevaron a la enfermería y los dejaron allí, durante horas, sin atención médica. Eso hizo que sobrevivieran solamente tres: Berger, Camps y Haidar.

El encubrimiento oficial

En Buenos Aires, las versiones sobre los fusilamientos empezaron a circular la mañana de ese mismo martes 22 de agosto, pero recién a la una y media de la tarde apareció la primera información oficial distribuida por el Estado Mayor Conjunto, que decía que “al realizar el jefe de turno una recorrida de control en los alojamientos de los detenidos, mientras los mismos se encontraban en el pasillo, al llegar a uno de los extremos es atacado por la espalda por el delincuente subversivo Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado. Escudándose en el mismo intentan evadirse. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a los tiros, resultando herido. En tal circunstancia, la guardia contesta el fuego contra los reclusos que se abalanzaban en masa hacia la puerta de salida, encabezados por Pujadas…”.

Resultaba imposible creer esa versión. Eran 16 muertos de un lado y ninguno del otro. Al día siguiente, el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, informaba en tapa y decía: “Los acontecimientos, por sus características, resultan increíbles. Sus consecuencias -apenas entrevistas por los observadores, también atónitos- pueden resultar abrumadoras.”

Los muertos eran: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Mariano Pujadas.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados después a la Cárcel de Devoto, donde el 25 de mayo de 1973, poco antes de ser liberados por la amnistía dictada por el gobierno de Héctor J. Cámpora, relatarían minuciosamente los hechos a Francisco “Paco” Urondo, que los recogió en su libro La Patria Fusilada.

Casi 35 años de impunidad

Hubo que esperar hasta 2006 para que el entonces juez federal de Rawson, Hugo Sastre, reabriera la investigación de los fusilamientos de Trelew por pedido de los familiares de las víctimas, acompañados por organismos de Derechos Humanos.

Tras un largo trabajo de investigación, logró la detención de la mayoría de los imputados por la comisión material de los hechos (16 asesinatos y tres intentos de homicidio) y/o por encubrimiento: el ex contraalmirante Horacio Mayorga; Roberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; del ex capitán Jorge Del Real; el ex cabo Carlos Marandino; y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista.

En cambio, el excapitán Sosa y el ex teniente Bravo pudieron eludir sus capturas. Poco y nada se sabía de ellos luego de que perpetraran los fusilamientos de Trelew.

Tenían orden de captura, pero nadie sabía cómo encontrarlos. Se decía –no sin razón– que sus paraderos eran unos de los mayores secretos guardados por la Armada Argentina.

Sosa, capturado casi por casualidad

El ex capitán Luis Emilio Sosa recién pudo ser ubicado y detenido en febrero de 2008, por circunstancias casi fortuitas.

Un grupo especial de agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de Chubut se trasladó a Buenos Aires por orden del juez Sastre siguiendo una pista poco prometedora. Había localizado una vivienda en el barrio porteño de Recoleta que, según la escritura, pertenecía a la esposa de Sosa. Pensaron que podían encontrar allí al marino o, por lo menos, a su mujer.

Al principio creyeron que la pista no los llevaría a ningún lado. Los atendió un hombre joven, que dijo que le había comprado el departamento a Sosa hacía unos dos años.

-¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

-No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –respondió.

Cuando los policías estaban por irse, el joven les preguntó:

-¿Por qué lo están buscando?

-Está acusado por la masacre de Trelew –le respondieron.

Y entonces ocurrió lo inesperado.

-¡Hijo de puta! ¡Yo tengo a mis padres desaparecidos! – casi gritó. Y les pidió que volvieran unas horas más tarde, que iba a revolver papeles para ver si podía darles alguna dirección,

Cuando los policías volvieron el joven los esperaba con una dirección anotada en un papel: “Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C”. Allí, les dijo, funcionaba la inmobiliaria Acher Salomón, donde había hecho la operación de compra del departamento.

Cuando la policía llegó al lugar, los atendió un hombre al que le preguntaron por Sosa.

-Es mi amigo. Su esposa trabaja acá – les contestó.

Delante de los policías llamó al marino y le contó lo que estaba pasando.

-Voy para allá – le respondió Sosa.

Minutos después llegó a la inmobiliaria y se entregó. Habían pasado 35 años, cinco meses y veinte días desde los fusilamientos.

Juicio y condenas

Terminada la instrucción, el caso fue elevado a juicio.

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas.

El Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones y dijo que las apelaría.

El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, del Real y Marandino. Anuló, además, las absoluciones de Paccagnini y Bautista.

Además, los jueces Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky calificaron por unanimidad los fusilamientos como “delitos de lesa humanidad”.

Mientras tanto, el exteniente Bravo había sido localizado en los Estados Unidos y se pidió su extradición.

El escurridizo Bravo

Durante muchos años no se pudo establecer el destino de Bravo después de los fusilamientos de Trelew. Por otra parte, nadie lo buscaba.

En 1973, antes de terminada la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Bravo fue enviado como “agregado militar” a la Embajada Argentina en Washington. En los años siguientes recibió entrenamiento por parte del Ejército delos Estados Unidos en infantería avanzada, pathfinder y reconocimiento anfibio.

Se retiró de la Armada Argentina en 1979 para empezar a trabajar en una empresa de electrónica estadounidense. El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos.

De ahí en más, hizo una importante fortuna.

En 1982, Bravo y su familia se trasladaron a Miami, donde el ex marino fundó su propia empresa, RGB Group Inc.; y también desempeñó como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; así como de gerente de Miami Alliance. RGB Group fue su empresa más exitosa, convirtiéndose durante años en proveedora de servicios médicos para el Pentágono.

Las detenciones

En 2010, Bravo fue detenido por primera vez por la Justicia norteamericana mientras estudiaba el pedido de extradición de la Argentina para ser juzgado por la masacre de Trelew.

Ese pedido no prosperó y fue liberado, pero la reputación de Bravo sufrió un golpe durísimo y sus negocios se fueron a pique. En 2014 debió cerrar RGB Group porque la mayoría de sus clientes no quisieron trabajar con un acusado por delitos de Lesa Humanidad.

Durante los cinco años siguientes siguió librando una batalla judicial para eludir nuevos pedidos de extradición por parte de la Justicia argentina, hasta que en octubre de 2019 fue nuevamente detenido.

En esa ocasión, el ofrecimiento de una fianza para esperar la resolución judicial en libertad puso en blanco sobre negro la magnitud de la fortuna de Bravo.

Su abogado ofreció: un bono personal de un millón de dólares en efectivo más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. El listado de propiedades ofrecidas como garantía era encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano. También los bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.

La extradición, hoy

Por estos días se desarrolla un nuevo proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos, que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia.

En marzo de 2021 el fiscal de distrito de Miami, Florida, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición.

En su informe, el fiscal descartó que lo ocurrido en la Base Naval Almirante Zar haya sido la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre los Estados Unidos y la Argentina. “Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo”, concluyó.

Al escribirse estas líneas –49 años después de la Masacre de Trelew-, Bravo sigue viviendo impune y en libertad, pro ya no duerme tranquilo.

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