Fue la primera víctima de la dictadura militar, la primera encarcelada. Pasó cinco años, tres meses y once días prisionera en la residencia presidencial de El Messidor, junto al lago Nahuel Huapi, a 1.250 kilómetros de Buenos Aires, y luego en la Base Naval Azopardo, de la localidad bonaerense de Azul, donde se trasladaban los jueces para indagarla sobre sus actos de gobiernos.
Un avión Fokker la condujo al sur en el frío de la madrugada del 24 de marzo de 1976. La acompañaban su mucama y dos caniches. Isabel Perón comenzaba sus horas como prisionera política de la dictadura militar. Llegó a la residencia presidencial de El Messidor de Neuquén al clarear la mañana. Quedó incomunicada. Sin teléfono, sin revistas. Le rezaba rosarios a todos los santos.
Tenía 45 años. Hacía apenas 20 años que había conocido a Juan Domingo Perón en una playa de Panamá. Nunca hubiera imaginado, a partir de ese encuentro, que llegaría a ser presidenta de los argentinos y, mucho menos, que su incursión en la vida política terminaría así, detenida, prisionera de un grupo de militares que usurparon el poder del Estado.
Isabel, indagada por la Justicia
La Justicia comenzó a demandarla a los pocos días de reclusión. Las audiencias se realizaban en el comedor. En una de ellas, cuando la indagaba el juez Tulio García Moritán, Isabel subió corriendo a su habitación y se tiró a llorar a la cama.
La acusaban por el destino de los cheques de la fundación benéfica “Cruzada de la Solidaridad”, que ella presidía. Isabel deslindó responsabilidades. Dijo que José López Rega, como presidente de la Fundación, el funcionario del Ministerio de Bienestar Social Carlos Villone o el gerente Santiago Cousido le traían los cheques y, dado la confianza que les tenía y ante la certeza de que las decisiones habían sido aprobadas por el Consejo de Administración de la “Cruzada de la Solidaridad”, ella los firmaba. Pero era ajena a todo los trámites y papeles.
El cheque que más la comprometía era uno de 9 millones de dólares, producto de donaciones de distintos empresarios, que se había depositado en su cuenta personal del Banco Santander. Isabel dijo que de ese tema no sabía nada.
A menos de dos meses del golpe militar, el juez García Moritán la procesó.
Las visitas judiciales continuarían. El primero de mayo de 1976 llegó a la residencia de El Messidor el fiscal general Conrado Sadi Massüe por la investigación del destino de los fondos reservados. Isabel argumentó que podía disponer de ellos y que no debía revelar en qué los usaba, precisamente porque eran “reservados”, y eso alcanzaba para justificar las joyas que había comprado en Ricciardi para las esposas de los comandantes militares que luego la derrocarían, o el departamento que adquirió para su secretaria Dolores Ayerbe, “que lo necesitaba”, según indicó en la declaración judicial.
Isabel se sentía asfixiada por los funcionarios judiciales. Solía pasar las horas de su cautiverio encendiendo velas, rezando oraciones en su habitación y por las tardes recogía su pelo bajo una boina verde oliva y salía a pasear por Villa La Angostura, junto a su mucama Rosario, tirando flores al lago como un acto de fe, bajo estricta vigilancia militar.
Pero no soportaba el momento que vivía.
A los pocos meses de su cautiverio, el almirante Eduardo Massera -que tenía responsabilidad sobre la vida de miles de detenidos ilegales que permanecían secuestrados en la ESMA-, decidió tomar el control de la detención de Isabel y la alojó en el Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires.
Fue en esa dependencia en la que Isabel intentó suicidarse.
La ex presidente continuaba al cuidado de su mucama española Rosario Álvarez Espinosa y los caniches, que marcaban una presencia constante en la vida de las dos mujeres. Incluso en una oportunidad uno de ellos se perdió en la Base y todos los oficiales salieron en su búsqueda.
Cautiva en Azul, Isabel dedicaba las mañanas a trabajos de jardinería, con una pala y una tijera, o también se ocupaba de pintar las sillas, alguna mesa, o puerta que veía en mal estado. Por las tardes solía pasar la biblioteca para dedicarse a la encuadernación, o tejía pulóveres y bufandas. También escribía poesías de tono espiritual y se entretenía con las novelas de Morris West. La complacía la apariencia de esa vida serena. Al poco tiempo el jardín floreció.
El intento de suicidio
Sin embargo la paz aparente de la vida cotidiana se deshizo cuando el 14 de junio de 1977 llegó una citación judicial. Le anticipaban que al día siguiente sería indagada. La citación afectó a Isabel porque entendía que la justicia jamás volvería a molestara. Esa tarde lloró. Estaba muy nerviosa. Le pidió a Rosario, su mucama, que le llevara el rosario de oro, el mismo que le había dado el Papa XII a Evita, y le pidió que se fuera y la dejara sola.
