A sus 16 años, Rolando Savino había visto poco de la vida. Y se iba a topar con la muerte. Como todos los domingos, aquel 4 de junio de 1976 llegó a la Iglesia San Patricio, en Echeverría y Estomba, barrio de Belgrano. Savino era el joven organista de la parroquia de los curas Palotinos, que lo esperaban siempre para la misa de las ocho de la mañana. Pero ese domingo no había nadie esperando a Savino. La iglesia estaba cerrada, todo estaba en silencio, incluido los feligreses tempraneros que se agolpaban a las puertas del templo.
El chico decidió investigar por su cuenta. Trepó a una ventana trasera para buscar las llaves. Creyó que los curas se habían quedado dormidos, ¿los tres? Era raro. Gritó sus nombres, a los que sólo respondió en silencio Inca, la perra de uno de los curas. Savino trepó las escaleras hacia el dormitorio de los sacerdotes y lo que vio cambió su vida para siempre. Acribillados a balazos estaban los cuerpos de los tres pastores y de dos seminaristas: los padres Alfredo Leaden, de 57 años, Alfredo “Alfie” Kelly, de 43, Pedro Duffau, de 67 y dos seminaristas, Emilio Barletti, de 23 años y Salvador Barbeito, un gallego de Pontevedra, de 22 años, que había llegado a la argentina a los 3.
Era una carnicería. Había huellas de balazos y sangre estampada en las paredes, el sitio había sido destrozado y muebles, libros y ropa habían sido arrojadas como por uns tempestad hacia los rincones. Sobre el cadáver de Barbeito, los asesinos habían dejado un poster famoso en la época: La inefable Mafalda señalaba el bastón de un policía y explicaba con candor; “¿Ven? Éste es el palito de abollar ideologías”.
El episodio pasó al a historia como “La masacre de los palotinos”, una orden religiosa fundada por San Vicente Pallotti, fue consagrado por el papa Juan XXIII, dedicada a fomentar el apostolado de los laicos de la Iglesia, que estaba afincada en la parroquia San Patricio desde fines de los años 20 del siglo pasado.
El crimen sigue impune. Sus autores nunca fueron identificados. La justicia de la época, a tres meses de desatada la última dictadura militar, hizo poco y nada por descubrir siquiera los móviles del asesinato. Pero existió siempre la certeza de que sacerdotes y seminaristas habían sido víctimas de una venganza policial amparada por grupos de tareas de las fuerzas armadas: el poster de Mafalda no era un gesto de humor de los criminales.
Dos días antes del asesinato de los sacerdotes, había estallado una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno casi esquina con San José, a cien metros del Departamento de Policía. Allí murieron 24 personas y otras 66 quedaron heridas. El atentado fue reivindicado por la guerrilla peronista Montoneros. Y en las paredes de la parroquia San Patricio, el chico Savino vio una leyenda que decía: “Por los camaradas dinamitados en Coordinación. Venceremos. Viva la Patria”.
Tres días después de los asesinatos, el cardenal Juan Carlos Aramburu y el nuncio apostólico Pío Laghi se reunieron con la Junta Militar, el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, para pedir explicaciones. Porque las primeras versiones dadas por las autoridades adjudicaban la masacre a “grupos subversivos”. En aquella reunión el gobierno llegó a admitir que podrían haber sido “grupos de tareas fuera de control”.
A un mes de la masacre, el 5 de julio, se concelebró una misa en memoria de los muertos en la iglesia de San Patricio a la que, además de tres mil fieles, asistieron altas autoridades militares. El padre Roberto Favre, en su sermón, dijo: “No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz. Hay que rogar a Dios no sólo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día... En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado.”
Entre quienes comulgaron, como si nada, estaba el general Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Cuerpo de Ejército I: en su jurisdicción se había cometido el crimen. Y quien le administró el sacramento fue el nuncio Pío Laghi, de conducta ambigua durante aquellos años terribles. Laghi dijo luego a Robert Cox, director del “Buenos Aires Herald”: “Tuve que darle la hostia al general Suárez Mason. Puede imaginar lo que siento como cura... Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara”.
El tiempo desnudó parte de la verdad que no pudo aclarar la Justicia. Los sacerdotes estaban bajo vigilancia dados los duros sermones del padre Kelly, que los feligreses de San Patricio juzgaban incendiarios. Kelly abogaba por la vigencia de los derechos humanos en aquellos días de secuestros y desapariciones. Algunos vecinos habían advertido, casi amenazado, al sacerdote para que cesara en su prédica a favor de los pobres y contra la injusticia. También fueron cuestionados ciertos cambio en las llamadas “actividades caritativas”, propuestos por los jóvenes seminaristas Barbeito y Barletti, este último, ligado a la prensa y propaganda de Montoneros.
