En la historia primigenia de la Resistencia Peronista, el frustrado levantamiento que encabezaron los generales Juan José Valle y Raúl Tanco la noche del 9 de junio de 1956 contra la dictadura de la autodenominada “Revolución Libertadora” ocupa un lugar central.
Hay múltiples razones para que así sea: fue el primer intento cívico militar de traer a Juan Domingo Perón de regreso a la Argentina, la notoriedad de sus líderes y la brutal respuesta represiva de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, que culminó con el fusilamiento de Valle y otros jefes militares, el asesinato de civiles en Lanús y la matanza clandestina de un grupo de militantes peronistas y vecinos que nada tenían que ver con el levantamiento en un basural de José León Suárez reconstruida y denunciada por Rodolfo Walsh en esa obra maestra del periodismo de investigación que es “Operación Masacre”.
Esta centralidad –que mucho le debe a la investigación de Rodolfo Walsh– terminó opacando otro intento, también encabezado por militares y con apoyo civil, ocurrido menos de cinco años después del levantamiento de Valle, en noviembre de 1960. El objetivo final de este movimiento casi olvidado era el mismo, traer de regreso a Perón a la Argentina, pero la situación política era muy diferente: la dictadura de Aramburu y Rojas había dejado lugar al gobierno constitucional – aunque fuertemente condicionado por las Fuerzas Armadas – de Arturo Frondizi.
El viernes 30 de noviembre de 1960, aproximadamente a la una de la madrugada, un grupo de setenta hombres comandados por el general (RE) Miguel Ángel Iñiguez y el coronel Julio Barredo iniciaron las operaciones.
Iñíguez tenía gran ascendencia entre los miembros de la Resistencia Peronista. El dato clave fue que cuando se inició el levantamiento contra Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, este militar leal estaba en Santa Fe y el Estado Mayor le ordenó que, al frente del Regimiento 12 de Infantería y de una agrupación aérea liviana, partiera a Córdoba a participar del sofocamiento iniciado en esa localidad destinado a terminar con el gobierno constitucional.
Desde otros lugares, también unidades leales se movilizaron. Iñíguez se desplazó a gran velocidad y llegó hasta el barrio Alta Córdoba de la capital provincial, donde encontró fuerte oposición de efectivos enviados por el general Dalmiro Videla Valaguer, jefe de los insurrectos. Allí los de Iñíguez resistieron y el propio general rechazó de modo rotundo el ofrecimiento de Videla Valaguer de darse vuelta y sumarse a la sublevación. Corría el 18 de septiembre, los militares antiperonistas de Ejército y Marina avanzaban en muchos frentes, sin embargo, al recibir la orden de avanzar contra los golpistas, Iñíguez la aceptó sin dudar.
En eso estaba el general leal cuando, al día siguiente, las radios informaron que Perón había renunciado a la Presidencia de la Nación. Sin autoridad a la que defender, Iñíguez se rindió.
Cinco años después
En la madrugada de ese último día de noviembre de 1960, los liderados por Iñíguez y Barredo redujeron al conscripto que estaba de consigna en uno de los portones del Regimiento 11 de Infantería, en los suburbios de Rosario, y atacaron la guardia del cuartel, que lograron tomar luego de un furioso tiroteo.
En las horas siguientes, en distintos lugares del país, otros grupos civiles y militares intentaron la toma de otra guarnición, el copamiento de puestos de servicios públicos estratégicos y acciones de sabotaje para apoyar al movimiento iniciado por Iñiguez.
No se trataba de una movida aislada en un país que vivía en calma. Era la culminación de varios meses de lucha y el final de un noviembre muy caliente.
Un año convulsionado
Arturo Frondizi había asumido la presidencia de la República el 1° de mayo de 1958 luego de ganar las elecciones del 23 de febrero de ese año con casi el 50% de los votos gracias al apoyo del peronismo, logrado mediante un acuerdo con Perón.
En los años de la “Libertadora”, Frondizi había tomado dentro del radicalismo una posición fuertemente crítica de la dictadura, enfrentando al sector de su propio partido liderado por Ricardo Balbín, que tenía una actitud conciliadora. Las posiciones encontradas dentro de la propia Unión Cívica Radical (UCR) habían terminado en una ruptura que llevó a Balbín por la UCR del Pueblo y Frondizi por la UCR Intransigente) a presentarse encabezando listas diferentes.
Ya en la presidencia, Frondizi reemplazó sus promesas de campaña por un plan de austeridad que produjo grandes tensiones con los trabajadores, a la vez que mantenía la exclusión electoral del peronismo. A fines de 1958, además de huelgas y protestas, enfrentaba las primeras acciones de “comandos” de la Resistencia Peronista.
Para 1960, la precaria alianza electoral entre Frondizi y el peronismo era asunto del pasado y la Resistencia Peronista había vuelto actuar, dividida en dos sectores radicalizados; uno de ellos ortodoxo, conducido por Iñiguez; el otro de izquierda, inspirado por John William Cooke, que derivó en el surgimiento de la primera guerrilla de los años 60, Uturuncos, comandada por Enrique “El Gallego” Mena.