La mucama la encontraría al cabo de un rato del salón de la casa donde vivían, en la base naval. Tenía entre sus manos temblorosas el rosario. Isabel acababa de volcar un frasco entero de pastillas Valium 10 mg hacia su estómago. La mujer alertó a la guardia de urgencia y los médicos le hicieron un lavaje a Isabel y le salvaron la vida.
Los días que siguieron trataron de que volviera a la calma. Pero los llamados a indagatorias judiciales le provocaban constantes crisis de nervios, atacaban el aparato intestinal y le irritaban el colón. También su columna vertebral le provocaba dolores. Los médicos le recomendaron tratamientos kinesiológicos.
Isabel en libertad: el peronismo en busca de su bendición
El día que cumplió 52 años, el 4 de febrero de 1981, el juez Martín Anzoátegui la sobreseyó por la causa de “fondos reservados”. Con esta resolución, Anzoátegui revertía el fallo del juez Sarmiento, quien decía haber encontrado “indicios vehementes” que probarían que Isabel enviaba dinero de “fondos reservados” a sus cuentas personales. El magistrado entendió que al tratarse de “fondos reservados” Isabel no tenía que rendir cuentas de su destino.
Sin embargo, a esas alturas, todavía le quedaba por cumplir la condena por la causa de la “Cruzada de la Solidaridad”. En ese expediente pesaba la acusación de haber transferido nueve millones de dólares a su cuenta del Banco Santander.
Seis meses después, en julio de 1981, cuando cumplió dos terceras partes de la condena de siete años y medio -la Cámara le redujo seis meses a último momento-, Isabel quedó en libertad luego de cinco años de prisión.
Apenas pudo viajó y se desligó de la mucama que la había acompañado durante 21 años -y que la había acompañado voluntariamente en sus años de prisión en la dictadura- y se recluyó en Madrid.
El criminal de guerra Milo de Bogetich se convirtió en su asistente y mayordomo. De algún modo, Bogetich reemplazó a López Rega en sus tareas de 25 años atrás, cuando lo había llevado Madrid y lo había hospedado en su residencia de Puerta de Hierro, junto a Perón.
Ahora, en 1981, Isabel no quería saber nada de López Rega. Sentía que toda la pesadilla que había vivido en su gobierno había sido ocasionada por su ex secretario.
Se preocupó por recobrar un anillo de diamantes, el dinero atesorado en un banco suizo, a nombre de los dos, y también por recuperar los fondos –originalmente eran 8.400.000 millones de dólares– que Perón había recibido en concepto de restitución de bienes. Fueron las misiones que Isabel encargó a sus apoderados Julio Arriola, Ricardo Fabbris y “Cacho” Bustos apenas fue liberada.
Después de la derrota en la guerra por las islas Malvinas y con la apertura democrática, los dirigentes justicialistas volverían a cortejarla. Algunos de ellos pasaban días enteros merodeando por Madrid, a la espera de ser recibidos por la ex presidenta en su departamento. Si veinte años antes La Meca del peronismo había sido Puerta de Hierro, ahora, en menor escala, lo era el piso de Isabel en Moreto 3, Madrid.
Carlos Menem, ex gobernador de La Rioja, también prisionero de la dictadura, había sido uno de ellos. Interesado en una entrevista con la ex presidenta, se acercó hasta allí y dejó un ramo de rosas. Sin embargo, Isabel ordenó tirar el presente del riojano al pie de un árbol, en la calle.
El peronismo retomaba la actividad política con el mismo desorden interno que había exhibido tras la muerte de Perón. La muerte de su líder histórico había agravado la violencia entre las facciones del Movimiento y después la dictadura aplastó a su militancia con la metodología de secuestros y desapariciones.
Ahora el peronismo emergía con los mismos dirigentes de antaño -los mismos jefes sindicales, los mismos caudillos provinciales-, y sin una figura que lograra concentrar consensos adentro y afuera de sus filas. De la izquierda peronista sólo habían sobrevivido algunas voces testimoniales. El peronismo no se había reinventado. La estructura partidaria había quedado a manos del metalúrgico Lorenzo Miguel.
Aunque la presidenta continuó siendo Isabel Perón, la influencia de Lorenzo Miguel y del sindicalismo fue decisiva en el armado político. Aún en su incertidumbre, el Partido Justicialista buscó reorganizar su estructura, abrir el proceso de afiliaciones y buscar una candidatura que culminaría con la elección del ex senador Ítalo Luder, una figura moderada, sin carisma personal, que intentaba presentarse como “un continuador de la obra de Perón”.
Sin embargo, la posibilidad del regreso de Isabel al país se mantuvo latente.