La noche de la matanza, se supo años después, un Peugeot estacionó en la esquina de la parroquia con hombres armados. Lo vieron desde la ventana de uno de los edificios de Estomba y La Pampa, unos muchachos que enseguida avisaron a la policía: uno de aquellos chicos era hijo del interventor militar en Neuquén, general José Andrés Martínez Waldner. Los policías que llegaron para saber qué pasaba, transmitieron una advertencia de los ocupantes del Peugeot al hijo del general: “Si escuchás unos cuetazos no salgás, porque vamos a reventar la casa de unos zurdos”.
Las represalias por el atentado montonero a la Superintendencia de Seguridad Federal no cesaron. El 20 de agosto de 1976, treinta personas, veinte hombres y diez mujeres, fueron dinamitadas en Fátima, cerca de Pilar, provincia de Buenos Aires. La Justicia determinó que las víctimas presentaban orificios de bala, tenían las manos atadas y los ojos tapados, habían sido trasladados en un camión, ya muertos, y apilados en el lugar de la explosión. Sólo cinco de los muertos fueron identificados en ese momento y recién varios años después se pudo identificar a otras nueve o diez víctimas. Los investigadores presumen que, entre los restos no identificados estaban los del autor del atentado a la Superintendencia de Seguridad, de apellido Salgado.
Unos documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos muestran hoy que el caso de los sacerdotes palotinos y la posterior masacre de Pilar fueron motivo de atención por parte del entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill, un republicano ferviente y un anticomunista febril, que fue embajador en Madrid en los años de exilio de Juan Perón en la capital española. Cuando Perón regresó por primera vez a la Argentina, en noviembre de 1972, el gobierno de Richard Nixon movió a Hill de Madrid a Buenos Aires.
El 17 de septiembre de 1976, Hill conversó largamente con el canciller argentino, vicealmirante César Guzzetti, que meses antes, en Santiago de Chile, había mantenido una reunión a solas con el secretario de Estado, Henry Kissinger quien había aconsejado al gobierno argentino a través de su canciller a actuar con celeridad en la lucha antiguerrillera: “Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido”, confió Guzzetti que le dijo Kissinger. El gobierno de Videla leyó en esa frase una luz verde para la represión ilegal.
El embajador Hill envió a Washington un rico resumen de su charla con Guzzetti en el que revela que el canciller estuvo interesado en saber cuál era la impresión que existía en Estados Unidos -Hill regresaba de su país a Buenos Aires-, sobre el gobierno argentino.
“Le expliqué –dice Hill en su informe– que había mucha simpatía hacia el gobierno de Videla, pero que cuando actos como el asesinato de los sacerdotes el 4 de julio y el reciente asesinato masivo de Pilar permanecen impunes, resulta difícil para los amigos de Argentina argumentar que el Gobierno hace todo lo que debe para mantener la situación bajo control”.
Hill revela que Guzzetti reaccionó con emoción al oír hablar de la matanza de Pilar. “Dijo que era una terrible desgracia para todo el Gobierno. Me aseguró que él, el almirante Massera, el presidente Videla y el resto de los miembros del Gobierno estaban indignados. Cuando le pregunté si los responsables iban a ser castigados, me dijo que era un asunto muy difícil para el presidente Videla llevar ante la Justicia a los responsables de estos y otros casos indignantes, hasta que hubiese consolidado su posición en el gobierno.”
Guzzetti entonces, dio un espectacular salto a la ofensiva en su charla con el embajador Hill. Le dijo que le había sorprendido la preocupación del gobierno de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Argentina, dado lo conversado con Kissinger en Santiago de Chile y su consejo de terminar con el problema terrorista tan pronto como sea posible. “Guzzetti dijo –revela Hill–que había informado de eso al residente Videla y al gabinete y que la impresión había sido que la primordial preocupación del gobierno de Estados Unidos no eran los derechos humanos, sino más bien que el gobierno argentino terminara lo antes posible (con el terrorismo).
