A seis meses de aprobada la ley de aborto legal se iniciaron 32 demandas en contra que no prosperaron

Desde hace seis meses que el aborto es legal, seguro y gratuito en Argentina. El 30 de diciembre del 2020, al ras de terminar el año en el que el mundo se encerró, las mujeres pudieron festejar que sus cuerpos ya no iban a ser un lugar condenado al encierro, sino con derecho a decidir, disfrutar y desear.

La marea verde que peleó por un derecho que traspasó las fronteras y la causa, que se convirtió en un símbolo y en una bandera, que llevo los pañuelos como un ícono a toda América Latina, se aprobó en medio de una pandemia. La marea hoy hace olas en América Latina. El 30 de junio, en Hidalgo, México, se aprobó la despenalización del aborto.

En todo México está criminalizado. Pero la legalización del aborto fue pionera en la Ciudad de México, en el 2007 y se logró en Oaxaca, en 2019. Ahora Hidalgo se convirtió en el tercer estado mexicano en legalizar el aborto.

Los carteles festejaron con pañuelos verdes que se convirtieron en un símbolo latinoamericano a partir del auge de la marea verde en Argentina en el 2018.

Otro símbolo de la repercusión de la legalización del aborto en la Argentina se vio en la asunción de la nueva alcaldesa de Santiago, en Chile. Irací Hassler, del Partido Comunista, asumó el 28 de junio como alcaldesa de Santiago y lo hizo, en todo momento, con un pañuelo verde atado a su muñeca.

Por eso cuesta ver que significa ese logro, como se está aplicando y cuáles son las demandas a futuro. Pero es importante entender la dimensión de la aprobación del aborto legal en Argentina, sus resonancias en América Latina y, también, porque es una ley tan bombardeada en la justicia y que, sin embargo, se aplica plenamente y sigue en pie.

La resistencia a la ley no pudo lograrse en el Congreso de la Nación. Pero ahora se intenta en el Poder Judicial. El embate es fuerte porque más allá de las razones locales se intenta erosionar la repercusión internacional. Sin embargo, hasta ahora, la ley no pudo ser boicoteada. “A seis meses de la conquista del derecho aborto la mayoría de las acciones judiciales iniciadas en contra del aborto legal y voluntario han sido rechazadas”, apunta Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Y analiza: “Esto da cuenta de la poca permeabilidad del Poder Judicial a embestidas en contra de nuestros derechos. Por lo tanto, vemos con beneplácito que la Justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal”.

Una de las razones para aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es que no haya provincias con más derechos que otras. La norma unifica la posibilidad de acceder a un aborto legal. Pero las inequidades regionales subsisten. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Rosario es más fácil acceder al derecho que en Salta, Chaco o Formosa. Y esa es, todavía, una deuda pendiente.

Belski releva: “Si bien este es un avance histórico, aún vemos que Argentina presenta un mapa desigual en distintas jurisdicciones. En muchas zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado”.

La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elisabeth Gómez Alcorta remarcó: “Estamos conformes con el estado de la implementación de la ley a lo largo y a lo ancho del país, sabiendo que aún hay muchos temas en los que debemos trabajar. Hay más de 1150 efectores públicos (salitas, hospitales, lugares de atención salud pública de todo el país) donde se lleva adelante la práctica de interrupción voluntaria del embarazo”.

“Contamos, a partir del 28 de mayo pasado, con un protocolo de atención para las interrupciones voluntarias del embarazo, que construyó el Ministerio de Salud de la Nación. Y tenemos una certeza indiscutible: en estos seis meses de sanción de la ley no tuvimos que lamentar ninguna muerte de ninguna mujer o persona gestante producto de un aborto”.

Por su parte, Sabrina Balaña, Directora Provincial de Equidad de Género en Salud, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, destaca: “Desde la sanción de la ley hasta ahora venimos trabajando en fortalecer los equipos de salud que están garantizando la interrupción voluntaria del embarazo, aumentando la cantidad de hospitales y centros de salud (en un territorio con 2.800 efectores públicos de salud) que lo realizan y trabajando para que el 100% de los 135 municipios garanticen el acceso al aborto”.

En la provincia de Buenos Aires, antes de la implementación de la ley, el acceso a abortos legales por causales, se registraron 14.330 prácticas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Ya con la ley, en el primer trimestre del 2021 (entre enero y marzo) se registraron 5.781 abortos legales (tanto Interrupción Voluntaria como Legal del Embarazo).

En diciembre del 2019 había 86 municipios sin efectores municipales que garantizaran la práctica. Solo en el 36% del territorio las mujeres violadas, con riesgo para su vida o la salud o un embarazo inviable podían pedir acceder a un aborto contemplado por el fallo F.A.L. Hoy faltan 20 municipios para que en todo el territorio las mujeres tengan el mismo derecho a ser asistidas, sin tener que trasladarse. Y en junio del 2021 ya en el 85% del territorio bonaerense hay médicos y médicas que garantizan el derecho al aborto legal.

“El objetivo es que todos los territorios municipales tengan efectores que garanticen el acceso”, asegura Balaña. En el 2019 los abortos que ya eran legales se llevaban a cabo en 196 hospitales o centros de salud. Durante el primer semestre de 2021 se sumaron 45 nuevos centros de salud y hospitales para garantizar el acceso al aborto. Actualmente hay 449 establecimientos públicos que cumplen con la ley y los derechos de las personas gestantes.

En diciembre del 2019 había 42 hospitales provinciales que garantizaban la práctica. Ya hay 51 que son amigables para las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo. Faltan solo 4 para que esté completa la lista de los 55 hospitales que están en condiciones de garantizar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito.

