En la mañana del 28 de junio de 1966, el presidente radical Arturo Umberto Illia fue derrocado por un golpe militar. No era una novedad la nueva intervención castrense. Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, la sociedad argentina convivió con golpes y planteos al poder civil. La diferencia con otros hechos similares es que Perón desde Madrid y amplios sectores civiles dieron su aquiescencia a la nueva interrupción al gobierno “constitucional” que había llegado a la Casa Rosada tras la impugnación a la fórmula de Vicente Solano Lima y Silvestre Begnis, apoyada por el peronismo, en las elecciones de 1963. Durante su mandato el gobierno de Illia fue acosado permanentemente y todo termino en medio de una llamativa indiferencia de la sociedad.
Sucintamente, algunos de los hitos de la asunción del general Juan Carlos Onganía fueron:
En el archivo de la residencia “17 de Octubre” de Juan Domingo Perón se guardaba una suerte de cuadernillo de varias páginas, todas unidas por broches en su margen izquierdo. Son memorándums escritos por él durante 1965 como resultado de consultas de aquellos días, sobre cómo terminar con el estado de cosas en la Argentina. No se sugiere nada, aunque se habla claramente del próximo golpe militar:
Los consejos se cierran con un largo Memorándum de 8 carillas, con fecha Octubre de 1965, en el que trata más ampliamente la triste situación argentina, advirtiendo que “no pongo ni acepto condiciones para mí retorno al país”. Aclara que su colaboración se debe que la Argentina marcha peligrosamente hacia el abismo como consecuencia de estos diez años sin gobierno. Expone crudamente la necesidad previa de pacificar a la población argentina en latente estado de lucha enconada, producida desde 1955 y provocada por la intemperancia. Su opinión es realizada un lustro antes de que su Movimiento se vea infectado por la penetración castrista, “el entrismo”, aunque también advierte sobre el negativo papel de Washington en la Argentina y el continente. En la lista de los males que azotan la Argentina, Perón sostiene que “se suma hoy uno no menos peligroso: el comunismo” y les imputa a los militares “el libre acceso que se ha dado a los verdaderos dirigentes embozados del comunismo a las funciones públicas, especialmente a las universidades, en las que han actuado desde 1955 los principales agentes argentinos del comunismo internacional. Al combatir la doctrina peronista se ha dado un impulso inusitado al comunismo en el país.” Aquí coincide con los conspiradores en la mirada sobre lo que sucedía en los claustros universitarios.
Como bien se observa en el trabajo, mecanografiado y corregido a mano por Perón, está escrito en octubre de 1965 y el fracaso de lo que sobrevendría condujo al país a la violenta década del 70. El documento está fechado el mismo mes en que Isabel vino como Delegada y se quedó más de medio año. ¿Trajo Isabel el Memorándum? ¿Quién lo pidió y a quién se lo entregó?
En un alarde de “periodismo de anticipación”, el jueves 23 de diciembre de 1965, en su edición Nº 34, el semanario Confirmado (director: Juan José Güiraldes; subdirector: Félix Garzón Maceda; editor: Jacobo Timerman; jefe de redacción: Horacio Verbitsky) se afirmó:
“El viernes 1º de julio (1966), a las 8 de la mañana, Buenos Aires reiteraba su imagen de todos los días… A las 11, los comunicados fueron reemplazados por una proclama: Frente a la ineficacia de un gobierno que, luego de estancar el país, lo había llevado a la más grave crisis económica y financiera de su historia, promoviendo el caos social y quebrando la solidaridad nacional, las fuerzas armadas se habían hecho cargo del poder para asegurar la existencia misma de la Nación. Finalmente, a las dos de la tarde, se informaba escuetamente que un prestigioso jefe, retirado desde hace unos meses del servicio activo, había sido invitado por las autoridades militares a ocupar la jefatura del Estado. Los hechos, en realidad, podrán tener algunas variantes de detalle, pero una historia similar a ésa puede cortar en dos a 1966”. El semanario erró por tres días. Arturo Illia fue derrocado el 28 de junio de 1966.
