Las sesiones habían comenzado el 24 de marzo de 1816. En un continente caldeado y con una Europa que había virado de la conquista extendida de Napoleón Bonaparte a la restauración de las casas reales, de las viejas monarquías. Para los habitantes del Virreinato del Río de la Plata, que habían dado un paso trascendental hacía seis años, los desafíos eran muy grandes.
Lo importante, entonces, no era sólo de quiénes debía declararse la preciada independencia. Tanto o más trascendente resulta saber quiénes componían –o en representación de quiénes- el selecto grupo de 33 representantes que tras deliberar tres meses y medio firmaron el acta independentista.
Desde una mirada actual de los acontecimientos resulta significativo destacar que eran todos hombres.
Al respecto, en diálogo con estos cronistas el historiador Javier Garín, autor de Manuel Belgrano – Recuerdos del Alto Perú (Dunken), destaca que “para entonces las mujeres no tenían derechos políticos y cívicos”.
Belgrano, que llegó a principios de julio de 1816 a la Casa de Tucumán, “denunció el sometimiento de la mujer en la sociedad colonial e impulsó la educación femenina. Solo las viudas pudientes podían alcanzar cierta independencia -señala Garín-. Además, durante las guerras de la independencia las mujeres de los combatientes muchas veces quedaban al frente de los asuntos familiares y patrimoniales por ausencia de sus maridos”.
También hubo mujeres que actuaban en política, hacían espionaje, hasta combatían y aunque la historia las pone a algunas en un podio de patriotas no fueron sujetos de derechos políticos.
Quiénes se independizaban y en qué lenguas
Sin embargo, no puede pasarse por alto que el acta de declaración de la Independencia no era “de la Argentina” ni de las “Provincias Unidas del Río de la Plata”. Es más, el virreinato creado para darle al puerto de Buenos Aires un lugar central en 1776 incluía al Alto Perú, actual Bolivia.
Si Buenos Aires tenía por entonces alrededor de 45 mil habitantes –un tercio de los cuales eran africanos o descendientes de comunidades afros- en el Alto Perú la población era muchísimo mayor. Garín estima la cifra en un millón de habitantes.
Cabe subrayar entonces que la versión original lleva como título –con mayúsculas- “Acta de Independencia”, un renglón más abajo dice “declarada en el Congreso de las Provincias-Unidas” y finalmente remata –también con mayúsculas- “En Sud-América”.
El texto, del lado izquierdo, está en español. Del lado derecho hay una pequeña aclaración en letras cursivas -”Versión parafrástica en idioma quichua”- y luego el mismo texto, pero en una lengua originaria americana. Los conquistadores, especialmente los sacerdotes que traían la religión católica, se valieron de la grafía latina para interpretar los fonemas de una lengua oral.
La versión en quichua (o quechua) fue escrita por el delegado por Chuquisaca (en quichua Chuqichaka, antes llamada Charcas y es la actual Sucre) José Mariano Serrano, un abogado que había estudiado en la prestigiosa universidad de esa ciudad. De inmediato, los congresistas decidieron que también se tradujera al aymara que, al igual que el quechua, es una lengua americana que en sus orígenes era ideográfica y la conquista española permitió asimilarla a la escritura de base latina.
Para tomar dimensión de lo que representaba aquel Congreso de Tucumán, las provincias altoperuanas que no enviaron delegados eran las que estaban dominadas por las tropas realistas. Por entonces el aymara y el quechua se hablaban en lo que hoy es el norte argentino, el norte chileno, el sur de Perú y la actual Bolivia. En la actualidad, las comunidades mantienen tradiciones culturales y también forman parte de la educación formal escolar. Basta recordar que Bolivia es un Estado plurinacional, que la reciente Asamblea Constituyente chilena eligió a una líder mapuche como presidenta y que la mayoría de los 155 constituyentes tiene el propósito de nominar a Chile también como Estado plurinacional.
El propósito de hacer copias en guaraní de aquel acta, aunque fue mocionada por varios congresistas, no prosperó al menos por dos factores. El más cercano era que la Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas tenía sus puntos fuertes en territorios donde la lengua originaria era el guaraní y el caudillo oriental se había convertido en un desafío muy grande al poder centralista porteño. En segundo lugar, porque los emisarios de la Junta de Gobierno de mayo de 1810 no habían logrado consenso entre quienes gobernaban Paraguay. La expedición enviada entonces al mando de Manuel Belgrano no fue para seducir sino para imponer autoridad.
Los cruces de armas entre el ejército conducido por Belgrano y las tropas paraguayas al mando de Manuel Cabañas terminaron en sendas derrotas de los porteños: Paraguarí y Tacuarí. Desde entonces, los vínculos de Buenos Aires y Asunción quedaron dañados.
Mientras sesionaba el congreso de Tucumán, en Asunción asumía el poder José Gaspar Rodríguez de Francia, bajo el título de dictador supremo o karai guazú (“gran señor” en guaraní) y antes aún de su toma del mando, en Asunción no hubo sintonía con el encuentro de Tucumán.