Uturuncos había empezado a actuar con pequeñas acciones en el norte argentino durante 1959 pero la organización fue rápidamente desbaratada. El 10 de enero de 1960, el campamento guerrillero que había instalado en Tucumán, con una veintena de hombres, amaneció rodeado por centenares de policías que los capturaron sin disparar un solo tiro.
La existencia de una guerrilla y un clima social y sindical dominado por protestas y huelgas sirvió para que las Fuerzas Armadas presionaran al presidente, que el 14 de marzo de 1960 puso en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado).
El Plan Conintes sumó la Ley Marcial al Estado de sitio ya existente y aumentó la capacidad de operación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. “Definitivamente quedaban militarizadas las huelgas, las Fuerzas Armadas se hacían cargo del control operacional de las policías provinciales y el fuero civil quedaba reemplazado por la justicia militar para juzgar rebeliones políticas y/o sindicales”, sintetiza Alejandro Guerrero en “El Peronismo Armado”.
Pocos días después, Frondizi envió al Congreso un proyecto de ley para establecer la pena de muerte.
Noviembre al rojo vivo
Desde el primer día, noviembre se anunció como el mes más políticamente caliente del año. El Ejército se debatía en una pelea intestina. El secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher, renunció el 1° de noviembre, enfrentado con el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Toranzo Montero.
Ese mismo día, Frondizi ratificó sus resistidos contratos petroleros y por exigencia del Fondo Monetario Internacional modificó la Ley de Contratos de Trabajo para facilitar los despidos, que de ahí en más podrían ser indemnizados sólo en el caso que fueran “injustificados”. Las distintas centrales obreras – incluidos los “32 gremios democráticos”, que habían sido funcionales a la Libertadora – convocaron a un paro general de 24 horas.
Mientras tanto, la Resistencia Peronista seguía actuando y recibía duros golpes por parte de las fuerzas de seguridad.
El domingo 13, en un allanamiento realizado en Villa Lugano, la policía secuestró armas, municiones y una gran cantidad de explosivos que identificó como similares a los que habían sido utilizados en un atentado contra el Departamento Central de Policía unos meses antes.
En otros procedimientos se realizaron varias detenciones de miembros de la resistencia y se secuestraron armas y gelignita para la fabricación de explosivos caseros.
Pese a los golpes, la resistencia continuó. El viernes 18, tres soldados conscriptos asaltaron la guardia del Regimiento U de Caballería “Coronel Brandsen”, en Tandil, donde estaban destinados, y escaparon con varias ametralladoras livianas, pistolas calibre .45 y más de 700 balas. Fueron capturados pocas horas después cerca del Aero Club de Tandil, tras un fuerte tiroteo en el que cayó gravemente herido un sargento.
Las Fuerzas Armadas se habían transformado, también, en un blanco para los militantes peronistas de la resistencia. A pesar de eso, los altos mandos del Ejército no imaginaban que muy pronto se produciría un levantamiento nacido de sus propias entrañas.
El levantamiento del 30 de noviembre
A la una y veinte de la madrugada, el grupo de 70 hombres comandado por Iñíguez y Barredo había logrado tomar la guardia del Regimiento 11 de Rosario y se disponía a atacar el casino de oficiales, donde resistían las tropas del cuartel, unos 900 efectivos con cuatro tanques Sherman y tres blindados livianos.
Casi al mismo tiempo, grupos de civiles coordinados con el plan de Iñíguez empezaron a realizar acciones de apoyo. En “El Peronismo Armado”, Alejandro Guerrero reconstruyó las más importantes:
“Poco antes de comenzado el ataque, a las 0.10 de la madrugada, estalló una bomba en Murguiondo 678, Villa Alsina, donde vivía Daniel Caián, un dentista militar. A las 0.24 volaron las vías del Ferrocarril Roca, a la altura del kilómetro 10, entre Lanús y Remedios de Escalada, y enseguida otro tramo a cinco cuadras de la Estación Lanús, A las 0.40 se produjo un nuevo ataque con bombas, ahora en Alsina 274, Avellaneda, donde funcionaba el Comando de la II Región Militar. A la 1.10, otro atentado dejó inútil la cámara subterránea de conexiones de Teléfonos del Estado en Pavón y Urquiza, en Lanús”, enumera.
Quedaba claro que no se trataba simplemente del intento de copar un Regimiento, sino de una acción orquestada en diferentes lugares del país.
A las 5 de la mañana se inició el segundo movimiento militar de envergadura por parte de los insurrectos. Fue en Tartagal, Salta, donde tropas comandadas el teniente coronel Eduardo Escudé consiguieron ocupar el batallón Monte Escuela, desde el cual hizo conocer un comunicado de apoyo a Iñiguez. Casi al mismo tiempo, grupos rebeldes ocuparon casi todos los edificios públicos de la ciudad, y un comando dirigido por el exdiputado peronista Tomás Ryan tomó el Campamento Vespucio, también en Salta.