Los diarios de esos días informaban que el costo de vida había aumentado un 7,2% y que en el mismo mes del año anterior había sido de 8,7%. También se comentaba la “excepcional cosecha de trigo” del período 1964/1965. Dio 9.150.000 toneladas, sólo superada por las de 1929/29 (9.499.718) y 1938/39 (10.318.860 toneladas). En esta ocasión fue tercera pero con menos de 3 millones de hectáreas sembradas. A principios de enero de 1966 se dio a conocer la Circular 205 del Banco Central de la República Argentina que limitaba a 400 dólares las disponibilidades de cada ciudadano para cubrir sus gastos de viaje a países no limítrofes y de 200 dólares a menores de 18 años.
Hoy el derrocamiento del gobierno radical es calificado como uno de los mayores errores de la dirigencia política nacional. Aunque vale hacer constar que fueron contados con los dedos de una sola mano aquellos argentinos que rechazaron la idea de que se derrocara a otro gobierno constitucional. De alguna manera, algunos lo tomaron como inevitable; los referentes más importantes de la dirigencia argentina aceptaron el golpe. El gobierno radical, que había asumido con el respaldo del 25% del electorado, pese a sus buenos deseos –y la proscripción electoral del peronismo–, nunca pudo hacer pie. Como bien observaría Roberto Roth –quien llegaría a ser Secretario Legal y Técnico de Onganía—”el Gobierno (de Illia) vivía en un mundo y el país en otro”. Quizás la frase que mejor refleje el estado de ánimo de algunos políticos la pronunció Enrique de Vedia: “El gobierno se merece un golpe, pero el país no”. El ex presidente Arturo Frondizi fue más contundente que De Vedia, cuando afirmó sobre los rumores de un golpe: “Lo que está por ocurrir es mucho más que un evento de esa naturaleza, ya que un golpe de Estado equivale a un cambio de hombres en el gobierno, mientras que lo que se avecina en mi país es una revolución nacional, que no será concretada exclusivamente por las Fuerzas Armadas, sino juntamente con todos los sectores de la vida nacional.” Y días más tarde, cuando asumió Onganía, declaró: “Esta revolución ha nacido con los objetivos establecidos por las nuevas generaciones.”
El 29 de mayo de 1966, durante el discurso del Día del Ejército, el teniente general Pascual Pistarini preanunció grandes cambios y, para los observadores y la dirigencia, no pasaron inadvertidas algunas líneas de su alocución. En especial, para el presidente Illia, allí presente: “La libertad es una declamación cuando no está avalada por el ejercicio de la autoridad”, una virtud que no se le reconocía al mandatario radical. También dijo que “en un Estado cualquiera no existe libertad cuando no se proporcionan a los hombres las posibilidades mínimas de lograr su destino trascendente […] No son los hombres ni los intereses de partidos o facciones los que señalarán rumbos a la institución que la República armó como garantía de su existencia”. Cuando terminó de hablar el silencio reinó entre los escasos asistentes en el acto y, según el relato de la revista Atlántida, el Presidente de la Nación se limitó a decirle a Pistarini: “General, después me va a explicar usted esto de falta de autoridad”. El ministro de Defensa aconsejó pasar a retiro a Pistarini y reemplazarlo por el general Carlos Augusto Caro, pero el primer mandatario volvió a dudar. En las semanas previas al golpe se tanteó al embajador de los Estados Unidos, Edwin Martin, sobre cuál sería la reacción de Washington frente a un golpe militar. El diplomático habría respondido que el gobierno de Arturo Illia era constitucional y que, en caso contrario, “tendría que revisar sus políticas programadas con la Argentina” (telegrama del 12 de mayo de 1966 a la Secretaría de Estado). De todas maneras, los conspiradores imaginaban un congelamiento de relaciones por seis meses. Cuando se estuvo sobre la fecha del golpe, el embajador Martin viajó a su país por consejo del dirigente nacionalista Mario Amadeo, con el objeto de no parecer avalando con su presencia lo que habría de ocurrir. Las relaciones fueron suspendidas por 18 días y Amadeo fue el embajador del golpe en Brasil.
