La trama del golpe contra Illia: un general rebelde, dos coroneles impertinentes y un locutor improvisado

Eran las 11 de la mañana del 28 de junio de 1966 cuando la marcha militar transmitida por cadena nacional dejó paso a las palabras:

-Nos dirigimos al pueblo de la República en nombre del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea con el objeto de informar sobre las causas de la Revolución Argentina – empezó el improvisado locutor, cuyo tono denunciaba claramente al militar, a leer el comunicado.

Ese ignoto locutor, Ramón Camps, se hizo muy conocido cuando, el 20 de junio de 1981, le dio una larga entrevista a José Gómez Fuentes, periodista emblemático de la última dictadura, en ATC. Su trayectoria al frente de la Policía Bonaerense -entre abril de 1976 y diciembre de 1977- fue tan criminal que años después la Justicia lo encontró culpable de cientos de detenciones ilegales, más de cien homicidios y de haber convertido no menos de 20 dependencias policiales en centros clandestinos de detención.

En esos años logró ascender de coronel a general de brigada. Sin embargo, diez años antes de su rol en esa dictadura Camps tuvo un rol, secundario, en otra dictadura. En efecto, el martes 28 de junio de 1966, siendo asistente del general Pascual Pistarini, y con el grado de mayor, Camps emitió el comunicado que daba por terminado el gobierno del radical cordobés Arturo Illia.

El texto carecía de toda originalidad, pero no economizaba advertencias.

-La división de los argentinos y la existencia de rígidas estructuras políticas y económicas anacrónicas aniquilan y obstruyen el esfuerzo de la comunidad. Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general. Para ello era indispensable eliminar la falacia de una legalidad formal y estéril, bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento que hizo ilusoria la posibilidad del esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte que las Fuerzas Armadas, más que substituir a un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y conducción antes de que decaiga para siempre la dignidad argentina.

La lectura se daba mientras en el Cabildo, como era habitual, había unos pocos efectivos del cuerpo de Patricios vestidos con sus uniformes históricos. El resto de la plaza, en cambio, contaba con soldados del Regimiento 3 de Infantería con sus ropajes color marrón, casco de guerra y fusiles máuser. Algunos tanques frente a la Catedral y al Ministerio de Economía completaban la escenografía externa.

Muchos habían anticipado, sin fecha precisa, que Illia sería echado por las Fuerzas Armadas. El semanario Confirmado –creado y dirigido por Jacobo Timerman- lo había publicado en su edición del 23 de diciembre de 1965. El título de tapa de aquel número fue “Onganía ¿Qué hará en 1966?

La Morsa

Juan Carlos Onganía era un general de Caballería de 52 años que había comandado la fracción azul del Ejército: el sector más pro-norteamericano e industrialista del Ejército. En el libro “Los que mandan”, el sociólogo José Luis de Imaz advertía que los apellidos patricios comenzaban a dar lugar a otros sin abolengo vernáculo. Los bigotazos de Onganía le permitieron que en los medios lo llamaran “la Morsa”, un sobrenombre generoso para quien, puertas adentro de los cuarteles era conocido como “El Caño”, por lo recto… y por lo hueco.

Onganía, ese día, no se mostró. Era el mayor Camps quien advertía por radio y televisión que sería el nuevo presidente. Claro, también avisaba Camps que no iban más el más el Parlamento ni ni los partidos políticos. Era una Argentina donde Perón estaba proscripto hacía 11 años, donde el peronismo no podía presentarse a elecciones y que, cuando lo hizo –en marzo de 1962, con candidatos que usaban símbolos de fantasía porque la palabra Justicialismo estaba prohibida- automáticamente las Fuerzas Armadas dieron un golpe para echar a Arturo Frondizi.

En un momento de su presentación en cadena, Camps leyó: “En este trascendental e histórico acto, la Junta Revolucionaria constituida por los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Patria, han resuelto: 1°) Destituir de sus cargos al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. 2°) Disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. 3°) Separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al procurador general de la Nación. 4°) Designar de inmediato a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia y al procurador general de la Nación. 5°) Disolver todos los partidos políticos del país. 6°) Poner en vigencia el estatuto de la Revolución. 7°) Fijar los objetivos políticos de la Nación”.

Así de breve era el anuncio del programa de lo que pomposamente fue llamado Revolución Argentina.

“Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, -dijo Camps- anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor teniente general Juan Carlos Onganía, quien prestará juramento de práctica en cuanto se adopten los recaudos necesarios para organizar tan trascendental ceremonia.”

Radicales del Pueblo

En los últimos años, el partido de Leandro Alem e Hipólito Irigoyen había mostrado divisiones. Los radicales intransigentes devenidos en desarrollistas habían sido desalojados del gobierno cuando a Arturo Frondizi lo mandaron preso a la isla de Martín García otros militares en marzo de 1962. En las elecciones convocadas en 1963 ganó el radical del Pueblo Arturo Illia, pero sin contar con el apoyo de Línea Nacional de Ricardo Balbín.

