La tristeza y el calvario para la familia de Micaela Ortega comenzó el 23 de abril de 2016. Ese día, la nena de 12 años salió de su casa en su casa del barrio Noroeste de la ciudad de Bahía Blanca, motivada por un criminal que la había engañado escondiéndose detrás de un falso perfil de Facebook. Nunca regresó. Una vez hecha la denuncia de rigor por averiguación de paradero, desde entonces se montaron múltiples rastrillajes y operativos para dar con ella. Todos con el mismo resultado: negativo.
El caso acaparó rápidamente los medios de comunicación. Mientras los días pasaban, la angustia se acrecentaba. Había transcurrido un mes y la búsqueda seguía sin rumbo hasta que se incorporó a la causa información de parte del National Center for Missing & Exploited Children, un organismo sin fines de lucro de Estados Unidos que trabaja a nivel mundial contra la pedofilia y que colabora con la Justicia en este tipo de casos.
A partir de los datos aportados, los investigadores conocieron que Jonathan Luna, un hombre por entonces de 26 años y que vivía en un domicilio de la localidad de Ingeniero White, había contactado a Micaela a través de la mencionada red social haciéndose pasar por una niña de su misma edad. En consecuencia, la Justicia ordenó el allanamiento a esa vivienda. Allí se encontraron el celular y la campera de la menor. Luna fue detenido y, comprometido por las pruebas en su contra, se quebró: confesó el asesinato y reveló el lugar de donde había escondido el cuerpo.
Así, a poco más de un mes de la desaparición, el 28 de mayo, Micaela fue encontrada estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza en un descampado en las afueras de la ciudad bahiense, en un lugar lleno de arbustos y pastizales localizado cerca de la ruta 3 y a pocos kilómetros de la localidad de General Daniel Cerri.
Posteriormente, el fiscal de la causa, fiscal Rodolfo De Lucía, determinó que el acusado tenía cuatro cuentas de Facebook, y a través de una logró organizar y concretar un encuentro con Micaela. De ese modo fue como tras el encuentro, según la reconstrucción de la investigación, la niña y Luna caminaron unos 9 kilómetros hacia un descampado donde él intentó abusar de ella, le robó y la mató. Se supo, además, que Luna había intentado vender a conocidos una plancha de pelo que le había robado a la niña.
Luna era un viejo conocido de la Justicia. De hecho, cometió el crimen de la menor mientras estaba prófugo, ya que se había escapado en 2014 durante una salida transitoria mientras se encontraba purgando una condena por robo calificado en la provincia de Río Negro. Finalmente, el 19 de octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua -una sentencia acorde con la que habían solicitado la fiscalía y la querella- en un juicio histórico, ya que se trató del primero por grooming seguido de muerte en Argentina.
La ley
El grooming se incorporó al Código Penal el 13 de noviembre de 2013 con la sanción de la Ley 26.904. Es por eso que esa fecha, en Argentina se conmemora el Día de la Lucha contra el Grooming, ciberacoso o acoso de menores por Internet, un tipo de cibercrimen que se incrementó durante la pandemia y con el aumento de la conectividad por las restricciones para prevenir contagios por coronavirus.
El artículo 3 de la normativa define por grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del mismo. El delito conlleva una pena de 6 meses a 4 años de prisión.
Este miércoles, Micaela cumpliría 17 años. En diciembre del año pasado, el Gobierno promulgó la creación de un Programa Nacional de Prevención que lleva su nombre y cuyo objetivo es prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y de la capacitación de la comunidad educativa mediante distintos mecanismos.
Mónica Cid, la mamá de Micaela, celebró la iniciativa: “Es brindarle a los chicos lo que a mi hija le negaron. Que en cuestión de horas podamos saber quién está del otro lado de una computadora, cuando a mi hija le llevó 32 días es reconfortante para mis nietas, para las amigas de Mica”. Y advirtió: “Sabemos que Luna está encerrado, pero hay muchos ‘Lunas’ sueltos y detrás de nuestras niñas y niños”.
La norma “Mica Ortega” fue un gran paso adelante, pero aún falta uno más: “La ley todavía no está reglamentada”, dice Cid. Al momento de la oficialización se había dispuesto un plazo máximo de 60 días para ello.
La madre resalta que “igualmente a lo largo de todo el territorio argentino ya se está implementando a través de programas de orientación y capacitación de diferentes ONG’s y del Ministerio Publico Fiscal también”.
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