El sábado 4 de junio, la Federación de Partidos del Centro (algunos de sus dirigentes votaron por Arturo Illia en el Colegio Electoral y otros colaboraban con su gobierno) previno: “El gobierno debe advertir que no se puede ya realizar un gobierno de partido, pues esto lo ha llevado a un aislamiento creciente que ya no satisface ni a sus propios correligionarios. O gobierna con lo que al país le queda de responsable, serio y eficiente, o la crisis lo destruirá. Y con él a las instituciones, y ésta será su tremenda responsabilidad histórica, el porvenir de varias generaciones”.
En la medianoche del lunes 6 comenzó una masiva huelga sindical por razones salariales, el alza del costo de vida y problemas en las cajas de jubilaciones. Como observó el historiador Robert Potash, frente a la certeza del golpe los sindicatos intentaron “achicar la grieta que los había separado de la cúpula del Ejército en la última década” y “proteger” a sus organizaciones. El jueves 9 de junio, La Nación publicó en su tapa que el embajador Lincoln Gordon, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos había expresado su preocupación por la intranquilidad militar en la Argentina, y que había expresado su confianza que la situación “no desembocará en la interrupción del orden constitucional.”
Mientras tanto, los días pasaban y las reuniones del gabinete presidencial se sucedían sin ningún tipo de decisión. Al finalizar la que se realizó el lunes 13 se anunció que se iba a “poner en marcha un vasto plan de labor.” El mismo 13 se llevó a cabo una reunión de altos mandos y trascendió el rumor de que renunciarían los generales Castro Sánchez (legalista) y Pistarini. En la noche del 15, Arturo Frondizi discutió, durante una cena privada, con el general Eduardo Rómulo Castro Sánchez, Secretario de Guerra, fuerte defensor de la legalidad. Esa noche el ex presidente Frondizi “describió al gobierno de Illia como totalmente inepto e insistió en que solo una revolución podía traer el necesario desarrollo”, y acusó a Castro Sánchez de dividir al Ejército. El lunes 20 de junio, durante el acto del Día de la Bandera, en Rosario, Illia le dijo privadamente al general Carlos Augusto Caro, comandante del Cuerpo II: “Usted será mi próximo comandante en Jefe del Ejército”. En esos días se hablaba de un Memorándum que las Fuerzas Armadas le habían hecho llegar al Presidente de la Nación. Tenía todo los visos de un “planteo”.
El jueves 23 trascendió a la opinión pública el juez en lo Criminal y Correccional Luis María Rodríguez había rechazado una denuncia presentada por el ministro de Educación, Carlos Alconada Aramburu, con el fin de suspender las publicaciones de las revistas Confirmado, Primera Plana, Atlántida e Imagen por violar el artículo 209 del Código Penal, al crear “un clima psicológico” propicio para una interrupción del orden constitucional. La campaña de desprestigio era imparable. Durante la última semana del presidente Arturo Illia se sucedían los cónclaves castrenses a la vista y paciencia de la sociedad. Nadie se movilizó para defenderlo. A menos de una semana del golpe, Confirmado (año II, Nº 53, del 23 de junio de 1966) publicó un recuadro titulado “Los cinco tópicos”:
“Un gobierno que no hizo nada en casi tres años, ¿cómo puede cumplir con este memorándum en nueve días?; uno de los generales de división que participó en la confección del documento no pudo menos que definir de este modo la inexorabilidad de un proceso. Los nueve días se cumplen mañana, viernes 24, en que los generales de división vuelven a reunirse en Buenos Aires para discutir el fin de la etapa llamada de “espera”, y considerar los pasos siguientes”.
