El gobierno porteño avaló el uso de las pistolas Taser y podría incorporarlas a la policía tras el episodio de “Chano” Charpentier

El gobierno porteño avaló hoy el uso por parte de las fuerzas de seguridad de armas no letales, como las pistolas Taser, en el marco de una discusión que se reactualizó en las últimas horas por el episodio protagonizado por el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien en un presunto episodio de salud mental quiso agredir con un cuchillo a un policía y este, para detenerlo, le disparó al ex líder de Tan Biónica en el abdomen.

“En la ciudad de Buenos Aires creemos que para determinados usos pueden ser una alternativa. Lo hemos evaluado en su momento, hemos capacitado personal de la Ciudad y estamos evaluando algún procedimiento para incorporarlas con exclusividad para determinados usos”, indicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en conferencia de prensa.

Según el funcionario, este tipo de armamento “tiene la particularidad de que en lugares donde hay mucho público, mucha gente, puede ser una herramienta adicional para la policía, que tiene que estar capacitada; es una herramienta alternativa”.

Ayer, una vez conocido el incidente con Chano (que producto del disparo perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas), el primer dirigente en poner en consideración la utilización de las pistolas Taser fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido. Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer: lo neutralizó. Está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado y es necesario dar esta discusión”, dijo en una entrevista en Radio 10.

Lo cierto es que esta misma controversia había tomado relevancia pública en septiembre del año pasado, tras el asesinato del oficial de la Policía Federal Juan Pablo Roldán. Se trata de dos casos en los que los agresores involucrados sufren adicciones o patologías psiquiátricas graves y, si los efectivos de las fuerzas de seguridad hubiesen estado equipados con pistolas Taser, tal vez no se hubiesen lamentado muertes ni heridas graves.

En aquella ocasión, un hombre de 51 años, identificado como Rodrigo Rozas, abordó con un arma blanca a dos personas que almorzaban en un restaurante sobre la avenida Figueroa Alcorta. Roldán y otros compañeros, que cumplían su labor en una comisaría cercana, se acercaron al agresor para disuadirlo.

Roldán no quiso repeler el ataque de Rozas y recibió cuatro puñaladas a la altura del pecho. Tras ser herido, el agente de la Policía efectuó un disparo en defensa propia. Tanto la víctima como el agresor murieron.

Otro dirigente que reavivó el debate fue Carolina Píparo, quien apuntó contra el oficialismo por haber derogado los protocolos para el uso de las Taser que habían sido impulsadas por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El kirchnerismo avanza para que no existan instituciones donde tratar a personas que sufren adicciones o patologías psiquiátricas graves. Se opone a la adquisición de Taser. Todos los fracasos ideológicos que no admiten, duelen”, señaló la diputada provincial bonaerense por el PRO.

El jefe de Gabinete y responsable del Área de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, se manifestó en la misma línea. “¿Reducir con balas de plomo a una persona que atraviesa una crisis psiquiátrica es garantista? ¿Es mano blanda? -se preguntó-. Todos los argumentos falaces que hemos escuchado se desmoronan frente a un caso, de los que hay muchos más cada día, pero que nunca llegan a la discusión pública. Si todos los policías contaran con una pistola Taser, Chano hubiese sido rápidamente controlado y no estaría peleando por su vida en un hospital. Debemos avanzar con políticas que cuiden a la gente y dejen actuar a las fuerzas policiales”.

Por su parte, el diputado nacional por Juntos por el Cambio Luis Petri aseguró que tanto las fuerzas federales como las provinciales deberían estar dotadas de pistolas Taser, además de recibir la capacitación adecuada para su correcto uso. En ese sentido, explicó sus fundamentos: “De haber contado con las Taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán. En diciembre del 2019, el actual Gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales, atando de manos y exponiendo a la Policía”.

“No ha habido voluntad ni decisión de dotar a la Policía de la provincia de Buenos Aires ni a la Federal de esta herramienta imprescindible para repeler agresiones sin poner en riesgo la vida. Queda en evidencia el doble discurso de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, porque por un lado reclama las Taser y, por el otro, no las adquiere cuando es su responsabilidad y está facultado para hacerlo. Desde que derogaron la resolución de @PatoBullrich, vengo reclamando su restablecimiento para no atar de manos a la Policía y preservar la vida de las personas”, aseguró.

Mientras que Natalia Volosin, abogada experta en lucha contra la corrupción y criminalidad, se refirió al hecho con cierta ironía: “Es realmente esperanzador que el debate sobre cómo lidiar con un paciente con problemas de salud mental sea Taser o plomo”.

En diciembre de 2019 la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser. La funcionaria ordenó que se elabore un protocolo que “regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.

“La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias”, advierte la resolución.

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