Belgrano y la monarquía
También hay un sesgo indigenista en la propuesta de Belgrano -avalada por José de San Martín- de instituir una monarquía incaica. “La formuló el 6 de julio –dice Garín- cuando fue invitado a exponer a los congresales. Habiendo estado en Europa, opinaba que las potencias europeas rechazarían toda forma republicana. Por eso propuso una ‘monarquía temperada’ -es decir, no absoluta sino constitucional- y con un gobierno parlamentario. Si los europeos proclamaban el principio de legitimidad, nadie era más legítimo que un descendiente de la dinastía incaica. El último gran levantamiento indígena había sido el de Tupac Amaru, que pertenecía a la nobleza incaica”.
Tanto para equilibrar el predominio porteño como para buscar una proyección continental y seducir a las masas indígenas, Belgrano proponía que la capital fuera Cuzco, no Buenos Aires. Esta propuesta gozó de inicial aceptación y sus principales opositores fueron los porteños.
Tanto Bernardino Rivadavia como Manuel Dorrego la ridiculizaron, diciendo que Belgrano quería sacar un rey de una choza y coronar un ‘indio de patas sucias’, tal como fue publicado en un periódico de ese momento.
Declaración de la Independencia y Constitución fallida
José Mariano Serrano era uno de los tantos patriotas que pasaron por la Universidad de Chuquisaca. Otros nombres que se forjaron en esas aulas y en las ideas revolucionarias fueron quienes formaron la Primera Junta de Gobierno salida del cabildo del 25 de mayo de 1810: Mariano Moreno, Juan José Castelli y Juan José Paso.
En Chuquisaca, además, se dio un grito libertario exactamente un año antes que en Buenos Aires. En efecto, el 25 de mayo de 1809 hubo un intento de derrocar a los representantes del rey Fernando VII, destituido de la Corona un año antes por la invasión de las tropas napoleónicas. La sangrienta represión motivó que algunos de sus líderes, como Bernardo Monteagudo –también abogado de aquella universidad-, se trasladara a Buenos Aires a tomar contacto con sus viejos compañeros de estudios.
Los intentos por formar un congreso constituyente se diluyeron o fracasaron hasta el de Tucumán en 1816. Cabe señalar que, un año antes, ya estaba en el trono Fernando VII quien de inmediato envió a las experimentadas tropas españolas fogueadas contra Bonaparte con destino a Cartagena y a Lima, con el propósito de restablecer el sistema colonial.
En la casa histórica de Tucumán ya se había proclamado la independencia, se habían enviado cientos de copias a decenas de ciudades pero la situación era muy frágil. En primer lugar porque Tucumán, además de no contar con delegados de ciudades bajo control realista, también fue rechazado por la Liga de los Pueblos Libres, lideradas por (el argentino de la Banda Oriental) José Gervasio Artigas, que el 28 de junio de 1815, en Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay, Entre Ríos) había declarado la independencia con la asistencia de delegados de la Liga Federal (que además de la actual República Oriental del Uruguay, contaba con los caudillos de Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba, Corrientes y Misiones). La Liga de los Pueblos Libres, como señala Pacho O’Donnell, tenía una matriz federal y, en consecuencia, enfrentado con la visión unitaria de los habitantes de Buenos Aires, cuyo puerto era la puerta de entrada al poder de la región.
No es casual entonces que cuando -en septiembre de ese 1816- Manuel Belgrano informó a los congresistas del avance de tropas realistas desde Jujuy, el cuerpo colegiado decidiera mudar la sede del congreso. Al mes siguiente, por abrumadora mayoría (28 a 4, el presidente no votaba) se eligió Buenos Aires como destino. Hubo luego un “manifiesto de traslado” que debía justificar qué pasaba con los territorios del Alto Perú –a merced directa de los realistas- y a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, amenazadas por el avance de las tropas españolas.
“Nos mudamos de asiento cuando no mudamos de intención”, decía aquel manifiesto. Sin embargo, aquel congreso sufrió una metamorfosis o quizá solo puso en la superficie la supremacía de Buenos Aires, que tenía el puerto y que un sistema federal hubiera llevado irremediablemente a compartir el principal recurso fiscal de estos territorios. Ser unitario o ser federal era no solo sostener un grado de autonomía de cada provincia sino establecer un sistema de gobierno que permitiera controlar el comercio exterior y repartir los ingresos fiscales.
En mayo de 1817, los congresistas retomaron sus sesiones en Buenos Aires con el propósito de sancionar una Constitución.
Por entonces, había una autoridad, emergente de la Asamblea del año XIII, que era el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que residía -por supuesto- en Buenos Aires. La denominación de Provincias Unidas del Río de la Plata era un concepto muy distinto al que encabezó la declaración de la Independencia en Tucumán: Provincias Unidas en Sud América.