Pero Hill frenó la ofensiva del canciller con una lógica de acero: “Repliqué que no veía ninguna inconsistencia en la posición del gobierno de Estados Unidos. Que el secretario (Kissinger) había señalado su esperanza de que Argentina resolvería el problema terrorista tan pronto como fuese posible, y que eso era compartido por la Embajada. Pero que ello no implicaba una actitud despreocupada hacia los derechos humanos. Que creíamos que el asesinato de los sacerdotes y el arrojar 47 cuerpos en las calles en un sólo día, no podía ser visto en el contexto de derrotar con rapidez al terrorismo; por el contrario, tales actos podrían ser probablemente contraproducentes. Lo que el gobierno de Estados Unidos esperaba era que el gobierno argentino pudiera pronto derrotar al terrorismo, sí, pero lo más cerca posible dentro de la ley. Dije que si se le había dado algún otro significado a los comentarios del Secretario, yo estaba seguro de que había sido una mala interpretación”.
El 5 de mayo de 1977, Guzzetti fue víctima de un atentado de Montoneros. Mientras esperaba por unos estudios en una clínica, fue baleado en la cara y dado por muerto por sus atacantes. Las secuelas del ataque lo dejaron cuadripléjico y mudo. Fue operado en Estados Unidos. Murió en mayo de 1988.
Cuatro días después de su entrevista con el canciller, el embajador Hill se entrevistó con el presidente Videla. Fue el 21 de septiembre de 1977 a las 11.15 de la mañana y durante una hora y media, lo que pareció sorprender al embajador, que lo hizo constar en su informe al Departamento de Estado enviado al día siguiente.
No fue la única sorpresa de la mañana para Hill: Videla le revelaría que el gobierno argentino pensaba que parte de la Iglesia Católica del país estaba infiltrada por el marxismo.
Fue Hill quien abrió la charla “y fui directo al asunto de los derechos humanos”. Le dijo a Videla, palabras más o menos, lo mismo que le había dicho a Guzzetti: que Estados Unidos veía con gran preocupación las violaciones a los derechos humanos en Argentina, que su gobierno, el de Videla, era visto con simpatía en Estados Unidos, que sabían las difíciles circunstancias en las que había llegado al poder y que comprendían la lucha a muerte que llevaban adelante contra la subversión de izquierda. Pero volvió a poner en debate el asesinato de los palotinos y la masacre de Pilar.
“Sin embargo –dijo Hill a Videla– hechos como el asesinato de los sacerdotes y los masacre en masa de Pilar dañaron seriamente la imagen de Argentina en Estados Unidos. Estamos seriamente preocupados por los derechos humanos no solo en Argentina, sino en el mundo, y ahora tenemos una legislación bajo la que ningún país que sea culpable de violaciones a los derechos humanos, puede ser seleccionado para cualquier forma de ayuda o asistencia económica o militar”.
Videla le agradeció a Hill su franqueza y el voto afirmativo hacia la postura argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo. Le dijo también que estaba indignado por la matanza de Pilar que, de hecho, había sido una afrenta a su gobierno. Entonces, se dio un diálogo singular. Revela Hill en su informe a Kissinger:
“Le pregunté entonces si se iban a imponer sanciones a los responsables de esos actos, demostrando así que su gobierno no los toleraba. Videla evitó responder. Sugerí que, en un análisis final, la mejor manera de proceder contra los terroristas era dentro de la ley. Y le pregunté por qué el gobierno argentino no usaba el sistema judicial para llevar a juicio a los miembros del anterior gobierno, en lugar de mantenerlos en prisión sin cargos. Videla no contestó ninguna pregunta; en cambio, se lanzó a una larga exposición sobre la difícil situación que había heredado su gobierno, La economía había estado en una situación crítica,(”Economy had been on the rocks” en el original) y el terrorismo desenfrenado. Además, dijo, Argentina estaba ahora en guerra con el comunismo internacional que, a través de su penetración en las escuelas e, incluso, en la Iglesia, había estado a punto de tener éxito”.
El embajador Hill agrega un comentario inquietante a la explicación de Videla: “Aunque antes me había deplorado el asesinato en masa en Pilar, algunas de sus declaraciones posteriores sugirieron que veía los asesinatos de algunos izquierdistas objetivamente como una buena lección”.
El comentario final de Hill sobre su charla con Videla fue igual de descorazonador: “Me fui del encuentro con Videla algo desanimado. Dijo que quería evitar problemas con nosotros, pero no dio ninguna indicación de que intentara moverse contra los elementos de las fuerzas de seguridad responsables de esos ultrajes y empezar así a controlar la situación. De hecho, es posible que no pueda hacer nada. Me fui con la fuerte impresión de que Videla no está a cargo. Y que él sabe que no lo está. Es probable que no se mueva contra los (miembros de su gobierno) de la línea dura. Es un hombre decente y bien intencionado, pero todo su estilo es de una extrema desconfianza y cautela. Es posible que se necesite más asertividad de la que él puede proporcionar, para controlar la situación de los derechos humanos”.
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