Incluso pocos meses antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, se afirmó que regresaría al país y encabezaría un acto multitudinario en el estadio de River Plate. Pero la especulación acabaría sólo como especulación.
Durante todo el proceso electoral, Isabel no envió señales al peronismo e Ítalo Luder, que además era su abogado, esperó en vano una declaración o al menos un telegrama de respaldo a su candidatura presidencial. Nunca llegó.
El pacto Alfonsín-Isabel, la versión local de “La Moncloa”
Isabel volvería a la Argentina en diciembre de 1983, para participar de los festejos de la asunción de Raúl Alfonsín. La nobleza de su gesto sería compensada por el presidente radical con un decreto presidencial -el decreto 1301-, fundado en la intención de “lograr la unión de todos los argentinos”.
Mediante el decreto, el Estado desistía del cobro de nueve millones de dólares que Isabel Perón había sido obligada a restituir por la condena civil de la causa de la Cruzada de la Solidaridad, en la que había apropiado fondos públicos de una recaudación solidaria y derivados a una cuenta personal.
El decreto se había sido gestado luego de un acuerdo entre el procurador general del Tesoro de la Nación Héctor Fassi y el apoderado de Isabel, Manuel Arauz Castex.
Su alcance político era indisimulable, y sería puesto en evidencia cuando el Presidente promovió un diálogo para la “consolidación democrática” con distintos partidos.
La convocatoria debía incluir en forma obligada al Justicialismo, pero Alfonsín prefería evitar las negociaciones con Lorenzo Miguel, vicepresidente del partido, al que había denunciado en la campaña electoral por su “pacto con los militares”.
Entonces, el nombre de Isabel volvió a rondar la Casa Rosada. Se requería un viaje a Madrid para sondear su temperamento ante un posible acuerdo para la “unidad”.
En mayo de 1984, Dante Caputo fue recibido en el departamento de Moreto 3. El canciller le ofreció a la ex presidenta todas las garantías políticas y económicas para que aceptara la invitación presidencial a un diálogo político y se trasladara a la Argentina.
El acuerdo incluía la promesa del juez José Nicasio Dibur de no convocarla como testigo en la causa de la Triple A. Se presumía que la viuda de Perón podría dar alguna información al respecto, dado que la organización terrorista paraestatal había mostrado su esplendor durante su gobierno, y uno de sus jefes era su ex secretario, el ahora prófugo López Rega. Los gestos del radicalismo hacia Isabel no terminarían en el decreto presidencial.
En el Parlamento, el bloque radical presentó un proyecto conjunto con el peronismo para sancionar la ley 23.062, de “reparación histórica” que en su primer artículo establecía que “carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales”.
Y para que no hubiese más dudas sobre la motivación última de la ley, la hacía señalaba: “Declárase comprendida en las previsiones de los artículos precedentes la situación de la ex presidente de la Nación doña María Estela Martinez de Perón”.
El radicalismo y el justicialismo se unían para reivindicar a Isabel en términos históricos, políticos y jurídicos. Pero el debate parlamentario previo a la aprobación de la “Ley de Reparación Histórica” agitó algunos fantasmas.
¿Qué sucedería si luego se acogía a la ley López Rega, que estaba siendo juzgado por el mismo delito en la misma causa de la “Cruzada de la Solidaridad” que Isabel Perón ?
Pero el Parlamento entendió que si la ley presentaba fallas jurídicas, su espíritu en favor de la “consolidación de la democracia” estaba por encima de ellas.
Una semana después de sancionada la “Ley de Reparación Histórica”, Isabel regresó al país, y como presidenta del PJ firmó el “Acta de Coincidencias”, una versión local de “El Pacto de La Moncloa” español, para estabilizar el proceso de transición democrática.
Entre otros aspectos el Acta rechazaba “cualquier intento de derrocamiento por la fuerza de las autoridades legítimamente constituidas” y también se comprometía a aceptar la resolución de la Santa Sede por el diferendo de las islas del Canal de Beagle con Chile.
El Acta de Coincidencias fue firmado por 16 partidos políticos -además del PJ, se sumaron la UCR, Democracia Cristiana, el MID, el Socialismo Popular, entre otros-, y fue rechazado por el PI, la UCD, el PC y el FIP.
Para entonces, Alfonsín, que había ordenado la constitución de la CONADEP para iniciar el juzgamiento a las Juntas Militares, ya había excluido de las investigaciones a los responsables de las desapariciones forzadas y los crímenes del aparato paraestatal de los gobiernos de Perón y de Isabel Perón.
Los crímenes del Estado se investigarían desde el 24 de marzo de 1976 en adelante. Después de la firma del Acta, Isabel regresaría a Madrid y jamás volvería a intervenir en la política argentina.
* Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Es autor de “López Rega, el peronismo y la Triple A”. Ed. Sudamericana. www.marcelolarraquy.com
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