Esta diferencia se pondría de manifiesto cuando en abril de 1819, los congresistas sancionaron una constitución y fue proclamada el 25 de mayo de ese año, cuando se cumplían nueve años de la Revolución de Mayo. Sin embargo, era centralista, unitaria, y de inmediato levantó presión entre los caudillos federales. No de aquellos del Alto Perú o de las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta, para quienes estaba destinada la declaración de la Independencia en quechua y aymara sino de los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe -Pancho Ramírez y Estanislao López-, los lugartenientes de Artigas, quienes lo habían acompañado en la declaración independentista de Arroyo de la China en 1815.
Ante la evidencia de que escalaba un conflicto entre Buenos Aires y esas provincias, en noviembre de 1819, el director supremo José Rondeau mandó emisarios para reclamarle a José de San Martín que enviara tropas para sumarlas a las de Buenos Aires. Por entonces, el Libertador estaba en Chile y no tenía el propósito de bajar su visión americanista para sumarse a las querellas de intereses locales, menos aún para defender los intereses porteños.
Así las cosas, enterado de que las milicias de López y Ramírez avanzaban hacia el puerto de Buenos Aires, Rondeau salió hacia el norte y el cruce de armas duró unos pocos minutos. La llamada batalla de Cepeda ocurrió el 1° de febrero de 1820. Fue el fin del Directorio y, en consecuencia, el fin también de una constitución que poca relación tenía con la idea de “la declaración de la Independencia”.
Buenos Aires y el norte
Entre los congresales había una puja entre localismo y continentalismo. Los patriotas venían discutiendo este tema desde 1810, cuando Moreno publicó un artículo en La Gazeta dando los argumentos por los cuales consideraba imposible una confederación continental dada la extensión y el hecho de que el Perú estaba en manos españolas. Bernardo de Monteagudo y la Sociedad Patriótica habían elaborado un proyecto de Constitución para los Estados Unidos de América del Sur (no solo para el Río de la Plata) en la Asamblea del año XIII.
Esta tensión aparece nuevamente reflejada en el Congreso de Tucumán que opta por adoptar una fórmula ambigua de Provincias Unidas en la América del Sud que era una manera de mantener la pretensión de unidad continental a pesar de los reveses políticos y militares y de la desunión existente en el propio Río de la Plata. Por eso no se habló de independencia del Río de la plata o de provincias argentinas solamente.
Eran dos proyectos en disputa: uno continental encarnado por San Martín, Belgrano y Martín Miguel de Güemes; y otro, localista y separatista encarnado por algunos de los principales dirigentes de la burguesía comercial porteña, la misma que festejó la muerte de Güemes, que se desentendió de la guerra en el Alto Perú y lo dejó en manos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.
La claridad del Libertador
San Martín lograba el apoyo de sus oficiales, del gobierno de Chile obtenido gracias a su campaña y, además, aceptaba cargarse con la jefatura de las tropas que irían, irremediablemente, a liberar Lima del poder realista. Eso sí, un San Martín que ya no tendría apoyo del gobierno de las Provincias Unidas. Sencillamente porque no hubo más provincias unidas. Sin embargo, el plan continental seguía: desde el sur al mando de San Martín, desde el norte de América del Sur al mando de Simón Bolívar.
La Argentina no existía todavía y las Provincias Unidas se habían disuelto. En ese contexto, el 20 de junio de ese 1820 murió Manuel Belgrano, figura clave en la Revolución de Mayo y también en el Congreso de Tucumán. Los periódicos de Buenos Aires no dieron mucha importancia a su muerte. Ese mismo día, la ciudad quedaba sin autoridad. Algunos historiadores lo mencionan como el día de los tres gobernadores, porque tanto el Cabildo de Buenos Aires como Ildefonso Ramos Mejía y Miguel Estanislao Soler se proclamaban con la autoridad suficiente como para establecer los destinos de la provincia.
San Martín tuvo muchísimo que ver con el Congreso de Tucumán, no solo porque los congresistas de Cuyo le respondían sino porque muchos otros sabían que tenía un plan continental y que las provincias del norte estarían a salvo ni el Alto Perú no podría ser liberado sin el proyecto sanmartiniano.
El 22 de julio de 1820, desde Chile, San Martín firmó un documento para ser difundido en todas las provincias, tanto las que apoyaron el congreso artiguista de 1815 como las reunidas al año entrante en Tucumán.
Entre otras cosas, el Libertador advertía: “Yo debo seguir el destino que me llama, voy a emprender la gran obra de dar libertad a Perú. Mas antes de mi partida quiero decires algunas verdades (…) Vuestra situación no admite disimulo: diez años de constantes sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía (…) El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación. Esta palabra está llena de muerte y no significa más que ruina y devastación (…) Pensar en establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de celos y antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del gobierno general, fuera de los que demanda la lista civil de cada Estado, es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni aun en con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad (…) Compatriotas: yo os dejo con el profundo sentimiento que causa la perspectiva de vuestras desgracias: vosotros me habéis acriminado aun de no haber contribuido a aumentarlas, porque éste habría sido el resultado, si yo hubiese tomado parte activa en la guerra contra los federalistas (…) En tal caso, era preciso renunciar a la empresa de libertar el Perú, y suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos (…) No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas, y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sud-América”.
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