En síntesis, los peronistas estaban proscriptos y los radicales enfrentados entre sí. De allí que el lunes 27 de junio, el cordobés Illia decidió quedarse en su despacho y le pidió a la mayoría de sus colaboradores que dejaran la Casa Rosada.

Illia había obtenido el 25,1% de los votos y pocos meses después de asumir empezó a ser víctima de algunos complots. Uno de los grupos estaba orientado por el general Julio Alsogaray, entonces director de Gendarmería, quien quería precipitar los conflictos y echar a Illia. Sin embargo, Onganía le pidió que no se precipitara. De allí que el hermano del jefe de Gendarmería, el capitán retirado del arma de Ingenieros (no “el ingeniero” como todos lo llamaban) Álvaro Alsogaray ponía a disposición su casa para las reuniones preparatorias de esa facción golpista. Las tertulias de los Alsogaray con civiles y militares “fragoteros” se prolongaron por dos años.

Entre 1964 y 1966, el gobierno radical se desgastaba por presiones de muchos lados: las protestas sindicales promovidas por líderes peronistas así como por las presiones de las grandes centrales empresarias que reclamaban una liberalización de la economía y, por supuesto, menos peso del Estado. También se quejaban por la caída de las reservas del Banco Central y se oponían al control de cambios que frenaba el aumento del dólar oficial. Y protestaban por el control de precios que trataba de frenar la inflación.

El capital transnacional se quejaba de las medidas “de corte estatista”. Uno de sus principales caballitos de batalla era que el gobierno radical había anulado los contratos petroleros firmados durante la presidencia de Frondizi -que permitían un rol más activo de las empresas extranjeras en detrimento de la estatal YPF-, y había limitado la salida de capitales. La anulación de contratos petroleros había traído como consecuencia sanciones de organismos financieros internacionales y se había desalentado la inversión externa. Por otro lado, Illia se había ganado la enemistad furiosa de los grandes laboratorios farmacéuticos con la ley Oñativia, que regulaba los precios de los medicamentos y creaba comisiones fiscalizadoras de los costos y la calidad de los productos. Los grandes laboratorios no las aceptaron. En cambio, empezaron a publicar solicitadas contra Illia y a tejer alianzas para que desaparecieran los controles del Estado.

Del lado de los asalariados, las presiones también eran fuertes: los planes de lucha de la CGT, con reivindicaciones salariales y políticas, levantaban la temperatura de empresarios y militares. Estos pedían abiertamente a Illia que ordenara reprimir, cosa que el médico cordobés se negaba.

A la hora señalada

Para junio de 1966, Illia no tenía respiro. Los medios sumaban presión para voltear al radical cordobés. Habían instaurado un sobrenombre que en nada favorecía al Presidente: “la Tortuga”, incapaz de tomar “las decisiones que el país necesitaba”.

Después de una semana de tensión, al final de la tarde del lunes 27 el Secretario de Guerra de Illia leyó un comunicado firmado por el Presidente en que se decretaba la destitución del general Pascual Pistarini, comandante en jefe del Ejército y cabeza de la conspiración. Pero no pasó mucho tiempo hasta que desde el Comando General del Ejército salió otro comunicado según el cual la orden presidencial “carecía completamente de valor”.

Los movimientos de tropas acompañaban el clima de zozobra. El Regimiento de Granaderos es la unidad de custodia del Presidente de la Nación. Un teniente, de nombre Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, que esa noche del lunes estaba en Casa Rosada, tomó la decisión de poner en alerta a los treinta granaderos que había en la sede presidencial. Ordenó cerrar los accesos y colocar dos ametralladoras para enfrentar a quienes quisieran ingresar por la fuerza.

Enterado, Pistarini llamó por teléfono al jefe del regimiento, coronel Marcelo D´Elia. Ambos habían formado parte del complot que en 1951 intentó voltear a Juan Domingo Perón. Y los dos fueron a parar, junto a muchos otros golpistas, al penal de Rawson.

No obstante, el jefe de los Granaderos, le ofreció a Illia su apoyo:

-Gracias, coronel. Pero no quiero derramamientos de sangre.

A las siete de la mañana del martes 28, el general Alsogaray, acompañado por los coroneles Luis Premoli y Luis Perlinger, se presentó en Casa Rosada. Iban desarmados, aunque afuera había tropas suficientes tanto del Ejército como de la Policía Federal.

Entraron sin pedir permiso al despacho de Illia, quien estaba con sus hijos, su yerno y dos docenas de colaboradores. Ignoraron la presencia de los tres militares.

Alsogaray, con voz de mando, dijo:

-Doctor Illia, suspenda un momento, por favor.

