Jacqueline, una estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, le preguntó a Alberto Fernández qué opinaba de la legalización de la marihuana. Cerca del cierre del segundo Encuentro Federal de Derecho, el Presidente respondió que, en comparación con esta última, las otras preguntas habían sido más fáciles. Tal vez como nunca antes, el mandatario se explayó sobre este polémico tema. Jaqueline vinculó su inquietud con la despenalización del aborto y la militancia y la movilización popular en contra de su criminalización: “Otra de las grandes demandas de la juventud y de la sociedad -dijo la joven-, es la legalización del cannabis para uso recreativo. Queremos saber cuál es su mirada y si es posible que suceda durante su gestión”.
Hace dos semanas, el Senado dio media sanción a la ley que regula la producción industrial del cannabis, sus semillas y derivados a partir de la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). La norma se aprobó el 15 de julio, un mes después de que el Poder Ejecutivo ingresara el anteproyecto en la Cámara, con el voto afirmativo de 56 legisladores, 5 negativos y una abstención. Durante su gestión, Alberto Fernández impulsó una medida que aspira a convertir al país en un líder regional en el negocio del cannabis industrial, confiado en las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas locales. La pregunta de Jacqueline le permitió al presidente exponer su opinión al respecto.
“El derecho va siempre detrás de la cultura”, dijo Fernández y coincidió que las manifestaciones de los grupos feministas en los que se reclamaba la legalización del aborto, indujo al Estado a legislar en ese sentido. “Ahora se abre otro debate, que es sobre el uso de la marihuana, concretamente con fines recreativos. El debate ahí es un poco más confuso”, expresó, como antesala de su opinión. También aludió a la hipocresía, a las industrias del tabaco y el alcohol, a la Ley Seca que se estableció en los Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de 1933, a la salud, al tabú, a los consumidores y a los narcotraficantes.
“Tenemos que vencer y poner en debate una cuestión que tiene que ver con la hipocresía social en la que vivimos. Hay una parte nuestra que soporta cierta hipocresía. Que la marihuana es tóxica no está en tela de juicio. Pero también el tabaco es tóxico y también el alcohol es tóxico. Y sin embargo hay toda una industria montada detrás del tabaco y el alcohol donde lo tóxico pasa a un segundo plano. El mayor problema que sufre nuestra juventud en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol. Nuestros jóvenes se dañan y dañan su físico antes que nada por el alcohol. Ahí está montada toda una industria que es muy difícil de cuestionar. También hay una admisión social en favor de que el alcohol se venda y se consuma. Esta admisión social no existe respecto de las drogas”, apuntó.
Expresó que la marihuana es una droga blanda y dijo que el daño que genera “es menor o equivalente al del tabaco”. Aclaró que no es un juicio propio, sino una versión que tomó de los entendidos en la materia. “Es un debate que en algún momento va a haber que dar”, interpretó Alberto Fernández, quien en marzo de este año en una entrevista que le hizo el influencer Tomás Quintín Palma para el programa De mil humores (por Canal 9), se limitó a cuestionar la penalización por parte del Estado: “Yo tengo una mirada, la verdad, muy liberal sobre este tipo de cosas. Liberal en el mejor sentido de la palabra, no neoliberal, sino en el sentido de que, finalmente, es el riesgo que corre cada uno. Todos sabemos que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud, todos lo sabemos, pero hay gente que la pasa bien dañándose, qué sé yo, y no sé si es el Estado el que debe decirles que no lo hagan”.
“También soy de los que piensan que cuando lo ilegal se legaliza, los mercados desaparecen y por ahí dejan de ser negocio. Fue lo que pasó con la Ley Seca de los Estados Unidos. Mientras la Ley Seca funcionaba, comprar un litro de whisky era costosísimo. Cuando la Ley Seca desapareció dejó de ser negocio hacer whisky. Y tal vez pase lo mismo cuando se legalice una droga como la marihuana”, comparó. Son 16 los estados norteamericanos que ya tienen regulado el consumo de la marihuana, así como Canadá y Uruguay. México espera el voto del Senado para convertirse en el tercer país del mundo en aprobar su legalización.
“Nosotros hemos dado un primer paso legalizando el cannabis con fines de uso medicinal porque dicen que efectivamente la planta tiene esa virtud. Y el cáñamo, que es una variante del cannabis, podría ayudar mucho a la industria textil porque durante muchos años, cuentan que las velas que movían las carabelas en el siglo XV eran hechas con cáñamo, que parecía ser un hilo muy resistente. Poco a poco el tabú del cáñamo, del cannabis, va a ir cediendo”, consignó el presidente.
Pidió, a su vez, ser cuidadoso y tratar el tema sin apremios. Reparó en no promocionar el consumo de ningún estupefaciente, pero aclaró cuál debería ser la función del aparato estatal en los criterios de penalización: “Lo que nosotros debemos hacer como Estado no es perseguir al consumidor de un porro, sino perseguir al traficante que es el que hace el verdadero negocio. El que consume marihuana, en todo caso, se está dañando. Como el que consume alcohol, como el consume tabaco. En algunos casos aceptamos esos daños y en otros no. Ese es un gesto de hipocresía. Debemos ser cuidadosos porque lo que está claro es que es una sustancia que genera daño. Lo que no estoy convencido es que la solución sea prohibirla. Lo que sí estoy convencido es que el consumidor es en todo caso una víctima, no es el culpable de nada”, concluyó.
El artículo 14 de la ley 23.737 del Código Penal establece una pena de un mes a dos años de prisión “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Pasaron doce años de la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo: la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó, el 25 de agosto de 2009, el célebre fallo Arriola, una sentencia que buscaba proteger las libertades individuales amparadas en el artículo 19 de la Constitución, exhortar a los poderes públicos a ir contra los traficantes, liberar a los consumidores y asentar un precedente. No hubo ningún cambio de políticas y las personas que tienen sustancias para consumo personal llenan las cárceles.
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