En diciembre de 2019 existían 154 efectores municipales (entre hospitales municipales y centros de salud) que garantizaban el acceso. La gestión provincial en salud motorizó los derechos de las mujeres y se pasó a 398 efectores municipales. El aumento en la disponibilidad de lugares de atención es del 160%.

El compromiso en los derechos se traduce en inversión. El Ministerio de Salud bonaerense compró misoprostol a un laboratorio público por $109 millones. La diferencia no solo no es mayor gasto, sino mayor ahorro, porque el valor de mercado llegaba a $145 millones. Y, por lo tanto, la compra a un laboratorio público implicó un ahorro de 36 millones de pesos más para invertir en otras áreas de salud pública.

En total se compraron 43 mil tratamientos y se distribuyeron más de 36 mil. En lo que va del 2021 se repartieron 17 mil componentes para garantizar prácticas seguras. La producción pública y el reparto de misoprostol es un avance. Muchas mujeres no solo necesitan una receta, sino el medicamento en la mano para poder ir a su casa y realizar la práctica de manera ambulatoria.

Aunque una deuda pendiente es la posibilidad de combinar el tratamiento de misoprostol con mifepristona. En este sentido, Amnistia Internacional reclama: “Solicitamos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que autorice la producción y comercialización de mifepristona, medicamento que aumenta la efectividad del tratamiento”.

Hoy la mayoría de los abortos, en las casas o en los hospitales, es medicamentoso. Pero para que el tratamiento sea más efectivo y menos doloroso se necesita que no solo se realice con misoprostol, sino también con mifepristona. Si el aborto ya es legal no hay impedimentos normativos, ni técnicos para someter a las mujeres a mayores cólicos, dolores y tiempo por falta de regulación y autorización de mifepristona.

Pero, además, hay quienes no quieren (o por las condiciones de salud no pueden) realizarlo a través de medicamentos. En ese caso se debe poder acceder a la Aspiración Manual Endouterina (AMEU). Sin embargo, Amnistía Internacional critica que, en casi todas las provincias, se siguen haciendo legrados, un método antiguo, menos seguro, más doloroso y que debería reservarse solo para casos en que no haya disponibilidad de otras opciones.

La ley 27.610 fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año. Se iniciaron, al menos, 32 demandas en su contra. La disputa de los sectores anti derechos se trasladó de los medios, las redes y el Congreso a los tribunales. Pero ninguna prosperó y pudo frenar la norma. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito pudo sortear los intentos de frenar la ley. El semáforo rojo no funcionó y, si bien las acciones judiciales continúan, el semáforo está en luz verde.

De las 32 acciones judiciales 28 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales, tres demandan penal y civilmente a los responsables de su aprobación y, al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho, según el relevamiento de Amnistía Internacional.

En la mayoría de los casos se demandó al Estado nacional, que registra 17 causas en su contra, frente a las 10 que se iniciaron contra los Estados provinciales y una que no identificó a la contraparte. El bombardeo judicial no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de una reacción contra la ley.

Pero, a pesar de la masividad de las demandas, no obtuvieron lo que buscaban: frenar el aborto legal a través de la Justicia. Al menos 16 acciones legales fueron consideradas inadmisibles y en tres casos las sentencias ya están firmes. Mientras que se rechazó y suspendió el efecto de las únicas tres medidas cautelares resueltas hasta el momento.

Un caso emblemático fue el del juez marplatense Alfredo López que, por unos días, logró suspender la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hasta que, el 17 de junio pasado, el juez federal N° 2 de Mar del Plata, Santiago José Martín, suspendió la medida cautelar dictada por López.

El recurso de apelación lo presentó el Ministerio de Salud de la Nación y la apelación la tiene que decidir la Cámara Federal de Mar del Plata. La intervención de Martin se produjo porque el Estado objetó la falta de imparcialidad de López, a cargo del juzgado federal N°4, de Mar del Plata.

La actuación aceptada por López la presentó Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado, ex candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencida (Modin), de Aldo Rico. El portal marplatense 0223 tituló una noticia, acompañada de un video: “Alfredo López fue distinguido por el dirigente de ultraderecha Alejandro Biondini”. El 25 de junio Biondini viajó a Mar del Plata, para premiar al magistrado “en virtud de su lucha para proteger a los niños por nacer”.

“Biondini es un camarada que hace muchos años viene luchando por Dios y por la patria”, agradeció López. El magistrado posó con un cartel que decía “Soy próvida”. Pero, además, arengó a “resistir para reconquistar” y convocó: “Adelante y sin miedo a nada ni nadie. ¡Viva la patria!”.

Entre los antecedentes que recuenta 0223 está que, el 14 de marzo de 1900, Bionidi creó el Partido Nacionalista de los Trabajadores (PNT) al que se le negó la personería jurídica porque compartía nombre con el partido nazi, festejaba el cumpleaños de Hitler e intentaba usar la cruz esvástica como símbolo.

Pate Palero, Directora Ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, enmarca: “El Juez López, de Mar del Plata, pretendió pasar por encima de las decisiones del Poder Legislativo y desconocer el debate democrático que habilitó la Ley 27.610. Hay una continuidad entre estas manifestaciones neo conservadoras y los tradicionales grupos antidemocráticos latinoamericanos”.

Palero apunta: “Los ataques no son aislados y, como católicas, sabemos que pasa cuando se invoca el nombre de Dios para justificar privilegios. En provincias hay coacción a los servicios de salud y de justicia para obstaculizar los derechos de las mujeres y disidencias”.

Pero, a pesar de los dardos contra la ley, a seis meses de su cumplimiento, la norma está vigente, los obstáculos no lograron frenar la norma y ninguna mujer, en este tiempo, murió a causa de un aborto en Argentina.

Más información:

*) Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación.

*) Amnistía Internacional Argentina: https://amnistia.org.ar

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