El médico cordobés estampaba su firma en fotos para los presentes y no le hizo caso. Alsogaray agarró las fotos. Illia también se aferró a sus fotos.

El general fue al grano:

-Doctor Illia, le vengo a pedir su renuncia en nombre de los comandantes en jefe.

El Presidente se sentó. Se mantuvo en silencio unos breves instantes que parecieron interminables para los presentes.

-Pero general, usted no puede hacer esto. El pueblo les confía las armas para que ustedes protejan a las instituciones y garanticen su libertad, y van a traicionarlo una vez más. ¿Me comprende?

Alsogaray no aceptaba el diálogo:

-¿Desea trasladarse a la residencia de Olivos o a otro lado?

-Pero general, ¿cómo me puede decir esto? A ustedes no les asiste ningún derecho. ¿Qué me puede importar adónde voy a ir? Lo que importa es el pueblo y ustedes están avasallando...

Alsogaray se acercó con el ademán de agarrarlo del brazo.

-Doctor Illia, usted me obliga a emplear un medio que no deseaba de ninguna manera; lo lamento...

Gustavo Soler, yerno de Illia, se interpuso. Fue el momento donde el coronel Perlinger decidió entrar en acción: lo empujó y miró al resto de la familia como signo de advertencia.

Alsogaray llamó a los efectivos de la guardia de infantería de la Policía Federal que esperaban en la antesala del despacho presidencial con gases lacrimógenos y largos bastones. Entraron como si fuera el allanamiento a un garito. Gritos y revoleo de bastones contra los vanos intentos de la familia Illia de defender al Presidente.

-¡Ustedes son unos vendidos, sirven a cualquier dictadura y no son capaces de defender a un gobierno democrático! –les gritó Illia.

Minutos después, la compañía policial había desalojado a todo el mundo.

Asume Onganía

El trabajo sucio fue el martes 28. Al día siguiente, el general Onganía se apoderó del gobierno.

La Argentina tenía 23 millones de habitantes, una inflación anual del 30 por ciento, y los aumentos salariales compensaban las subas de los precios: el salario real se mantenía sin grandes variaciones. El dólar acababa de ser devaluado en un 8 por ciento: en el mercado oficial se cotizaba a 205 pesos, y un poco más en el mercado libre. El producto bruto interno, que había crecido un 20 por ciento en los dos primeros años de gobierno radical, se había estancado en la primera mitad de 1966. Y la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza era del 38,1 por ciento: mucho más bajo que el 46,4 de 1950, pero más alto que el 36,5 de 1964. La desocupación alcanzaba al 6 por ciento de la población activa.

Al cabo de unos días de consultar y negociaciones, Onganía nombró a un representante del gran capital nacional en la cartera económica: Jorge Salimei, 40 años, directivo de SASETRU, con una fortuna personal de 6.000 millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares), miembro del Instituto de Economía de Mercado orientado por Álvaro Alsogaray, nombrado embajador argentino en Washington.

Dos guerrilleros marcados por esos días

Julio Alsogaray –teniente general y hermano de Álvaro- tenía dos hijos varones. Juan Carlos, el menor, tenía 19 años cuando sucedieron los hechos relatados en esta crónica. Dos años después viajó a Francia y vio el mayo del 68 francés. Con el correr del tiempo, decidió recorrer su propio camino, muy diferente al de su padre. Se incorporó a Montoneros en 1971 y años después, cuando ya tenía un alto grado de responsabilidad en la organización, fue destinado a Tucumán.

El 23 de febrero de 1976, al ver que no volvía de la misión que tenía, su compañera Adriana Barcia avisó a sus padres Julio y Zulema. Diez días después el general Alsogaray y su esposa estaban sentados en el despacho del general Antonio Bussi, jefe militar y gobernador de facto de la provincia. Bussi sacó una foto que extendió a la madre de Juan Carlos. Estaba muerto y su cara estaba completamente desfigurada. Zulema se largó a llorar. Bussi no dudó en reprender al general retirado por el hecho de que su hijo había sido montonero.

Benito Urteaga no había estado el 28 de junio de 1966 en la Casa Rosada. Sin embargo, al rato del golpe se juntó con otros jóvenes radicales para ver cómo debían reaccionar.

Era de San Nicolás, tenía 19 años y su padre era diputado radical. Un par de años después tomó contacto con militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Conoció a Mario Santucho y, al poco tiempo, participó de la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo. En poco tiempo, Urteaga se convertía en el segundo jefe del PRT-ERP. El 24 de julio de 1976 estaba con Santucho y otros dirigentes de esa organización, cuando se produjo el ingreso de una patrulla militar. Urteaga murió de cuatro tiros.

Benito Urteaga y Juan Carlos Alsogaray nunca se conocieron.

Arturo Illia murió a los 82 años, el 18 de enero de 1983. No pudo ver el triunfo en las urnas de Raúl Ricardo Alfonsín.

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