Iñíguez, finalmente, no logró vencer la resistencia opuesta por la guarnición del Regimiento 11 y para el mediodía quedó claro que el levantamiento había fracasado. Los insurrectos de Salta intentaron escapar hacia Bolivia, los demás trataron de buscar refugio donde podían. La mayoría de los sublevados fueron capturados.
El gobierno ordenó también la detención de notorios dirigentes sindicales peronistas, bajo sospecha de haber participado también de la movida. Lorenzo Miguel, Luis Pugliese, Osvaldo Pérez, José Notaro, Paulino Niembro y Amado Olmos terminaron entre rejas.
¿Dónde está Iñíguez?
El jefe del levantamiento logró eludir el cerco y prácticamente se hizo humo. Los intentos por encontrarlo eran infructuosos. Muchos años después se supo dónde había estado, mientras se creía que había logrado salir del país pocos días después de la intentona.
Iñiguez había planificado todo, incluso su retirada en caso de que las cosas salieran mal. Los hermanos Vicente y Juan “Chito” Sava, dueños de un campo en Venado Tuerto lo esperaban en un lugar prefijado con su camión. No lo llevaron a su campo, ya que se los conocía como simpatizantes peronistas, sino a la de su amigo Cándido “Papero” González.
Esta parte de la historia demoró mucho tiempo en conocerse y la recuperó el periodista del diario “Pueblo” de Venado Tuerto Lucas Paulinovich cuando obtuvo las desgrabaciones de una larga entrevista que un vecino de la ciudad, Pablo Almena, le había hecho a Vicente Sava poco antes de su muerte.
La nota de Paulinovich reconstruye así los primeros pasos de la fuga del jefe de aquel intento fallido: “El general Iñíguez tiene puesta una peluca y un pañuelo le cubre parte del rostro. Junto a Vicente están su hermano Juan, el Chito; y Antonio, el mayor de los tres. Vicente abre la puerta del camión Bedford que usa para trasladar las verduras y las frutas desde el mercado de Rosario: agrandaron la ventana de la cabina dormitorio y colocaron un vidrio que se abría y daba a la caja. Antes de hacerlos subir al espacio preparado entre las jaulas de acelga y repollo, les entregaron una “metra” (metralleta) a cada uno. La puerta trasera del camión estaba trabada con doble cadena y apilaron cincuenta bolsas de papas. En la posta, la caminera clavaba las puntas de las armas para controlar. Pero a ellos, los de la caminera, los conocían, pasaban tres veces por semana, les pedían favores: ‘Che, Sava, ¿no me traes tres kilos de salamines a la vuelta?’. En todos los controles había carteles con una foto que decían; ‘Traidor a la patria, vivo o muerto: general Miguel Iñíguez’”.
13 años después, la Federal
Arturo Frondizi fue derrocado el 29 de marzo de 1962 por un golpe militar y reemplazado por el presidente provisional del Senado, José María Guido.
Juan Domingo Perón retornó definitivamente a la Argentina el 20 de junio de 1973. Iñiguez – con otros dirigentes de la derecha peronista como Jorge Osinde y Norma Kennedy – formó parte de la Comisión Organizadora del Retorno que terminaría en la Masacre de Ezeiza. Ese día, hombres que respondían a esa Comisión, a bordo de vehículos del Automóvil Club Argentino dotados con modernos equipos de comunicaciones, cumplieron la misión de detectar y señalar a los grupos de la Tendencia Revolucionaria que terminaron siendo los “blancos” de la masacre.
Poco después renunció el presidente Héctor Cámpora y se convocó a las elecciones que lo llevarían a la tercera presidencia de Perón en una Argentina muy convulsionada.
En septiembre de ese año, durante la presidencia provisional de Raúl Lastiri, por orden del propio Perón fue nombrado Jefe de la Policía Federal, cargo que ocupó hasta el 10 de abril de 1974, cuando fue reemplazado por el comisario Alberto Villar.
Su renuncia fue consecuencia de su oposición a la represión ilegal y a las torturas de detenidos que ordenaban sus subordinados, los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, hombres que respondían a José López Rega.
Poco antes de renunciar, se reunió con Perón y se quejó de López Rega, que ya estaba armando los parapoliciales de lo que sería la siniestra Triple A.
-Están torturando a hijos de peronistas, general. Yo no torturo – le dijo al presidente.
-No le dé pelota a ese loco (por López Rega), usted limítese a aplicar la ley – le respondió el mismo Perón que hacía apenas seis meses había firmado el “documento reservado” en el que ordenaba “la depuración” por todos los medios de los “infiltrados” en el Movimiento.
Miguel Ángel Iñiguez murió en Buenos Aires en 1989.
SEGUIR LEYENDO: