En la tarde del viernes 20 de agosto de 1976, desde el Ministerio del Interior comandado por el entonces general Albano Harguindeguy salía un comunicado oficial que rápidamente se convertía en despacho de agencias de noticias y artículos de las redacciones periodísticas.
En la mañana “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a treinta personas, que “habían sido dinamitados”. Eso había sucedido en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8.
El informe oficial decía que el gobierno repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.
Nadie que transcribiera el comunicado en su sano juicio podía creer en la versión de que algún grupo guerrillero hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Sin embargo, en los cinco meses que llevaba la dictadura de Jorge Rafael Videla, en las redacciones no se chequeaban los partes surgidos de oficinas de la Casa Rosada.
Por la tarde de aquel viernes, camiones de la Municipalidad de Pilar retiraban los restos humanos y los llevaban a la Morgue de esa localidad. Eran los restos de 20 hombres y 10 mujeres, todos con orificios de bala, la gran mayoría con las manos atadas por la espalda. En esos días, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, los otros 25 fueron llevados al Cementerio de Derqui, inhumados como NN.
Cuando la mentira es la verdad
Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad.
Allí funcionaba un centro clandestino de detención donde los funcionarios públicos torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros -algunos de ellos ya asesinados- y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, fue Fátima.
Lo tenebroso del aparato del Estado es que la SSF antes era Coordinación Federal (“Coordina” en la jerga) y había atravesado por la dictadura de Juan Carlos Onganía hasta la de Videla. En el medio, salvo el breve período en que Esteban Righi estuvo al frente del Ministerio del Interior, entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973, “Coordina” era un centro de tortura y muerte.
Cuando asumió al frente de Interior, Righi dio un discurso en el Patio de las Palmeras de la sede policial en la que advertía a los oficiales de la Federal que esa institución “tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga.”
El joven ministro del Interior vio caras de póker entre sus interlocutores. Apenas 49 días después Righi acompañaba la salida de Héctor Cámpora. La Presidencia era ocupada por Raúl Lastiri, yerno del poderoso José López Rega, quien empezaba a mover las fichas para que la Triple A tuviera su centro de gravedad entre el Ministerio de Bienestar Social y la sede de la Federal.
La caída en desgracia de López Rega en julio de 1975 le permitió salir impune con pasaporte diplomático hacia España. Salvo algunos matones y lúmpenes, las Tres A se diluían en lo que las propias Fuerzas Armadas formaban para perseguir de modo ilegal a sus adversarios: los Grupos de Tareas (GT).
Una evidencia de los vínculos entre el gobierno de María Estela Martínez de Perón y quienes la sucedieron fue que el 30 de enero de 1975, Harguindeguy fue puesto al frente de la Policía Federal por la entonces Presidenta. Tuvo todo el tiempo para diagramar la creación del GT-2 que funcionó en Coordinación Federal.
La Conadep y una venganza
Apenas creada la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, se hicieron presentes quienes habían convivido con varios de los masacrados en Pilar.
El 6 de abril de 1984, directivos de la Conadep fueron a la sede de Moreno 1417 junto a Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, ambos sobrevivientes del centro de detención clandestino que funcionaba en la sede policial. Fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976. En efecto, ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y ex dirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles que no pudo contar jamás porque Hopen nunca pudo recuperar la libertad y es un detenido desaparecido. Los 20 hombres y las 10 mujeres que fueron dinamitados a las 4.30 del 20 de agosto estaban en Moreno 1417.
Mucha más repercusión tuvo en aquellos días de principios de 1984, la declaración del ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta 30”, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio.
“Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Brindó también los nombres de quienes estaban a cargo: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi.
Rápidamente, la figura de Gallone cobró relevancia en aquel principio de 1984 pues un año y medio antes una foto suya había recorrido el mundo: el entonces oficial tomaba en sus brazos a una madre de Plaza de Mayo. El cerrojo informativo en tiempos de dictadura hizo que Gallone apareciera “abrazando” a esa madre y para muchos podía ser un signo de “reconciliación”.
La realidad era completamente otra: Marcelo Ranea, por entonces fotógrafo de la agencia DyN, hizo una sucesión de tomas en las cuales Gallone impedía avanzar a las madres y, en una de ellas, la ponía sobre su pecho y su rostro parecía compungido. Las Madres de Plaza de Mayo se indignaban en aquel 1982 por el fraudulento uso de la foto, pero su dolor y fue mayor cuando supieron que Gallone había sido uno de los responsables, seis años antes, de la Masacre de Fátima.
El suboficial Luchina, en su declaración a la Conadep, afirmó lo que se supo desde el primer momento: la masacre era “una represalia” al atentado realizado por un comando montonero ocurrido el mediodía del 2 de julio de aquel 1976 en el comedor del edificio de Moreno 1417 que costó la vida de 23 policías.
Distintas denuncias recibidas en la Conadep certificaron que unos 50 miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado de esa organización. La Masacre de Fátima fue, entonces, la respuesta de los propios compañeros de los muertos del 2 de julio.
Cortocircuitos con Harguindeguy
Dos semanas antes del atentado a la sede policial, Montoneros había matado al general Cesáreo Cardozo, a cargo de la Policía Federal puesto por Harguindeguy. Tras el atentado mortal a Cardozo, el ministro del Interior puso al frente de esa institución a otro general, Arturo Corbetta. A los pocos días de asumir, entonces, Corbetta se topó con la bomba que mataba a 23 uniformados.
A horas del atentado, y con apenas diez días a cargo de la Federal, Corbetta se encontró frente a una situación difícil de manejar: un grupo de policías de Superintendencia de Seguridad Federal policiales había tomado la decisión de sacar a un grupo de presos legales que estaban en la cárcel de Villa Devoto. Junto a algunos oficiales del Ejército que lo acompañaban en la gestión, Corbetta se opuso de modo enérgico y conjuró ese intento.
Eso no tomó estado público y aunque Harguindeguy no quiso desautorizar al general “legalista”, lo relevó del cargo tres días después. Fue el turno de otro general, René Ojeda, de quedar al comando de la Federal el 6 de julio, 45 días antes de la masacre de Fátima.
Los Antropólogos Forenses
La Conadep sumó, a los del matrimonio Poggi, decenas de testimonios de sobrevivientes del centro clandestino que funcionaba en Moreno 1417. Iniciadas las denuncias penales, por efecto de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el procedimiento judicial quedó en suspenso. Sin embargo, a fines de 2003, el Congreso Nacional votó la nulidad de esas leyes así como de los indultos posteriores y el juicio fue retomado.
Tal como se dice al inicio de esta crónica, los restos de 25 de las 30 víctimas fueron llevados al Cementerio de Derqui, el más cercano al lugar donde dinamitaron los cuerpos. La Justicia, como en tantos otros casos, contaba con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En una tarea que todavía no está terminada -valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos- los antropólogos identificaron a 20 de los cuerpos dinamitados en aquella fría madrugada. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019.
Los nombres de los 25 identificados
Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera.
Los datos de quiénes eran, qué hacían, qué actividad gremial o política tenían las víctimas identificadas, así como las circunstancias en que fueron secuestrados de modo ilegal están en la página web confeccionada por sus familiares y amigos (masacredefatima.com.ar).
El juicio
En julio de 2008, tras el juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las 30 víctimas. Lapuyule era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF.
A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.
En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.
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