√ Son necesarios cambios en la orientación económica para aliviar las tensiones sociales;
√ Son necesarias la proscripción del comunismo y medidas complementarias;
√ Reestructuración de empresas estatales para disminuir el déficit y mejorar su funcionamiento;
√ Existe preocupación por la situación universitaria y el avance de ideologías extremistas en los medios estudiantiles, y
√ Es necesario que el peronismo sea ubicado dentro de la constitución y de las normas de la democracia, conforme lo estipula el Estatuto de los Partidos Políticos, pero no debe entenderse esto como proscripción u otra medida coercitiva, que sería anticonstitucional.
A las 10 de la mañana del martes 28, el general Pistarini tomó la decisión de terminar con la presidencia de Arturo Umberto Illia. Previamente, relevó al comandante del Cuerpo II, general Caro, al enterarse que ese fin de semana había mantenido una reunión con los dirigentes peronistas Tecera del Franco, Serú García y su hermano Armando Caro, legislador salteño. El general Carlos A. Caro era cercano a los radicales y su detención –más el rumor de que Illia pensaba utilizar la cadena nacional para presentar su renuncia “al pueblo” y no “a los militares—adelantó en dos o tres días la fecha del golpe (como predecía el semanario Confirmado de diciembre de 1965).
Las radios fueron tomadas por tropas del Ejército, lo mismo que los puntos neurálgicos del país. En la madrugada, en su tercera edición, La Nación publicó: “Para asegurar la tranquilidad pública ocupa el Ejército diversos lugares estratégicos”; “El Comando en Jefe informó que el doctor Illia ofreció la renuncia” y “Habrían emplazado al Poder Ejecutivo las fuerzas armadas”. El presidente Illia terminó siendo desalojado de la Casa de Gobierno por la Infantería de la Policía Federal y se fue en un taxi a la casa de su hermano Ricardo, en la localidad bonaerense de Martínez. Tras él, se abría una nueva etapa que muchos observaron con esperanza y que terminó en una gran tragedia.
Cerca de las 10 de la mañana, el teniente general Pistarini lo llamó por teléfono a Onganía a su domicilio de la calle O Higgins y le dijo: “Mi general, acá está todo en orden; el Doctor Illia se ha retirado, hay una manifestación de apoyo, pero esta todo en orden. De modo que lo invitamos a que venga a hacerse cargo”. Ongania pidió un “momentito” y les comento el mensaje a los que lo acompañaban, el general Eduardo Señorans y el coronel Juan Francisco “Tito” Guevara. Señorans en voz baja lo aconsejo: “Mi general, dígale que los miembros de la Junta Militar vengan a ofrecerle el cargo aquí a su casa”. Pistarini, ante las palabras y el pedido de Onganía, aceptó, y la respuesta del futuro presidente de facto fue: “Muy bien, los espero, que vengan los tres y vamos a conversar.”
Muy lejos del lugar de los acontecimientos, en Madrid, Juan Domingo Perón hizo llamar a un periodista del semanario Primera Plana, para formular unas declaraciones. El 26 de junio, dos días antes del golpe, en una larga conversación que se realizó en la oficina de Jorge Antonio, en Paseo de la Castellana, el dirigente político argentino más importante dijo al periodista Tomás Eloy Martínez entre otros conceptos:
“Para mí, éste es un movimiento simpático porque se acortó una situación que ya no podía continuar. Cada argentino sentía eso. Onganía puso término a una etapa de verdadera corrupción. Illia había detenido al país […] Si el nuevo gobierno procede bien, triunfará. Es la última oportunidad de la Argentina para evitar que la guerra civil se transforme en la única salida. Simpatizo con el movimiento militar porque el nuevo gobierno puso coto a una situación catastrófica. Como argentino hubiera apoyado a todo hombre que pusiera fin a la corrupción del gobierno Illia”.
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